El discurso jacobino de la revolución francesa dice que la soberanía radica en el pueblo; la Constitución dice lo mismo. ¿Qué significa este enunciado? Qué el pueblo está encima de la ley; también se puede decir que está por encima del Estado, por estar en el nacimiento mismo del Estado. Al expresar este enunciado la Constitución, ratifica la premisa de la revolución, hecha por el pueblo sublevado. En el ejercicio constitucional de la democracia institucionalizada, el pueblo toma decisiones, por así decirlo, en las elecciones, en los referéndums, en las consultas; incluso cuando se moviliza por demandas y reivindicaciones. Estas decisiones no son como las que corresponden a la acción colectiva, como en la rebelión, en la sublevación, en la subversión, en la revolución; sin embargo, se trata de decisiones populares, cuantificadas en las votaciones. Se trata del ejercicio de la soberanía popular en la vida cotidiana del ejercicio democrático formal. Al ser decisiones del pueblo, ni los gobernantes, ni los “representantes del pueblo”, menos las autoridades subalternas pueden cuestionar, objetar, ni transgredir. Hacerlo es estar no solo contra la democracia, el ejercicio de la democracia, sino atentar contra la base misma del Estado moderno, el Estado-nación, pues su cimiento ideológico es precisamente éste, el que la soberanía radica en el pueblo.

Bueno, es esto precisamente lo que ha ocurrido con el aval otorgado por el susodicho Tribunal Constitucional Plurinacional a la reelección del presidente y, de yapa, a otras autoridades elegidas. Haciendo una interpretación truculenta de la Convención de San José, la misma que se refiere a los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, no de los políticos, menos de los que fungen de presidentes. De todas maneras, a pesar de todo, contra la coherencia lógica, contra la interpretación directa y clara de la Convención mentada, el TCP ha dado su veredicto asumiendo la pertinencia de la propuesta de unos diputados, que interpretaron atropelladamente la Convención de San José. Se entiende que todo esto, estos equívocos concatenados y malas interpretaciones, a ojos vista, se deben a la desesperación por mantenerse en el poder a toda costa, aunque ese costo sea la democracia misma, es más, la libertad del pueblo mismo y sus derechos consagrados en la Constitución.

El domingo, 3 de diciembre de 2017, se realizarán las elecciones de magistrados; elecciones amañadas largamente, de una manera torpe y grotesca, sin disimulo, incluyendo al Tribunal Electoral, teniendo, además, el antecedente de las elecciones de magistrados anteriores, perdidas por el oficialismo, donde ganó el voto nulo; lo que equivale taxativamente a la anulación de las elecciones. Sin embargo, a pesar de esta derrota incuestionable, el gobierno, los dispositivos estatales tomados por el partido de gobierno, sobre todo, el Congreso, se dieron modos de elegir a magistrados de escasa votación y de escasos méritos, avasallados por la descalificación del voto nulos. Las elecciones de magistrados son inconstitucionales, vulneran, violan, desacatan, la Constitución, que establece que la elección de magistrados es un proceso, donde se da la participación popular; los candidatos emergen de la sociedad, se hacen conocer, se postulan en el ejercicio del debate y la deliberación con el pueblo. Todas estas condiciones establecidas por la Constitución brillan por su ausencia en al atropello logístico y apresurado del Tribunal Electoral, presionado por el chantaje ideológico y coercitivo del gobierno. Ciertamente, su comportamiento no tiene disculpa; un comportamiento decoroso hubiera sido renunciar y no seguir el circo montado por el ejecutivo, el oficialismo, los dispositivos estatales y las organizaciones sociales cooptadas, que hacen de apéndice del ejecutivo o de extensiones somáticas del caudillo. Empero, no tuvieron esta dignidad.

Al ser decisiones del pueblo, ni los gobernantes, ni los “representantes del pueblo”, menos las autoridades subalternas pueden cuestionar, objetar, ni transgredir. (…) Bueno, es esto precisamente lo que ha ocurrido con el aval otorgado por el susodicho Tribunal Constitucional Plurinacional a la reelección del presidente y, de yapa, a otras autoridades elegidas.

Ante este descalabro de la forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta, ¿qué hacer? Teóricamente, podríamos decir, que se trata de boicotear las elecciones fraudulentas; ni legitimas, ni legales, aunque sean institucionales, en el marco del monopolio y el dominio del partido oficialista y de la ansiedad desgarbada del caudillo.  Sin embargo, dicho de manera directa y sencilla, no hay fuerzas para hacerlo, pues la población votante esta atrapada en las mallas coercitivas de la maquinaria del chantaje del poder: o votas o votas, incluso aunque sea nulo, aunque es mejor que no sea nulo, pues has “valer tu voto”, en beneficio de la desfachatada democracia oficialista. No hay condiciones de posibilidad, como se dice, para que se pueda desplegar lo que teóricamente es aconsejable, defendiendo la soberanía del pueblo. Estamos ante un pueblo desencantado, una vez que evidenció la versión crápula del supuesto “proceso de cambio”, pero, un pueblo que no ha encontrado su potencia social, por lo tanto, que está lejos de ejercer su soberanía. En esta situación adversa para la voluntad popular, parece que las alternativas se restringen en el marco del espacio o la cancha tendida por el chantaje político. Una de las opciones, tibiamente dignas, es anular las elecciones fraudulentas. Es decir, votar nulo, aunque en las anteriores elecciones de magistrados, tampoco el Congreso, el ejecutivo, los tribunales oficiosos, no respetaron la victoria del voto nulo, haciéndose a los desentendidos de los resultados de la votación.

La responsabilidad ciudadana, es decir, de los que están en condiciones de ejercer la soberanía popular, no de los esclavos de ideologías, sobre todo, de los esclavos de deseos de poder, aunque sea fragmentarios, de demandas de reconocimientos, aunque sea por dádivas, sino de los que se consideran ciudadanos y creen todavía en la potestad política de la democracia institucionalizada, es anular las elecciones fraudulentas. No hacerlo es asumirse como esclavos, renunciando a lo que queda de su condición de ciudadano y ciudadana.

La soberanía radica en el pueblo es un enunciado jacobino; enunciado todavía preñado del prejuicio de la soberanía; concepto que deriva de la condición del soberano, el monarca, solo que después de decapitar al rey el pueblo ocupa el lugar vacío dejado por el noble, que jugó a ser símbolo de la nación. Forma parte este enunciado de las herencias del discurso jurídico-político, a pesar de la irrupción transgresora e interpeladora de la acción histórica-política del pueblo efectivo, es decir, de las multitudes congregadas y en colisión con el poder. A pesar de estas connotaciones conservadoras en lo que respecta al contraste con el alcance del ejercicio de la democracia plena, el autogobierno, la autogestión y la autonomía, todavía lleva el hálito de la voluntad popular, compuesta y combinada en la subversión; aunque la misma, en vez de destruir el poder y desplazarlo definitivamente, sustituirlo por el autogobierno creativo de los pueblos, lo restituya en otras formas, aunque quizás más abiertas, es lo que se tiene a mano, como quien dice. La soberanía del pueblo se efectúa en la anulación de las elecciones fraudulentas.