(ABI).- La última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2010-2015 aprobó el martes por la noche la proposición acusatoria en contra de ex autoridades por la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (Enfe) y del proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS) y remitirá obrados al Ministerio Público para su investigación, informó el presidente de esa instancia legislativa, Marcelo Elío.

“Por amplia mayoría de dos tercios y más se ha aprobado la proposición acusatoria que ha presentado la Comisión Especial de Investigación de la Capitalización. (…) En ese sentido estamos haciendo esta proposición acusatoria ante el Ministerio Publico fundamentalmente por el caso de la privatización entre comillas de dos empresas un de ellas Enfe que ha sido un regalo para una empresa chilena”, explicó a los periodistas al culminar la sesión legislativa.

Dijo que se investigarán a una decena de ex autoridades y a otros políticos de la “época neoliberal”.

“Por delitos inconcebibles, por delitos en contra del Estado, en contra de la economía y del país y dentro de ello no pueda quedar impune estos temas”, añadió.

Anticipó que se investigará la privatización de otras empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la empresa minera Vinto y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

“Un ejemplo, la empresa Vinto que no está investigándose pero que se va investigar tiene una perdida millonaria, su valor era de 140 millones de dólares y la vendieron en 14 millones, es un escándalo de los más grandes que hay que revisar eso y no puede quedar en la impunidad”, complementó.

El titular de la Cámara Baja aseguró que mañana (miércoles) a primera hora se presentará al Ministerio Público la proposición acusatoria que fue aprobada por los legisladores.

Las proposiciones fueron presentada por la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investigó el proceso de privatización en Bolivia. En la lista de los 13 acusados figuran el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Samuel Doria Medina y Carlos Sánchez Berzaín.

“Dos proposiciones acusatorias, la primera contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinado Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar. La segunda proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya”, informó el vicepresidente Alvaro García Linera en la sesión plenaria del legislativo boliviano.

El también presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), explicó que las dos proposiciones acusatorias, que presentó la Comisión investigadora de la privatización, se refieren estrictamente a dos casos, la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

Explicó que existen más casos de empresas privatizadas que también serán investigados.

“Tenemos cerca de 100.000 hojas que han sido revisadas un año por esta comisión, no se ha acabado el trabajo”, sustentó al mostrar documentos y recortes de periódicos de esa época.

En la sesión de clausura de la gestión legislativa 2014-2015, se dio lectura a la proposición acusatoria que involucra a 13 ex autoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

“Ningún boliviano puede olvidarse de quién ha hecho daño a Bolivia, si no, no sería boliviano”, subrayó García Linera.

Informó que se puede iniciar un proceso penal contra las autoridades que le causaron daño económico al Estado, porque según la Constitución Política del Estado, “los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estados son imprescriptibles, que no admiten régimen de inmunidad”.