El 8 de agosto de 2017, en Santa Cruz debía realizarse la Audiencia de Medidas Cautelares para que Carlos Martín Camacho Chávez juez 3° de Instrucción Penal, decrete la detención, o no de Carlos Flores Menacho gerente general de “Canal 7 Bolivia TV”, acusado por la Fiscalía del delito de conducta deshonesta (acoso sexual) contra la periodista de ese medio, Alejandra C.P.M. Esa audiencia se suspendió (Ver: http://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-imputa-y-pide-detencion-preventiva-de-exgerente-de-btv-por-presunto-delito-de-acoso-sexual–380164) porque en La Paz, la jueza Blanca Cinthya Delgadillo Aramayo hizo un “Exhorto Suplicatorio” (pedido judicial) al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que el expediente del caso sea remitido a La Paz, donde el gerente Flores es investigado por acoso sexual contra la periodista Yandira P.I.

Según el Informe de los fiscales: Yovanna Castro Gutiérrez, Francoise Barrón Márquez y Jorge Rodríguez Vargas, el acoso a la periodista Alejandra se intensificó en un viaje, de Santa Cruz a Chimoré el 2 de agosto de 2016 cuando el gerente Flores le prometió a la periodista beneficios laborales a condición de alojarse juntos. Ante la negativa, el gerente Flores la convocó a su Despacho y la trató de “burra y prostituta”. Comenzó entonces una permanente humillación machista.

En agosto de 2016, la periodista Alejandra envió a Gisela Karina López Rivas (gerente de Bolivia TV) una carta-queja por el acoso del gerente Flores pero no tuvo respuesta. El 23 de enero de 2017, López fue promovida a Ministra de Comunicación; el 25 de enero de 2017 Flores fue promovido (por López) a Gerente General de Bolivia TV. Flores ya había acompañado a López, cuando ella era Viceministra de Autonomías, gerente de Bolivia TV-Santa Cruz, en Full TV y en El Deber.

El 23 de febrero de 2017, la periodista Alejandra presentó ante la Fiscalía de Santa Cruz, denuncia contra el gerente Flores, quien a su vez ordenó que esa periodista “no aparezca en pantalla, no haga Unidad Móvil y menos Voz en off” y que la iban a botar del canal si no retiraba la denuncia, que ya era procesada en la Fiscalía cruceña por Zelma Alfaro Camacho (Trabajadora Social de la Fiscalía), Víctor Quispe Machaca (policía investigador), y Yanet Ardaya Frías (psicóloga).

El 13 de julio de 2017 los fiscales Castro, Barrón y Rodríguez (de la Fiscalía Corporativa de Delitos Sexuales a Víctimas de Atención Prioritaria FEVAP Santa Cruz) presentaron ante Carla Lorena Añez Méndez, jueza 2° de Instrucción Penal, su Informe de Imputación Formal y pedido de detención; acusan al gerente Flores del delito de Acoso Sexual, artículo 312 Quáter del Código Penal con 4 a 8 años de detención (Ver: https://bolivia.infoleyes.com/articulo/69472). “Si es cometido por un servidor público en ámbito de relación jerárquica, debe ser destituido y agravada la privación de libertad”, señala esa norma. La jueza Añez había programado la Audiencia Cautelar para el 8 de agosto de 2017.

El Informe de los fiscales FEVAP advierte de dos riesgos en la conducta del gerente Flores: a) “Obstaculización” (Art. 233 del Código Penal) por influir negativamente en los testigos, porque la Teniente Tancara citó a declarar a varios trabajadores de Canal 7-Santa Cruz; citaciones rechazadas. b) “Peligro de fuga” (Arts. 234 y 235 CP).

Esos riesgos parecen calculados. Los abogados, Fernando Orellana Medina (en Santa Cruz) y Osvaldo Zegarra (en La Paz) que atienden al gerente Flores habrían “coordinado” todo: fechas de audiencias y sus suspensiones respectivas, triquiñuelas de jueces y de otras autoridades judiciales, de Santa Cruz y La Paz… ¿Qué más habrán coordinado?

