Descripción de los delitos constitucionales del “gobierno progresista”

En la actualidad muchos debates políticos son insólitos, no por lo extraños, sino por lo insulsos. Temas que deberían estar resueltos institucionalmente por su clara referencia constitucional, no lo están debido a los argumentos leguleyos de la politiquería, de por sí trivial. Ciertamente, estos argumentos leguleyos no se los emiten por descuido o desorientación de los voceros, sino por íntimo interés del poder o de los que se aposentan en el poder. Lo que llama la atención es que los medios de comunicación, además de los involucrados en la clase política, de los distintos partidos, incluyendo a los llamados de la “oposición”, los toman en serio. Uno de estos debates es el que tiene que ver con la reelección del presidente, convertida, en el delirio oficialista, en reelección indefinida.

La Constitución aprobada por el pueblo Boliviano, que es la que termina valiendo, pues es el texto constitucional aprobado por amplia mayoría del pueblo, cuando fue refrendada, después de su “corrección” por el Congreso, convertido por voluntad gubernamental, en “Congreso Constituyente”, dice claramente una reelección, no más, de manera continua. Sin embargo, el gobierno, el MAS, la masa elocuente de llunk’us cuestiona la interpretación clara y directa de la Constitución, al mentar a la “voluntad del constituyente”, voluntad que no tomaron en cuenta al momento de “revisar” la Constitución en el Congreso, en mutuo acuerdo entre oficialismo y oposición. El “gobierno progresista” promovió un referéndum para reformar la Constitución, cuyo objeto declarado era habilitar al presidente a una nueva reelección. Perdió el referéndum. Después de la derrota el argumento oficialista es que hubo una campaña “mentirosa” contra el presidente, respecto a un hijo indilgado y a un amorío reconocido; por eso, se dice, sin ruborizarse, que ese referéndum no vale. Como se puede ver, este argumento no tiene asidero ni es sostenible, se lo mire por donde se le mire. Lo que muestra, es más bien, la poca moral y el escaso valor de los que perdieron el referéndum.

Ahora vuelven a la cantaleta, pero esta vez no exigen un nuevo referéndum, lo que tampoco se podría legal, institucional y constitucionalmente hacer, una vez que se dieron los resultados del anterior referéndum. La supuesta “astucia”, que de astucia no tiene sino la sórdida sombra, es consultarle al Tribunal Constitucional para que el dirima sobre el pedido de anulación de artículos de la Constitución y de la Ley electoral. Esta propuesta, sacada de los cabellos, es la caspa del oficialismo, que delata la enfermedad de la caída de la pelambre. No hay por donde tomarla en serio, salvo como anécdota de la estupidez política. Sin embargo, los medios de comunicación y la clase política la toma en serio; además, claro está, de los órganos de poder del Estado cooptados por el ejecutivo. Sin embargo, a pesar de lo anecdóticamente escabroso, el Congreso ha justificado el envío de semejante consulta y el Tribunal Constitucional la ha asumido; lo que habla de la poca seriedad de ambos órganos del Estado.

Ahora, a pesar de que ya escribimos a propósito, volvemos a referirnos a semejante tema anecdóticamente escabroso; lo haremos acudiendo a una descripción de los hechos.

Ahora vuelven a la cantaleta, pero esta vez no exigen un nuevo referéndum, lo que tampoco se podría legal, institucional y constitucionalmente hacer, una vez que se dieron los resultados del anterior referéndum.

Vino la propuesta de reelección indefinida del ejecutivo, del MAS; es decir, de parte de los constituyentes de la bancada del MAS. Había temas más importantes como la transversal estructural del Estado Plurinacional; empero, al MAS no le interesaba eso. Fue el Pacto de Unidad, que en ese entonces contaba con verdaderos dirigentes, correspondientes a las luchas desatadas de la movilización prolongada (2000-2005), los que llamaron al estadio de Sucre a los del MAS, para exigirles el cumplimiento respecto al documento sobre el Estado-Plurinacional y Comunitario, documento que entregó el Pacto de Unidad, después de haber discutido durante casi tres años. Sin embargo, las comisiones del MAS nunca leyeron el documento. Ante todavía la fuerza que constituían las organizaciones sociales, recordándoles a los del MAS que eran Instrumento Político de las Organizaciones Sociales, el MAS cedió, dejo provisionalmente en suspenso su nacionalismo chauvinista y aceptó poner en la Constitución lo del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. El artículo mentado llegó con la propuesta del MAS, en lo que respecta a la Organización Institucional del Estado, con el artículo sobre la reelección indefinida. No se discutió este artículo; fue llevado y admitido en la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro.

