Bajo el ropaje de “Tecnologías de información y comunicación para la inclusión social” y digitalizar el canal estatal se disfrazaron contratos irregulares por entre Bs. 25 y 131 millones, de un desembolso total por 280 millones equivalente a 40 millones de dólares. El caso pasó por entre las dos anteriores ministras, pero la actual,  Gísela López,  encontró que en un solo día se efectuó una licitación por Bs 25 millones. Hay otros cinco proyectos irregulares por 131 millones (Foto ABI)

 

Bolpress / El Deber /Página Siete

El proceso de modernización digital de Bolivia TV está bajo sospecha de corrupción, reportó el diario cruceño El Deber, luego que la ministra de Comunicación, Gísela López, presentó el lunes ante el Ministerio Público una denuncia por daños económicos al Estado por el proceso de contratación del proyecto denominado Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos.

Este programa tuvo un costo de Bs 25 millones y la denuncia de López involucra a diez exfuncionarios del canal estatal, entre ellos el ex gerente general Gustavo Portocarrero, el ex gerente técnico, Rubén Márquez, y la ex gerenta administrativa y financiera, Lilian Peñarrieta. Sin embargo no se dio a conocer el nombre de la encargada de Transparencia, además de otros seis altos funcionarios involucrados.
Pero esto solo puede ser la punta del ovillo. Según explicó López, también cruceña, en detales a El Deber, hay otros cinco proyectos en la mira por Bs 131,4 millones. Este diario trató de comunicarse con Portocarrero, pero su celular estaba apagado entre la tarde y la noche de ayer:

Todo comenzó en 2013, cuando Bolivia TV comenzó a recibir dinero del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis), un programa nacido con la Ley de Telecomunicaciones para reducir la brecha de acceso a la información y que era administrado por el Ministerio de Obras Públicas, que comenzó a transferir recursos a Entel y Bolivia TV a través del Ministerio de Comunicación. Según López, Bs 280 millones fueron transferidos desde 2013, de ellos, seis contratos por Bs 131 millones están bajo sospecha.
López explicó a través del teléfono, que el contrato de Bs 25 millones tenía por objetivo digitalizar el trabajo en Bolivia TV. Con él se debieron crear sets virtuales, tener generadores de líneas gráficas, pero todo quedó a medias por la supuesta corrupción.

Cuando López era gerenta General de Bolivia TV, empezó a revisar la documentación y lo primero que le saltó a la vista fue que todo el proceso de contratación se lo hizo en un día: el 23 de diciembre de 2014.
En esa jornada se firmó el convenio entre el Ministerio de Comunicación y Bolivia TV, la autorización para el inicio del proceso de contratación, la autorización a la empresa Autored para que presente la propuesta técnica y económica, que fue enviada el mismo día.

Luego, el mismo 23, estaba listo el informe técnico en el que se verificaban los requerimientos del canal estatal y la propuesta de la empresa, también se elaboró la evaluación de la comisión verificadora y se emitió el informe de la responsable de Transparencia al gerente general del canal. “Nunca el mismo día se hace todo el proceso de contratación y se adjudica”, dice López.
En ese momento la ministra de Comunicación era Amanda Dávila. Consultada sobre estos proyectos, explica que BTV es una empresa descentralizada con patrimonio propio y autonomía de gestión y administración. Recuerda, además, que ella dejó el cargo en enero de 2015 y aplaude la investigación de López.

Aunque sin la certeza que dan los documentos en la mano, Dávila recuerda que en 2014 se aprobaron transferencias a BTV por dos decretos supremos.
Según consta en la Gaceta Oficial, ese año se realizaron dos transferencias a Bolivia TV, una por Bs 44 millones, en mayo, y otra por Bs 75 millones, el 17 de diciembre. En el decreto 2223 se detalla que Bs 50 millones iban a financiar el proyecto Fortalecimiento y potenciamiento digital de equipos televisivos para optimizar la producción y cobertura de información de Bolivia y Bs 25 millones al programa denominado Tecnologías de información y comunicación para la inclusión social. Este último es el que está denunciado por López.

Dávila explica que el mismo decreto establece que una vez concluido el proyecto, se debería haber hecho una auditoría especial y comunicarla al Ministerio de Comunicación.
La que debió concluir con ese proceso fue su sucesora, Marianela Paco. La exministra asegura que se pidió con insistencia a López que acelerara las auditorías y que incluso, como presidenta del directorio de Bolivia TV, convocó una sesión para pedir que se acelerara el proceso de auditoría. Además, aseguró que dejó 30 auditorías en curso.

López también habla de dificultades para acceder a la información. Habla de una trama que incluso planificó un incendio para deshacerse de los documentos. Por ello, a mediados de 2016, pidió ayuda al entonces Ministerio de Transparencia y armó un equipo multidisciplinario para revisar los contratos a fondo. “El problema es que los auditores revisan documentos, nosotros fuimos al inventario”, cuenta López.

