Cuesta entre 55 y 110 millones de dólares, pero excluirá a la mayor parte de los trabajadores. Más de 22 millones de dólares podrían ser “voluntariamente” aportados a la campaña del MAS. Las petroleras se llevarían 1.600 millones este año y 9.500 millones desde 2006. Los bonos sociales suman 367 millones de dólares, apenas un 6% de la renta de los hidrocarburos. ¿Desconfianza en el caudal de votos evista?

El pago adicional con que el gobierno planeaba cerrar 2013 abonando sus perspectivas electorales para reproducir el poder hasta 2020, sustrajo en parte, durante las últimas semanas, la atención sobre las secuelas de producción cocalera destinada al narcotráfico y el próspero tráfico de drogas.

Por el mismo rumbo, otras distracciones propagandísticas, como los preparativos para el lanzamiento del satélite comunicacional Túpac Katari o renovadas acusaciones a Chile por el tráfico paralizado en frontera, trataban de escamotear la mirada crítica a similares o mayores debilidades de gestión, en muchos casos corrupta, que involucra a ex y altas autoridades actualmente investigadas y por declarar.

La virtual prebenda navideña condensó sin embargo, como en un microcosmos, la gama de contradicciones y torpezas a veces no manifiestas del régimen, y dejó entrever una vena de exclusión social –inocultable pese al barniz de redistribución de riqueza– que el caso de doble aguinaldo quiso encandilar a los que están más o menos bien, perjudicando en el fondo a los que están mal o peor.

A horas de decretado el segundo aguinaldo, el pasado 20 de noviembre, el Centro de Estudios Laborales y Agrarios (CEDLA) aseguró que el 82% de la población económicamente activa, cuatro millones de subocupados y trabajadores por cuenta propia, no serán favorecidos por la acción estatal.

Tendrían que procurárselo, entre otras vías, entonces, por el aumento de precios, o compensarlo mediante despidos y la restricción de nuevas fuentes de empleo, coincidieron otros analistas, como Carlos Börth

El consultor Mauricio Medinaceli estimó que el selectivo regalo presidencial alcanzaba sólo a los que más ganan: 1.9 millón de personas, dejando fuera a tres millones de trabajadores.

Irónicamente, con el precedente del “aguinaldo patriótico” que el dictador Hugo Banzer decretara en 1973, el beneficio de Morales podrá convertirse, según pase el tiempo en “aguinaldo carnavalero” si se paga en febrero, según una cuenta de twiter, o en “aguinaldo invernal”, si el pago se prolonga hasta junio, vistas las dificultades de la mediana, pequeña y micro empresa para su desembolso.

Diseccionadas las cifras, el gobierno minimizó el costo para la burocracia estatal, mientras echaba el grito al cielo para no concederlo a unos 120.000 jubilados (que al final trocaron su marcha de protesta un aumento promedio de 4 Bs/día, resultado de un gubernamental de 170 millones de bolivianos).

“No voy a endeudar al país, no me voy a prestar plata, ni voy a robar plata para aguinaldos de un sector”, dijo Morales, no obstante que su gobierno facilitaba el endeudamiento de los empresarios para cubrir consecuencias de la concesión unilateral.

Y mientras crecía la versión de que por la vía de la “contribución voluntaria” de funcionarios y militantes, el pago iba a repartirse 50-50, a mitades, entre la campaña proselitista y los beneficiarios, se estimaba que al menos 22 de los 55 MM$us que costará el pago al gobierno central, llegarían a manos de los administradores masistas.

Sin contar la otra mitad de los casi 110 MM$us presupuestados para el resto del sector público entre gobernaciones, alcaldías, universidades y otras instituciones, la mayoría de ellas en manos oficialistas.

La semana pasada, la responsable del área económica de la Dirección General del MAS, senadora Nelida Sifuentes, dijo que “sugieren” a todos los funcionarios públicos dar un aporte voluntario del 50% de su segundo aguinaldo para la campaña.

