La Habana, Washington y Bucarest (PL).- Los reveses en costosos programas de armamentos con el consiguiente derroche del dinero de los contribuyentes, marcan un mal comienzo para el Pentágono en 2014, cuyo presupuesto para el año supera los 570 mil millones de dólares, mayor que el monto combinado de las otras 10 naciones con más gastos en esa esfera.

Son varios los modernos sistemas de armas actualmente en diferentes fases de desarrollo que muestran la reiterada ineficiencia de los militares en esta gestión. En ese contexto existe un factor negativo adicional que afecta sus prioridades en materia de disponibilidad de fondos y es que el Pentágono posee un ineficiente sistema de adquisiciones de técnica y armamento.

Un ejemplo es el caza F-22 Raptor, que el mando castrense estadounidense pensaba suministrar a varios países asiáticos este año, pero en las últimas semanas solo fue capaz de enviar dos de ellos a Corea del Sur en medio de la crisis más reciente con la República Popular Democrática de Corea. Esto fue un recordatorio de que el Departamento de Defensa cuenta con muy pocos aviones de ese tipo, porque ordenó el cese de su construcción después de gastar 67 mil 300 millones de dólares en solo 188 aparatos; ello provocó que la Fuerza Aérea tuviera que mantener en activo aeronaves con más de 30 años de servicio.

El F-22, producido por la compañía Lockheed Martin Corp, se convirtió en un símbolo de un proceso de adquisición fracturado e ineficiente, que nunca logra la entrega de sistemas avanzados a tiempo, dentro de los costos previstos y las cantidades planificadas, señaló un artículo reciente del diario Los Angeles Times. Esta aeronave estaba destinada a reemplazar todos los F-15 de la Fuerza Aérea que datan de la década de los años 70, los cuales aún continúan en servicio con algunas modificaciones tecnológicas.

Los militares conciben programas ambiciosos basados en estimados superficiales de los contratistas, y a la vez los congresistas, ávidos por estimular los centros industriales en sus respectivos territorios, aprueban fondos dedicados a la defensa incluso antes de que los proyectos pasen las pruebas correspondientes, señala el Times. Cuando los problemas técnicos predecibles salen a la luz pública, por lo general el Congreso reacciona y trata de bloquear el dinero, la producción de los equipos se detiene y el Pentágono entonces busca nuevas propuestas de armamentos de más bajo costo, lo que se convierte en un círculo vicioso.

El Raptor experimentó casi todas esas dificultades, pues la Fuerza Aérea elaboró los planes a principios de los años 80, una década después se percató de que el proyecto tomaría nueve años y 12 mil 600 millones de dólares, pero en realidad demoró otros cuatro lustros, además de que el precio superó los 26 mil 300 millones. Al final del proceso, cada F-22 alcanzó un costo de 412 millones de dólares, mucho más que el proyecto original de 149 millones por unidad.

Otra aeronave de combate en una situación similar es el caza de ataque conjunto F-35, producido por la misma compañía, cuyo costo está por encima de los 400 mil millones de dólares, por lo que se convirtió en el programa más caro de la historia del Pentágono con un sobregiro de 150 mil millones de dólares por encima de los estimados iniciales. A esto se añade el robo reciente de información digital sobre el F-35 de las computadoras de un contratista, lo que pudiera ayudar a países adversarios de Estados Unidos a acelerar la construcción de su propia versión de este aparato, según un informe de finales de junio de la cadena televisiva ABC News.

El Departamento de Defensa planifica comprar unos dos mil 450 F-35 en diferentes versiones para la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de Marina, a un costo de casi 137 millones cada uno. Cuando la compañía Lockheed Martin obtuvo el contrato en 2001 para producirlos, prometió que estarían listos entre 2010 y 2012, pero problemas adicionales en el diseño y fallas en las pruebas de vuelo los demoraron aún más, y al parecer entrarán en servicio entre 2015 y 2019, según datos recientes del Departamento de Defensa.

