El gobierno expresa su tendencia totalitaria y vertical también en la administración de la educación, donde aplica la flexibilización laboral más dura, recargando el trabajo al maestro, reduciendo sus miserables sueldos y pretendiendo anular el Escalafón Docente para acabar con sus conquistas profesionales. De manera simultánea, el régimen masista y sus esbirros estalinistas de la Confederación montan procesos sindicales amañados contra los dirigentes revolucionarios, pretendiendo así extirpar al trotskismo del seno de las organizaciones sindicales del magisterio.

Hasta antes de la aplicación de las reformas educativas del Banco Mundial (1565) y de la actual ley masista (070), los consejos de maestros en las unidades educativas tenían cierta autonomía para resolver y tomar decisiones sobre los problemas pedagógicos y administrativos. Los directores cumplían el papel de administradores y conductores pedagógicos en la unidad; los niveles superiores de la administración (supervisores de distrito y directores departamentales) también podían ejercer sus funciones en su jurisdicción con relativa autonomía de gestión.

Ahora todo eso ha cambiado; la incorporación del sistema informático en la administración escolar le permite al gobierno controlar todo el proceso administrativo y el desarrollo curricular desde la ciudad de La Paz. Todos los niveles de la administración en los Departamentos se han convertido en simples ejecutores de órdenes que vienen, de manera despótica y hasta acompañada de sanciones pecuniarias, desde las oficinas centrales del Ministerio de Educación.

Se ha organizado un mecanismo de control informático llamado SISFUNDO que es la radiografía de todas las unidades educativas del país. Allí se encuentran datos de cuántos maestros hay en la unidad, qué calidad profesional tienen, cuántas horas trabajan, cuánto ganan, cuál es el techo presupuestario de cada unidad, qué cantidad de alumnos matriculados tiene, cuántos alumnos se distribuyen por curso, qué nivel de deserción de alumnos se ha producido durante el año, etc.

Con todos los datos arriba señalados, el Ministerio de Educación está ejecutando una política de flexibilización laboral en todo el país. Ordena a los directores departamentales y, a través de estos, a los directores distritales y de unidades educativas qué cursos deben cerrarse o trasladarse a otras unidades, cómo deben fusionar cursos con cuarenta y cincuenta alumnos en aulas con pésimas condiciones físicas (falta de mobiliario, aulas reducidas, pésima ventilación e iluminación).

El objetivo es gastar lo menos posible en educación, manteniendo sueldos de hambre, reduciendo la carga horaria de los maestros, anulando las horas excedentes de trabajo y cargando con mayor trabajo por el elevado número de alumnos por curso. Y algo muy grave, este año lectivo empezarán racionalizando horas y fusionando cursos, usando las estadísticas del año pasado, como si el número de alumnos no fuera susceptible de variar por la permanente movilidad de las familias debido al cierre o apertura de fuentes de trabajo y por las campañas que puedan realizar los maestros para captar nuevos alumnos.

Ningún otro gobierno, ni siquiera los llamados “neoliberales”, ha aplicado con tanta eficacia la flexibilización laboral en el sector de la educación y, demagógicamente, hablan de mejorar la calidad educativa. El gobierno organiza eventos sólo de corifeos oficialistas gastando ingentes cantidades de recursos financieros para especular que la educación está sufriendo una gran revolución con la aplicación de la reforma “Siñani – Pérez”. Todo es una impostura e irresponsable improvisación que está provocando, sobre lo mal que ya estaba la educación, un gran retroceso.

Igual como ocurrió con la reforma educativa del Banco Mundial, con la actual reforma ha aparecido un ejército de negociantes desesperados de lucrar con cursos, seminarios, debates, licenciaturas, doctorados, congresos internacionales, etc. Muchas universidades públicas y privadas del país se han sumado a esta carrera desenfrenada de fácil negocio propiciando estudios de post grado de pobrísimo nivel académico.

