La Habana (PL).- Las redes de explotación del trabajo infantil mantienen a 168 millones de niños, cerca de dos millones de ellos en Centroamérica, sin disfrutar de su infancia y sin esperanzas de un futuro mejor. Seguidores de la problemática consideran que esas cifras esconden sub-registros, debido a que la mayoría de esos menores de 18 años de edad laboran en espacios hogareños, sin un sueldo formal, mientras otros asumen tareas de riesgo y por ello sus empleadores ocultan su contratación.

Los infantes explotados laboralmente -sobre todo en actividades agrícolas, minería y pornografía-, casi siempre provienen de familias con escasos recursos, hogares disfuncionales y/o son víctimas de abusos por los cuales huyen y tratan de garantizar su subsistencia por vías como esas. Por lo general ninguno goza de buenas condiciones de trabajo y son víctimas de maltrato físico, moral o psicológico, lo cual puede causarles graves daños cuyas secuelas arrastrarán por el resto de sus vidas, refieren informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De acuerdo con especialistas de ese organismo, cuando de trabajo infantil se habla, deben exceptuarse algunos tipos de labores que no atentan contra la salud, desarrollo personal, o educación, de los niños. Este concepto más bien se refiere a los trabajos condenables porque perjudican el desarrollo físico y psicológico de los menores de 18 años de edad, debido a que los privan de disfrutar su adolescencia, su potencial y su dignidad.

La clasificación de OIT está emparentada, además, con la edad mínima legal de admisión del empleo en cada país en correspondencia con el Convenio 138 de 1973; y con el 182 de 1999, relacionado con las peores formas de trabajo infantil. En este último aspecto se reconocen labores que en sus formas más extremas implican a niños separados de sus familias en edades tempranas, esclavizados, obligados a valerse por sí en las calles de las grandes ciudades y expuestos a graves riesgos y enfermedades.

Con base en esa visión, un estudio del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT detectó hace un año bajo esa condición cerca de un millón 939 mil 389 niños de cinco a 17 años en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esos infantes trabajadores, que representan 16,2 por ciento de los casi 12 millones de menores de edad en el área, en su mayoría fungen como ayudantes de sus progenitores, por lo cual no reciben remuneración, al mismo tiempo que afrontan graves dificultades para estudiar.

El Salvador, Guatemala y Honduras, son los países más afectados por esta problemática, que contribuye a la recirculación del legado de pobreza y desequilibrio social con que carga esa región hace varios siglos. Guatemala sigue siendo el que mayor número de niños y niñas trabajadoras mantiene en la zona istmeña, más de 12 mil de ellos de apenas cinco a seis años de edad y casi un millón de siete a 14, asegura la Fundación Proniño.

Unos 63 de cada 100 de estos (62,8 por ciento) trabajan en la agricultura y 76 de cada 100 lo hacen sin que se les pague ni un centavo, porque sólo laboran para ayudar a su familia, según esa organización civil. Además, de cada 100 niños trabajadores guatemaltecos, 16 están empleados en el comercio, 11 en fábricas o talleres, seis en dependencias de salud -prestando servicios personales- y tres en la construcción.

Proniño advierte que casi todos esos infantes laboran en promedio 47 horas por semanas, es decir, mucho más que los adultos si se considera la legislación guatemalteca, la cual establece 40 horas semanales para el sector público y 44 para el privado.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de El Salvador reconoció que el año pasado 191 mil 599 menores de edad, de cinco a 17 años, realizaban alguna actividad productiva en detrimento de su desarrollo normal. Esa cantidad representó un incremento de tres mil 256 infantes trabajadores con relación al 2012 y englobó a 28 mil 22 menores con permisos para trabajar y 110 mil 626 en faenas peligrosas.

La Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (2009) establece como mínimo 14 años de edad para ser admitido al trabajo en suelo salvadoreño y condiciona la extensión de los avales para ello a que los empleados continúen estudios y no sean sometidos a jornadas de más de seis horas. Ese cuerpo jurídico suele ser desatendido por los contratistas, que abusan de la situación precaria de los menores y de la condescendencia de los padres, muchas veces obligados por tales circunstancias.

Algo similar ocurre en Honduras, donde más de 412 mil 122 seres de apenas cinco a 17 años de edad están empleados en la agricultura, caza, explotación de minas, construcción, movilización de carga, y otras tareas riesgosas prohibidas por el Reglamento sobre Trabajo Infantil. El Instituto Nacional de Estadísticas de este país, donde más del 75 por ciento de la población vive en la pobreza, reconoce que 72,2 por ciento de las niñas y niños trabajadores son de zonas rurales y 25,8 por ciento en el área urbana.

