Cocaleros yungueños la rechazan y anuncian que no asistirán lanzamiento oficial. Senador oficialista pide no promulgarla para evitar conflictos. [Foto ABI-La Habana. Raúl Castro y Morales junto al canciller cubano Bruno Rodríguez. Estadía presidencial en un hospital cubano tras la aprobación de la ley de la coca y el Carnaval]

 

Con el excepcional cuestionamiento de un senador oficialista, crecían en el país las impugnaciones a la nueva ley de la coca y los peligros de desviar aún más materia prima para producir cocaína, en tanto el presidente Evo Morales se aprestaba a promulgarla este miércoles.

El órgano legislativo boliviano, controlado por el MAS, partido de Morales aprobó hace 13 días la legislación que legaliza el volumen de los cultivos de coca, aumentado de 12.000 a 22.000 hectáreas, con la incierta justificación de que se industrializarán y se exportarán.

La nueva Ley General de la Coca permite a los campesinos de los Yungas y regiones aledañas del departamento de La Paz cultivar 14.300 hectáreas y a los del Chapare, Cochabamba, 7.700 hectáreas, pero contradice el esfuerzo de la lucha antidroga, aunque no amenazaba  con resentir la relación del país con la comunidad internacional, según la indiferente mirada de la cooperación externa en los últimos días.

Tal legalización aumentará la producción yungueña tradicional a unas 18 mil toneladas, mientras que la del Chapare, cuya mayor parte es destinada al narcotráfico (hasta 91 %),  subiría incluso a  21 mil toneladas, de acuerdo con el rendimiento de los plantíos (1.3 y 2.7 toneladas de hojas por hectárea cultivada, respectivamente) señalado en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Es decir, de 10 a 14 mil toneladas por encima de las 25 mil requeridas  para el consumo tradicional,  cifra establecida por el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, quien dijo que unas 6 mil se emplearán en “exportaciones e industrialización”

OTRO GOBIERNO

Bajo el lema todos saben que la coca del Chapare no va al mercado tradicional, los cocaleros de Yungas, una zona de plantíos ancestrales desde tiempos prehispánicos y contraria al Chapare donde en general las plantaciones fueron introducidas en las últimas décadas, reanudaron sus impugnaciones a la legislación.

Tras ser atacado por el gobierno hace dos semanas y abandonado en sus protestas por facciones afines al régimen de Morales, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca/Yungas), Franklin Gutiérrez, anunció este martes que cuando ingrese otro gobierno su sector solicitará un referendo nacional sobre el consumo de la hoja de coca.

El objetivo, es determinar qué hoja ‒si la del Chapare o la de los Yungas— consumen los bolivianos para el masticado tradicional o acullico (también llamado pijcheo) y así exigir la erradicación de la coca excedentaria, remarcando su desacuerdo con la nueva ley.

Al comenzar la semana, el secretario de Prensa de Adepcoca, Javier Coco, recordó a la red Erbol que los cocaleros yungueños no necesitaban que se amplíe el porcentaje de sembradíos, como señala la nueva Ley impulsada por Morales, que sustituirá a la 1008, porque el consumo no demanda  nuevas plantaciones.

“Del Chapare todos saben que (la producción de coca) no va al consumo tradicional, no va al masticado. Esa coca es más larga y gruesa y lastima a la lengua”, agregó Coco.

En vísperas de la promulgación, hoy su compañero Gutiérrez anunció en conferencia de prensa que si la consulta al país responde que sólo se consume la coca de Yungas exigirán “que se erradique toda esa coca que no se consume”

La pasada semana, tras la sanción parlamentaria de la ley, este líder denunció  que firmó el acuerdo bajo presión del Gobierno y aseguró que sus bases rechazan esa cifra porque beneficia al trópico cochabambino.

“Me han tratado de golpista y eso es algo grave hermanos lo que me han acusado. Incluso al entorno, ha habido algunos dirigentes donde he recibido presión. ‘Culpable va a ser el presidente de Adepcoca’. Por esa presión que hemos recibido, obligados, hemos tenido que tal vez firmar, pero no está el sello de Adepcoca”, indicó este martes Gutiérrez.

