La Carta Democrática, en rigor, nació como idea en la crisis política acaecida en el Perú los años 2000 y 2001, siendo luego aprobada en la reunión de Cancilleres de 11 de Septiembre de 2001, de la Asamblea General de la OEA presidida por el Dr. Diego García – Sayán, luego Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La idea de impulsar y luego aprobar una Carta Democrática para las Américas radicaba, justamente, en la necesidad de contar con un documento supranacional que garantice la democracia como régimen político al interior de los países, incorporando la figura de la ‘alteración del orden democrático’ a fin de prevenir excesos por parte de los Gobiernos, siendo Venezuela el primer país donde se aplicó la referida Carta, aprobando la Resolución No. 811 del Consejo Permanente que condenó el golde Estado contra Hugo Chávez, siendo también aplicada en 2009 también se utilizó para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras, y la convocatoria acabó en la suspensión del país del organismo, así como en Ecuador (2005, 2010), Bolivia (2003, 2005, 2008), Nicaragua (2004 y 2005) y Perú (2004)

En la actualidad, el Secretario General de la OEA Luis Almagro ha invocado la aplicación de la Carta Democrática para el Estado de Venezuela, actuación que ha desatado la ira del Gobierno de Bolivia que sin comprender la magnitud de lo que sucede en el hermano país, se apresuró en cuestionar la medida, sin menos explicar que el pedido contenido en la OSG 243/16 de 30 de mayo de 132 páginas, constituye un verdadero alegato en defensa internacional de la democracia, destacando la ética política expuesta por Desmund Tutú que decía ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor’, apuntando además que la crisis de Venezuela no solo es política, sino tiene múltiples dimensiones que pasan por el plano social, económico, militar e, incluso, alimentaria, para indicar finalmente que la salida del referéndum revocatorio constituye, a pesar de la resistencia del Presidente Maduro, una medida constitucional y legítima.

En los hechos, cuando uno mira en retrospectiva los avances de la democracia en la región, sin lugar a dudas, le queda la idea de que se ha avanzado bastante, al menos en el plano formal – institucional, empero, aún resta un largo y profundo recorrido en la dimensión cívico/cultural, ya que existen sobrados ejemplos de cómo Gobiernos que en un momento se proclamaron democráticos, a la hora de dejar el poder y permitir una sana transición política, buscan la forma de perpetuarse en la silla de mando, pensando que la historia empieza en su ombligo, tal como parece suceder en el país, donde más de una autoridad, pretende desconocer los resultados legales de las urnas y forzar una nueva consulta, en un franco atentado a la esencia misma de la democracia y a la ciudadanía.

Dentro una perspectiva teórica, si bien es cierto que no existe consenso sobre el concepto mismo de la democracia, empero, si es posible reconocer, al menos, tres dimensiones: a La democracia básica (elecciones libres y sufragio universal) b. La democracia procedimental (incorpora además la participación plena y el poder efectivo de gobernar) y, c. La democracia maximalista o multidimensional (que incorpora además la igualdad socio-económica); nuestro finado amigo Marcelo Varnoux Garay, gran impulsor de la cultura democrática en Bolivia, por su lado, sostenía que la democracia no sólo implica principios, como el de la igualdad, la libertad y el pluralismo, sino principalmente valores, como la equidad/transparencia, participación ciudadana/responsabilidad pública, tolerancia/diálogo y solidaridad, a fin de lograr una verdadera cultura democrática, que vea la política no como una lucha de gallos, sino como una amplia tolerancia al disenso, a la crítica y al control social.