Los que fueron promotores de la reforma educativa neoliberal del Banco Mundial, cómodamente se han convertido en fanáticos de la reforma educativa indigenista. Estos negociantes van rondando en torno a las instituciones culturales, educativas, sindicatos de maestros, etc., con la finalidad de lograr coauspicio que pueda legitimar los certificados con valor curricular que expiden. Muchas instituciones que se prestan a este tipo de actividades reciben una parte de las utilidades del negocio, ya sea en forma de becas o reconocimientos pecuniarios directos.

Lo imperdonable es que existen sindicatos de maestros (sobre todo aquellos dirigidos por reformistas y oficialistas) que ceden a las presiones de estos negociantes de la educación y terminan auspiciando la captura de incautos que sueñan con acumular certificados con la finalidad de poder ascender a los niveles de la administración escolar. El gobierno se hace de la vista gorda porque, en cierta forma, las actividades de esta gente inescrupulosa se han convertido en canales para la ejecución de su reforma anticientífica y retrógrada.

Todo esto confirma lo que ya habíamos analizado en su oportunidad: los fundamentos teóricos de las reformas del BM y del MAS tienen las mismas raíces que provienen del posmodernismo reaccionario y subjetivo.

El gobierno utiliza a sus esbirros para eliminar a su oposición política

En el recorrido que vienen haciendo para “socializar” la determinación de la universalización de los aportes a la MUMANAL y su conversión en fondo complementario, los burócratas encuentran una dura resistencia de las bases. En muchos distritos, como Uncía, han sido rechazados de manera enérgica. En la última Conferencia Nacional Ordinaria se limitaron a escuchar en silencio las duras críticas de los delegados de base con relación a la resolución del “acuerdo estratégico electoral” de la COB con el gobierno. Les han dicho que no se puede hablar de pactos con un gobierno que ha reprimido con saña al magisterio y a los trabajadores en general en la última movilización de abril – mayo en torno al problema de las jubilaciones, y sigue castigando duramente a las bases con los descuentos por los días de huelga.

Venciendo muchos obstáculos e intentos del oficialismo por anular a las tendencias independientes y anti oficialistas, se realizaron las elecciones casi al filo de la conclusión del año lectivo. Lo ocurrido en esas elecciones confirma que el magisterio, en sus sectores que participaron activamente en la movilización de abril y mayo de 2013, viene alejándose cada vez más decididamente de la influencia del gobierno masita y chocando frontalmente con la aplicación de la reforma educativa anticientífica y retrógrada.

En Potosí, la tendencia anti oficialista representada con la sigla ARMA se impuso a sus contendientes reformistas y abiertamente identificados con el llamado “proceso de cambio”. Los resultados de la votación son elocuentes: ARMA 817 votos, FUERZA (que representa al oficialismo) 492, PUNCHAY (un frente reformista que estuvo muchos años a la cabeza del magisterio potosino) 271 y, finalmente, SIMU 77 votos.

De este modo se amplía el bloque anti oficialista en el magisterio urbano nacional, lo que explica por qué la burocracia estalinista está acelerando los procesos sindicales contra los dirigentes más notables del trotskismo en el magisterio. La finalidad es marginarlos de la vida sindical, inhabilitándolos en las elecciones para la renovación de los directorios de las federaciones y otras formas de representación de las bases en los eventos nacionales.

El oficialismo pretende extirpar a los revolucionarios del movimiento sindical porque los considera un obstáculo en la ejecución de su política reaccionaria y en la aplicación de su reforma anti educativa y anti docente. Si en la Universidad el gobierno usa el garrote para imponer a sus pupilos como dirigentes de las organizaciones estudiantiles, como ha ocurrido en la UMSS, en el Magisterio lo hace a través de procesos sindicales montados de manera por demás grotesca.

En Oruro se castigó a dos reconocidos dirigentes (María Elena Soria Galvarro y Daniel Ordoñez); en Cochabamba a dos nuevos cuadros sindicales (Vladimir Mendoza y José Mendoza); en La Paz están siendo procesados José Luis Álvarez, René Pardo, Luis Copeticona y Samuel Amoragas; y en Cochabamba, por segunda vez y violentando el Reglamento del Consejo Nacional de Disciplina Sindical, se vuelve a procesar a Miguel Lora, actual ejecutivo de la Federación cochabambina. Todos estos maestros pertenecen a la corriente sindical trotskista identificados en la sigla URMA.

