La Habana (PL).- La recurrencia de masacres parece un asunto insoluble en Estados Unidos, con un debate entrampado entre la impotencia de quienes exigen un mayor control de armas y la excusa de la seguridad y el derecho a defenderse. Entre 2004 y 2013, fallecieron más de 316 mil personas a consecuencia de disparos, según datos del Centro de Prevención de Enfermedades.

Tiroteos y asesinatos masivos acapararon titulares en varios momentos del año próximo a concluir, mientras que muchas de las causas que desatan estos fenómenos esperan por la voluntad de las autoridades para mitigarlas. Quizás uno de los más trágicos sucesos resultó el asesinato de nueve estudiantes el 1 de octubre en un colegio universitario del occidental estado de Oregon.

En un mensaje a la nación, el presidente Barack Obama consideró el tiroteo como consecuencia directa de laxas regulaciones respecto a la venta y posesión de armamento, así como a la incapacidad del Congreso para sacar adelante medidas que limiten su acceso.

El autor del hecho, de 26 años, abatido tras intercambiar disparos con la policía, disponía de un verdadero arsenal: junto al cuerpo del atacante se hallaron seis armas, un chaleco antibalas y cinco cargadores de armas automáticas, además de otros siete artefactos pesados en su departamento.

Obama se mostró frustrado al condenar los trágicos sucesos: “Esto se ha convertido en una rutina, las informaciones son rutinas, mis reacciones aquí en este podio son una rutina, y lo es la conversación posterior”, afirmó durante una intervención especial ante la prensa desde la Casa Blanca. A su juicio, la ausencia de iniciativas al respecto constituye “una decisión política”, porque grupos interesados como la industria de armamentos “financian campañas y alimentan el miedo en la gente”.

El mandatario explicó que solicitó a su equipo de asesores analizar los límites del poder ejecutivo para hacer aplicar leyes existentes, a fin de “poner las armas fuera del alcance de los criminales”.

Según cifras oficiales, los últimos años atestiguaron decenas de masacres con un número considerable de muertos, la peor de las cuales ocurrió en diciembre de 2012 en una escuela de Newtown, estado de Connecticut, donde perecieron 20 niños y seis adultos. Otros datos ilustran la magnitud del fenómeno en una nación con el récord de muertes por arma de fuego dentro de los países desarrollados.

Entre 2004 y 2013, fallecieron más de 316 mil personas a consecuencia de disparos, según datos del Centro de Prevención de Enfermedades. Informes confirman la existencia de más de 300 millones de pistolas, rifles, fusiles y otros instrumentos para matar en inventarios privados estadounidenses, casi en igual proporción a la cantidad de habitantes de la nación.

Según el gobernante, las estadísticas muestran que la violencia armada tiene un costo mayor en vidas estadounidenses que el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Las exhortaciones de Obama y amplios sectores de la sociedad estadounidense parecen caer en saco roto ante las justificaciones de los republicanos, que esgrimen siempre la Segunda Enmienda constitucional como sacrosanto impedimento para frenar cualquier iniciativa contraria al derecho para portar armas.

LOS MUCHOS ROSTROS DEL ODIO Y LA DISCRIMINACIÓN

A mediados de noviembre, una noticia evidenció el nivel de violencia policial en una nación que, al mismo tiempo, comienza a tomar conciencia de la urgencia de revertir esta situación.

De acuerdo con cálculos del diario británico The Guardian, agentes policiales estadounidenses son responsables del asesinato de al menos mil personas desde que inició el año. De ese total, 883 murieron por balas disparadas por policías, otros 47 fueron víctimas del shock provocado por taser -pistola eléctrica-, 33 resultaron atropellados por vehículos policiacos y 36 fallecieron en detención.

Según su análisis de estas estadísticas, la tasa de muertes de civiles a manos de la policía es actualmente de 3,1 cada día. Los afroestadunidenses, aunque representan solo 13 por ciento de la población, son ultimados por policías casi dos veces más que los blancos, agregó la fuente.

A la violencia de la policía contra afroamericanos y latinos, se unen acciones de supremacistas blancos que tratan de imponer su ideología como ocurrió el 17 de junio en una histórica iglesia de Charleston, Carolina del Sur.

Dylann Storm Roof se introdujo en una reunión de estudio de la biblia en la iglesia Emanuel African Methodist Episcopal de dicha urbe y abrió fuego, lo cual dejó nueve afroamericanos asesinados.

Durante el interrogatorio para incriminarlo de cargos, el supremacista blanco de 21 años aseguró que quería “emprender una guerra racial”.

La llegada a la Casa Blanca del primer presidente negro en 2009, apenas modificó el panorama que padecen los afroamericanos, en una nación donde, advierten algunos, “existen demasiadas armas y racistas”.

Un editorial del diario británico The Independent consideró que Estados Unidos retrocedió en sus relaciones raciales desde la elección de Obama y que “la obscena proliferación de armas solo magnifica tragedias” como las de Charleston.

El diario mexicano La Jornada recalcó, por su parte, que la nación norteña se convirtió en un “Estado estructuralmente violento”, donde se utiliza la fuerza con demasiada frecuencia para resolver diferencias a nivel local e internacional.

Masacres y denuncias de cuestionables prácticas policiales contra personas negras desarmadas evidencian las heridas nunca cicatrizadas de un flagelo entronizado desde los oscuros tiempos de la esclavitud y la segregación por el color de la piel.

Tal estado de cosas alimenta el debate nacional, incluso en las altas esferas políticas, mientras avanzan reclamos para efectuar profundas reformas de los cuerpos policiales y del sistema judicial penal. Una de las evidencias más sobresalientes ocurrió con la absolución de George Zimmerman, un guardia de seguridad blanco que en 2012 asesinó en Sanford, Florida, al adolescente afroamericano Trayvon Martin, a quien consideró “sospechoso”, pese a encontrarse desarmado.

El avance del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de las personas negras importan), demuestra esta toma de conciencia y marca un nuevo punto de tensión dentro del discurso antidiscriminatorio. Esta iniciativa se extiende a las universidades, con un enfoque más amplio sobre el racismo institucional que prevalece en este país, y miles de jóvenes han participado en una creciente ola de acciones con notables resultados.

Observadores dicen que Black Lives Matter sirvió para las acusaciones rápidas contra oficiales por disparar contra personas negras y desarmadas, así como un cambio en la actitud del público hacia el tema. Entre sus acciones más destacadas se cuentan cierres de carreteras, centros comerciales, puentes y empresas de un extremo a otro de Estados Unidos.

A mediados de septiembre, logró incluso la renuncia del jefe policial del poblado de Surf City, Carolina del Norte, luego que este calificara al grupo como terrorista en un comentario de la red social Facebook.

Si los líderes demócratas, e incluso algún que otro republicano están reconociendo Black Lives Matter, es porque cientos de miles de personas salieron a las calles, sostuvo recientemente el sitio digital Socialist Worker.

Casi seis de cada 10 ciudadanos estadounidenses, incluyendo una mayoría de blancos y negros, creen que las relaciones raciales están generalmente mal, y casi cuatro de cada 10 piensan que empeorarán, reveló en julio una encuesta del diario The New York Times y la televisora CBS News.

Armas fuera de control; debate sin fin (pero con muertes) en EE.UU.

El asesinato de nueve estudiantes el 1 de octubre en un colegio universitario en Oregon agregó más sal a la herida por donde sangra la sociedad estadounidense, la epidemia de masacres por la falta de control sobre las armas.

En un mensaje a la nación, el presidente Barack Obama consideró el tiroteo como consecuencia directa de laxas regulaciones respecto a la venta y posesión de armamento, así como a la incapacidad del Congreso para sacar adelante medidas que limiten su acceso.

El autor del hecho, de 26 años, abatido tras intercambiar disparos con las fuerzas de la policía, fue calificado por las autoridades como “un hombre taciturno, solitario y contrario a la religión”, que disponía de un verdadero arsenal.

Junto al cuerpo del atacante en el interior del centro educacional, los peritos hallaron seis armas, un chaleco antibalas y cinco cargadores de armas automáticas, además de otros siete artefactos pesados en su departamento.

Obama se mostró frustrado al condenar los trágicos sucesos: “Esto se ha convertido en una rutina, las informaciones son rutinas, mis reacciones aquí en este podio son una rutina, y lo es la conversación posterior”, afirmó durante una intervención especial ante la prensa desde la Casa Blanca.

A su juicio, la ausencia de iniciativas al respecto constituye “una decisión política”, porque grupos interesados como la industria de armamentos “financian campañas y alimentan el miedo en la gente”.

El mandatario explicó que solicitó a su equipo de asesores analizar los límites del poder ejecutivo para hacer aplicar leyes existentes, a fin de “poner las armas fuera del alcance de los criminales”.

Según cifras oficiales, los últimos años atestiguaron decenas de masacres con armas de fuego y un número considerable de muertos, la peor de las cuales ocurrió en diciembre de 2012 en una escuela de Newtown, estado de Connecticut, donde perecieron 20 niños y seis adultos. Desde ese episodio, se registraron otros 142 tiroteos en centros educativos, de acuerdo con el grupo de registro de estas acciones Mass Shooting Tracker. La masacre en la universidad de Oregon fue el tiroteo masivo número 295 sucedido en Estados Unidos durante los 274 días transcurridos de 2015, precisó.

OBAMA Y LOS REPUBLICANOS EN SU LABERINTO

Hace tres años, tras la acción criminal en Newtown, Obama inició una ofensiva para regular la venta y uso de armamento, con propuestas para conformar leyes que incluyan revisiones más amplias de los antecedentes de las personas y prohibiciones a las armas de asalto. Pero no tuvo éxito, debido a la fuerte oposición de sectores ultraderechistas y grupos como la NRA (Asociación Nacional del Rifle) que cabildean a favor de los productores de esos artefactos.

La gobernadora del estado de Oregon, Kate Brown, señaló que las autoridades “deben trabajar mejor para prevenir este tipo de tragedias”, mientras aseguró que las mejoras deben abordarse en diversos frentes, ya que no hay “una única solución”.

El tema de los asesinatos masivos se vuelve recurrente, ya sea por la violencia de la policía contra afroamericanos y latinos, o por acciones de supremacistas blancos que tratan de imponer su ideología racista a boca de jarro, como ocurrió en junio último en una histórica iglesia de Charleston, Carolina del Sur.

Según el gobernante, las estadísticas muestran que la violencia armada tiene un costo mayor en vidas estadounidenses que el terrorismo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Si me preguntan cuál ha sido el ámbito donde me he sentido más frustrado y obstaculizado es en el hecho de que Estados Unidos es una de las naciones donde no tenemos las suficientes leyes de seguridad en relación con las armas basadas en el sentido común, a pesar de los repetidos asesinatos masivos, confesó Obama a la BBC en julio.

Las exhortaciones del gobernante y amplios sectores de la sociedad estadounidense parecen caer en saco roto ante las justificaciones de los republicanos, que esgrimen siempre la Segunda Enmienda constitucional como sacrosanto impedimento para frenar cualquier iniciativa contraria al derecho para portar armas.

Sostienen esta postura a partir de dos argumentos esenciales: primero, ninguna ley puede impedir que desequilibrados y criminales consigan un arma o abran fuego sobre una multitud; y segundo, ante estos peligros, los ciudadanos tienen precisamente necesidad de armarse para defenderse.

Así lo consideró el exgobernador de Florida y aspirante presidencial republicano Jeb Bush, durante un acto de su campaña electoral en Carolina del Sur, refiriéndose a la masacre en la universidad de Oregon. “Son cosas que suceden”, manifestó.

El exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, otro de los aspirantes republicanos a la Casa Blanca, aseguró a la televisora CNN que, como en el caso de Tim McVeigh, el autor del ataque terrorista de Oklahoma de 1995 que causó 168 muertes, “quien quiera matar encuentra el modo de hacerlo”.

Asimismo, el también precandidato presidencial republicano Donald Trump se mostró opuesto a un mayor control de armas, pese a la recurrencia de tiroteos y masacres calificadas como una epidemia que asola al país.

Por el contrario, el controversial magnate consideró que las ciudades norteamericanas con “las leyes más fuertes respecto al armamento, a menudo tienen tremenda violencia armada y muerte”. No creo que sea cuestión de leyes. Cuando se trata de las escuelas, lo que realmente importa es la salud mental.

Es un problema mental, consideró Trump en una entrevista con el programa Meet the Press de la televisora NBC News. El magnate de bienes raíces aconsejó a los medios de comunicación dejar de informar el nombre de los autores de fusilamientos masivos para evitar “los asesinos que buscan imitarlos”.

Llama la atención que la postura de Trump con respecto al control de armas ha variado mucho con el paso de los años. Aunque ahora respalda la visión de la NRA, alguna vez estuvo a favor de la prohibición de los fusiles de asalto y de gran calibre en las armerías.

HORA DE ACTUAR

El debate para poner coto al libre albedrío de las armas pareció evidenciar que el asunto es como una serpiente que se muerde la cola y que resulta hora de tomar cartas en el asunto.

Menos de 48 horas después de los sucesos en Oregon, cuatro estudiantes fueron arrestados cuando la policía descubrió un complot para desencadenar una masacre en una escuela secundaria ubicada en Tuolumne, estado norteamericano de California, según informó el diario USA Today.

Entre las pruebas, las autoridades dijeron que encontraron una lista con los nombres de las víctimas específicas. El alguacil del condado de Tuolumne, Jim Mele, explicó que los estudiantes confesaron que “planeaban venir al centro escolar, disparar y matar a tantas personas como fuera posible”.

El departamento policial explicó que fueron contactados por los administradores de la secundaria, debido a que los jóvenes estaban haciendo amenazas contra profesores y el personal. Los sospechosos estaban en el proceso de obtención de las armas que iban a utilizar en el ataque, destacó el departamento. Los cuatro estudiantes fueron detenidos por conspiración para cometer un asalto con armas mortales. Sus nombres no se darán a conocer porque son menores de edad, precisó la fuente.

* Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.