Oruro y La Paz (ABI).- El gobierno boliviano promulgó la nueva Ley de Minería y Metalurgia que reconoce como actores mineros al sector privado, estatal y cooperativista. El presidente en ejercicio Álvaro García Linera anunció que “el Estado no va a ocupar toda la minería” y los cooperativistas, que producían en áreas marginales, a partir de ahora accederán a yacimientos importantes y ricos.

La nueva Ley de Minería y Metalurgia consta de siete títulos: Disposiciones Generales, estructura del sector minero estatal, derechos mineros y extinción, contratos mineros y licencia de prospección y explotación, régimen de adecuaciones, consulta previa en materia minera, régimen regulatorio minero; 31 capítulos distribuidos en 234 artículos, además de cuatro disposiciones transitorias, tres finales y tres abrogatorias y derogatorias.

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley Minera con aproximadamente 70 artículos modificados. Entre las modificaciones más importantes está la suscripción de contratos, que por Constitución pasan por la Asamblea Legislativa Plurinacional. También fue modificado el artículo 151, referido a Contratos de Cooperativas Mineras, que ahora establece que “las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas sean estas nacionales o extranjeras”.

También el parágrafo II del mismo artículo establece: “en caso de avenirse a lo dispuesto en el Artículo 306 y el Parágrafo III del Artículo 351 de la Constitución Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas con el Estado a través de Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a cuyo efecto, adecuarán su razón social, sujetándose a la normativa que rige para las empresas mixtas”.

La norma también dispone la adecuación de las ex concesiones mineras, hoy denominadas ATEs, a contrato administrativo minero a suscribirse por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en representación del Estado como la entidad autárquica encargada de la otorgación, reconocimiento, renuncia, modificación y extinción de derechos mineros, así como de los procedimientos establecidos. Las atribuciones y competencias sobre el control y fiscalización de las actividades mineras corresponden al Ministerio de Minería y Metalurgia como institución pública del Órgano Ejecutivo.

La Ley de Minería y Metalurgia autoriza la reversión de yacimientos mineros a favor del Estado si después de dos años de acceder al área minera se verifica el incumplimiento del plan de inversiones comprometido, informó el ministro de Minería César Navarro. Con esa iniciativa se busca evitar la existencia de concesiones mineras ociosas en el país y el irresponsable aprovechamiento de personas que sólo poseen yacimientos para alquilarlos y no trabajarlos.

El ministro Navarro explicó que la reversión de los yacimientos ociosos se realizará mediante un estudio e informe elaborado por el Viceministerio de Política Minera, que fiscalizará el cumplimiento de los planes de inversión, cada dos años.

Por otro lado, la autoridad señaló que cualquier actividad minera en inmediaciones de ríos o cuencas deberá ser autorizada por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), que entrará en vigencia con la nueva Ley Minera y Metalurgia.

Navarro precisó que la autorización procederá luego de realizar un estudio “multisectorial” y la presentación de un informe sobre las afectaciones a la zona donde se pretende operar. “No puede haber contaminación del medio ambiente, no puede haber actividad minera cerca de los ríos, si es que se produce este hecho, tiene que haber un estudio e informe multisectorial que autorice la actividad minera en las cuencas o en las faldas del río”, indicó.

Asimismo, dijo que las operaciones mineras que requieran usar más agua de la que se tiene en el yacimiento, la AJAM también deberá autorizar la utilización de nuevos recursos hídricos, pero sin perjudicar a terceros ni a comunidades aledañas. “No hay prohibición pero se está limitando y reglamentando la actividad productiva. Queremos que la actividad productiva se desarrolle en el marco del respeto a la naturaleza, y el respeto a otros actores”, subrayó.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) Alejandro Santos afirmó que su sector aceptó las modificaciones realizadas por la Asamblea Legislativa al proyecto de la Ley de Minera. En su criterio, las modificaciones sólo fueron de forma y no de fondo.

El dirigente de Fencomin aseguró que la norma, elaborada por más de tres años entre los sectores involucrados, beneficiará a todos los bolivianos porque fue redactada en base a la Constitución Política del Estado.

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera dijo que la ley tiene “olor” de trabajador boliviano, después de tres años de tejer consensos entre los representantes de los operadores de la minería chica, cooperativista, privada y estatal.

Esta ley “no está perfumada con olores extranjeros ni con lenguaje extranjero. Es la primera Ley Minera en 190 años de existencia de nuestra república que la hacen los trabajadores con su sudor, con su esfuerzo, con su pensamiento, con su sacrificio y con su necesidades”, dijo García Linera en alusión a las normas que los gobiernos neoliberales ordenaban redactar a consultores de Estados Unidos.

García Linera dijo que el sector cooperativista accederá a yacimientos importantes y ricos, pero solicitó tecnificar la producción y no continuar sacando el mineral a mano. “Siempre se veía al cooperativista como el que tenía que producir en áreas marginales, en la sobras. Eso se ha acabado. El sistema cooperativista tiene derecho de ocupar vetas importantes. Hoy son productores de primera categoría en el ámbito minero”, dijo.

El mandatario señaló que el gobierno seguirá ampliando las áreas mineras estatales, pero en yacimientos muy ricos y con producción a gran escala. “Vamos a ser muy selectivos, el Estado no va a ocupar toda la minería, no podemos. El Estado va a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia y ahí le vamos a meter millones de dólares para producir mineral, para generar ganancias y regalías”, recalcó.

García Linera reiteró que la inversión extranjera es bienvenida a Bolivia, pero bajo las condiciones impositivas, de responsabilidad social y medio ambiental que establecen las normativas locales. Dijo que los impuestos para el sector minero privado oscilan entre 55 y 63% de las ganancias, aunque aclaró que los cambios en el régimen impositivo serán precisados en otra norma.

Con respecto a la industrialización de la minería boliviana, García Linera puso como plazo el año 2025 para que el país exporte solamente mineral con valor agregado. Las exportaciones mineras de Bolivia ascendieron a 3.000 millones de dólares en 2013, el segundo sector más importante de la economía después de los hidrocarburos.