El Código del Trabajo de Honduras regula las horas laborales para los niños en edad escolar con la intención de que no abandonen sus estudios, más las investigaciones reflejan que los infantes trabajadores casi nunca rebasan la enseñanza básica o primaria.

Costa Rica, pese a promoverse como abanderado en cuanto a la defensa de la niñez y contar con mayor cantidad de entidades y programas dirigidos a ese fin, igual mantiene un promedio de 47 mil 400 niñas, niños y adolescentes sometidos a distintas formas de trabajo infantil. Autoridades del Patronato Nacional de la Infancia asociaron esa situación a que uno de cada tres infantes en ese país viven en hogares impactados por la pobreza, según el Informe del Estado de la Nación.

Panamá, aunque cuenta con leyes que prohíben el trabajo de los menores de 14 años de edad y también ratificó las principales convenciones internacionales en beneficio de ese segmento de la población, registró 50 mil 410 infantes en el mercado laboral en 2013. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General atribuyó esa incidencia a la exclusión y la pobreza, que reina en particular en las comunidades indígenas, cuyos niños son usados a veces por los traficantes de drogas y para la explotación sexual comercial.

La OIT proyecta erradicar el trabajo infantil en todo el mundo para 2020, más el escepticismo ronda a los seguidores de la temática, porque pese a la voluntad de algunos gobiernos queda mucho por hacer para restituir derechos y garantizar la elevación de los indicadores del desarrollo.

Desde el Sistema de la Integración Centroamericana, mecanismo fundamental de cohesión en el área, surgieron en la última década varias iniciativas y llamados a trabajar en función de acabar con ese flagelo. Entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general, deben tomar parte de la solución a un fenómeno, que sigue alejando a los menores de edad de las aulas y por tanto, de mejores perspectivas de desarrollo personal y social, consideran representantes de esa organización.

Directivos de la oficina regional del IPEC también abogan por la importancia de trabajar en conjunto con diferentes instituciones sobre todo en materia de prevención para de esa forma llegar a las metas propuestas. Estimados de esa dependencia dan cuenta de que al menos el 17 por ciento de los niños y niñas entre cinco y 14 años están económicamente activos en diferentes sectores productivos en América Latina y el Caribe.

Maltrato infantil, constante tolerada en Centroamérica

Defensores de los derechos de la niñez y organismos internacionales concuerdan en que el maltrato infantil, en sus distintas manifestaciones, es una constante tolerada por buena parte de la población adulta en Centroamérica. Incluso, la permisividad en ese orden prevalece de manera particular en lo tocante a la explotación sexual comercial, a pesar de que casi la totalidad de la ciudadanía está consciente de que se trata de un delito penado por la ley.

Investigaciones científicas refieren que la mayor parte de los adultos en los países de la región culpan de las violaciones sexuales y del abuso con fines comerciales a las víctimas, por lo general adolescentes de familias de escasos recursos. La mirada condenatoria a las supuestas “provocadoras” y a los varones que andan “sueltos por las calles”, prevalece en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y hasta en la cercana República Dominicana, según la OIT.

De acuerdo con una pesquisa auspiciada por ese organismo, el 95 por ciento de ocho mil personas consultadas consideró que la explotación sexual comercial es condenable más uno de cada cuatro admitió que no haría nada por denunciarlo. El panorama resultó más sombrío en El Salvador, donde la mitad de los entrevistados ratificó que callaría frente a tales hechos, destacó el informe, vinculado al proyecto Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Si bien 60 por ciento culpó de estos delitos a las víctimas, 61 por ciento atribuyó a las familias de estas la cuota mayor de responsabilidad en esos casos, añadió. Participantes en la investigación mostraron su alarma por los resultados de la misma, fiel reflejo de que las personas casi nunca asocian al cliente explotador con las causas de la explotación sexual comercial y lo peor, que continúan sin interiorizar que esta situación es intolerable e inadmisible.

Pero paralelo a esa problemática los infantes centroamericanos enfrentan la recurrencia de los mayores a métodos presuntamente educativos signados por la violencia, tanto física como sicológica. Los adultos admiten tales comportamientos como si fuesen lo más normal del mundo, porque consideran que esta es una práctica efectiva si se pretende lograr la mejor educación e inserción social de niñas y niños.

