Agosto de 1985. Con la promulgación del Decreto Supremo 21060 comenzó en Bolivia el reemplazo de los esquemas de política económica, los lineamientos y el patrón de desarrollo, basados en el modelo de la sustitución de importaciones, por otro que tenía como eje el juego del mercado: el neoliberalismo.

Hasta ese entonces, el Estado participaba como agente productor en el proceso de industrialización y como proveedor de infraestructura de apoyo a la industria manufacturera que competía con las importaciones. El estatismo que resultó de la revolución nacional de 1952 logró importantes avances en las condiciones de vida de la población, pero entró en crisis. Según un estudio de la Unidad de Análisis de la Política Económica (Udape)— este modelo estatista “condujo a una ineficiencia en la asignación de los recursos y a una insuficiente generación de ahorro interno para financiar la inversión requerida en un proceso de crecimiento sostenido”[1]. El agotamiento del modelo fue acelerado por la crisis de deuda externa a partir de 1982 y luego un proceso hiperinflacionario sin precedentes provocó una permanente caída del Producto Interno Bruto (PIB) percápita en una relación de 100, en 1980, a 81,87 en 1985[2]. Bolivia enfrentaba las consecuencias de la aplicación de lo que el economista Horst Grebe llamó el “modelo de excedente sin acumulación”.[3]

La Nueva Política Económica (NPE) puesta en vigencia por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), a la que el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) le dio continuidad, permitió a Bolivia superar el proceso hiperinflacionario que afectó al país en la primera mitad de la década de los años 80. Con la aplicación del nuevo modelo, se logró la estabilidad económica, pero no se llegó a alcanzar los niveles de crecimiento necesarios para superar los altos niveles de pobreza que se registran en el país[4].

Indicadores Post-21060

Indicadores Post-21060

Entre otros objetivos, la aplicación de la NPE[5] buscaba reducir la participación del Estado en la economía, estimulando un rol cada vez más activo para el sector privado. Con ese objetivo, el régimen de Paz Zamora impulsó procesos de transferencia de las empresas estatales, aprobó nuevas leyes que permitieron al sector privado ingresar a los sectores minero e hidrocarburífero, además que impulsó una nueva Ley de Inversiones que, entre otros aspectos, garantizaba la libertad total para la reexportación de utilidades a los potenciales inversionistas privados.

Fiel a las recomendaciones de los organismos internacionales de financiamiento, el gobierno de Paz Zamora quería “achicar el Estado” para lo cual impulsó la aprobación de una Ley de Privatización que autorizaba la venta de las empresas de las Corporaciones de Desarrollo, pero no las estratégicas. Sin embargo, pese a lograr algunas exitosas transferencias de empresas estatales al sector privado, como el caso del ingenio azucarero Guabirá, el proceso no logró los objetivos esperados y fracasó en su intento más importante: la privatización del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Desde la óptica del nuevo modelo, el sector privado estaba en mejores condiciones que el Estado para hacerse cargo de los sectores productivos; la transferencia permitiría al fisco contar con recursos de disponibilidad inmediata para proyectos de inversión social y también alejaría a las empresas estatales de la corrupción y la ineficiencia que habían caracterizado su funcionamiento. En los esquemas neoliberales, la privatización de las empresas estatales tenía también ventajas financieras para el Estado, el fortalecimiento del mercado de capitales y la reducción de los monopolios.

Sin embargo, la transferencia de las empresas del Estado no era aceptada por las organizaciones populares y también despertó sospechas acerca su transparencia. La privatización, desde el punto de vista de los trabajadores, implicaba la enajenación del patrimonio nacional y el rechazo a esa posibilidad se convirtió en aglutinador de la protesta popular. Incluso el MNR, el partido que había impulsado la vigencia del neoliberalismo en Bolivia, frenó la Ley de Privatización por más de un mes con un recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia.

NOTAS

[1]        Requena, Juan Carlos y otros, Ajuste estructural y crecimiento económico: Evaluación y perspectiva del caso boliviano, La Paz, Mayo, 1992.

[2]        CEDLA-ILDIS, Informe Social Bolivia: Balance de indicadores sociales, Ed. “Garza Azul”, La Paz, 1994, pág. 9

[3]        Grebe, Horst, Excedente sin acumulación en “Bolivia Hoy”, Siglo XXI editores, México, 1983

[4]        “Los niveles de pobreza en el país son elevados, se observa que una parte considerable de la población, especialmente en el área rural, tenían insatisfechas sus necesidades esenciales al no contar con acceso adecuado a los servicios e insumos básicos, educación, salud y/o vivienda. La proporción de hogares pobres (incidencia o extensión de la pobreza) era del 69,8% (923.530 hogares); en términos de población ello equivalía al 70,5% de los bolivianos (4.074.141 personas)”. Ministerio de Desarrollo Humano, Mapa de pobreza: Una guía para la acción social, 2da. Edición, Ed. Stilo,  La Paz, 1994, pág. 15.

[5]        Las medidas del cambio estructural:

  • Mayor apertura al exterior tendente a mejorar la asignación de los recursos y con ello generar un mayor nivel de competitividad internacional.
  • Desregulación de mercados que, además de coadyuvar a una eficiente asignación de los recursos, permita incentivar la inversión privada.
  • Política de promoción de exportaciones, que permita el incremento y diversificación de éstas, la orientación de la inversión privada hacia el sector exportador y, por último, la recuperación de la solvencia externa, basada en una mayor generación de divisas.
  • Reforma del sistema financiero, que viabilice una mejor asignación de recursos crediticios, a partir de una intermediación financiera hacia los sectores productivos con niveles apropiados de tasas de interés.
  • Política de endeudamiento externo, que garantice un flujo de recursos, consistente con los requerimientos de la economía.
  • Ajuste fiscal, que coadyuve a una mejor asignación de recursos, permita el fortalecimiento del capital humano y cree las condiciones necesarias para promover la inversión privada, mediante la provisión de una mejor infraestructura física y social, a partir de la generación de bienes públicos.
  • Constitución de un marco legal adecuado, que permita la promoción de la inversión privada nacional y extranjera directa.

Requena, Juan Carlos y otros, Ajuste estructural y crecimiento económico:Evaluación y perspectiva del caso boliviano, La Paz, Mayo, 1992.


Extracto del libro: “El que manda aquí soy yo: Guía rápida para entender la capitalización“, Osvaldo Calle Quiñonez,  U.P.S. Editorial, 2001