Quienes cumplen el sucio papel de verdugos son los dirigentes nacionales estalinistas, que prestan sus servicios al gobierno a cambio de cargos en la estructura del Estado, en la administración escolar y copan de la manera más descarada los cargos más apetecibles en las escuelas normales del país. Los agentes del gobierno encaramados en el Consejo cumplen las órdenes que reciben desde arriba, aun pisoteando los estatutos de la organización. Por ejemplo, el estalinista Jorge Valdivieso sigue fungiendo como dirigente de la COB en representación del magisterio urbano de Bolivia, pese a que ha sido sancionado por el Consejo Nacional de Disciplina Sindical con la privación de diez años en sus derechos sindicales, sentencia ejecutoriada por el Congreso Ordinario de San Ignacio de Velasco en calidad de apelación.

Las contravenciones por las que fue sancionado este personaje son graves porque han provocado cuantiosas pérdidas económicas a la Mutualidad del Magisterio. Pero Valdivieso sigue fungiendo como dirigente de la COB y desde ese sitial desarrolla el papel de agente del gobierno. En el último conflicto sobre la Ley de Pensiones ha combatido contra sus propias bases y se ha puesto abiertamente al servicio de las autoridades pretendiendo romper la huelga que protagonizaban los trabajadores y el magisterio nacional.

Se ha exigido en reiteradas reuniones nacionales que la Confederación del sector represente este caso ante el Comité Ejecutivo de la COB para que se cumpla la sanción ejecutoriada en la máxima instancia del Congreso Ordinario, cesando en sus funciones inmediatamente a Valdivieso, hecho que nunca se ha dado en abierta protección de sus conmilitones –del mal llamado Partico Comunista– de la Confederación.

Los dirigentes del magisterio paceño han solicitado al Consejo de Disciplina Sindical que les remita una copia legalizada de la sentencia de esa instancia y la resolución del Congreso Ordinario de San Ignacio de Velasco. La respuesta ha sorprendido por el grado de cinismo al que han llegado los miembros del organismo encargado de administrar la justicia en el ámbito sindical. Han “denegado” la solicitud “por voto unánime de sus miembros” con el argumento de que los dirigentes paceños no han sido parte del proceso contra Valdivieso.

Estos individuos pisotean impunemente los estatutos del sector que establecen que las federaciones departamentales y todas las instancias inferiores de la organización sindical de los trabajadores de la Educación urbana de Bolivia son parte de la Confederación y, por otra parte, las resolución de Congresos, de las conferencias nacionales, del Comité Ejecutivo de la Confederación y de las federaciones departamentales y regionales son de carácter público.

Gracias a la acción servil de los dirigentes estalinistas, el sindicalismo docente ha sido convertido en un nido de vividores y burócratas que utilizan todos los medios, aún los más canallescos, para someter al sindicato a los designios totalitarios del gobierno. El régimen, incapaz de derrotar política e ideológicamente en el debate a sus opositores, recurre a las medidas burocráticas y administrativas de los procesos sindicales para extirpar al trotskismo del seno de las organizaciones sindicales del magisterio.

Tenemos información de primera mano que el mal llamado Partido Comunista de Bolivia, sirviente del gobierno del MAS, usando los recursos de la confederación del sector y del mismo Estado, ha trasladado desde los rincones más alejados del país hasta la ciudad de La Paz a sus adherentes y a sus astillas que han sido expulsados de sus filas por muchos motivos. Se dice que se han dado el lujo de pagar pasajes en avión para los esquiroles que viven en los sectores más alejados del país.

El objetivo de esta reunión nacional ha sido preparar una arremetida contra el trotskismo en el magisterio, retomar el control de las federaciones de La Paz, Cochabamba y Oruro que hoy se encuentran en plena resistencia frente el gobierno del MAS. Se ha dicho en la reunión que los trotskistas están a punto de tomar el control de la Confederación, alarmados porque las bases de los magisterios de Sucre, Tarija, Potosí y otros sectores se alinean detrás de la corriente revolucionaria.

* Secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba.