¿Cuántas muertas más? , el cuerpo de Hanalí esta tibio y la desolación e impacto en la sociedad boliviana tienen como respuesta inmediata una ley en contra de la violencia de género, la Ley 348, sancionada a semanas de su muerte el año 2013. Supuestamente esta ley es más efectiva que la anterior, pero se la concibe sin el andamiaje ni los recursos suficientes para su operación.

Mientras se llora sobre el cuerpo de Hanalí y se aplaude la nueva ley, en Bolivia, siguen muriendo y desapareciendo mujeres: De acuerdo al observatorio del CIDEM, en el periodo de marzo 2013 a octubre de 2015, se registraron al menos 270 feminicidios en Bolivia, de acuerdo a la policía nacional de este país, solo el 2014 se registraron 54 muertes violentas, mientras que el 2015 esta cifra se incrementa, son 93 casos y hasta fines de este mismo año se evidencian apenas 38 sentencias.

En el periodo 2014-2015, solamente el PADEM registró 32.000 casos de violencia, a estas cifras se deben sumar aquellos casos que no se denuncian o que se hacen en otras instancias. Todavía denunciar en la policía resulta ser un ejercicio desgastante para la víctima porque además de la espera y la atención brindadas, el índice de violencia psicológica no pasa de ser un indicador más, no es considerado pertinente o una alarma importante para intervenir aunque este no vaya acompañado de heridas físicas.

La cortina de la Ley 348, sancionada convenientemente un día después del “Día internacional de la mujer” desplaza entonces la atención en Clavijo, el asesino de Hanalí, al mismo tiempo las voces de la familia de Hanalí son disminuidas cuando insisten que el individuo está vivo y exigen justicia. Se posiciona entonces el pragmatismo frio de un ministerio de gobierno que señala ante los medios que existe el 99.99999 % de probabilidad de que el sujeto está muerto. Las leyes demagógicas sin capacidad estatal de ejecución responden asi a la emergencia: contener a la población, porque ella no era cualquier mujer, era periodista, porque su asesino era policía, entonces, la sociedad acoge y aplaude la ley y en menos de un año el caso pasa a un tercer o cuarto plano hasta casi diluirse.

Lo ridículo es entonces, que se trata de una ley que no forma parte eficiente de un lego que funcione, que resuelva el conflicto de la violencia en términos sistémicos. El cuerpo de Hanalí, periodista, posiciona una ley inoperante, no la justicia, no la atención efectiva a las víctimas que deben seguir entregando personalmente la denuncia al agresor por “falta de recursos humanos”, posiciona una ley que se olvida de Hanalí luego de usarla.

Pasan los años y una joven de nombre Andrea muere atropellada por el automóvil conducido por su ex pareja a la salida de un bar. La madre de Andrea, una periodista y activa feminista coloca en palestra su demanda: conoce los mecanismos, exige justicia. La culpa recae en Andrea, el drama se asienta en el argumento inverosímil, en el circo de si estaba intoxicada con alcohol o no, si resbaló o se lanzó sobre el automóvil, para que finalmente meses después un examen psicológico forense determine que ella tenía “una patología: personalidad límite” que “actuó irracionalmente”, que el caso “es injusto” con el agresor porque la madre al ser periodista y feminista conocía como exponer su demanda.

Entonces, se abren campañas y promoción de llantos de la ex esposa del asesino de Andrea, post en las redes sociales para el “pobre victimario”. Se cuestiona el poder de una madre, se cuestiona a la víctima, los agresores múltiples se amparan en la etiqueta que imponen a Andrea: “inestable psicológicamente”. El cuerpo de Andrea posiciona asi colectivos quienes se creen legítimos para hablar por ella, valiéndose de ella, teatralizando por ella, a la vez que desnuda el poder de una clase social y la prepotencia histriónica del asesino y sus cómplices.

Hace unos días encontraron los cuerpos sin vida de dos jóvenes mujeres turistas argentinas Marina y María José en la playa de Santa Elena en Ecuador. Ellas fueron asesinadas en circunstancias aún dudosas, versiones de las amistades señalan tratan y tráfico y las autoridades, un asesinato en manos de dos delincuentes.

Se cuestiona qué hacían las chicas con individuos peligrosos y mayores que ellas, se silencia el caso como si fuera producto de un hecho de imprudencia de jóvenes que no saben cuidarse. Se culpa a las víctimas, es la palabra del Estado Ecuatoriano frente a las familias y amigos de las muchachas, el desequilibrio es obsceno.

Los cuerpos de Marina y María José, gritan y ponen en evidencia el dramático hecho en un país con antecedentes de redes de trata y tráfico de personas por las fronteras que ha destinado importantes fondos en una política de seguridad y plan nacional con un andamiaje de al menos 15 instituciones, que claramente no funciona como debería, es deficiente.

Entonces, es evidente, no son solamente importantes los recursos y el andamiaje para las políticas públicas y planes nacionales de lucha contra la violencia hacia la mujer, hace falta una transformación en el razonamiento, en la operación al atender los casos. A veces pienso que los que tratan estos temas olvidan que esa mujer a la que buscan y a la que les dan como caso asignado para investigación, es tan importante, no es un “caso nomás”, es una mujer y esa mujer podría ser su esposa, novia, madre, amiga o hermana.

De acuerdo al DINASED (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida) en el Ecuador, solamente el primer trimestre del 2015 se registraron 572 muertes de las cuales solo 37 están tipificadas como feminicidio, sin embargo se señala que es la violencia familiar uno de los principales factores de muerte. En el periodo enero-diciembre del 2014 se registraron 1.303 muertes violentas de las cuales 179 fueron mujeres y de esta cifra 97 fueron tipificadas como feminicidio.

En cuanto a la trata y tráfico, datos de la gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado, muestran que en el periodo enero 2012-mayo2015 se registraron 548 denuncias con 26 personas con sentencia, mientras que solo en el periodo 2011-2013 se registraron 17.550 denuncias de desaparecidos en todo el país. Cifras que dan escalofríos y que con el paso del tiempo, simplifican: “muestra resultados de gestión”, olvidan el rostro y el dolor de las muertas y de quienes las perdieron.

El cuerpo de Marina y María José activa movimientos en un contexto que se maquilla como si fuera un caso aislado, como si fuera la primera vez que sucede ¿y el silencio de las otras miles que evidencian que no es un caso aislado? se evidencia con descaro en las redes sociales que es importante “limpiar la imagen de la playa” o del Estado, antes que hacerse cargo de la investigación seria de las muertes, investigación que debe ser coordinada más allá del chat por celular. ¿Quiénes quieren preservar “limpia” la marca país y la imagen de los lugares vacacionales: empresarios mezquinos, delincuentes y gobierno cómplice? ¿A quiénes benefician, a quiénes encubren, se dan cuenta de las dimensiones, del costo de sus acciones y omisiones? ¿Cuáles son las razones para operar de esta manera? ¿Se pueden llamar razones?

Siento de cerca a una sociedad caníbal que duele, que apesta, que usan los cuerpos elegidos de nuestras víctimas y los agitan como bandera. Los cuerpos, nuestros cuerpos, posicionan leyes pero no justicia, nunca investigación, posicionan estadísticas vacías estatales o de Ong´s, posicionan incluso el uso del ambientador sobre nuestras muertas, para no verlas por el bien superior del turismo y de las sanas relaciones internacionales.

Vivo en una sociedad caníbal que posiciona agrupaciones feministas que se alimentan con la sangre de sus muertas, con sus afiches y sus presupuestos anuales para talleres inoperantes y proyectos parasitarios, con discursos y uniformes de secta, con programas y roscas humanas que discuten y se enemistan entre ellas sobre cuál organización o institución está más legitimada para hablar de nuestros huesos con esos afanes ridículos y trampas patriarcales territorialistas que se adjudican la vocería, que esperan a ver cuál de ellas se come a la siguiente, que cooptan mujeres de bajos recursos, a partir de su dolor para ser la “base social de los proyectos”, como si el colectivo asegurara algún tipo de sana terapia ante los dolores del alma, ante toda esa violencia estructural.

