Daniel Raventós y Gustavo Buster (Sin Permiso).- Siguiendo la lógica de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de referéndum aprobada por el Parlament de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional del Reino de España, los más de 15.000 policías nacionales y guardias civiles estacionados en tres barcos de crucero en el puerto de Barcelona han sido lanzados en sus vehículos y durante todo el día han reprimido el ejercicio del derecho a voto este primero de octubre del pueblo de Catalunya. El famoso “a por ellos” con el que fueron despedidos en algunas ciudades españolas, con la participación de mandos, no era sino una extensión de lo que ya había decidido el gobierno Rajoy.
Es innecesario buscar adjetivos para el ejercicio de su función represiva contra los colegios electorales constituidos, las colas de votantes o el “material electoral”. Las imágenes de los videos difundidos se explican por sí mismas y no precisan de comentarios sobre lo que el gobierno Rajoy considera el uso “proporcional, eficaz y sereno” del monopolio de la violencia que ostenta. La Guardia Civil y la Policía Nacional actuaron como fuerzas de ocupación. En todo caso, la vicepresidenta del gobierno español Saenz de Santamaría  ha despejado cualquier duda asegurando que las fuerzas represivas –en este caso de “desorden” del proceso electoral- habían actuado sólo contra el “material electoral”. 844 “materiales electorales”, en la particular terminología cínica de la vicepresidenta, han tenido que ser atendidos en diversos hospitales de toda Catalunya y dos de ellos se encuentran en estado grave por los disparos de pelotas de gomas. Unas pelotas de goma que hace tiempo están prohibidas en Catalunya.

Lo que ha demostrado, entre otras muchas virtudes el gran movimiento que ha hecho posible el 1 de octubre es la capilaridad de su organización. Hay quien lo compara por exceso poético con el 15-M catalán: no, es mucho más amplio.

El gobierno Rajoy había asegurado durante semanas que legalidad es lo mismo que democracia. PSOE, Ciudadanos, medios de comunicación (las portadas y artículos de El MundoLa RazónEl PaísABC… del día 2 parecen una invención alucinante de lo sucedido el día anterior) y conocidos peritos en legitimación, explicaron esta tesis de mil maneras distintas. Y, claro está, su contraparte: el referéndum del 1-O ni era legítimo, ni era legal,, ni tenía garantías, ni era nada que se asemejase a algo democrático. Con independencia de que sea el mismo gobierno el que defina e interprete a través de su control del aparato judicial -y muy especialmente de un Tribunal Constitucional cuya mayoría designa, relegando a la “independencia del poder judicial” a un insuperable ejemplo de contradictio in terminis– qué es la “legalidad”, es evidente que la coherencia de su discurso exige hoy ilustrar lo que realmente entiende por “democracia” a través de las imágenes de doce horas de represión filmadas en directo.

El efecto no puede ser más devastador para la legitimidad de cualquier gobierno. Un gobierno legal, per definición, otro perfecto ejemplo de que hay legalidades que merecen ser barridas de la realidad.

¿Imposible la autodeterminación?

La “ilegalidad” así reprimida -con un criterio de “proporcionalidad” que exigía para contenerse la disolución del “material electoral” hasta el punto de que no pudiera expresarse libremente a través de la introducción de una papeleta en una urna- ha hecho, según el gobierno Rajoy, imposible el ejercicio del derecho de autodeterminación mediante referéndum.

Es difícil negarle al gobierno sus esfuerzos represores para desvirtuar las condiciones habitualmente exigibles para el desarrollo democrático del libre ejercicio del voto. Como en una profecía autocumplida o una crónica anunciada ha hecho todo lo posible para hacer imposible lo que el mismo exigía. Y de qué manera. Pero lo asombroso a pesar de ello, es que la gente –mucha gente, más de dos millones de personas- ha constituido miles de colegios electorales, ha hecho muchas horas de cola (el ataque al sistema informático obligaba muchas veces a algún miembro de la mesa a salir a explicar a la gente que “tuvieran paciencia”), ha votado, ha levantado barreras humanas contra quienes querían llevarse las urnas y las papeletas. Semejante osadía democrática merecía ser castigada mediante la barbarie policial, una y otra vez “proporcionalmente”. Las imágenes impresionaron a muchos observadores extranjeros que literalmente no daban crédito a lo que estaban viendo en un Estado que dice llamarse “de derecho”.

¿Es posible poner en duda que la expresión de resistencia democrática y de ejercer su derecho a la autodeterminación de toda esta gente es algo muy superior al formalismo de introducir un voto en una urna?

