Legalización de más cocales contradice el esfuerzo antidroga

La legalización de más cultivos de coca en Bolivia, con la dudosa justificación de que se industrializarán y se exportarán, contradice el esfuerzo de la lucha antidroga en el país y amenaza con resentir la relación del país con la comunidad internacional, dice un análisis de Javier Aliaga para la agencia EFE. En los hechos, legaliza lo que ya era excedente, recuerda Fernando Molina en un enfoque para El País de Madrid.

 

El parlamento, controlado mayoritariamente por el partido del presidente Evo Morales, ha aprobado una norma que sube el volumen legal de los cultivos de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas, modificando una ley que estuvo vigente durante 29 años, desde 1988.

La nueva Ley General de la Coca, a ser promulgada por Morales, permite a los campesinos de los Yungas y de otras zonas de la región de La Paz cultivar 14.300 hectáreas y a los del Chapare (centro), 7.700 hectáreas.

En la Constitución de Bolivia, la coca tiene el rango de patrimonio por factores culturales y la masticación de la hoja o “acullicu” que practican algunos sectores sociales, pero parte de la producción mezclada con químicos se transforma en cocaína.

Los cocales de Yungas son conocidos como tradicionales porque nutren la comercialización para el masticado y otros usos lícitos, mientras que sobre gran parte de las toneladas de coca del Chapare cae la sospecha de que son desviadas al narcotráfico.

Esa presunción tiene como base el dato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de que el mercado legal de La Paz capta un 93 % de la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro) solo el 7 % de lo producido en el Chapare.

La conclusión de opositores, medios y analistas, y que también ha sido reconocida algunas veces por las autoridades, es que los narcotraficantes se benefician de las plantaciones del Chapare, aunque nada garantiza que toda la producción que pasa por los mercados legales tenga finalmente un destino legal.

“Si antes de esta ley la mayor parte de la hoja de coca del Chapare estaba destinada a la producción ilícita de la cocaína, con este aumento de 10.000 hectáreas más queda claro que se va aumentar la cantidad que vaya desviada a esa actividad”, dijo a EFE el analista Carlos Alarcón, crítico con el gobierno.

Los nuevos volúmenes aprobados son superiores a los que la UNODC registró en su último informe sobre los cocales de Yungas y el Chapare, que eran de 14.000 y 6.000 hectáreas, respectivamente.

El Gobierno de Morales defendió durante años que el límite legal de los cocales debería subir de 12.000 a 20.000 hectáreas, pero para sorpresa de todos en cuestión de horas aprobó  conceder 2.000 hectáreas más ante la presión de las protestas de cocaleros.

Para Alarcón, que también es abogado, la nueva normativa es una violación de la convención antidroga de las Naciones Unidas de 1961, a la que Bolivia pidió volver a adherirse en 2013 después de que el organismo reconoció el “acullicu” como una práctica cultural.

La convención considera a la coca como estupefaciente y prohíbe su exportación o de sus derivados si contienen los alcaloides.

A juicio de Alarcón, la nueva ley puede ser interpretada como “una mala señal” por la comunidad internacional, que apoya y financia parte de la política antidroga de Bolivia y había mostrado su “buena fe” con la excepción al veto a la masticación de la hoja.

Además, la reducción de los cocales ilegales, que se hace a mano y con machete, siempre ha sido una de las columnas de la lucha antidroga así como el incentivo a cultivar productos alternativos, algo que ha sido financiado con recursos de la Unión Europea (UE).

PRESIDENTE: CONFLICTO DE INTERESES

La nueva norma también ha sido cuestionada porque un estudio financiado por la UE, que realizaron estadísticos del Gobierno, estableció que se necesitan 14.705 hectáreas para el consumo legal en hogares, establecimientos económicos y el comercio fronterizo.

A Morales también se le critica “el conflicto de intereses” que representaría el hecho de que, pese a su condición de presidente, siga siendo máximo dirigente de los sindicatos del Chapare, algo que que supuestamente pesó para conceder cocales extras a esa zona.

Al contrario de los estudios, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, afirma que solo para el “acullico” hacen falta 18.000 hectáreas y asegura que el resto se usará en la industrialización productos y para exportar la planta a Ecuador y Argentina.

