(Prensa Cámara de Diputados) La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) resolvió aprobar el informe de la Comisión Especial Mixta que investigó a empresas y empresarios bolivianos relacionados con el paraíso fiscal de Panamá, que recomienda enviar al Ministerio Público los casos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) y de la familia Marinkovic para su respectiva investigación.

Se enviará los antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado sobre el caso de Comteco, para establecer responsabilidades penales de los involucrados en la compra de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec).

Asimismo, la ALP remitirá al Ministerio Público la documentación del caso que involucra a la familia Marinkovic, al evidenciarse la creación de 14 empresas “offshore” para transferir acciones y ocultar el origen y destino de recursos económicos.

Por un año y medio de trabajo, la Comisión legislativa investigó y analizó la vinculación de 360 empresas y 198 personas bolivianas con empresas “offshore” panameñas, sumando un total de 558, los que conformaron el universo de estudio. De estos casos, con base en una metodología preestablecida, 76  fueron  elegidos para ser analizados por la instancia legislativa, el resto de los casos fue enviado a entidades estatales para que desarrollen labores similares.

El diputado Manuel Canelas, presidente de la Comisión, explicó que ésta fue creada con tres objetivos: informar a la población que la cuestión de los “paraísos fiscales” es un problema que afecta a todos los bolivianos; conocer el estado del país frente a dichos “paraísos fiscales” y, finalmente, investigar los casos más emblemáticos.

“Del universo muy amplio de casos de empresarios bolivianos hemos elegido, mediante una metodología, analizar 11 de ellos; de ese número seis nos parecieron los más relevantes”, explicó.

Canelas informó que aproximadamente mil millones de dólares fugaron hacia los denominados “paraísos fiscales”. “No hay estadísticas rígidas del movimiento de dinero, por eso nos movemos en montos aproximados, alrededor de mil millones de dólares salieron a paraísos fiscales”, dijo.

Al respecto, el presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, afirmó durante su intervención que el trabajo de la Comisión derivará en la creación de mecanismos legales para que estas acciones no vuelvan a repetirse. “De esta investigación, derivará un conjunto de acciones prácticas, legislativas y ejecutivas para impedir que se siga robando al país de forma tan escandalosa y criminal”, afirmó.

Casos emblemáticos

Además de los casos mencionados, en el asunto que involucra a Fernando Romero, ex ministro de Economía de Gonzalo de Sánchez de Lozada (1993-1997), la Comisión identificó operaciones contables poco comunes en la Sociedad de Administración Agrícola “Adagro” SRL e Inversiones Galileo SRL, y al existir incrementos substanciales no explicados de sus estados financieros y negocios con empresas “offshore”, planteó que la UIF prosiga con la investigación, propuesta que fue aceptada por el pleno.

Respecto del caso de los hermanos José y Walter Kreidler, éste último exministro de Desarrollo Económico en la presidencia de Carlos Mesa, a fin de ampliar la indagación sobre su participación en la empresa “offshore” Hendon Star Capital Ltd, se remitió los antecedentes a la UIF y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá continuar con la demanda contra los ejecutivos de la Fundación Bolivia Exporta.

Sobre el caso que involucra al empresario Samuel Doria Medina, quien junto a su familia creó el año 2005 la “offshore” Akapana con el único fin de vender sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), la ALP determinó que los documentos de compra-venta sean enviados por la Autoridad de Fiscalización de Empresas a la UIF y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que se prosiga con la investigación por posible evasión tributaria.

Ese año, Doria Medina vendió en Bolivia el 46,5% de sus acciones en Soboce a su “offshore” Akapana en Bs 270 millones, reportando una ganancia de Bs 80 millones y, un día después, Akapana las vendió a la mexicana Grupo Cementos de Chihuahua en Bs 524 millones, evadiendo  presumiblemente Bs 217 millones por concepto de pago de impuestos.

Los otros casos, en curso de investigación, corresponden a los empresarios Urenda, Dueri, Luzio, Daher y Azcarrunz Campuzano, quienes aparentemente también utilizaron empresas “offshore” en sus operaciones comerciales, así como la posible existencia de lavado de activos en esas operaciones, por lo que se remitirá a la información a la UIF, para que continúe con la investigación.

Anteproyecto

La Comisión presentó un Anteproyecto de Ley de Lucha Contra el Uso de Paraísos Fiscales, ante el insuficiente e impreciso diseño competencial de las instituciones estales, que deben ser ajustadas para enfrentar la problemática de los paraísos fiscales, y con el fin de actualizar el Código de Comercio, en lo concerniente a la conformación de sociedades anónimas, así como la normativa tributaria y la Ley del Mercado de Valores.

La iniciativa plantea el ajuste normativo en diferentes ámbitos del derecho societario, el control de las operaciones comerciales, la información transparente, la investigación corporativa y el régimen de sanciones administrativas, a nivel de la UIF, la ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AFCSE).

Las instituciones llamadas por ley para efectuar el control de la salida de divisas, la fiscalización en materia comercial y tributaria, las investigaciones sobre el lavado de activos y la lucha contra la corrupción deberán implementar mecanismos de coordinación más eficaces para enfrentar el uso de paraísos fiscales.

La Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá recomendó a la UIF proseguir con las investigaciones y establecer mecanismos para la prevención y la lucha contra el uso de “paraísos fiscales”, y que la Aduana Nacional fortalezca el control de las salidas de divisas al exterior en medio físico, además de ampliar la cobertura de los “precios referenciales” para bienes de exportación, más aún cuando el destino sean “paraísos fiscales”.

Asimismo, el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción deberá investigar a ex autoridades públicas, para determinar responsabilidades en el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.