Muchas personas, en el momento de votar, quisieron que fuera fotografiado el momento. Porque eran perfectamente conscientes que estaban viviendo un momento histórico. No es lo habitual en otras elecciones. Y hay quien ha querido después, en su impotencia para impedirlo, discutir la limpieza de las votaciones. Es la calumnia más impúdica cuando no queda ni un adarme de razón. Hubo personas ancianas, que tenían preferencia siempre en las colas, que tuvieron que regresar a casa porque habían traído el DNI fotocopiado, ya que solamente se permitía el original. Los miembros de la mesa, con enorme pesar, así se lo comunicaban. Y los ancianos volvían con su DNI tiempo después… Pero los defensores del “estado de derecho” intentaron menospreciar esta gran jornada de movilización democrática calificándola de “pic-nic”, o calumniando al afirmar que se realizaban “votaciones en grupo”. Las hemerotecas son inclementes y algunos se habrán arrepentido ya de su vileza. Y el Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas, Zeid Raad Al Hussein exige una investigación sobre los actos violentos policiales del 1 de octubre.

Puestos a recordar la definición del derecho de autodeterminación de los pueblos en el derecho internacional -desde la década de 1860, a partir de los 14 Puntos de 8 de enero de 1918 del Presidente de EEUU Woodrow Wilson, pero también de la Resolución del Congreso de Londres de 1896 de la Segunda Internacional y la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia de noviembre de 1917 del gobierno soviético, más tarde recogido en el punto 8 de la Carta Atlántica de 14 de agosto de 1941,  en el Capítulo 1, artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas de enero de 1942 y en el artículo 1 de las Convenciones de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- : “Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su estatuto político y libremente el carácter de su desarrollo económico, social y cultural”.

Porque el elemento central del derecho de autodeterminación es la constitución de un pueblo soberano que decide por sí mismo, no el resultado de esa decisión. Tras el 1 de octubre caben pocas dudas que el pueblo de Catalunya se ha constituido como pueblo soberano. Este es el derecho internacional que pretende evadir la Constitución de 1978 al establecer a priori en su artículo 2 la existencia de un solo pueblo soberano en el Reino de España, al que el texto constitucional “restauraría” su soberanía bajo una monarquía, después de 40 años de dictadura franquista.

Una nueva legitimidad popular catalana

Tras el 1 de octubre, la “ilegalidad” declarada por el Tribunal Constitucional sobre la que se asienta la represión vivida, se enfrenta a una nueva legitimidad constituyente surgida de la propia movilización popular en defensa del derecho a decidir. En los próximos días se barajarán distintas propuestas. Pero algo está claro para una proporción muy grande de la población: el 1 de octubre ha constituido un pueblo soberano catalán y ha hecho realidad el surgimiento de una nueva legitimidad en la que asentar las instituciones políticas catalanas. El reconocimiento expreso de ella en los programas electorales de las fuerzas políticas que concurran a unas nuevas elecciones catalanas, cuando sea el momento adecuado, dotarán al nuevo Parlament de un carácter constituyente.

Esta es la principal razón jurídico-política de la derrota de Rajoy este 1 de octubre: el imprescindible diálogo y negociación tendrán lugar sobre la base de unas soberanías  compartidas, pero distintas, que entierran en Catalunya el régimen del 78. Desde su discurso en la noche del 1 de octubre, y en los próximos días, el gobierno Rajoy intentará negar esta nueva naturaleza potencial de las instituciones políticas catalanas, como si la movilización –no solo el referéndum- no hubieran tenido lugar, lo ocurrido fuera solo un problema de “orden público” y el diálogo político una sumisión jerarquizada para restablecer la gestión de las finanzas y competencias autonómicas intervenidas.

En esta lógica cobra todo su valor el llamamiento de la Mesa por la Democracia para defender los derechos soberanos ciudadanos en Catalunya. Como imprescindible es la solidaridad en el Reino de España y la Unión Europea. El día 3 hay convocada una huelga general, aunque algunos han preferido llamarla “paro de país” y otros simplemente “paro”.

Una fase más aguda de la crisis del régimen del 78

El 1 de octubre ha abierto, por lo tanto una nueva fase más aguda de la crisis del régimen del 78. Tanto Unidos Podemos como las fuerzas soberanistas catalanas –y próximamente vascas- apuntan al desarrollo de procesos constituyentes que permitan extender el derecho a decidir más allá de la Constitución de 1978 y los límites impuestos por los “poderes fácticos” en la Transición a todos los ciudadanos y todos los pueblos del Reino de España. Las manifestaciones de solidaridad con Catalunya en Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao… han sido una muestra de este camino abierto por las movilizaciones del 15-M, la lucha del pueblo catalán por su autodeterminación y el desprecio de las libertades democráticas en Catalunya antes y durante el 1 de octubre.

