(ABI).- El Presidente Evo Morales firmó el decreto de modificación del Decreto Supremo 822 de la nueva Ley de Pensiones, el cual establece una renta de hasta el 30% en promedio del total ganado en los últimos dos años.

“Convocamos a la COB (Central Obrera Boliviana) para que de manera conjunta trabajemos la nueva Ley de Pensiones, quiero que sepan que nunca el Gobierno ha impuesto la Ley, después hemos revisado la Ley y había planteamientos de algunos sectores sociales para mejorar la Ley y en una reunión el compañero Carlos (Trujillo, dirigente de la COB) decía que nos hemos equivocado y hay que corregir y por eso hemos decido modificar la Ley de Pensiones”, señaló en un acto en Palacio de Gobierno.

A su juicio, es “mejor reconocer los errores” y por tanto dijo que se modificó el promedio del total ganado en los últimos dos años hasta el 30% y anunció que se aplicarán las 24 últimas papeletas de pago para calificar la renta.

La norma determina también que en el momento de la actualización de los totales ganados se indexe al dólar y no a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), por la estabilidad en la política cambiaria. Además establece la prescripción en caso de que no exista reclamo del saldo acumulado del asegurado fallecido en un plazo de 10 años, ese monto se derivará a favor del Fondo Solidario.

El Decreto también agiliza los trámites en el proceso de jubilación y establece que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros regulará los plazos para la revisión de documentación para la jubilación.

En esa dirección, el Primer Mandatario sostuvo que el Gobierno no debe descuidar los beneficios sociales y aseguró que es obligación estatal garantizar la inversión pública y la estabilidad económica. “Esta combinación que garantiza los beneficios sociales, la inversión pública y la estabilidad economía hará sostenible cualquier crecimiento económico”, sustentó.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, saludó la invitación del Presidente para construir la nueva Ley de Pensiones, en consenso con la clase trabajadora. “Es algo histórico lo que vivimos los trabajadores, una lucha que lo hemos logrado concretar”, aseveró en alusión a la participación social en la redacción de nuevas normas.

Asimismo, aseguró que la Ley de Pensiones no solamente beneficia a los trabajadores dependientes sino también a los independientes. “Tenemos que seguir construyendo nuevas leyes sociales que tanto hacen falta para nuestro país y estamos seguros seguir construyendo con la participación de la COB porque existe una voluntad política”, destacó.

De otra parte, después de la promulgación del Decreto Supremo de incremento a los jubilados, el ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce informó que el Estado boliviano eroga mensualmente, en promedio, 2.634 bolivianos para cada rentista, casi el doble de los 1.534 bolivianos que se pagaban en la gestión 2005.

“El promedio, el Estado gastaba por rentista en el pasado, el año 2005, 1.534 bolivianos en la planilla por cada rentista de ese momento, hoy, el Estado boliviano, eroga 2.634 bolivianos, promedio mensual por cada rentista”, subrayó, después que el presidente Evo Morales promulgó el decreto que incrementa hasta 10,82% las rentas de los jubilados.

El Ministro de Economía precisó que en la gestión 2013 se erogaron alrededor de 3.909 millones de bolivianos para pagar las rentas de al menos 114.144 jubilados. Asimismo, explicó que, a pesar de la reducción gradual del universo de jubilados en el país desde 2005, el monto destinado al pago de rentas se incrementó en al menos 1.200 millones de bolivianos “en todo este tiempo”.

Arce explicó que con la aprobación del nuevo decreto supremo, alrededor de 64.240 rentitas se beneficiarán con un incremento del 10,82% en sus pensiones, en el marco de la fórmula inversamente proporcional.

El 2 de diciembre de 2013, el Gobierno y los jubilados acordaron en la localidad de Konani, a 160 kilómetros de La Paz, incrementar a sus pensiones un 3% adicional al índice inflacionario de la UFV, con lo que se desactivó una marcha de los rentistas, en demanda del pago de un segundo aguinaldo en similares condiciones al instruido para el sector de los trabajadores activos.