Los comuneros mapuches (4) que se encuentran en la cárcel de Temuco (sur de Chile), en la denominada región de la Araucanía, los cuales   realizan una huelga de hambre con el objeto de presionar para que no sean juzgados por la nefasta Ley Antiterrorista, heredada de la época de la dictadura y muy bien utilizada por los gobiernos post régimen cívico militar, han visto agravado  su situación de salud ante la protesta que realizan

Los cuatro comuneros mapuches fueron trasladados al hospital regional de Temuco, para quedar transitoriamente en el área de urgencia de dicho establecimiento de salud, pues su situación ha ido empeorando cada día más. El sacerdote Felipe Berríos puso en marcha el proceso de mediación y ha visitado a los comuneros en la cárcel de Temuco, recinto al que fueron trasladados posteriormente luego de que culminaran los exámenes médicos pertinentes, sin que el recinto hospitalario haya emitido un parte al respecto.

En declaraciones vertidas a la prensa local Cristian Trancal, hijo de uno de los comuneros en huelga de hambre, ha expresado que los  internos se rehusarán a ingerir algún tipo de alimento o vitamina, mientras no se cumpla con la solicitud de que no se les juzgue por la ley antiterrorista.

Las primeras consecuencias de  la huelga de hambre  muestra un deterioro neurológico agudo objetivado, deterioro rápido y progresivo de las funciones cognitivas, resaltando pensamientos reverberantes con ideas fijas, bradipsiquia con ideación de muerte pasiva afirmando dos de ellos, ante medios de prensa locales.

Los comuneros mapuches han sido, imputados por el delito de incendio terrorista tras el presunto ataque a un templo en Padre Las Casas, en 2016. Sin embargo un portavoz de los familiares ha señalado que ellos no están solicitando que los dejen en libertad, ellos quieren un juicio justo y al margen de la ley antiterrorista por la cual estos serían juzgados. Cabe destacar que los comuneros mapuches llevan más de un año en prisión preventiva, sin que los tribunales respectivos se hayan hecho cargo de la situación. Los cuatro comuneros mapuches se han declarado inocentes y han manifestado que están dispuestos a probarlo en un juicio justo, pero no bajo la mencionada ley.

En cualquier hecho de connotación política o cuando se trata de la lucha de los pueblos originarios chilenos por sus reivindicaciones ancestrales y que suelen terminar en acciones violentas, el Estado chileno sin una investigación previa y pertinente, suele de forma inmediata aplicar la ley antiterroristas, que más parece una ley para custodiar los intereses de los grandes potentados de terratenientes y latifundistas, que otra cosa, que en muchos casos, obtuvieron tierras ancestrales perteneciente a los pueblos originarios de forma fraudulenta.

En reiteradas oportunidades los organismos internacionales de derechos humanos e instituciones del ámbito de la judicatura internacional, han realizado sendos llamados de atención, por el mal uso que hace el Estado chileno, con su ley antiterrorista violando sistemáticamente los derechos humanos, en este caso de los comuneros mapuches.

Mientras tanto, los candidatos presidenciales que suelen tener una preocupación ambigua sobre la problemática de los pueblos originarios chilenos y sin que tengan propuestas concretas al respecto, nada han manifestado sobre la violación de los derechos de los comuneros mapuches y el mal uso de la ley antiterrorista o la derogación definitiva de este engendro de la dictadura pinochetista.

Movilizaciones por la libertad de los mapuches presos.

Movilizaciones por la libertad de los mapuches presos.

Cristián Tralcal, familiar de Alfredo Trancal Coche, aseguró que los comuneros se negarán a ser procesados por esta ley “hasta que ya no den más” y recordó que no pueden ser alimentados de manera forzosa en línea con la Declaración de Malta, tratado internacional al cual está adscrito Chile.

La llamada ley 18.314, más conocida como ley Antiterrorista, fue creada en 1984 en plena dictadura con el fin de controlar grupos de las fuerzas progresistas, humanistas y de izquierda. Con el tiempo fue modificada paulatinamente. Sin embargo, todavía sigue siendo una ley duramente cuestionada por los más diversos organismos internacionales.

En años anteriores (2013)  la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado chileno realizar modificaciones a la ley. Lo mismo hizo el Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2014 y así sucesivamente año tras año, exigiendo y recomendando su adaptación a estándares jurídicos internacionales. Los relatores especiales de la ONU en Derechos Humanos, en reiteradas oportunidades han cuestionado esta nefasta ley en sus sucesivos informes sobre el capítulo chileno de derechos humanos..

La actual mandataria Michelle Bachelet cuando triunfó en las elecciones a la presidencia en 2013 se comprometió a realizar las modificaciones pertinentes al diabólico instrumento legal de la dictadura, sin resultado alguno hasta la fecha. Pese a ello, la ley Antiterrorista sigue vulnerando derechos humanos y garantías procesales al margen de la ley y los convenios  internacional pertinentes.