Morales también ha anunciado varias veces que estudiaba con Cuba el uso de la hoja para producir medicamentos, pero la realidad es que ninguna iniciativa industrial notoria ha sido desarrollada.

Los contados ejemplos en esa área se refieren siempre a las infusiones de coca para combatir el mal de altitud, que tiene cierta presencia en el mercado local, y a proyectos de energéticos, analgésicos, ungüentos o harinas, que no han tenido éxito. EFE

EL PAIS: POR EL BIEN COMUN O POR EL DE LOS COCALEROS

Bolivia acaba de aprobar una controvertida Ley de la coca, que aproxima la extensión de los cultivos autorizados a la cantidad de cultivos existentes, y distribuye las autorizaciones de producción entre dos poderosos grupos de campesinos, uno de los cuales sigue siendo dirigido por el Presidente, recuerda por su parte Fernando Molina en El País.

La ley ha sido polémica porque aumentó la extensión legal de los cultivos de coca de las 12.000 hectáreas permitidas hasta ahora, a 22.000.

Esta cantidad es menor a la que existe hoy, que es de 25.000 hectáreas, pero bastante mayor a la que un estudio con participación internacional determinó como necesaria para el consumo legal de coca. La importancia del tope máximo consignado en la norma reside en que guía los trabajos estatales de erradicación de la llamada coca excedentaria.

En Bolivia y otros países de Sudamérica la coca se mastica (acullicu) para obtener su savia, que constituye un estimulante suave, como el café. Esta práctica, que se remonta al nacimiento de la agricultura en los Andes, está protegida por el Estado, pero la determinación de la extensión de cultivos necesaria para conservarla es un asunto sobre el que ha habido disputa desde hace décadas.

Los gobiernos neoliberales tuvieron la política, en los años noventa, de eliminar los cultivos de coca de la región del Chapare que se consideran menos aptos para el acullicu.

El esfuerzo por erradicar la coca de esta región fue resistido por los campesinos, ya que la planta provee una fuente de ingresos mayor y más segura que otros cultivos. Fue en la violenta lucha por la “defensa de la coca” que Morales dio sus primeros pasos políticos.

Hasta ahora el presidente no ha renunciado a su condición de “dirigente histórico” de los cocaleros del Chapare. La oposición dice que, por tal razón, en esta materia no puede pensar en el bien común, sino solamente en los intereses de su sector.

ACUERDO ENTRE COCALEROS

Consciente del error cometido por la clase política al buscar la erradicación total (o coca cero), en 2004 el expresidente Carlos Mesa aprobó una disposición solo semilegal que autorizó a cada familia cocalera del Chapare a tener una parcela de coca. Esto sumó alrededor de 3.000 hectáreas a las 12.000 autorizadas en los Yungas de La Paz, que es la región tradicional de producción.

Todo esto en los papeles, porque en la realidad había como unas 10.000 hectáreas demás. Finalmente, el Gobierno de Morales preparó un proyecto de ley para que el Chapare tuviera su propia cuota de coca autorizada.

La oferta produjo, hasta hace sólo la semana pasada, la protesta de los cocaleros de los Yungas, poseedores del monopolio de la coca legal. Estos cocaleros no son dirigidos por Evo Morales.

Luego de una semana de fuertes enfrentamientos con la policía en La Paz, el sindicato de los Yungas y el presidente llegaron a un acuerdo. El primero apoyaría la nueva ley y, a cambio, recibiría más hectáreas legales para sí.

El acuerdo exigió que Morales mejorara también su oferta a los cocaleros del Chapare, los cuales se llevan muy mal con sus competidores del norte del país. Para que las cuentas cuadren, la tarta de las hectáreas legales tuvo que incrementarse, de las 20.000 que el Gobierno pensaba aprobar inicialmente, a 22.000.

Múltiples expresiones de indignación por la aprobación de esta ley se han publicado durante los últimos días en la prensa y las redes sociales bolivianas. Según se dice en ellas, la ley aumentará el volumen del narcotráfico.

El gobierno ha explicado que su norma solo regularizará lo que ya se da en la práctica. EL PAIS, ESPAÑA.