“Le pregunto al señor Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera ¿Por qué me tienen bronca? ¿Cuál es su bronca contra este ex dirigente cívico de Villamontes?”, cuestionó Felipe Moza que este jueves 28 de noviembre cumplió cinco años en calidad de “detenido preventivo” en la cárcel de San Pedro, bajo sospecha de participar en un atentado a la válvula de un gasoducto en 2008.

“Mi detención es un hecho ilegal y violatorio de mis derechos humanos porque en todo este tiempo no me iniciaron juicio por falta de pruebas, evidencias y testimonios, incluso personas que fueron detenidas conmigo ya fueron liberadas, pero además por escrito y verbalmente que soy inocente”, declaró al término de la 80 audiencia suspendida una vez más por el Tribunal de Sentencia Primero de La Paz.

Ese juzgado tomó esa decisión por la ausencia de la juez técnico Elena Gemio y del fiscal Roger Velásquez. Esta nueva postergación es una situación recurrente durante los sesenta meses de la detención del ex cívico. Prácticamente, se suspendieron audiencias cada mes de los 60 que Moza está tras rejas.

Las pausas declaradas por las autoridades judiciales condenaron a Moza a continuar detenido, completando así cinco años en la cárcel paceña, una demostración más de la retardación de justicia. Por esos antecedentes, el ex cívico se declaró “perseguido político” del gobierno del Presidente Morales ya que no se puede entender de otra forma la suspensión de audiencias debida, irónicamente, a permisos y solicitudes de las partes acusadoras, es decir el Ministerio de Gobierno y sobre todo el propio Ministerio Público.

Moza pidió al juez del Tribunal de Sentencia Primero de La Paz Sixto Fernández que para acelerar su caso se programen sus audiencias para los días lunes o martes. “Cada vez las convocan para los días miércoles, lo que significa que son semanas perdidas, mi proceso se obstaculice y en consecuencia yo continúe detenido”, reclamó.

También solicitó pidió que las audiencias sean semanales y no intercaladas debido a que el juez Fernández cada siete días debe viajar a Santa Cruz a atender el Caso terrorismo y luego retorna. “Ese es un tiempo adicional que condena mi libertad”.

Fernández respondió que no podía modificar la agenda de trabajo de su juzgado ratificando que continuará viajando a Santa Cruz semana de por medio y luego retornará a La Paz para las audiencias de Moza. El Tribunal Primero de Sentencia fijó la nueva audiencia para el miércoles 11 de diciembre a las 17.30 horas.

El fiscal Velásquez lleva nueve meses sin asistir a las audiencias

Durante 10 meses el fiscal Roger Velásquez no asistió a audiencias judiciales convocadas para determinar la liberación o no del ex cívico de Villamontes. En su condición de representante del Ministerio Público y parte acusadora contra el ex cívico, presentó una y otra vez diferentes justificativos para no estar presente en dichas audiencias, y por ese incumplimiento de deberes Moza cumple hoy cinco años como “detenido preventivo”, violando sus derechos humanos y normas que establecen plazos concretos de tres y cuatro años para que una persona en esa situación sea liberada.

“Al fiscal Roger Velásquez no lo conozco, no le he visto la cara nunca. En este Tribunal de Sentencia Primero de La Paz se suspendieron más de siete audiencias porque Velásquez no se hizo presente, hasta el 27 de febrero de este año estaba el ex fiscal Marcelo Soza, después no conozco a ningún fiscal más y todas las audiencias fueron suspendidas por este tema por la ausencia del representante del Ministerio Público, además por falta del cuaderno de investigación”, declaró Moza al término de la audiencia 80, suspendida por ausencia del Fiscal Velásquez y de la juez técnico Elena Gemio.

Al igual que en anteriores ocasiones, Velásquez hizo llegar al citado tribunal un nuevo justificativo en sentido que tenía que atender otro caso, mientras que la juez Gemio indicó que estaba pasando un curso en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Para Moza esas actitudes dilatorias exponen y revelan que su detención preventiva obedece a decisiones políticas porque la decisión sobre la libertad para una persona detenida resulta ser secundaria a la asistencia de una jueza a un curso o a que el fiscal Velásquez tiene otras investigaciones que atender.

“¿Quiero preguntarle al fiscal General Ramiro Guerrero ¿es esto justicia?”, cuestionó Moza al recordar que luego de cinco años como “detenido preventivo” y sin juicio resulta grotesco que el Fiscal Guerrero emprenda una enorme campaña mediática de spots y cuñas radiales para decirle a la población que hay equidad, imparcialidad objetividad en todos los juicios. “Es una propaganda mentirosa”, afirmó el ex cívico al precisar que las 80 audiencias suspendidas en su caso muestran el rostro real de la administración de justicia.

“Por esto también le cuestiono a la corte de distrito de La Paz, a la Corte de Justicia de Bolivia, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y a la Asamblea Boliviana de Derechos Humanos ¿es que acaso no ven la destrucción de mi persona, de mi familia y de la justicia boliviana?”, dijo Moza, mientras que su defensa solicitó que se designe a un nuevo fiscal para que no exista más retardación de justicia.