Lo cierto es que en fecha 2 de agosto de 2017, Carlos Martín Camacho Chávez (Juez 3° de Instrucción Penal) en suplencia de la jueza Añez (por estado de gestación) remitió el expediente del caso de la periodista Alejandra, a La Paz “en cumplimiento de Decreto de fecha 17 de julio de 2017”. La audiencia de medidas cautelares para el gerente Flores (del 8 de agosto de 2017) fue suspendida por Cinthya Delgadillo Aramayo, jueza 1° Anticorrupción de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, que pidió se le remita el expediente desde Santa Cruz. Delgadillo salvó, “legalmente” a Menacho de inminente detención (Ver: http://www.eldeber.com.bo/politica/Piden-detencion-preventiva-de-exgerente-de-BTV-20170724-0033.html).

Presunciones: a) La periodista Alejandra padece tortura laboral en Canal 7-Santa Cruz por haber denunciado abuso de poder del gerente Flores, autoridad protegida (aparentemente) por una alta autoridad de Estado (una ministra conocida por luchar contra el acoso…). b) De siete casos (5 en Santa Cruz, 1 en Beni, 1 en La Paz) de acoso sexual a periodistas mujeres en Bolivia TV (ocurridos de inicios 2016 a marzo 2017) cuatro no fueron denunciados a la Justicia. Víctimas: Fabiola, Mary, Maura, y Monique. Una víctima-pasante universitaria es asistida por psicólogo y médico porque contrajo enfermedad venérea… c) El Jefe de Transparencia de Bolivia TV, Omar Méndez, ya amenazó: “No es fácil acusar a las autoridades; el gobierno se defenderá con todo; recuerde el caso de PAT (Hanaly Huaycho, periodista asesinada) ella sabía demasiado del caso Hotel Las Américas (muerte de Eduardo Rosza). d) De a poco, se visibiliza un “consorcio” entre abogados y jueces para favorecer al gerente Flores, funcionario investigado por la justicia. e) La jueza Delgadillo  –oficiosa “defensora” del gerente Flores–  fue destituida dos veces pero se resiste a dejar su cargo mediante “Amparos” y otros artilugios tal vez cotizados. f) El caso de la periodista Alejandra lo conocen el Viceministro de Justicia Diego Ernesto Jiménez Guachalla (que recibió instrucción presidencial) y el Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero (que recibió telefonazos de una ministra) pero se hacen los “distraídos”. También lo conocen periodistas PAT y de El Deber.

Conclusiones. Del accionar del pasajero poder político: a) Los siete casos de acoso sexual en “Bolivia TV” están impunes; la prensa los denunció, pero el transitorio poder político los protege-encubre. b) El Ministerio de Comunicación está distraído con cuatro problemas: Sobreprecio de equipos de “Bolivia TV”, Millonario y subutilizado presupuesto en publicidad, Deficiencias administrativas y sobreprecio de equipos de las “Radioemisoras de los pueblos Originarios RPOs”, Acoso sexual de gerentes. c) En marzo 2017, el Presidente Morales instruyó la destitución del gerente Flores, ahora protegido por una ministra. Del accionar del Consorcio Judicial–partidario: a) Los abogados del gerente Flores y algunos jueces, de La Paz y Santa Cruz, “coordinan al detalle” pues varias audiencias de dos casos de acoso se suspendieron. La Ley 348, es simple trampa. b) El “Supermercado Jurídico-judicial” parece aplicar al caso Bolivia TV, porque ¿será que la sucesiva suspensión de audiencias, en La Paz y Santa Cruz, es casual…? c) En diciembre 2017 habrá elección de jueces nacionales, y los candidatos parecen ser uno peor que el otro; la prueba es que la Umsa y la Asociación de Víctimas de la (in) Justicia impugnaron a 12 postulantes; y no fueron tomados en cuenta por el pasajero poder político. Impugnados: Francisco Tarquino, Lilian Sandi, Román Castro, Gonzalo Alcón, Álvaro Cuellar, Esteban Miranda, Gísela Gonzales, Wilfredo Jiménez, Mirtha Meneses, Juan Carlos Claros, Karem Gallardo, y Pedro Quiroga (Ver: http://elpotosi.net/nacional/20170804_impugnan-a-14-postulantes-a-las-elecciones-judiciales.html).