La vicepresidenta masista Concepción Ortiz, negó que el gobierno hubiera solicitado esa contribución, pero según denuncias internas de los propios coaccionados a diversos medios, entre ellos Erbol, el “aporte voluntario” era una insinuación, aunque de por medio estaba su estabilidad en el empleo.

Tierra al fuego

Tras la renovada pugna de octubre-noviembre entre cocaleros de los Yungas de La Paz y el Chapare de Cochabamba, por un eventual reparto de entre 14.000 y 20.000 hectáreas cultivadas de coca, la Unión Europea volvió a abordar el problema la semana pasada, y pidió una nueva política pública.

Echando tierra al fuego, la fijación de nuevas cuotas para ambos grupos tiende a ser neutralizada o diluida hasta el 2015, sin que el frondoso aparato mediático estatal aplicado a otras secuelas logre del todo contrarrestarlas.

Sólo disipados los riesgos para la tercera reelección y la reproducción de los dos tercios parlamentarios, se autorizaría 7.000 hectáreas en el Chapare y 13.000 en los Yungas y otras regiones paceñas, pese a que el consumo tradicional requeriría 14.000 (e incluso sólo 6.000)

La producción 2012 establecida por Naciones Unidas en junio pasado suma 25.000 hectáreas: 16.900 en Yungas y norte de La Paz y 8.100 en el Chapare y sus alrededores. De esas 25.000, 10.000 hectáreas son prescindibles por sus vínculos con los narcotraficantes, y erradicables quizá en tres años, sin contar que, sin embargo de eliminar aquellas, se garantice un cupo adicional para la exportación hasta completar unas 20.000, que los cocaleros, consideran ideal.

El viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres logró el último jueves que el tratamiento de la nueva ley 1008 antidrogas y sea diferido hasta después de las elecciones, cuya campaña se intensificó con el doble aguinaldo, poniendo en apuros a pequeños y medianos empresarios, y causando recelos aún en los asalariados temerosos de la erosión de los sobresueldos navideños y el poder adquisitivo de sus salarios futuros.

En paralelo, el decomiso de casi 19 toneladas de cocaína en lo que va del año (32 t. el 2012) sugería la dimensión del negocio ilegal, estimado en 600 millones de dólares anuales (332 MM sólo el valor de la producción de hoja), mientras el ministro de Gobierno, Carlos Romero negaba una presunta filial del cártel de Sinaloa en Bolivia no obstante que el mismo viceministro Cáceres daba cuenta de 70 narco-pistas emplazadas en la frontera perú-boliviana.

Regalos adjuntos

Las diversas reacciones al segundo aguinaldo parecía resumir también como pocas veces las carencias, desvíos, contrasentidos y fallas de horizonte, políticas públicas y finanzas plurinacionales en ocho años de administración del MAS, desde que el presidente Evo Morales asumió el mando en 2006.

Entre ellas, la idea del despilfarro del excedente generado a partir de altos precios de exportación (más que de eficiencia), junto a críticas a la gestión de la estatal YPFB y a los retrocesos en la porción estatal de la renta petrolera reflotando reclamos por la “reconducción” de proceso de cambio, o remozadas acusaciones de que el régimen ha trocado sus principios por el ejercicio de un capitalismo “salvaje” –a cargo de nuevos grupos empoderados para el enriquecimiento–, basado en el extractivismo y otros paradigmas neoliberales que impulsa la cúpula.

Subsisten asimismo críticas por la frustrada siderurgia del Mutún, o la retrasada industrialización del litio de Uyuni con unos 100 millones de dólares malgastados, según el especialista Juan Carlos Zuleta, sin contar el flamante contraste del proyecto hidroeléctrico Misicuni, cuyo costo escaló a 96 millones de dólares.

Como un auto regalo –aparte de los aviones presidenciales, vicepresidenciales y ministeriales por casi 40 millones de dólares– los costos del segundo aguinaldo parecían ayudar, sin embargo, a mejorar la ejecución presupuestaria en el gobierno central y empresas públicas como Yacimientos, una vez que el MAS descartó, no se sabe si de dientes para afuera, el descuento obligatorio de un 50% de ese obsequio en favor de la campaña proselitista.

