La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa que analizó y valoró las implicancias de los llamados “Papeles de Panamá”, aprobó por unanimiadad, en la noche del sábado, su informe final que recomienda a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) seguir con las investigaciones, además que elaboraron un proyecto de ley para la lucha contra el uso de paraísos fiscales que será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los “papeles de Panamá” son los documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca que fueron entregados de manera anónima al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung y que revela el ocultamiento de propiedades y la evasión tributaria de empresarios, políticos y otras personalidades, entre ellos el presidente argentino Mauricio Macri, el presidente de Ucrani.

Conocido el caso se formó en Bolivia una comisión parlamentaria que en su trabajo de 14 meses estableció primero y analizó luego la vinculación de 360 empresas y 198 personas bolivianas con empresas “offshore” panameñas, sumando un total de 558, los que conformaron el universo de estudio. De estos casos, fueron analizados 76, mientras que el resto serán remitidos a instituciones estatales pertinentes.

“Concluimos con un informe que nosotros pensamos que cumple las expectativas (…), para ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales y de ahí se deriva una cosa fundamental para ser más efectivos en el futuro, que es una ley de lucha contra los paraísos fiscales”, dijo el presidente de esa comisión legislativa, Manuel Canelas.

Según un boletín de la Cámara de diputados la Comisión presentó un proyecto de Ley para hacer frente al “insuficiente e impreciso diseño competencial de las instituciones estales, que deben ser ajustadas para enfrentar la problemática de los paraísos fiscales, y con el fin de actualizar el Código de Comercio, en lo concerniente a la conformación de sociedades anónimas, así como la normativa tributaria y la Ley del Mercado de Valores”.

La propuesta busca ajustar las normas legales relativas al derecho societario, el control de las operaciones comerciales, la información, la investigación corporativa y el régimen de sanciones administrativas, a nivel de la UIF, la ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AFCSE), además que sugiere que las instituciones llamadas por ley para efectuar el control implementen mecanismos de coordinación más eficaces para enfrentar el uso de paraísos fiscales.

Recomendaciones

En su informe la Comisión propuso la creación del registro obligatorio para las personas naturales o jurídicas que constituyan o tengan nexos con empresas “offshore”, y mayores controles cuando los proveedores sean empresas “offshore” constituidas en paraísos fiscales.

El informe recomienda al Banco Central de Bolivia diferenciar las transferencias de las comisiones realizadas con empresas en paraísos fiscales, elevando el monto, para desincentivarlas y que la información de aquéllas sea remitida al SIN para la verificación del pago impositivo.

La Comisión recomiendó a la UIF proseguir con las investigaciones y establecer mecanismos para la prevención y la lucha contra el uso de paraísos fiscales, plantea que la Aduana fortalecezca el control de las salidas de dinero físico al exterior y ampliar la cobertura de los “precios referenciales” para bienes de exportación, además que propone que el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción prosiga con la investigación a ex autoridades públicas.

Casos emblemáticos

Entre los casos más llamativos investigados por la comisión figuran los de la la compra de acciones a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba por parte de la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios de Cochabamba, la creación de 14 empresas “offshore” por parte de la familia del expresidente del Comité Pro Santa Cruz y acusado por el caso Terrorismo, Branko Marinkovic, Fernando Romero, ex ministro de Economía de Gonzalo de Sánchez de Lozada (1993-1997) y el de los los hermanos José y Walter Kreidler, éste último exministro de Desarrollo Económico en la presidencia de Carlos Mesa.

Sobre el caso que involucra al empresario opositor Samuel Doria Medina, quien junto a su familia creó el año 2005 la “offshore” Akapana con el único fin de vender sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), la Comisión sugirió que los documentos de compra- venta sean remitidos por la Autoridad de Fiscalización de Empresas a la UIF y al SIN, para que se prosiga con la investigación por posible evasión tributaria. Otros casos implica a los empresarios Urenda, Dueri, Luzio, Daher y Azcarrunz Campuzano.