En la Marina de Guerra estadounidense existe otro ejemplo evidente de la ineficiencia del sistema de adquisiciones del Pentágono: se trata del buque de combate LCS-1 Freedom, uno de los más nuevos en el inventario naval pero que tiene graves desperfectos en sus principales sistemas de comunicaciones y combate. Además, la Armada reconoció a finales de abril pasado que la embarcación enfrenta serias vulnerabilidades en cuanto a ciberseguridad, según el diario The Wall Street Journal.

El buque costó más de 440 millones de dólares y es el primero de una serie que se prevé adquirir en los próximos años a un costo total de 37 mil millones de dólares, con el fin de combatir en áreas cercanas al litoral. El mando militar norteamericano informó que las computadoras a bordo de la unidad naval no resistieron pruebas realizadas por equipos que simularon un ataque cibernético, lo cual se une a problemas anteriores enfrentadas por el Freedom.

Un informe confidencial revelado por la cadena noticiosa Bloomberg News el 7 de mayo pasado confirmó que la Marina de Guerra estadounidense hizo caso omiso a un informe confidencial sobre las deficiencias del programa del LCS. El documento de 36 páginas señala que los principales jefes de la Marina de Guerra norteamericana fueron alertados en 2012 de que dicho proyecto incluye muy pocos tripulantes y sistemas de armamentos.

Según la investigación, el fracaso en el cumplimiento de los requerimientos y capacidades del LCS resultará en la construcción de un número mayor de buques que no podrán satisfacer las necesidades de los jefes en los teatros de operaciones militares a nivel global. El informe contradice declaraciones de líderes de la Armada, quienes señalan que el proyecto del LCS sigue en curso para desarrollar una embarcación de guerra rápida, pequeña y adaptable, destinada para el patrullaje efectivo de aguas cercanas al litoral. Aunque el reporte no aconseja cancelar el programa, señala que la Marina debe resolver los problemas descritos tan pronto como sea posible.

Un informe similar de mayo de 2012 señaló que el buque falló en 14 de las 28 pruebas que se le realizaron hasta esa fecha, incluidas evaluaciones de sus sistemas de comunicaciones, eléctricos, de propulsión y contra incendios, y 12 meses después la nave continúa con dificultades similares. El Director de Pruebas y Evaluaciones Operacionales del Pentágono, Michael Gilmore, considera que la embarcación no puede salir ilesa de un combate naval, entre otras cosas porque sus cañones de calibre 30 y 57 milímetros presentan problemas de fiabilidad y son imprecisos cuando el buque avanza a alta velocidad.

A mediados de enero el Departamento de Defensa reconoció que los nuevos buques de combate en el litoral (LCS) enfrentaron fallas significativas en las pruebas operacionales y un alza en sus costos de producción, dificultades que datan de muchos meses atrás. Los ensayos realizados confirmaron las deficiencias de esas embarcaciones, en particular sus capacidades de lucha antiminas, señaló el director de pruebas del Departamento de Defensa, Michael Gilmore, en un informe confidencial obtenido a mediados de enero por la agencia noticiosa Bloomberg News.

El reporte documenta los desafíos que enfrenta la Marina de Guerra estadounidense en la producción de esos buques, diseñados para operar en aguas cercanas a las costas, pero que tuvieron un desempeño por debajo de lo previsto. Los planes iniciales contemplaban construir 52 LCS para el año 2026 a un precio total de 35 mil millones de dólares, pero ahora se adquirirán solo 32 de estos medios, a la compañía Lockheed Martin debido a las crecientes dificultades en los sistemas de fuego y navegación.

Gilmore refiere en el texto las fallas de uno de estos buques, el USS Freedom -construido a un costo de 440 millones de dólares- durante un viaje experimental de nueve meses a Singapur en 2013. Esa nave fracasó en 14 de las 28 pruebas que se le realizaron, incluidas evaluaciones de sus sistemas de comunicaciones, eléctricos, de propulsión y contra incendios. De forma similar se comportó recientemente otro LCS, el USS Independence, con aprietos en sus consolas de operación, el equipo de generación de energía, los componentes de sus sistemas automatizados, comunicaciones e infraestructura de apoyo, agrega el documento.