Interpelado por su presunta eficiencia, en 2012 el Estado no había gastado ni el 80% de los 21.000 MM/$us que se fijó en el Presupuesto General (PGE), pero pidió más de 25.000 MM para este 2013, aumentados a 28.000 MM para el 2014, según cuentas oficiales.

Desde 2006, el régimen de Evo Morales ha administrado unos 150.000 millones de dólares en ocho presupuestos anuales, sin contar el correspondiente al próximo año electoral. Ningún gobierno ha manejado tal monto de dinero en la historia del país, ni ha respondido en detalle por ello.

Más obsequios

Al cerrar agosto pasado, YPFB había ejecutado, por ejemplo únicamente 48% de los 2.243 MM que presupuestó para el 2013. Sobre el government take petrolero, la fundación católica Jubileo estimó que la participación estatal en los ingresos por exploración y explotación de hidrocarburos promedió de 71% en el periodo 2006-2011.

El CEDLA calculó que la renta petrolera boliviana 2012 fue del 65% y el government take 73%. Ninguno llegaba al 82% estatal y 18% transnacional reiteradamente publicitado desde la nacionalización de los hidrocarburos.

Todo un obsequio para las operadoras, consecutivamente beneficiadas por incentivos que dejaron muy atrás el barril de petróleo a 30 dólares, favoreciéndose con precios y concesiones más altas.

El vicepresidente Álvaro García actualizó el jueves en la universidad Gabriel René Moreno el monto de la cuota estatal en el negocio petrolero: “Los ingresos del Estado serían de 1.600 millones de dólares, pero bajo el control estatal esa suma es hoy equivalente a 4.200 millones”, dijo, de lo que se desprende que la tajada para las transnacionales no es el 18%, sino que se elevó a casi el 27%.

En su informe presidencial, Evo Morales festejó que las exportaciones por hidrocarburos el 2012 sumaran 5.742 millones de dólares. De ese total, la renta petrolera era de 4.277 MM, celebró semanas antes el presidente de Yacimientos, Carlos Villegas.

Recuperando costos y ganancias, el conjunto de operadoras petroleras que operan en Bolivia se llevaban aproximadamente 9.500 MM/$us: según el recuento de Jubileo al 2006-2011 (6.621 MM) a los que se sumaban unos 1.500 en 2012 y probablemente 1.600 MM en 2013.

En cambio, según datos del Ministerio de Economía expuestos por el ex presidente del Banco Central, Gabriel Loza, se destinó en 2012 en los tres bonos populistas (escolar, Juana Azurduy y Renta Dignidad), un gasto fiscal de Bs 2.554,7 millones (367 MM$us) equivalentes a un 1,4% del PIB., de manera que las bonificaciones alcanzaban apenas a menos del 9% de la renta petrolera promocionada por el gobierno.

Combinando cifras, el misterio de Comunicación publicitó este fin de semana: El Estado boliviano aporta cada año 1.100 MM$us para pagar las rentas de jubilaciones y renta dignidad).

El que da y quita…

Mientras se calculaba que los cuatro pagos a ingresar a la economía (doble aguinaldo y la planilla de noviembre y diciembre) sumaban 2.500 millones de bolivianos por la parte estatal, y otros 5.000 millones por la privada –en total una inyección de 7.500 MM (1.071 MM/$us)–, el Banco Central anunció que terminaría retirando del mercado dinero por unos 8.200 millones de bolivianos, cercanos a 1.170 MM/$us.

“Sólo en el próximo semestre se verá si la política fiscal pirómana será controlada por los bomberos de manguera corta de la política monetaria”, satirizó el crítico Gonzalo Chávez.

