Sur y Sur.- Una filtración masiva de más de 13,4 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, de los gobiernos argentino y brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo.

Se suman a la nómina empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Los trumpistas involucrados

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadunidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “América primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

Ricos y famosos

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) y una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales. La filtración fue obtenida por el rotativo alemán Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.

El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.

Hay un grupo pequeño de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.

Los latinoamericanos no se quedan atrás

Entre los latinoamericanos en la lista, están el mexicano Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.

(Informe de David Brooks, corresponsal de La Jornada en EE.UU.)

No tan Santos

El presidente colombiano “en concreto, aparece hasta el año 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Después, el cargo quedó en manos, entre otros, de la familia de César Gaviria, ex presidente de Colombia”, señala el diario El Mundo de España.

En los documentos también sale a la luz otra compañía aseguradora de ese país del Caribe, Nova Holding Company Limited. “Ambas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compañía tradicional que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998”.

La alianza periodística entre El Espectador y Connectas le envió un cuestionario a Santos sobre su relación con ambas sociedades. En su respuesta, el presidente dijo que su aparición en 2001 obedece a “que se demoraron en registrar oficialmente los cambios” pues para esa fecha él ya no era miembro de esa compañía. Santos aseguró que “me invitaron a ser parte de la junta de Global Education y participé hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta (en ese año)”.

El presidente agrega que en la sociedad Global Tuiton le “ofrecieron una participación minoritaria a la cual renuncié en el 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby (exembajador norteamericano en Colombia) y Luis Guinot”.

El Espectador también publica la respuesta de Santos sobre si existieron pagos por parte de esa empresa. Al respecto, el primer mandatario asegura que “no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de la junta, razón por la cual tampoco hubo lugar a declarar”.

Global Education, la sociedad que aparece mencionada, permite comprar un seguro para los hijos menores de manera que estos cuando crezcan tengan ya el pago de la universidad asegurado.

Los negocios offshore del ministro argentino Caputo

La filtración incluye al ministro de Finanzas del presidente argentino Mauricio Macri, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales. En su defensa, Caputo aseguró que se desvinculó de los fondos en los que aparece señalado –y que no figuran en su declaración jurada– antes de ingresar en la función pública y juró que no existe conflicto de intereses.

Los Panama Papers ya habían involucrado al presidente Mauricio Macri en dos offshore en Panamá y las Islas Bahamas, pero el sumiso Poder Judicial argentino se ocupó de sobreseer al Presidente en diversas instancias. En este nuevo caso, la principal fuente de información es el estudio Appleby, fundado en Bermudas y con sedes en las Islas Caimán, Shangai, Hong Kong y otras ciudades.

Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares.

Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las últimas operaron en territorio argentino junto con Alto Global y se radicaron en el coqueto barrio de Puerto Madero. El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.

“Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana”, aseguró Caputo ante los medios que publicaron la investigación. Ninguno de los fondos figura en su declaración jurada. Caputo aseguró que es porque no fue accionista de los fondos (“hasta donde yo sé”, aclaró). la investigación también incluye al financista Ignacio Rosner, vinculado al gobierno e intermediario en el adquisición de activos por parte de capitales extranjeros.

La filtración llega en un momento sensible para la Argentina, cuando acaba de culminar en Buenos Aires una ronda de los países asociados al GAFI en América Latina para discutir estrategias contra el lavado de dinero y el país está por presidir en 2018 el G-20, que mantiene una política para terminar con la opacidad de las guaridas fiscales. En 2016, los países miembro le pidieron a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) un listado de los territorios que no cooperan en transparentar sus sistemas financieros para evaluar sanciones.