El caso del periodista Carlos Quisbert, indebidamente detenido, indebidamente procesado -motivo por el cual se declaró procedente la acción de libertad- es un símbolo de amedrentamiento a la prensa, para lo cual se ha violentado la libertad de expresión e información y del trabajo, derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Asimismo, con dichos procedimientos viciados, se vulneró la presunción de inocencia y la garantía constitucional del Debido Proceso.

Un verdadero “bullying” judicial a dicho periodista. No es la primera vez que el Organo Judicial amedrenta al estamento periodístico, mediante procesamientos indebidos, recordemos el caso de ANF, El Diario y Pagina Siete, donde la única jurisdicción que aplicaba era la de la Ley de Imprenta.

El caso Quisbert, ello refleja las falencias que aquejan al Organo Judicial:

1. la facilidad con que actúan los fiscales en detrimento de las libertades individuales y en oposición al mandato que le confiere la Constitución, que es ser representante de la sociedad. En tal caso, actúan por mero interés particular, CORPORATIVO, y a requerimiento de intereses políticos. Estos excesos de los integrantes del Ministerio Público, son posibles en el marco de las facultades que les confiere el Procedimiento Penal que data del año 1999, riesgo que se advirtió a tiempo de ser aprobada dicha norma adjetiva.

2. la designación de estos administradores de la justicia, bajo premisas políticas antes que la capacidad requerida para tan elevada función. En este sentido, se debe afirmar categóricamente que las elecciones judiciales, circo del cual formaron parte los pre-seleccionados por el Congreso que contaban con la aprobación oficialista, fue una payasada mayúscula, que costó cuantiosos recursos y cuyo fracaso, se refleja diariamente en episodios vergonzosos de atropello de las libertades individuales, como el acontecido con el periodista de marras.

3. La falta de capacidad y formación académica y profesional de estos fiscales y jueces, que les hace pisotear y soslayar estos principios básicos del debido proceso no únicamente bajo la presión de los intereses ya descritos, sino por un desconocimiento y falta de apropiación de valores éticos esenciales, como es el respeto a la vida, a la libertad, y la búsqueda de la justicia, que además de ser el estigma judicial, es el efecto de la causa antes descrita: la forma de designación con que asumieron funciones.

De ahí que quepa afirmar que el actual es el peor sistema judicial desde la fundación de la República, peor aún que en gobiernos de facto, donde un Hábeas Corpus (ahora Acción de Libertad) dictado por un juez, se acataba de manera inmediata, expedita, sin dilaciones. Bajo la interpretación doctrinal sagrada que representa dicha acción de defensa de derechos fundamentales. Pero al presente, se sujeta a lentos trámites administrativos que solo entorpecen el cumplimiento oportuno de la justicia.

Y todo acontece bajo la supuesta sorpresa de las autoridades del Organo Ejecutivo, que anuncian una reforma judicial urgente, mediante una reforma constitucional previa, para modificar la modalidad de designación de dichos funcionarios públicos. Las elecciones de magistrados, no es una modalidad mala en sí misma, si se aplica una honesta evaluación previa de conocimientos, experiencia y formación los candidatos.

Lo que está fallando y constituye el origen de la profundización de la crisis de la justicia, es el montaje de una ingeniería judicial cuyo diagnóstico revela sus principales defectos: 1) clientelar en sus designaciones; 2) dócil a designios políticos; 3) de escasa o nula experiencia profesional o sin carrera judicial, susceptible de ser instrumentalizada y sometida a presiones políticas.

Si el sistema judicial está colapsando, es bueno que los jerarcas del gobierno admitan su responsabilidad en dicha crisis, pues el estamento judicial antes que realizar una adecuada labor para la sociedad, primero cumplió con los fines persecutorios del régimen gobernante. Y en esa medida, el gobierno aplicó el método del “laissez faire”, donde se consolidaron consorcios de abogados, jueces y fiscales, instaurándose redes extorsivas, megacorrupción y sobrecarga procesal.

Es menester la autocrítica conjunta del Organo Judicial y del Organo Ejecutivo, que incluya un replanteamiento de sus prioridades, su filosofía, orientada a un verdadero CAMBIO y un genuino interés de transformar la justicia, más ahora, que hay una necesidad inminente de hacer gestión y gobernar con responsabilidad.

De manera irremediable, la historia los juzgará y también las nuevas generaciones.

La autora es miembro de la Academia de Ciencias Penales de Bolivia