El costo del aguinaldo adicional en el gobierno central fue calculado por las autoridades en 380 millones de bolivianos (55 MM/$us) y en 245 millones para municipios, gobernaciones y universidades, totalizando así, ambos, casi 89 MM/Sus., que sumadas a las planillas del aguinaldo normal y los dos salarios de noviembre y diciembre hacían los 2.500 millones de bolivianos estimados para el sector público. Según otros informes, el costo para el Tesoro asciende a entre 1.000 y 1.200 millones de bolivianos, incluido el gobierno central.

Otros excluidos y perjudicados

La mayor parte de los 4.100 MM/$us atribuidos por el gobierno a utilidades del sector privado se concentraban en las petroleras, la banca y la gran minería, todas intensivas en capital pero no en mano de obra. Estos sectores superaban también ampliamente el requisito del 4.5% de crecimiento del PIB para pagar el aguinaldo adicional, pero muchos otros como el de los textileros había crecido menos del 2%.

Trabajadores independientes de servicios como sastres, albañiles, plomeros o pintores “no tienen una dependencia laboral permanente y lamentablemente no les corresponde ese beneficio”, confirmó al concluir la semana el ministro de Trabajo Daniel Santalla, quien desechó la posibilidad de que éstos puedan elevar el costo de sus servicios.

El obsequio de Morales mostró, asimismo, que la escalada de precios dañará los bolsillos populares antes que favorecerlos, introduciendo en ellos apenas 7.5% de ingresos adicionales (correspondientes a un ahora añadido 14avo salario, aparte de los 12 anuales más el aguinaldo tradicional), pero pudiendo desatar hasta un 20% de inflación.

Al menos en el caso del pan “de batalla” éste subirá, según anuncio de los panificadores antes de empezar diciembre, a 53 centavos; 13 más que los 40 actuales, es decir un alza del 24.5%. La inflación de los alimentos puede cerrar el año en 15%, según datos de la fundación católica Jubileo a noviembre, frente al 8% general, calculado por el gobierno para concluir el año.

Los transportistas urbanos generalizaban también sus demandas de elevar las tarifas, ya elevadas en algún caso, pero contenidas en otros. “Si llueve, debe llover a todos no solamente a unos cuantos, cada boliviano debería recibir algo del gobierno”, dijo este lunes su dirigente nacional Franklin Durán.

Pendientes

La estrategia distraccionista parece haber diferido problemas como la redistribución del gasto público entre el gobierno y las regiones, emergente de los resultados del último censo poblacional, cuestionado en sus cifras oficiales.

Mientras tanto, ante las acusaciones de desvío de 45.000 toneladas de coca incautada y cobros irregulares para licencias, por parte de altas autoridades actualmente presas como el viceministro Dionisio Núñez y el ex director Luis Cutipa, la ministra de Tierras, Nemesia Achacollo, debía responder a un cuestionario de 15 preguntas remitido por la Fiscalía.

“Achacollo conocía de los cobros adicionales y desvío de la hoja incautada”, dijo Núnez. Los desvíos fueron advertidos desde octubre de 2010 por el Presidente. “Compañeros, ustedes saben que una parte de nuestra coca es desviada al problema ilegal…hay personas que dividen sus chacos en complicidad con algunos dirigentes para tener más de un cato de coca que termina desviada al mercado ilegal”, dijo entonces.

Un asesor de la ministra Achacollo era el centro de una organización criminal dedicada, por una parte, a estafar a varios municipios rurales de Santa Cruz, todos administrados por el MAS, con la fallida ejecución de proyectos del programa Evo Cumple; y, por otra, a la extorsión a propietarios agrarios y a la falsificación, a escala industrial, de documentos públicos agrarios, destinada a facilitar la ocupación ilegal y el tráfico de tierras, recordó el ex viceministro Alejandro Almaraz, quien aludió a la permanencia de la ministra pese a muchas denuncias:

“Es evidente que algo, especialmente efectivo e invisible para la opinión pública, interviene en la suprema voluntad de Evo Morales haciendo a Nemesia Achacollo inamovible, insospechable, inimputable e invulnerable”.

* El autor es periodista.