A casi un año de la derrota oficialista más ostensible, forzar la reelección  puede provocar un tensionamiento político muy grande, advierte Jorge Lazarte, analista político. “Se sabe ya por la historia cómo terminan gobiernos que no quieren irse”.

(Agencias) – Los argumentos “extravagantes” utilizados por el  gobernante MAS para justificar la repostulación de Evo Morales a un cuarto mandato en 2019, muestran que, desesperado ante la posibilidad de perder el Estado, régimen “se ha entregado a un período de declinación y sobrevivencia”.

La observación corresponde al analista político y ex miembro de la Corte Electoral, Jorge Lazarte. Es una etapa difícil remontar, advirtió entrevistado por Erbol.  “Peor todavía con las cosas que están haciendo” para quedarse más tiempo en el poder.

A propósito de  un eventual y nuevo referendo oficialista en procura de volver a habilitar a Evo Morales,  aseguró que existe un vacío legal que pondrá en apuros al Tribunal Supremo  Electoral.

De darse esa posibilidad, previó, el  TSE optará por el camino menos turbulento y  decidirá consultar al Tribunal Constitucional a fin de  “lavarse las manos”,  en un debate donde una corriente dice que no se puede repetir y otra que sí.

Pero como “no hay una norma, estamos en una vía muerta”, remarcó.

Las reflexiones se producen en la proximidad de una casi anual renuncia colectiva de ministros antes del 22 de enero próximo,  con previsiones de remoción de dos tercios de los altos cargos a fin de afrontar diversos ajustes en descontroles gubernamentales como la gestión del agua y la aeronavegación

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana dijo que el mandatario “tiene el  mapa bastante nítido, bastante claro en qué sectores tienen que hacerse ajustes y  enmiendas… El presidente Evo tiene conocimiento, más que nadie, de los cambios que se tienen que hacer”.

Morales iniciará el 22 de enero próximo su duodécima administración anual de los recursos especialmente financieros y administrativos del país, tras 11 gestiones en que las bonancibles arcas estatales registraron presupuestos consolidados (sin duplicaciones de transferencias) por más de  260.000 millones de dólares, de los cuales poco más de 3.000 millones de dólares (menos del 2 %) se redistribuyeron en bonos sociales a niños, mujeres y la tercera edad y cerca de 30.000 millones fueron a inversión pública mientras que la mayor parte (85 % aproximadamente) fue asignada al gasto corriente.

Las diferentes fracciones opositoras han criticado el despilfarro presidencial en la administración de ingentes recursos provenientes de un aumento de la participación boliviana de los hidrocarburos, decretada en el final de los gobiernos liberales anteriores a Morales, pero usufructuada por un régimen que se ha propuesto la reproducción continua del poder.

NO PUEDEN VOLVER A SER RE ELEGIDOS

Recordó que en Bolivia, “los referendos son imperativos, no consultativos, no es cuestión de preguntar qué  opina, sino que decida”, y aconsejó recurrir a la legislación internacional en el Consejo de Venecia, en las leyes de Suiza y la misma Constitución Bolivariana de Venezuela, que coinciden que no se puede repetir un referendo sobre la misma temática.

Lazarte apeló a la pregunta de 21 de febrero pasado (en que la posición gubernamental perdió cuando la mayoría le dijo no a la repostulación de Morales) y señaló que en la segunda de disposición transitoria, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y segunda 2020-2025.

“Está expresamente señalando que la no reelección significa que vale para estos dos periodos, es decir, no pueden volver a ser reelegidos para un periodo que tiene cinco años. Entonces el referendo vale hasta el 2019”, indicó.

“Deduzco de esto – dijo-  que si procede un referendo, tiene que ser 2020-2025, puesto que en la pregunta se decía si puede ser reelegido por dos veces consecutivas y como se aclara que una reelección es por un mandato, entonces por este periodo constitucional, el país ha decidido que no procede. Entonces debe pasar un tiempo de cinco años”.

ARGUMENTOS INAUDITOS

Explicó que el criterio del MAS para repetir el referendo porque la población habría sido  engañada, “es un argumento inaudito, inverificable y un desprecio a la población”, porque los perdedores siempre alegaron fraude para desconocer el resultado.

Además es una suposición que también puede servir en contra de ellos mismos, porque se puede decir que el MAS también engañó a la población para ganar la elección y por tanto, pedir repetir la elección.

Lazarte fue más allá al recordar que en un primero momento el MAS aceptó el resultado pero después de un año, dice que el país fue engañado con el caso Zapata. Sin embargo “dónde estaban ellos”, cuestionó.

En su opinión, desde el caso Zapata (que involucró a un ex pareja del mandatario en negocios estatales con multinacionales chinas), los operadores políticos del MAS se encerraron en su propia narración, terminaron admitiendo que había el hijo con el presidente y que le daban pensiones. Fue el gobierno que no armó su propia estrategia. “Desde entonces hasta ahora están tan descolocados.

La prueba última es que no saben qué argumento utilizar para quedarse en el poder más tiempo”, remarcó.

Sostuvo que “el gobierno está calculando mal lo que pueda ocurrir hacia adelante, porque esto (forzar la reelección)  puede provocar un tensionamiento político en el país muy grande y que se sabe ya por la historia, cómo terminan gobiernos que no quieren irse”.

Descartó también otra vía para anular el referendo, porque por mandato del artículo 190 (de la Ley del Régimen Electoral) los referendos no pueden ser anulados por ninguna causa ni ante ninguna instancia y si  modificara la ley, no tiene efecto retroactivo.