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concuerdan en que esta es una problemática en ascenso. Esos factores, unido a la carencia de una metodología homologada para medir las formas de abuso, impiden determinar con exactitud la incidencia de este mal en las distintas naciones. No obstante, datos recuperados por especialistas de esas dependencias de la ONU y entidades médicas dan cuenta de la incidencia en naciones como Costa Rica, promovido por sus gobernantes como el más pacífico y preocupado por la niñez en el área.

Registros del Hospital Nacional de Niños Doctor Carlos Sáenz Herrera, muestran que sólo en 2013 casi mil 500 infantes fueron agredidos en ese país, donde cada día acuden a consulta al menos siete menores de edad con señales de haber sido maltratados. Los abusos contra al menos mil 468 niñas y niños fueron comprobados por especialistas del departamento de Trabajo Social y aunque esa cifra indica una disminución en 76 casos con respecto a 2012, la cuestión sigue alarmando a los galenos encargados de atender a las víctimas.

A juicio de los especialistas esas estadísticas develan las fallas en el sistema de protección a la infancia en Costa Rica, en particular a los menores de un año, por lo general afectados por el llamado síndrome de sacudida o batuqueo del menor en alto por los mayores de edad. También en 2013 el Patronato Nacional de la Infancia acumuló 12 mil denuncias por agresiones, cifra que evidencia la lamentable situación que se está viviendo en nuestro país, señaló el sitio web www.crhoy.com

Más, Cepal-Unicef aseguran que tal situación no es privativa de Costa Rica: en América Latina nacen cada año más de 11,4 millones de bebés, muchos de ellos condenados a sobrevivir en medio del hambre y sujetos a patrones de conductas agresivos. La violencia contra niñas, niños y adolescentes se registra casi siempre en las casas, a manos de sus padres, cuidadores y familiares, y es uno de los factores que más incide en el incremento del suicidio infantil o del abandono del hogar, agrega la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ABUSO Y TOLERANCIA, LEGADO OCCIDENTAL

La historia de la humanidad acumula pruebas múltiples de abusos y malos tratos desde los que detentan el poder hacia quienes lo soportan, y en el último escalón de sometimiento, a merced de leyes y códigos, costumbres y conductas, siempre estuvieron las niñas y niños. Como parte de muchos ritos antiguos, los niños fueron llevados al holocausto a la par de vírgenes y animales, para contentar a las divinidades.

El Génesis del Antiguo Testamento cuenta que Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo único Isaac para tener una prueba del temor que inspiraba y este hubiera degollado al niño si no hubiera escuchado al ángel enviado para impedirlo tras comprobar tal respeto.

Mateo, en el Nuevo Testamento, relata que el niño Jesús debía ser llevado a Egipto para evitar la masacre ordenada por Herodes, quien burlado por los magos “mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores”.

En este siglo persiste la venganza a costa de los infantes y así lo reflejan informes relacionados con el accionar de grupos criminales, que al estilo de la mafia siciliana procuran eliminar cualquier descendencia de sus enemigos o amedrentar a estos ensañándose contra sus retoños.

En situaciones de conflicto armado y en zonas asediadas por bandas delincuenciales, las niñas son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de pandilleros, militares, fuerzas de seguridad, pobladores, trabajadores de asistencia humanitaria y otros.

El sistema jurídico de protección a la niñez, con raíces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), estipula la obligación de los adultos de proteger a la infancia por oposición al abuso físico y mental, al trato negligente, malos tratos y explotación, incluido el abuso sexual.

Sin embargo, pese al progreso investigativo, las metodologías, legislaciones y normativas internacionales, Estados y naciones acogen con mayor o menor voluntad los resultados de esos procesos y el maltrato infantil sigue siendo un problema de graves consecuencias en el mundo.

Estimados de la OMS sugieren que casi 20 por ciento de las mujeres y de cinco a 10 por ciento de los hombres sufrieron abusos sexuales en la infancia, mientras que de 25 a 50 por ciento de niños padecieron maltratos físicos, psicológicos y desatención. Esas fuentes reflejan que cada año mueren por homicidio 31 mil menores de 15 años de edad, aunque esa cifra esconde la verdadera magnitud del asunto, por cuanto una proporción importante de las muertes por maltratos son atribuidas a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.

En América Latina y el Caribe, rebasan los 185 millones los situados por debajo de los 18 años de edad y de ellos la mitad son niñas y niños, de los cuales cerca de seis millones sufren agresiones físicas severas y 80 mil mueren cada año debido a estas, según organizaciones humanitarias.

* Periodista de la redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.