Otro equipo que sigue dando dolores de cabeza al mando militar estadounidense es el polémico Caza de Ataque Conjunto (JSF) F-35, el más caro en la historia del Pentágono, que ya tiene un sobregiro de 150 mil millones de dólares, por encima de los cálculos iniciales para su producción. El Departamento de Defensa tuvo que hacerle modificaciones en 2003, 2007, 2010 y 2012 debido a serios inconvenientes tecnológicos, demoras y costos excesivos, a pesar de que es un equipo de tecnología de última generación.

Según un estudio oficial reciente, el Pentágono tendrá que pagar por la adquisición de estas aeronaves unos 12 mil 600 millones de dólares anualmente hasta 2037. El gasto por avión ascendió, de un estimado de 81 millones de dólares en 2001 a 161 millones actualmente.

Un reporte publicado el 23 de enero por el Centro para la Política Internacional (CPI), uno de los “tanques pensantes” estadounidenses, asegura que la compañía Lockheed Martin mintió al afirmar que la construcción del F-35 crearía más de 125 mil empleos en 46 estados de la Unión.

La realidad es que el polémico JSF apenas promoverá el surgimiento de la mitad de los trabajos que promete dicha empresa, principal contratista del Pentágono, de acuerdo con William D. Hartung, autor principal del estudio del CPI y un frecuente crítico de los gastos superfluos de Washington.

Hasta la fecha, Lochheed construyó unos 100 aparatos de ese tipo, una parte de cuyos componentes y piezas son importadas, y el objetivo final del Pentágono es adquirir alrededor de dos mil 457. A pesar de todas estas dificultades, el presupuesto de defensa para 2014 aprobado a mediados de enero por el Congreso, asigna fondos para la compra de 29 F-35 hasta el 30 de septiembre.

En ese sentido, un artículo del número más reciente de la revista estadounidense U.S. News and World Report (USN&WR), señala que si existiera un salón de la fama de las cosas mal hechas por el Congreso, el F-35 debiera ser uno de los primeros en entrar. La publicación pide que este programa sea desestimado en su totalidad por los altos costos y las limitaciones de sus capacidades combativas.

Sin embargo, USN&WR reconoce que el Capitolio es reacio a reducir planes de adquisición de armas que generen empleos, en especial en los respectivos estados y distritos de los legisladores. Por eso existe todo un caucus o grupo de interés en el Congreso dedicado a mantener este proyecto de costo excesivo y capacidades bélicas mínimas, para complacer intereses locales en este año en el que se celebrarán las elecciones legislativas en noviembre, acota el artículo.

Otro polémico programa que también sigue adelante a pesar de sus problemas es el del avión V-22 Osprey, aparato de transporte de rotor inclinable, que tiene posibilidades de aterrizar y despegar como un helicóptero, cada uno con un costo aproximado de 70 millones de dólares. Hasta la fecha están en operación más de 200 Ospreys, que tienen un nefasto récord de accidentes fatales: desde 1991 han caído a tierra siete de ellos, con un saldo total de más de 40 muertos.

Uno de esos desastres ocurrió en el estado de Arizona, donde 19 infantes de marina murieron al estrellarse uno de estas aeronaves durante un entrenamiento en 2000, y una tragedia similar ocurrió en Carolina del Norte en diciembre del mismo año con el deceso de cuatro infantes de marina.

Hay muchos más ejemplos, pero uno de los más recientes es la instalación de aerostatos en la costa oriental estadounidense, denunciados por grupos de derechos civiles como parte del creciente espionaje masivo del gobierno contra sus ciudadanos. Las fuerzas armadas norteamericanas prevén ubicarlos a partir de octubre próximo en el polígono de pruebas del Ejército en Aberdeen, estado de Maryland, a unos 80 kilómetros al noreste de Washington, señaló el 24 de enero un artículo del diario The Washington Post.

