Por portación de arma letal se identificó al Comandante Departamental de Policía – La Paz, Cnl. José Luis Araníbar; además del Cnl. Juan Carlos Flores Flores; el Tcnl. Richard Gustavo Olivares Coss; el My. Juan Carlos Vega Gareca; el My. Juan Javier Salgueiro Hurtado; el My. Yoshiro M. Armentia Escobar; y Walter Laguna Saavedra, con armas de calibre 9 mm.

Testimonios recogidos del informe escrito del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, señalan que el pasado 25 de agosto, cuando fue victimado el viceministro de Régimen Interior, Roldolfo Illanes, se habrían utilizado armas letales, entre ellas “pistolas ametralladoras”, según un reporte de Los Tiempos al 31 de octubre.

En su última declaración, Tezanos señaló a siete jefes policiales de haber portado armas. La Policía y el Gobierno han pedido al Defensor presentar “pruebas” de esas afirmaciones y la Fiscalía de La Paz lo citó para hoy a las 15:00.

El informe del Defensor menciona como indicios del empleo de armas de fuego “los antecedentes de víctimas por impactos de bala, los resultados de las autopsias, la recepción de un par de casquillos 9 milímetros en la localidad de Panduro, los testimonios de mineros de Viloco, que refieren que hubo ráfaga y el informe médico sobre la atención a heridos en el Centro de Salud Eucaliptus”.

UNIDADES DELTA Y UTOP

Según el informe, a ello “se suma el testimonio de personal de la Policía Boliviana que refiere la utilización de la pistola-ametralladora STAR Z-70, que dispara munición de 9 milímetros de calibre”. “Sin embargo, el Comando Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, mediante nota Cmdo. Gral. N° 1416/16, de 30 de septiembre, negó que hubieran habido fuerzas especiales en el lugar del conflicto”, añade el informe.

El informe contrapone esta afirmación señalando que hay imágenes de cadenas de televisión, como PAT o de Reuters, que muestran la presencia de la Unidad Delta y de la Unidad Táctica de Operaciones–UTOP, ambos de la Policía Boliviana.

A su arribo a la ciudad de La Paz, Tezanos se reunió con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien expuso la situación en Panduro. “El Ministro de Gobierno señaló que contaba con un plan de rescate, y que determinaría el repliegue de la Policía, enfatizando que había prohibición de uso de armas letales”, detalla el informe.

Al promediar las 13:00 de ese 25 de agosto, el Defensor “instó públicamente al repliegue de la Policía para evitar un posible enfrenamiento, precautelando la vida y la integridad física del Viceministro”. Sin embargo, paralelamente, más allá de Konani, los efectivos policiales se enfrentaban con los cooperativistas mineros, con cachorros de dinamita, gases y balines.

Al respecto, la representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teresa Subieta, que se encontraba en el lugar, escuchó cómo, mediante un equipo de radio de la Policía, se informó que al haberse acabado los gases lacrimógenos como medios disuasivos, se dispuso el uso de balines.

Pasaban los minutos, entre presumibles acuerdos para iniciar el diálogo, la presencia de los abogados de los cooperativistas en el Ministerio Público e intentar liberar a los detenidos, no se arribó a nada.

Pese al instructivo de repliegue policial, en horas precedentes a la muerte de Illanes, los enfrentamientos continuaban y, de acuerdo con el informe de la Defensoría, se observó a un grupo de jóvenes, de entre 15 y 20 años, que parecían estar ebrios, encabezaban y gritaban desaforados “deportearemos”.

“Lanzaban dinamita, se acercaban a la Policía lanzándole dinamitas, hacían movimientos tácticos para cercarla. Y la Policía lo que hizo fue replegarse. Se replegó sistemática, tácticamente. En ese repliegue hubo refriegas porque había mineros que intentaban acercarse a los policías”, señala el documento.

7 POLICÍAS

El pasado 27 de octubre, el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, identificó a siete efectivos policiales que tenían armas letales en las jornadas de violencia y enfrentamiento entre las fuerzas del orden y mineros cooperativistas, los pasados 24 y 25 de agosto en la zona de Panduro.

“Por portación de arma letal se identificó a los siguientes miembros de la Policía Boliviana: el Comandante Departamental de Policía – La Paz, Cnl. José Luis Araníbar; el Cnl. Juan Carlos Flores Flores; el Tcnl. Richard Gustavo Olivares Coss; el My. Juan Carlos Vega Gareca; el My. Juan Javier Salgueiro Hurtado; el My. Yoshiro M. Armentia Escobar; y Walter Laguna Saavedra, con armas de calibre 9 mm”, señala el informe del Defensor.

Algunos de los aludidos, entre ellos Araníbar, protestaron por el informe y reclamaron pruebas al Defensor.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161031/caso-illanes-testigo-dice-que-policia-uso-pistola-ametralladora

Defensor identifica a siete policías con armas en Panduro: Informe Defensorial, a ser ratificado ante comisión de fiscales

Pamela Pomacahua – Página Siete 28 oct. 2016 – El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, identificó a siete policías que portaban armas de fuego durante los enfrentamientos  con los cooperativistas mineros en agosto pasado en Panduro.
Este dato se halla en el Informe Defensorial, que será ratificado ante la comisión de fiscales que investiga la muerte del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
El informe de 74 páginas describe, día a día, lo que sucedió  durante el conflicto minero; las tareas que realizó el Defensor del Pueblo y  la elaboración de una serie de conclusiones, entre las que destaca que siete policías vulneraron el Plan de Operaciones al portar armas letales.
A continuación menciona al “comandante departamental de Policía de La Paz, coronel José Luis Araníbar, que se encontraba en Panduro portando arma de fuego reglamentaria el 24 de agosto; el coronel Juan Carlos Flores Flores; el teniente coronel Richard Gustavo Olivares Coss; el mayor Juan Carlos Vega Gareca; el mayor Juan Javier Salgueiro Hurtado; el mayor Yoshiro M. Armentia Escobar; y Wálter Laguna Saavedra, que se encontraban el 25 de agosto en la localidad de Panduro con armas de calibre 9 mm (milimetros)”.
Tezanos Pinto afirmó que logró identificar a estos policías en base a los testimonios de los mismos efectivos policiales y las grabaciones de audio que se registraron en el lugar. Sin embargo, agregó que no se puede afirmar que alguno de ellos haya ocasionado la muerte de alguno de los cuatro mineros, lo que debe ser esclarecido por la justicia.
Por ejemplo, en la primera parte del informe describe una conversación entre el coronel Araníbar y la Adjunta (a la Defensoría), cuando ella -“señalando el pecho del uniformado indicó: ‘Esa arma es de balas. Es reglamentaria’. El coronel Araníbar respondió: ‘Sí, sí es reglamentaria, pero no lo estamos usando, de hecho estamos con nuestras armas. Yo, si quiero, puedo ordenar que hagan uso, pero no lo voy hacer. Imagínense que nos agarren y tenemos que defendernos en caso de emergencia’”.
El Defensor hace público este informe en medio de dos procesos que la Fiscalía sigue para identificar a los responsables de la muerte del exviceministro, por cuyo caso hay más de 10 aprehendidos, y para esclarecer la muerte de los cooperativistas. En este caso, no hay sospechosos.  Al respecto, el Defensor dijo que el Estado “tiene la obligación de investigar y determinar sanciones de orden penal sobre los responsables” de la muerte de los mineros. De “lo contrario -dijo- no sólo dejaría estas violaciones en la impunidad, sino que propiciaría la repetición de dichos actos”.
Además, el Defensor afirmó que la Policía cometió “delitos comunes” en la represión.