La incorfomidad judicial

Sergio Salazar Aliaga*

junio 5, 2016Publicado el: 6 min. + -
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Bolivia vive una época de transformaciones que se traducen en varios aspectos de la vida; es ahí donde el resultado de la inconformidad con las instituciones vigentes y necesidades de nuevos sistemas. Esto pasa exclusivamente en el sistema de justicia que hasta ahora no pudo avanzar al ritmo que camina el Estado.

El Estado avanzado a pasos gigantescos, en materia económica, en materia social, diferentes formas, pero existe un stand by en materia judicial, y pasa porque los cambios en la realidad política socioeconómica y cultural conducen a mutaciones en el sistema para lograr una conexión y coherencia de esas realidades, en la justicia hasta el día de hoy no encontramos ninguna de estas, seguimos desconectados, seguimos haciendo intentos de supervivencia. Lo que nos lleva como un reto social a la Cumbre de Justicia que se llevaran los días 3 y 4 de junio de 2016.

Ese análisis de la situación nos permite ver, también, la existencia de una desconexión entre el derecho como tal y las realidades que hoy vivimos. Realidades en el sentido de la ambigüedad y contradicciones que posterga el análisis de casos concretos en los tribunales, elaboración de leyes, la definición de la relación entre la justicia indígena y el resto del sistema judicial estatal. Los preceptos jurídicos que se encuentran atrasados respecto de las exigencias de una sociedad post moderna, y las elaboraciones teóricas que continúan sustentadas en torno a principios y supuestos de otras épocas.

Por eso es que hablo de una inconformidad judicial, una inconformidad del sistema como tal, traducido como una crisis del sistema, y esta crisis se manifiesta con mucha rigurosidad en el campo del derecho. La obsolescencia de la legislación punitiva dificulta la realización de la justicia criminal y el “Jus puniendi” o el derecho del Estado está siendo cuestionado por nuevos argumentos que en el fondo deslegitimizan el ejercicio del mismo.

El sistema penal no cumple con el contenido de efectiva represión y prevención porque tiene diferentes problemas, su formulación carece de sustento fáctico o empírico necesario, como resultado de ella no tiene correspondencia con la realidad. Pocas o casi nunca las investigaciones penales criminológicas penitenciarias de otra índole han respaldado la adopción, diseño y el establecimiento de modelos penales.

¿Cuántas verificaciones empíricas de enunciados teóricos existen? En Bolivia pocos o casi ninguno corresponde entre la realidad y la normatividad, que será posible cuando la formulación de una política criminal intervengan con los aportes técnicos y científicos de las ciencias fuctuales, como ejemplo la política criminal o algo que casi no utilizamos o en muy pocos casos como se la estadística criminal.

Por ejemplo hoy existen dos límites entre dos sistemas coexistentes con autonomía, que permiten pensar en un conflicto real entre formas políticas diferentes y que pueden graficarse en el encuentro de la oralidad y la escritura, y todo lo que el pasaje de una no alcanza a contemplar. Es decir que en la nueva Constitución, la justicia comunitaria está incorporada, no como otra justicia, sino como posible jurisdicción local y comunitaria.

Pero lastimosamente la ejecución de dichas justicias en su aplicación son muy vagas o muy bajas, en el sistema penal boliviano se carece de políticas o programas relativas a la ordenación y sistematización de la información referida a tres esferas: Delito, delincuente y pena. No se cuenta con un sistema que acumule, procese y evalué los datos cuantitativos que genera el propio sistema en su funcionamiento. Esta circunstancia deriva en una deficiente planificación de las políticas de control de la criminalidad y la ineficiencia de ellas.

El legislador boliviano a la hora de formular políticas criminales acude a programas o modelos políticos criminales importados, “adoptando” las mismas a la realidad nacional. En ese contexto la necesidad y la exigencia misma de la sociedad para cambiar el sistema en sí, la exigencia misma de buscar nuevos mecanismo, hoy ya claro que existe un proceso de pre cumbres, y que la meta será en la Cumbre de la Justicia, es por eso la importancia y la aplicación de las estadísticas criminal en la formulación y evaluación de una política criminal planificada, conociendo, que en Bolivia la estadística criminal esta poco desarrollada y sabiendo también, que este vacío prima al sistema penal nacional, de un valioso medio para la investigación, análisis, y formulación de políticas de materia de lucha y prevención de la delincuencia.

Por eso a pocos días de conocer que avances cualitativos salgan de la Cumbre de Justicia es importante hacer diferentes hipótesis del devenir de la justicia, una de esas es la aplicación de la política criminal boliviana, que sólo será posible con la implementación de una estadística criminal, que brinde información necesaria para su formulación, hecho que permitirá una adecuada represión y prevención de la delincuencia.

Por eso también los datos concretos de estas pre cumbres son transparentes, en los diferentes departamentos que se los va elaborando, y esa tiene que ser la respuestas donde depende de la perspectiva que se le esté dando, de cara a un futuro próspero para la justicia nacional, ya que el uso del poder penal está sometido a las reglas de la puja política de un país. Los distintos grupos y sectores políticos tratarán de influir en la formulación y en la configuración de esta, cada uno de ellos según sus propios objetivos, finalidades y concepciones políticas. En ese sentido se puede hablar de diferentes políticas judiciales, según los distintos grupos que la promuevan, como ya vimos la justicia comunitaria reconocida, que marca la pluralidad, hablar de justicias en plural.

En cambio si nos referimos a las síntesis final que resulta de esa puja (surgirá de los actores políticos o de la hegemonía de un sector) si podemos hablar de una solo política de justicia.

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* sergio_salazar_a@hotmail.com

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