A horas 5:15 de la madrugada del 25-febrero-2012, Verónica Peñasco Layme, Jefa de Prensa de Radio San Gabriel, emisora del pueblo aymara, salió de su casa de la zona Franz Tamayo de El Alto, para ir a trabajar. Debía conducir el programa “A todo color” con Edgar Antonio Aruquipa. Salió de casa junto con su hermano, Víctor Hugo, quien a su vez debía leer el Informativo Aymara de Radio Pachaqamsa. No pudieron llegar a su fuente de trabajo.

Los hermanos Peñasco abordaron un “minibús de servicio público” que resultó ser “minibús de cogoteros” color verde plateado placa 1859-EDR. Al subir al auto, fueron inducidos, casi forzados, a sentarse en los primeros asientos; Verónica en el asiento detrás del chofer; detrás estaba Napoleón Vargas Pillco quien, según la Policía, la asfixió hasta matarla. Víctor Hugo se sentó al lado de su hermana, detrás suyo estaba Centurión Claudio Merma Condori quien lo asfixió hasta matarlo. Los cadáveres fueron reconocidos recién el lunes 27-febrero-2012, por la mañana cuando denunciamos por Red Erbol para que la sociedad y la prensa nos movilicemos.

Tras el impacto de la mala noticia, la sociedad aymara se movilizó, por multitudes, especialmente en la zona norte de El Alto, exigiendo justicia y castigo para los culpables: Marchas con carteles, gritos en aymara y otras exigencias casi incomprendidas por el Estado y la sociedad. El Ministerio de Gobierno llevó adelante espectaculares operativos de captura de los presuntos delincuentes: Félix Fernando Yupanqui Condori, Adalid Mamani Paz, Juan Monroy Dueñas y Samuel Callizaya Mamani. A su vez, los vecinos quemaron una vivienda y un vehículo de esas personas. Es el primer grupo de detenidos.

La investigación policial (FELC-C) detectó a otro grupo de presuntos “cogoteros de minibús”: Napoleón Vargas Pillco y Centurión Claudio Merma Condori como actores materiales de la asfixia y asesinato de los periodistas aymaras, y la familia Nina Paty: Josué, Teófilo, Noemí, Esteban y Amalia como cómplices. Todos fueron detenidos, excepto Josué Nina Paty, chofer de una ambulancia del Gobierno Municipal de El Alto, liberado sin mayor explicación, y el aún prófugo Vargas Pillco. Es el segundo grupo de detenidos.

Leído (hasta donde se pudo) el Cuaderno de Investigaciones, este proceso de Ministerio Público y policial, tiene varias debilidades. Deficiencia Uno: Cambio de fiscales. El fiscal Santos Valencia López fue acusado, en septiembre de 2012, de parcializarse con el detenido Juan Monroy (quien había pedido libertad); su teléfono recibió una llamada de los “cogoteros” después del asesinato de los periodistas Peñasco. Fue sustituido por orden de la Fiscal de Distrito. En enero 2013 el caso a manos de Edgar Alarcón Laura y, en julio-2013 Alarcón fue transferido, por rotación a la Unidad de Tránsito. Asumió la reticente fiscal Eva María Mujica Zubieta. Deficiencia Dos: Plazos vencidos. El Código de Procedimiento Penal, establece que en casos de investigación fiscal calificados como “complejos” como el presente, el plazo máximo es de 18 meses (un año y medio). Hemos superado los dos años y la investigación está inconclusa.

Deficiencia Tres: No hubo reconstrucción. El fiscal Alarcón convocó, para fecha 15-marzo-2013 a una Audiencia de Reconstrucción que nunca se hizo; los 11 detenidos llegaron a la Fiscalía a cuenta gotas, por falta de custodios policiales, congestionamiento vehicular, falta de vehículo policial y otros pretextos. En agosto de 2013 la fiscal Mujica intentó y tampoco pudo (o no quiso) hacer la reconstrucción. Deficiencia Cuatro: Incidentes, sobredimensionados y omitidos. Los detenidos-investigados insisten en pedir su libertad, eso parece normal. Pero en fecha 30-enero-2014 la fiscal Mujica decretó el sobreseimiento (liberación de responsabilidad) para cuatro detenidos: Yupanqui Condori, Mamani Paz, Monroy Dueñas y Callizaya Mamani. Contrariamente, no decretó la rebeldía del prófugo Vargas Pillco, lo que aceleraría la investigación.

Deficiencia Cinco: Ausencia de información y de transparencia. La fiscal Mujica se molesta cuando la prensa le consulta sobre este caso, su respuesta es: “Estamos cumpliendo con los procedimientos”. La duda que genera esta actitud (personal) se convierte en sospecha y especulación. Deficiencia Seis: Sin explicaciones de fondo. Dos posibles motivaciones del doble crimen de periodistas: a) Los hermanos Peñasco fueron asesinados por delincuentes comunes en medio de la ola de violencia e inseguridad ante la cual, como Estado estamos inertes. b) Este asesinato fue “doble muerte por encargo” por “información clasificada” que manejaba Verónica Peñasco y que afectaba intereses políticos.

Preguntas y respuestas. ¿Cómo es que dejamos pasar dos años para que no haya un informe fiscal en conclusiones y la respectiva Imputación?: Indiferencia generalizada. ¿Por qué se suspendió dos veces la reconstrucción?: Falta de autoridad en los Fiscales. ¿Por qué la fiscal Mujica se resiste a informar del caso?: Posible favorecimiento a algunos detenidos involucrados y dispersar los datos para conocer la verdad. ¿Quiénes mandaron a matar a los periodistas Peñasco?: Los que tienen mucho que ocultar.

El deprimente sistema judicial boliviano -y dentro de ello las fiscalías- avanza al precipicio. El caso Peñasco lo prueba. Además, solo en 2014 en El Alto, un fiscal (Peñaloza) fue detenido “con las manos en la masa” (soborno) y otra fiscal (Rodríguez) fue destituida por liberar a “cogoteros”. Es pertinente la (urgente) intervención del Fiscal Departamental José Alberto Ponce y, de ser necesario, del Fiscal General, Ramiro Guerrero.

Probado está. En Bolivia es fácil matar periodistas y quedar impune.