Las declaraciones de Pedro Sánchez el 1 de octubre no son esperanzadoras: condena del 1 de octubre como atentado al “estado de derecho”. Pero incluso el dirigente del PSOE ha tenido que exigir al PP una comisión de reforma constitucional y un “diálogo” con las instituciones políticas catalanas a partir de la condena de la actuación represiva del gobierno Rajoy: un equilibrismo imposible, se señalará con razón. Pero la solución de este equilibrio no es otra que una moción de censura inmediata contra el gobierno Rajoy.

Porque en términos prácticos, el gobierno Rajoy sale achicharrado de su gestión no solo del 1 de octubre, sino de su orientación de confrontación con el movimiento soberanista catalán desde el recurso de 2010 contra el nuevo Estatut de 2005.  Su minoría mayoritaria, que le permitió formar gobierno después de dos procesos electorales perdiendo una sangría de votos, solo fue posible con la abstención de la gestora del PSOE y el apoyo presupuestario del PNV. Tras el 1 de octubre, no puede contar con el PNV para el presupuesto de 2018 y tendrá que prorrogar el de 2017. Y su intento de volver a subsumir al PSOE de Pedro Sánchez bajo su hegemonía a través del enfrentamiento con el soberanismo catalán se topa hoy con la condena de las escenas de represión y las llamadas a un diálogo que le hacen co-responsable, en otro equilibrismo, del enfrentamiento institucional junto a Puigdemont. El PP solo cuenta por el momento con los autonomistas canarios y con Ciudadanos, que ya empieza a criticar su gestión de la cuestión catalana como ineficaz, cuando no de fracaso.

La represión del referéndum del 1 de octubre exige un acto de fe de la derecha española: creer primero que ha desarticulado un referéndum cuyo recuento de votos se podía seguir en TV3 en el mismo momento en el que Rajoy hacía su declaración oficial tras la jornada. Pero si discutible es la existencia de las condiciones para su desarrollo democrático tras la masiva represión, no cabe duda que la movilización para votar y defender los colegios electorales ha sido la mayor del movimiento soberanista catalán en estos siete años de aplicación de la estrategia del PP. Y ese movimiento sigue después del 1 de octubre más activo, más organizado y más legitimado que en anteriores ocasiones entorno al ejercicio del derecho de autodeterminación. Hasta el punto que parecen cuanto menos ingenuas las ofertas de ministros como De Guindos de una mejora del sistema de financiación de la autonomía cuando, de entrada, todas sus cuentas están intervenidas. Esa derecha nacionalista española culpará a Rajoy de su fracaso el 1 de octubre, erosionando su legitimidad y su hegemonía en su propia base social.

Sin descartar nuevas intervenciones represivas en los próximos días y meses, incluida la aplicación formal del artículo 155, la crisis catalana se trasladará también a Madrid. Ya se ha trasladado, pero lo hará con mayor contundencia. La exigencia de diálogo para salir del callejón sin salida en el que Rajoy ha situado al régimen del 78, tanto en el terreno presupuestario como en el de la estructura territorial del estado (los dos únicos objetivos de esta legislatura), presionará a favor de un gobierno capaz de llevarlo a cabo. Ese gobierno no puede surgir de la alianza entre PP y Ciudadanos y solo puede constituirse tras nuevas elecciones anticipadas, que serían las terceras desde el fin de la mayoría absoluta del PP.

A falta de una alternativa por la izquierda –que no podría necesitar los apoyos de partidos soberanistas vascos o catalanes sin provocar una nueva crisis en el PSOE-, la agonía del régimen del 78 puede prolongarse con consecuencias cada vez más dañinas para una gestión económica completamente dependiente de la financiación de su deuda pública y privada de los programas de “flexibilización cuantitativa” del Banco Central Europeo.

El autocomplaciente discurso de victoria de Rajoy el 1 de octubre puede ser su canto de cisne. Sonaba a descomposición de un régimen deslegitimado y corrupto. El día 4 el Parlament de Catalunya hará balance. Y Rajoy ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar una intervención que ha provocado violaciones de derechos humanos, que hoy la propia UE critica. Mientras tanto, desde Catalunya y desde los sectores más diversos del Reino de España se exige: ¡Fuera la Guardia Civil y la Policía Nacional de Catalunya!