Contrastes en hidrocarburos: En seis años YPFB no invirtió 3.100 millones de dólares. Para este 2015 prevé ejecutar 95 % de inversiones, pero de su presupuesto general, en lo que va de gestión la estatal petrolera habría gastado sólo la mitad de 12.700MM$us programados.

Al presumir una programación de 8.200 millones de dólares en inversiones para la próxima gestión 2016, el régimen del presidente Evo Morales no ha transparentado por qué a diez meses de gestión y a semanas de concluirla, no ejecutó este 2015 unos 2.800 millones de dólares en inversión pública.

El monto sin desembolsar representa casi la mitad de los 6.100 millones programados para este año, habiéndose desembolsado a octubre pasado sólo el 54 % equivalente a 3.300 MM$us, según declaraciones del mandatario.

Si acaso se permite el gobierno, la transparencia podrá servir para corregir y optimizar el gasto estatal, ante evidentes deficiencias de ejecución presupuestaria y otras imprevisiones incomprensibles dadas la frondosa burocracia dedicada a la prospectiva económica y las alertas múltiples desde diferentes ámbitos internos y externos.

Hace un año, el ministro de Economía trazó el Presupuesto actual con ingresos promedio de 80 dólares el barril de petróleo, cuando hoy bordea los 40 dólares, recordó en abril pasado el análisis presupuestal (reporte N° 25 PGN-2015) de la fundación Jubileo “Presupuesto al final de la bonanza y necesidad de pacto fiscal”

Para el caso de los desembolsos y eficiencia de gestión, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los últimos seis años, programó 13.000 millones de dólares pero ejecutó sólo 9.000 MM$us, según el cuadro (arriba) con base en datos oficiales.

En esta gestión, la inversión que a momentos sobrepasó lo mensualmente previsto, terminó decayendo y llegará a sólo un 95 % de lo previsto, de acuerdo a reporte de su presidente, Guillermo Achá, al periódico La Razón (15-nov-2015).

Mostrándose contrito, tres días después, el pasado miércoles 18, comunicó el mandatario que la ejecución general de las inversiones en el sector hidrocarburos, a octubre pasado, era de sólo el 54 por ciento comparada con el 70 % en el periodo anterior.

Pero recobrando vehemencia para echar el grueso de la no ejecución a municipios y gobernaciones olvidó, o sus colaboradores no le recordaron, que estos niveles subnacionales son sólo responsables de un tercio de la inversión: 12 y 17 % respectivamente.

Proporcionalmente, la mayor obligación, corresponde a las empresas estatales, YPFB sobre todo; instituciones descentralizadas, básicamente ABC-carreteras y Administración Central: 28, 24 y 15 por ciento, según Jubileobolivia.

Más aún, cinco semanas de cerrar del año, la ejecución presupuestaria de las empresas estatales en promedio sólo llega a 48,5%, de acuerdo con datos del Sigma del Ministerio de Economía al 23 de noviembre, expuestos por el diario Página Siete.

Según esas cifras, YPFB) ejecutó 48 % de un presupuesto general de 89.770 MMBs. (12.700MM$us).

Se desconoce si el gobierno sólo es incapaz de ejecutar u opta por una calculada negligencia –estando pronto a comprobar el próximo 21 de febrero si la mayoría lo “quiere” como dijo el presidente Morales– pero en los hechos se está dando el lujo de no ejecutar casi la mitad de la inversión estatal.

No percibe, al parecer, lo que ello implica en creación de empleos, redistribución del ingreso nacional, dinámica del mercado interno y el vasto arco de necesidades que incluyen el ahorro para el tiempo de las vacas flacas o el modesto doble bono navideño de los que aportaron para su jubilación.

RECURSOS “ESCASOS”

Todo, en el contexto de que las petroleras reducen su inversión, los ingresos estatales están a la baja, el servicio de impuestos exprime a los contribuyentes y ha intensificado clausuras los últimos meses, aunque al cerrar el año anuncia nueva normativa para flexibilizar multas y sanciones.