Allí encontró que los equipos que debían funcionar en red era una maraña de artefactos empotrados, que los números de serie anotados no coincidían con lo existente, equipos sin codificación final para entrada de video, sin monitores de programas o artefactos que nunca terminaron de instalarse. El colmo fue descubrir que habían hecho pasar 10 computadoras domésticas por islas de edición modernas. “En los informes de recepción de la adquisición todo estaba conforme y funcionando, pero cuando entramos al canal, nada funcionó, nunca funcionó”, explica López.

La comisión de la ministra sigue trabajando. Pide unas tres semanas para terminar de revisar los otros cinco contratos y elevar un informe para confirmar o desestimar sus sospechas de corrupción.

PACO, DAVILA, CANELAS

La exministra Marianela Paco, explicó a Página Siete que en su gestión evidenció las irregularidades y por esa situación abrió 30 procesos de investigación en todo el Ministerio de Comunicación; de esos, cuatro involucraban a Bolivia TV.

Su antecesora, Amanda Dávila sostuvo que desconocía el hecho, porque  si bien el contrato se suscribió en su gestión (en diciembre de 2014), su ministerio recién recibía los balances e informes de auditoría hasta diciembre de 2015.  “Para ese año yo ya no era ministra”, dijo.

El contrato remitido a la Fiscalía refiere al proyecto de Provisión,  Instalación y Puesta en marcha de Sistemas Televisivos e Informáticos con la empresa Autorec por un monto de  25 millones de bolivianos, firmado el 26 de diciembre de 2014.

En este caso estarían implicados  Gustavo Portocarrero, ex gerente general 2013-2014 (quien fue designado por el entonces ministro de Comunicación Iván Canelas, ahora gobernador de Cochabamba), Rubén Márquez ex gerente técnico y Lidia Peñarrieta, ex Gerente Administrativa-Financiera. A ellos se suman diez servidores y exfuncionarios públicos.

López reveló que incluso “hubo un intento -atribuible a los implicados- de provocar un incendio dentro del canal” para  eliminar  evidencias.

De acuerdo a Paco, fue en su gestión que instruyó la investigación, pero -dijo- existía mucho hermetismo y resistencia por parte del gerente de Bolivia TV para entregar documentación. “Por eso se hizo el cambio, fue designado como gerente Marcelo Patzi, pero también tuvo dificultades, luego se designó a Gisela López para que transparente los procesos de la forma más rápida, aún así no se logró”, afirmó Paco y agregó que incluso tuvieron que contratar a un profesional y pedir apoyo al directorio del canal estatal, pero  igual no avanzaba la investigación.

Las exministras, Paco y Dávila, aplaudieron la conclusión de la investigación.  “Está muy bien que la ministra haya finalizado la investigación en el canal que tiene autonomía administrativa y autonomía legal, entonces cualquier recurso que recibe es auditado por el mismo canal”, dijo Dávila.

 

OTROS CONTRATOS OBSERVADOS

  • Segundo caso  Se refiere a la adquisición de sistemas de grabación y almacenamiento para la producción en HD con la empresa Autorec,  firmada el 23 de diciembre de 2014 por  5,8 millones de bolivianos.
  • Tercer caso  Es sobre la Adquisición de Cámaras HD para unidades móviles, también a la empresa Autorec, firmado el 4 de junio de 2014 por un valor de 18.4 millones de bolivianos.
  • Cuarto caso  Es para la  Adquisición de Sistemas de Producción de Unidades Móviles para la producción en HD firmado con Autorec, el 29 de septiembre de 2014 por 10,5 millones de bolivianos.
  • Quinto caso  Es la Adquisición de 56 equipos transmisores de televisión a la empresa DTC, en septiembre de 2013.

CONTRATOS CON INDICIOS DE CORRUPCION

1.-Provision, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos e informáticos.

Empresa: Autored   Fecha: 26 de diciembre de 2014        Monto: Bs 25 millones

2.- Adquisición sistema de grabación y almacenamiento hora play maker, producción HD.

Empresa: Autored   Fecha: 23 de diciembre de 2014        Monto: Bs 5.8 millones

3.- Adquisiciuon de sistemas cámaras HD para unidades móviles

Empresa: Autored   Fecha: 4 de junio 2014                     Monto: Bs 18,4 MM

4.- Adquisición del sistema producción de unidades móviles para producción en HD

Empresa: Autored   Fecha: 29 septiembre de 2014          Monto: Bs 10,5 MM

5.- Adquisición de 56 equipos de transmisores de TV

 Empresa: DTC       Fecha: 4 de septiembre de 2013       Monto: Bs 46 MM

6.- Adquisición  de 76 equipos de transmisores de TV y un set módulos y repuestos

Empresa: DTC       Fecha: 23 de diciembre de 2013       Monto: Bs 25,5 millones (La Razón Digital)