Agregó que firmó el acuerdo también bajo presiones de distinta índole como la detención de una treintena de sus compañeros y la amenaza de que la ley se apruebe sin tomar en cuenta las observaciones de los yungueños.

Durante las protestas de los cocaleros yungueños, hace dos semanas,  viceministro José Luis Quiroga, arremetió contra la presunta  “intención desestabilizadora, golpista” de  Franklin Gutiérrez, a quien dos organizaciones yungueñas, la campesina Confecay y la mancomunidad de Municipios restaron apoyo el último minuto del conflicto.

http://www.nodal.am/2016/07/monitoreo-de-cultivos-de-coca-2015-informe-de-la-oficina-de-las-naciones-unidas-contra-la-droga-y-el-delito-unodc-en-el-que-refleja-los-avances-de-bolivia-en-la-reduccion-del-cult/

NO PROMULGAR PARA EVITAR CONFLICTOS

A la impugnación se sumó también hoy el senador oficialista René Joaquino, proveniente de las regiones donde más rechazo registra el gubernamental MAS, quien recomendó al Gobierno suspender la promulgación de la Ley General de la Coca.

“Constitucionalmente es posible evitar su promulgación, esa es una decisión del Órgano Ejecutivo. Si hay posibilidad de hacer modificaciones lo más recomendable es hacerlo, porque queremos evitar conflictos. Además hay susceptibilidad de la comunidad internacional”, dijo Joaquino, cuyo departamento se ha tornado en opositor al MAS.

Las observaciones de los cocaleros opuestos a la coca del Chapare se relacionaban  con el número de hectáreas para el cultivo de la hoja, el registro de los cocaleros, impuestos, tasas que se pagan al gobierno (Digcoin) y la declaración de zona tradicional.
Luego de la aprobación legislativa, más  de 150  profesionales e intelectuales advirtieron en carta abierta de rechazo público  que la norma “estaría  poniendo a disposición del narcotráfico más de 11.000 toneladas métricas anuales de hoja de coca, que resultan del rendimiento promedio de las 8.000 hectáreas que otorga la ley a los productores”.

No sólo colocará a Bolivia en la esfera internacional como tolerante al fortalecimiento del narcotráfico, dijeron, sino que el Presidente “estaría incurriendo en el delito de tráfico de influencias, toda vez que aún funge como presidente de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba”, además que es “inmoral aprobar una ley para beneficio propio”.

Antes de viajar a Cuba para atenderse de una dolencia en la garganta, el Jefe de Estado respondió que los políticos de la derecha “están en desacuerdo con esa distribución porque pretenden que se elimine el cultivo de la hoja sagrada en todo el país”.

“Tenemos un grave problema de exceso de coca que necesariamente tiene que hallar su mercado y su mercado está en el narcotráfico”, dijo el senador (suplente) de UD para el departamento de Tarija, Fernando Campero.

“Seguimos teniendo un exceso de producción legitimado y legalizado a través de la Ley del Estado Plurinacional, eso es lo terrible, el gobierno quiere equilibrar el narco excedente…Ahí hay una composición nuevamente de la informalidad que trae consecuencias económicas, legales y de violencia, porque esas 22 mil hectáreas van a traer grandes problemas de consumo interno de coca en el país, nuestra juventud se incorporará con seguridad a ello” agregó Campero, según El País de Tarija.

El vicepresidente Alvaro García Linera, aclaró que los cocaleros no pagarán tributos por su producción hasta que la norma lo señale. “El impuesto no se establece por reglamento, se lo hace por ley y en este momento la ley no establece impuestos a los cocaleros”, explicó

Afirmó que antes de la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, los cultivos oscilaban entre 25.000 o 30.000 hectáreas de coca y que ahora se podrá impulsar la industrialización de la coca y la expansión de los productos elaborados en base a esta hoja, en diferentes mercados