Dijo que esto explica los argumentos extravagantes del oficialismo que muestran una “desesperación porque están ante la idea que en algún momento puedan perder el gobierno” y por eso recurren al criterio de cambiar la Constitución, como en el África, donde se modifica para no dejar el poder.
REPOSTULACION: 6 PELIGROS

La repostulación, planteada mediante cuatro viaS “supuestamente” legales vulnera al menos seis principios de la Constitución Política del Estado (CPE) y las bases de la democracia, según en el análisis de ex magistrados y constitucionalistas consultados por el diario cruceño El Dia.

Con dicha intención manifiesta del Gobierno no solamente se están socavando las propias bases de su legalidad y legitimidad constitucional para este segundo periodo de gobierno, sino se atenta contra la CPE, la soberanía popular y la democracia, dijo el abo0gado Carlos Alarcón.

“Con todo esto estamos ya ante un escenario de dictadura, obviamente debemos defender del voto del NO (del referéndum del 21 de febrero 2016) en las calles”, precisó.

José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, describe entre los peligros más notorios la vulneración de la soberanía del pueblo y el sistema de gobierno, que sigue siendo republicano, es decir, violenta la democracia directa que ejercen los ciudadanos por intermedio de la soberanía del pueblo, cuyo instrumento es el referéndum y es la máxima expresión de la democracia.

También está en riesgo la independencia de órganos porque se pretende obligar en forma inconstitucional a los órganos electoral y judicial a que se habilite a una persona que por mandato de la constitución está inhabilitada.

En tercer lugar, “de consolidarse esta violación, la constitución dejará de ser una carta de garantías”.

Asimismo se vulnera el derecho al sufragio que tienen todos los ciudadanos, por cuanto se pretende desconocer un resultado ya definido y que tiene carácter vinculante (obligatorio) y que no puede repetirse para el mismo tema ya resuelto mediante el voto.

El quinto aspecto tiene que ver con que se atenta contra la unidad del país, por cuanto se pretende desconocer el voto ejercido por los ciudadanos al margen de la constitución y habilitar una persona cuyo mandato de inhabilitación se encuentra en la constitución.

Por último se pone en riesgo la forma de modificación parcial del texto constitucional, aprobado mediante asamblea constituyente y por voto popular, cuyo único procedimiento para el artículo 168 ya fue utilizado el 21 de febrero de 2016 y que ahora se pretende nuevamente utilizarlo.

“Ello supone desconocer y violentar la única forma de modificación parcial y que un artículo de la constitución puede ser votado una y más veces al margen de la constitución y su procedimiento de reforma parcial”, añadi{o Santistevan.

Silvia Salame, exmagistrada y actual presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, sustenta que cualquiera de las formas de “repostulación” vulneraría los principios, valores, derechos y garantías proclamados en la constitución.

“El ejercicio del poder político está sometido a la condición básica de la legitimación democrática, la cual precisamente en este caso se da en el límite temporal al ejercicio de los cargos y la alternabilidad en el ejercicio del Gobierno. Pues la reelección inmediata y continua está proscrita en el sistema constitucional boliviano vigente”, argumenta la jurista.

Por su parte, Teresa Arana, presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, señala que el simple hecho de “forzar” una reelección cuando la CPE cierra cualquier posibilidad en ese sentido, es un atropello flagrante a los principios establecidos en ella que pone en riesgo la convivencia democrática en los próximos años. “Cualquiera de las alternativas vulnera los principios constitucionales y forzar la reelección pone en riesgo, el régimen democrático hacia un periodo de inestabilidad política y democrática”, apuntó.

Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, señala que la repostulación del presidente Evo Morales, ya fue objeto de consulta el pasado 21 de febrero, cuyo resultado del “No” fue definitivo y por principio de preclusión, no se puede reconsiderar. “No tiene asidero legal el plantear la nulidad del referéndum. Cuestionar lo que ya ha sido resuelto en las urnas, luego de que el tiempo oportuno para las observaciones ya pasó, no es posible. Lo contrario es ir contra de la constitución”, precisó.

Salame enfatiza que ningún caso se puede invocar como fundamento de la reelección: “la soberanía popular”, dado que reside en el pueblo y ella no permite vulnerar la CPE.

Todas implican vulnerar la CPE. El jurista William Bascopé, quien fuera parte de la redacción en la Asamblea Constituyente de la actual CPE, argumentó que las cuatro vías, supuestamente mecanismos legales  sugeridos por el MAS, no hacen otra cosa que revelar en la misma dimensión una violación del sistema constitucional vigente.

Mientras el MAS propone aprobar una nueva reforma constitucional por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa; Bascopé refuta que dicha instancia no está facultada para modificar la CPE sino a aprobar leyes complementarias a la Carta Magna.

“Solamente puede aprobar una ley para llevar adelante una reforma constitucional que esté sometida a un referéndum. Y ese mecanismo de la iniciativa legislativa ya ha sido utilizado el 21 de febrero”, enfatizó. Además, la Ley de Régimen Electoral establece el “principio de preclusión”, que implica que los resultados de elecciones o referendos no pueden ser revisados ni repetidos.

El otro grave atropello tiene que ver con el artículo 411 de la CPE, donde la propuesta del MAS plantea vía la iniciativa popular, recolectar firmas del 20% del padrón electoral. Bascopé cita que no es posible dado que para la reforma parcial de la Constitución se puede realizar por iniciativa popular o por iniciativa legislativa. “Queda claro que dice ‘o’, no así ‘y’. Por eso ahora la Constitución cierra esa posibilidad”, complementó.

Con respecto al mecanismo de la renuncia seis meses antes del presidente del Estado para habilitarse como candidato, el jurista señala que ni en la CPE y menos en la Ley de Régimen Electoral existe esa posibilidad. ” Hay en ello solo una interpretación antojadiza de la Constitución”, argumentó.