El gobierno boliviano autorizó por decreto el pago de 220.797.791 bolivianos (31,7 millones de dólares) de compensación a la empresa británica Rurelec PLC por la nacionalización de su paquete accionario en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA el 1 de mayo de 2010.

El 24 de noviembre de 2010 Rurelec PLC demandó al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA), y a principios de 2014 el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a su favor e instó al Estado boliviano pagarle una compensación de 28,9 millones de dólares más intereses, sumando un total de 31 millones dólares, cifra inferior a los 142 millones que pretendía la empresa.

El procurador general del Estado Héctor Arce anunció el pasado 2 de mayo que el gobierno boliviano y los representantes de la compañía acordaron una compensación de 31.534.613 dólares. A ese monto se sumó una deuda que tenía Guaracachi por dividendos a Rurelec, antes de la nacionalización, por 5.781.736 dólares.

Arce detalló que en la última reunión de negociación en Madrid, el 29 de abril, se conoció oficialmente que la empresa renunció a sus dividendos y también a 1.472.070 por obligaciones que tenía con el Estado boliviano. Asimismo, la empresa desistió de cobrar 35% de los intereses que formaban parte de los 36 millones que debería pagar el Estado. Por todo ello, precisó Arce, el monto total a pagar mediante un acuerdo fue de 31.534.613 dólares.

Según una disposición adicional del Decreto Supremo, al que tuvo acceso la agencia ABI, se autoriza al Ministerio de Economía realizar el aporte adicional con recursos provenientes del Tesoro General de Nación (TGN), y se instruye a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) pagar el monto correspondiente al total del paquete accionario de Rurelec PLC.

Además, el Decreto autoriza al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Interino de ENDE participar en las negociaciones con la empresa Rurelec con el objetivo de pactar las condiciones y renuncias necesarias para la suscripción de un “contrato de cumplimiento del laudo arbitral de 31 de enero de 2014”.

El Estado boliviano enfrenta al menos ocho procesos internacionales por la nacionalización de empresas estratégicas. Hasta fines de 2013 se habían notificado dos controversias (Iberbolivia y Red Eléctrica Internacional); dos notificaciones de arbitraje (South American Silver Limited y Air BP Bolivia), y cuatro demandas de arbitraje (Guaracachi América y Rurelec, Quiborax and Non Metallic Minerals, Abertis Infraestructuras y Pan American Energy LLC).

El 26 de febrero de este año la Procuraduría General del Estado recibió la notificación del arbitraje internacional Ad Hoc en materia de inversiones interpuesto por la Red Eléctrica Internacional (REI), bajo las reglas CNUDMI y amparada en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito entre España y Bolivia. La firma española reclama una compensación por la nacionalización de sus acciones en la empresa Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) el 1 de mayo de 2012.