“Falta dinero”: lo dice el gobierno que no quiere cargar con todos los incentivos a las transnacionales, facilitándoles en cambio el cobro de un sobreprecio de hasta 55 dólares por barril de petróleo o su equivalente, a costa de las regiones y universidades, y posiblemente el factor monetario será más escaso después de derroche eleccionario.

El proyecto de Ley 319 establece que el Fondo para los incentivos se financiará con el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), antes de su correspondiente distribución.

Ante la anunciada escasez de recursos de la administración central para hacerse cargo de inventivos por casi 2.900 MM$us a las petroleras y la reticencia de muchas gobernaciones, municipios y especialmente universidades, el gobierno no ha dado muestras de que destine, por ejemplo, lo que quede de los 2.800MM$us de inversión sin ejecutar el 2015, precisamente al Fondo pro “incentivos”, que requiere 2.890 MM$us.

Ello libraría del recorte y las mermas a reticentes universidades y los gobiernos subnacionales que reclaman por la reducción de sus ingresos por hidrocarburos, aunque una posibilidad no descartada es que buena parte del saldo puede ser destinado a sustentar la campaña oficialista del 21 de febrero. O, peor, a inflar el presupuesto de inversiones 2016 elevándolo al récord que el Presidente destaca, de 8.200 MM$us.

“En tiempos de crisis, toda disidencia es traición” parafraseó el Vicepresidente en Montevideo, hace unas semanas, cuando se efectuó una serie de análisis sobre el fin de los gobiernos progresistas en Sudamérica, afirmando que gobiernos de izquierda deben demostrar su capacidad en tiempo de ingresos a la baja.

Para el caso, no ejecutar 2.800 MM$us conlleva al menos, sino una discordanciacon las propias metas, una contradicción con la política económica y las expectativas sociales o una desavenencia con el simple sentido común.

En este como en otros, el sabotaje parece fluir desde adentro del gobierno, sus epígonos y allegados, y no de la crítica, ni del pasado, aunque el promedio de inversión pública en anteriores gobiernos por el periodo 2000-2005 no sobrepasó el promedio de 600 millones de dólares, al no contar con los ingentes recursos de la nacionalización, que han servido, dice el investigador Luis Tapia del CIDES-UMSA para financiar la burocracia que busca dominarla sociedad civil boliviana.

Surge en ese contexto la cuestionante de si el Presidente no esta cumpliendo con las inversiones este año, qué circunstancia o aval asegura que lo haga el próximo.

El asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, opinó que si la ejecución del gasto este año no pasara de 72%, quiere decir que el PGE no está elaborado en bases sólidas de proyección de ingresos y egresos de recursos.

“Si no vas a ejecutar más de 160.000 millones de bolivianos en 2015 (72% del total de PGE 2015 que se fijó en 221.181 millones de bolivianos-equivalentes a 31600MM$us), ¿cómo garantizas que el PGE 2016 no ocurrirá la misma situación y es un espejismo y está fuera de la realidad?”, declaró el funcionario cruceño a Página Siete.

CIFRAS CONTRADICTORIAS

Oficialmente se informó esta semana que entre enero y octubre de la presente gestión, YPFB programó una inversión de 3.740 millones de bolivianos y ejecutó el 96% en el periodo mencionado, es decir, 3.578 MMBs., según Página Siete, esta semana (equivalente a 512 MM$us] , lo que contradice las cifras de su máximo ejecutivo, de aproximadamente 2.500 MM$us.

“Este año hemos tenido inversiones programadas, en promedio, entre $us 2.400 millones y $us 2.500 millones” dijo el presidente Achá a La Razón. “Prácticamente nosotros como YPFB Corporación estamos por encima de un 80% de cumplimiento, lo que pretendemos es llegar por encima del 90% hasta diciembre, estamos haciendo fuertes inversiones”.

A un mes y siete días de la finalización del año, la ejecución presupuestaria de las empresas estatales en promedio sólo llega a 48,5%, según datos del Sigma del Ministerio de Economía al 23 de noviembre.