El presidente de la estatal YPFB, tendrá que “sentarse en el banquillo de acusados”, dijo el diputado oficialista Édgar Montaño (MAS), mientras se conocía que, coincidente con el contrato para la compra de tres polémicos  taladros, el empresario gubernamental sí firmó hace 10 meses el cambio del precio referencial para comprar equipamiento en exploración y explotación hidrocarburífera. (Foto-, marzo 2016 Acha y miembros de la Comisión investigadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, inspeccionan los taladros de perforación del Pozo YPC-031 – José Luis Quintana/YPFB/ABI)

 

Guillermo Achá, primer ejecutivo de Yacimiento Petrolíferos Fiscales del país  (CEO, sigla empresarialmente  extendida de chief executive officer), no puede alegar desconocimiento sobre la adquisición de los taladros porque incurriría en un delito de incumplimiento de deberes, refirió el parlamentario masista.

Las investigaciones por la adquisición de taladros a la empresa italiana Drillmec por 148 millones de dólares identificaron desde fines de diciembre pasado, irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de tres perforadoras.

En paralelo con este último caso de presunta corrupción en la estatal petrolera,  el experto Hugo del granado afirmó hace dos semanas que la consultora italiana Tecnimont se adjudicó el contrato más grande de Bolivia, por 2.200 MM/$us, para el proyecto petroquímico de polipropileno, en medio de un conflicto de intereses y estado de  in-transparencia en YPFB.

Los medios de prensa multiplicaban en tanto las recientes declaraciones del minsitro de Justicia y transparencia, Héctor Arce, y su advertencia de que que si el Estado boliviano es enjuiciado por el caso de los taladros, el responsable será Guillermo  Achá, a quien urgió la resolución inmediata del contrato con la empresa italiana Drillmec  destinado a la fabricación de tres taladros de perforación petrolera.

Por su parte, la Contraloría General del Estado (CGE) evaluaba este martes 25 la auditoría interna de Yacimientos al proceso de contratación de Drillmec, y su titular, Henry Ara, fijó el 15 de mayo como fecha para el informe en conclusiones.

TALADROS

El senador opositor Óscar Ortiz (UD), quien destapó el asunto en diciembre pasadodijo con base documental que por la resolución administrativa de YPFB del 3 de junio de 2016, Achá

resuelve aprobar el incremento del costo del proyecto de Equipamiento de exploración y explotación de Bs. 820,9 millones a un reformulado de 1.238 millones de bolivianos.
Es indudable el conocimiento que tenía el presidente de YPFB  sobre el proceso de contratación de Drillmec, así no haya firmado el contrato, dijo Ortiz. Se elevó el precio de referencia en más de 60 millones de dólares, “nadie tomaría una decisión así sin haberse informado y conocer el proceso”.

Achá fue incluso designado por resolución del directorio de YPFB hacerse cargo de la ejecución del proceso.

En la investigación no se protege a nadie y las sanciones se dictarán “caiga quien caiga”, advirtió ayer el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, en declaraciones que registra el diario cochabambino Opinión.

“No hay ninguna persona protegida. Nunca se intentó hacer aquello y en la política de ´cero tolerancia a la corrupción´ (se actúa) caiga quien caiga, en un trabajo estrictamente técnico en este caso”, dijo según ABI.

Fueron denunciados ante la Fiscalía un particular y 15 funcionarios estatales de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que se adjudicó la compra de taladros.

Apuntó que el presidente de YPFB, Gonzalo Achá, si bien no está entre los denunciados porque no se halló responsabilidad, eso no significa que este exonerado de cualquier posible investigación.

“Del análisis que realice el Ministerio de Justicia sobre otros documentos e involucre al presidente de YPFB y otras personas, todas ellas serán incorporadas en el proceso penal”, manifestó Trigoso.

Indicó también que el Ministerio Público tiene documentos en mano que serán valorados jurídicamente por fiscales asignados al caso, en el marco de la averiguación de la verdad de este caso.

Para la autoridad, “en este momento se puede rescindir el contrato toda vez que se entregó a la empresa las boletas de garantía, que pueden ser ejecutadas”.

Recordó que el contrato de adquisición de los taladros es por 148.8 millones de dólares, pero no se pagó ni un centavo a Drillmec por observaciones que se hizo “a tiempo” en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.