Vivo en una sociedad caníbal que se alimenta de las muertas y desaparecidas en la televisión, en las redes, en diarios de crónica roja, en el morbo de periódicos de a centavo que duermen en las faldas de un chófer que se deleita en hojear las páginas.

Siento de cerca a una sociedad caníbal que resalta el poder de una clase social cínica que se ríe del dolor ajeno y llama a quienes denuncian el crimen de odio hacia las mujeres como feminazis, llegando al absurdo de pericias psicológicas forenses para declararnos “inestables” locas luego de muertas y asi hacernos responsables de una muerte que no buscamos ¡Nos mataron! y de muertas no podemos defendernos.

Nuestros cuerpos gritan y ponen en evidencia que nos están matando ya no solo dentro de nuestros países donde hemos pasado a ser invisibles: somos muy locales para que nos cuenten, somos muchas, no somos importantes porque somos millones de desconocidas y peor porque somos pobres, porque no conocemos la estúpida e inútil burocracia para la denuncia y menos la justicia, porque somos periferia, porque somos el común de la gente, porque somos indígenas, porque llevar un apellido indígena hace que si te matan la alarma no tenga el mismo decibel que si matan a otra cuyo apellido es de mujer urbana, hija de padres letrados o con acceso al internet, a menos, claro, que esta mujer sea visible, que sea una mujer indígena o campesina líder, quién paradójicamente para ser líder, como Berta la hondureña, tuvo que desafiar el machismo de los hombres, el poder de las grandes empresas transnacionales, el capitalismo para terminar como terminó.

¿A qué niveles de perversidad hemos llegado? ¿Tiene que ser una extranjera, una activista, una periodista, una líder indígena, la que muera o desaparezca para que se desnude la posición feminicida y cómplice de un Estado que hizo y hace la vista gorda con sus víctimas?

Los cuerpos de mujeres extranjeras asesinadas colocan sobre la mesa la obscena desigualdad entre el grito de una madre que dice que su hija no tuvo la culpa por “viajar sola con la amiga” frente a un Estado que la mira impasible, zafa de su responsabilidad arguyendo que el “dolor de la familia” desfigura las cosas, cuando lo que esta desfigurado es la historia que ellos nos cuentan, cuando nosotras no tenemos la culpa de que se nos mate, es el asesino el culpable, es el Estado el cómplice.

Nuestros cuerpos entonces, son usados por y para la política o las políticas de turno, pero el hambre no acaba ahí, no solo se usa nuestros cuerpos muertos, también los que aún están con vida, mientras para matarnos físicamente usan la asfixia, el golpe y el puñal, para herirnos psicológicamente se usan los medios, las redes sociales, el lenguaje, el insulto.

Hace unas semanas, los bolivianos se enteraron que la ex pareja de Evo Morales tiene un hijo suyo, que además posiblemente está vivo, eso se suma a una cadena de morbo que inició con una revista de vanidad que exponía a la joven empresaria a la que empezaron a investigar para encontrar lo que tal vez muchos fanáticos desearon que nunca se descubra: tráfico de influencias, contratos chinos irregulares, títulos académicos inexistentes, ejercicio dudoso de la profesión y muchos otros que están en investigación y que de probarse en su complejidad dan cuenta de actos delincuenciales con redes en altas esferas de poder gubernamental.

Ahora bien, el drama se hace confuso, tanto, que se pierde el foco de hechos delictivos a nivel estatal por los que se debe investigar a Gabriela y la red juzgándolos en un debido proceso y estableciendo responsabilidades. En lugar de esto, la ciudadanía, los medios y el poder simplifican, se encarnizan en el cuerpo de Gabriela, se la expone ridiculizándola, cosificándola, usando sobre ella adjetivos calificativos denigrantes e incluso especulaciones sobre su reputación, mala o pobre maternidad, aislándola y finalmente silenciándola.