Sin embargo, volviendo a violar al Poder Constituyente – que esta sobre cualquier Poder Constituido -, que se expresaba en la Asamblea Constituyente, el gobierno, sobre todo, dirigido y encausado, en lo que respecta a la Constitución por el Vicepresidente, decidió inconstitucionalmente convertir al Congreso en Asamblea Legislativa Constituyente. Los tres Carlos – Carlos Alarcón, Carlos Börth y Carlos Romero -, apoyados por todas las bancadas del Congreso, revisaron la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. Cambiaron los artículos que les interesaban, para lograr un acuerdo de los partidos en el Congreso. Lo que tocaron, los artículos modificados, retrocedió, en lo que respecta a los alcances logrados por la Asamblea Constituyente, que todavía era como la irradiación de la movilización prolongada (2000-2005).  Sin embargo, no afectaron la estructura nuclear de la Constitución, la que tiene que ver con el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. No porque no quisieron, sino porque no se dieron cuenta. Solo con el conflicto del TIPNIS, el “gobierno progresista” se dio cuenta que tenía candados para implementar su modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Es cuando le vino a la cabeza al “Jacobino” que se debería hacer una reforma constitucional, para docilizar y domesticar, subordinándola al modelo extractivista, a la Constitución aprobada por el pueblo boliviano.

El tema es que si bien la Asamblea Constituyente aprobó, en Oruro, lo de la reelección indefinida, no siendo, de ninguna manera, el artículo más importante, ni mucho menos, lo cierto es que, después de la revisión usurpadora del Congreso, el pueblo boliviano aprobó por amplia mayoría la Constitución presentada. Si se quisiera hacer una reforma constitucional  – se dice que para habilitar al Presidente a renovadas reelecciones, lo que tampoco es la principal preocupación del “Jacobino”, sino volver a la Constitución en un instrumento dócil para favorecer a las empresas trasnacionales del extractivismo -, se tendría que revisar todas las modificaciones que hizo el Congreso, para lograr un acuerdo multipartidario. De esto, ni se habla.

Si bien la Asamblea Constituyente aprobó, en Oruro, lo de la reelección indefinida, no siendo, de ninguna manera, el artículo más importante, ni mucho menos, lo cierto es que, después de la revisión usurpadora del Congreso, el pueblo boliviano aprobó por amplia mayoría la Constitución presentada.

Lo que hacen el MAS, el gobierno y todos los órganos cooptados del Estado, es un múltiple delito constitucional y democrático. Desacata lo que ha aprobado el pueblo boliviano al votar mayoritariamente por  la Constitución; no respeta el voto contra la reforma constitucional, que pretendía el MAS, cuando ganó el NO; transfiere la decisión de la Asamblea Constituyente, respecto a la Constitución, y la decisión del pueblo boliviano, con la aprobación de la Constitución, a órgano incompetente; impone despóticamente la transferencia de una “decisión” incongruente, no institucional e inconstitucional, al Tribunal Constitucional, que no tiene competencias ni atribuciones para tomar esa “decisión”; la de la reelección indefinida. Estamos ante la tiranía de la estructura de poder palaciega.

Se podría decir que el único avance positivo logrado, post-aprobación de la Constitución, es la elaborada en Cochabamba, por parte operativa de las prefecturas departamentales; es el tema que quedó pendiente, en la Constituyente y posteriores acuerdos congresales, de las competencias autonómicas y su vinculación con las otras competencias exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas. El acuerdo de Cochabamba logró llenar este vacío, definiendo el reparto, la composición y combinación de las competencias; haciendo un entramado de competencias complejo y enriquecedor. Es cuando las autonomías, en el contexto del pluralismo autonómico, adquirieron competencias fortalecedoras; sobre todo, las competencias de las autonomías indígenas.

Un ideólogo de la “autonomía departamental” pide  una reforma constitucional para empoderar la “autonomía departamental”, pues considera que esta autonomía es, mas bien, la preservación del centralismo estatal. El ideólogo confunde la Ley Marco de Autonomías, que nada tiene que ver con la Constitución, con el entramado de competencias autonómicas; mas bien, tiene que ver con la vulneración constitucional y el desconocimiento y descalabro taxativo de las competencias autonómicas. Cae el ideólogo “autonomista” en el mismo desatino oficialista al pedir reforma constitucional para fortalecer las autonomías. No se puede hacer una reforma constitucional por lo que se le ocurre a cada quien, de la clase política y del estrato de los ideólogos, cuando la Constitución no ha sido aplicada, sino, más bien, vulnerada, desmantelada, no cumplida. De lo que se trata es hacer respetar la Constitución y su entramado de competencias.