El Pentágono gastó cerca de siete mil millones de dólares en varios de estos medios entre 2007 y 2012, aunque la mayoría de ellos sufren serios problemas técnicos, demoras en la entrega y costos excesivamente altos, reconoció un informe reciente de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO). Estos aerostatos también han sufrido otros reveses, como un accidente en 2010 por fallas estructurales en su edificación, que dañó uno de los aparatos en el estado de Carolina del Norte.

El desarrollo de este programa, que preveía la adquisición de 16 plataformas similares, alcanzó un costo total de dos mil 700 millones de dólares, pero la industria solo ha sido capaz de entregar dos de ellos, el que se instalará en las proximidades de la capital norteamericana y un segundo en el estado de Utah. Los aparatos, atados a tierra, rastrearán la aproximación de cohetes crucero o aviones enemigos como parte de la defensa antiaérea capitalina, pero también a vehículos e individuos en la superficie del terreno o embarcaciones en el mar a 270 kilómetros aproximadamente.

Estos son solo algunos ejemplos de sistemas de armamentos de última generación, pero de altos costos y entregas tardías por parte de grandes compañías del complejo militar industrial, que consumen los fondos extraídos de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses.

A este derroche se suman los altos montos de recursos financieros que dedican las instituciones castrenses de Estados Unidos a los conflictos armados pendientes, en particular en Afganistán. Desde que Estados Unidos inició la guerra contra ese país asiático en octubre de 2001, unos dos mil 170 militares norteamericanos murieron y otros 19 mil 573 resultaron heridos en la contienda, mientras el costo total de las operaciones rebasa el billón de dólares, según datos oficiales.

Millones de dólares para escudos antimisiles

El Pentágono avanza en el establecimiento de escudos antimisiles en territorio de Estados Unidos y Europa, a un costo de miles de millones de dólares, a pesar del debate en torno a la necesidad de recortes presupuestarios. Los militares norteamericanos pedirán al Congreso para el año fiscal 2015 más de cuatro mil 500 millones de dólares adicionales, con el propósito de financiar el programa de defensa anticoheteril en zonas costeras estadounidenses en el lustro próximo.

El Departamento de Defensa usará este dinero adicional, ante la preocupación creciente de Washington por las supuestas amenazas de algunos de sus adversarios que poseen cohetes de gran alcance, señala un artículo reciente del diario The Wall Street Journal.

La administración del presidente Barack Obama prevé instalar 14 plataformas de interceptores en varios estados de la Unión para incrementar esas capacidades, planes que al parecer tendrán un apoyo bipartidista en el Capitolio. Pero una veintena de las casi 30 plataformas de cohetes antibalísticos que ahora existen tienen como elemento básico el recién creado CE-2, llamado “vehículo asesino”, diseñado para destruir cohetes adversarios que se acercan al territorio estadounidense.

Cerca de mil millones de dólares financiarán un radar de vigilancia que será ubicado en el estado de Alaska, y otros 560 millones para los trabajos del interceptor CE-2, a pesar de que este medio ha fracasado en varias pruebas, la última de las cuales fue en julio pasado. Otras piezas de este sistema integrado son los aeróstatos que instalará a manera de prueba el Pentágono en los próximos meses para la defensa contra cohetes crucero en el polígono del Ejército en Aberdeen, estado de Maryland, a unos 80 kilómetros al noreste de la ciudad capital, como parte de la defensa antiaérea de esa urbe.

Estos artefactos podrán detectar la aproximación de cohetes crucero o aviones enemigos, desde más de 600 kilómetros, señala un artículo del diario The Washington Post. El Pentágono gastó cerca de siete mil millones de dólares en varios de estos equipos denominados como “menos pesados que el aire” entre 2007 y 2012, aunque la mayoría de ellos sufren serios problemas técnicos, demoras en la entrega y costos excesivamente altos, reconoció la Oficina de Supervisión del Gobierno.

Estos artefactos se añaden a otros que ya existen en localidades de los estados de Nueva York y Virginia, a lo largo de la costa y zonas adyacentes, que actúan como escudos antimisiles para proteger en particular los principales objetivos gubernamentales en Washington y sus alrededores.