En el ejercicio violento colectivo sobre Gabriela, se impermeabiliza a un primer mandatario y a una red de poder, de manera vergonzosa, se protege a un presidente a quién no se le cuestiona su paternidad o la relación de abuso con Gabriela, que de acuerdo a sus familiares, habría empezado cuando ella era menor de edad, de ser asi, se olvida u omite también la seducción y el poder sobre menores de edad como un delito, un tipo de violencia solapada, socialmente aceptada -invisibilizada, hasta admirada, total, la “idiota” o la “fácil” es la mujer, nunca el hombre exitoso y poderoso con el cuál ella se involucró.

Mientras esto sucede, durante varios días, las feministas, las masistas, las mujeres, guardan silencio prudente o arrojan piedras para señalar su diferencia, para mostrar que ellas “son mejores”, para reforzar criterios de “dignidad”, para enfocar en el cuerpo de Gabriela todo el asco de la corrupción gubernamental y el rechazo al presidente, entonces, el cuerpo de ella es la bolsa de arena para golpear a Morales, asi ella pierde el derecho de ser defendida en sororidad feminista, por ser esta mujer partidaria de un gobierno patriarcal violento, cuando es Gabriela la desechada y violentada por el mismo régimen.

Entonces, defender a Gabriela en su calidad de mujer, es hacerse cómplice de una red corrupta o ser detractora del amado líder, quién debe apartarla o silenciarla para no salir perjudicado, ese líder al que todos veneran y cuya imagen se debe cuidar por encima de todas las mujeres que parieron para él, por encima de todos los hijos que se denuncia no ha reconocido, por encima de los movimientos sociales de mujeres como las Bartolinas que en su genuflexión lo que hacen es ungirle y lavarle los pies.

Se guarda silencio por encima de todas las mujeres violadas por los acólitos del líder en recintos estatales o dentro de sus casas, por encima de toda mujer boliviana que debe escuchar con rabia y sin más defensa las coplas carnavaleras de un presidente que las denigra, por encima de toda periodista que es silenciada cuando él se burla y le invita a cocinar a su casa en el Chapare, o cuando pide una profesora guaraní “que no sea cama adentro”, cuando se ríe evocando su necesidad de tener una quinceañera para su jubilación, mientras queda en la nebulosa el supuesto embarazo de una menor de edad hija de una ministra involucrada en la investigación por el caso de corrupción en el fondo indígena.

Siento a una sociedad caníbal, en el poder, en los colectivos, en los medios, que cubren el rostro del violador, del asesino para “preservar sus derechos” de forma cómplice y que muestra la sangre, el rostro, el cuerpo de la víctima para el morbo, para capitalizarse, violentándola hasta luego de muerta, escupiéndole en el rostro culpándola por el traje de baño, por su condición, o por la imprudencia.

¿Cómo hablar de todas las mujeres muertas, desaparecidas, agredidas, sin violentarlas aún más, sin hacer de su cuerpo una bandera, sin caer en la trampa del conformismo, del olvido o la indiferencia? ¿Qué se necesita para entender la importancia de la sororidad, internalizar la sororidad y ser solidaria auténticamente con una mujer por el hecho de ser mujer? ¿Cómo nos tenemos que pensar y organizar por fuera de la trampa patriarcal que tiende a abrir varios nichos tan alejados tan competitivos, tan patéticamente funcionales u oportunistas? Tengo más preguntas que respuestas, tengo así también algunas certezas y esperanzas: somos muchas, somos demasiadas, somos todas, nos queremos juntas gritando todas a la vez sin roscas ni agrupaciones, organizadas por nosotras mismas, cuidándonos entre nosotras, de una a una, sin la necesidad de que los poderes con ego jueguen al ventrílocuo, desafiando a ese poder ventrílocuo, porque nosotras todas nos representamos, todas somos cuerpos que importan, somos niñas, adultas, ancianas, nos queremos aliadas, nos queremos fuertes, nos queremos libres, ¡NOS QUEREMOS VIVAS!

Psicóloga