Desde 2005 funciona el llamado Sistema Nacional Avanzado de Cohetes Superficie Aire (NASAMS), que protege a la capital norteamericana y también integra toda una estructura mayor bajo la dirección del Comando de Defensa Aerospacial de América del Norte (NORAD), que incluye a Canadá.

El jefe del Comando Espacial de la Fuerza Aérea, general William Shelton, dijo en enero pasado que es necesario desarrollar modernos sistemas para la defensa estratégica de Estados Unidos, ante las nuevas capacidades que adquieren los países adversarios de Washington en cuanto a misiles balísticos.

Detrás de estos planes se mueven los intereses de los congresistas de la nación norteña, que pretenden que alguna de esas plataformas se instale en los territorios representados por ellos. En ese sentido, legisladores republicanos han presionado a la administración del presidente Obama para que construya una plataforma de defensa antimisil en la Costa Este, similar a la que ahora existe en Fort Greely, estado de Alaska, y en la base aérea de Vandenberg, en California.

Quienes proponen la medida argumentan que Estados Unidos necesita mejorar sus defensas antibalísticas para contrarrestar un supuesto ataque por parte de Irán, pero quienes se oponen al proyecto señalan que las autoridades de Teherán no pretenden hacerlo ni cuentan con cohetes capaces de llegar a territorio continental norteamericano. Otros afirman que en caso de que el supuesto ataque tuviera lugar, las instalaciones que ahora existen en la Costa Occidental estadounidense serían capaces de interceptarlos y destruirlos.

En cuanto a los planes para el escudo antimisil en Europa, el 10 de febrero pasado arribó a la base de Rota, España, procedente de Norfolk, estado de Virginia, el destructor coheteril USS Donald Cook, equipado con los sistemas de radares antiaéreos Aegis.

Este es el primero de cuatro buques similares de la Marina de Guerra de Estados Unidos que estarán involucrados en ese plan, pues al Donald Cook se le unirán en los próximos dos años otros tres buques similares: el USS Ross, el USS Porter y el USS Carney, todos de la clase Arleigh-Burke.

Estas y otras unidades navales realizarán despliegues por toda la cuenca del Mediterráneo durante períodos alternos de cuatro meses y además de sus misiones como barreras antimisiles, estarán disponibles para realizar maniobras y cumplir disímiles tareas en la zona, de acuerdo con el anuncio oficial del Pentágono. Otras piezas que también integran este escudo contra cohetes balísticos incluyen baterías interceptoras en Rumania y Polonia, sistemas de radares en Turquía y un centro de mando en la base norteamericana en Ramstein, Alemania.

El plan provocó fricciones con el gobierno de Rusia, que lo percibe como una amenaza contra su arsenal nuclear, y rechaza los argumentos de Washington y sus aliados, de que el sistema es netamente defensivo. Al respecto, un artículo reciente publicado en el sitio digital de la entidad académica canadiense Global Research señala que el llamado escudo antimisil que Estados Unidos desplegará en Rumania y Polonia, en 2015 y 2018, tiene como único propósito destruir los cohetes intercontinentales de Rusia.

La supuesta defensa contra la amenaza de los cohetes balísticos de Irán fue el pretexto de Washington para su instalación, pero esa es una misión ya asignada a los sistemas que mantiene Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio, señala el texto.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, calificó este escudo antimisil de Washington y la OTAN como “un acto de hostilidad en momentos en que es impensable una confrontación militar en Europa”. Pero con la colocación de estos y otros escudos antimisiles, Washington no parece resolver los problemas de seguridad que enfrenta en varias regiones del mundo, de lo cual dan cuenta algunas de las principales figuras del Congreso estadounidense.

Un ejemplo de esto son las declaraciones del senador republicano Rob Portman, quien dijo a la cadena televisiva MSNBC que Estados Unidos tiene actualmente una posición más débil ante el mundo que hace cuatro años y llamó al presidente Obama a ser consistente en su política exterior. “No puedo pensar en un solo lugar en el planeta donde estemos en una situación más ventajosa ahora, y no se trata de tener mayor o menor poderío militar, sino de acatar los principios de nuestro rol como potencia”, agregó el legislador.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.