Alrededor de 58 millones de mujeres viven en zonas rurales de América Latina, 17 millones forman parte de la población económicamente activa y cuatro millones y medio son productoras agropecuarias. Representan el 20% de la fuerza laboral agrícola, y son quienes se ocupan del cuidado de los niños, los mayores y los enfermos. Aunque su aporte a la sociedad es fundamental, viven y laboran en peores condiciones que los hombres, en términos de acceso a recursos y remuneraciones, según la FAO.

Mujeres agrícolas, un aporte poco reconocido

Las mujeres tienen un peso sustancial en el desarrollo de las labores agrícolas en el orbe, sin embargo el aporte de ellas no es reconocido en su real dimensión. Las féminas constituyen más del 40% de la mano de obra agrícola de las naciones en desarrollo, e incluso hasta el 70% en algunas, acorde con datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Por tanto, representan una parte significativa de la fuerza laboral rural en muchos países, empero las condiciones de desigualdad en las que trabajan y viven atentan contra su productividad y aporte al logro de la seguridad alimentaria. A ello se une el hecho de que son consideradas fundamentales para el desarrollo de las zonas rurales y de las economías pues a menudo trabajan más horas que los hombres y son quienes se ocupan del cuidado de los niños, los mayores y los enfermos.

Aunque su aporte resulta evidente, la mayoría de ellas sigue laborando en inferioridad de condiciones y afrontan más obstáculos para lograr su acceso a servicios públicos, protección social y oportunidades de empleo dignas. La FAO plantea que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres podrían incrementar los rendimientos agrícolas, ya que cuando son empoderadas económica y socialmente, se convierten en agentes de cambio a favor del crecimiento, el progreso social y el desarrollo sostenible.

Asimismo pueden aumentar su productividad agrícola entre 20 y 30%, elevar la producción y, en última instancia, liberar del hambre a millones de personas. Por tal motivo, los expertos opinan que potenciar la igualdad en el acceso de las mujeres a los insumos (semillas, herramientas, fertilizantes), a la educación y a los servicios públicos contribuiría significativamente a lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición para todos.

La poca atención prestada a la conexión existente entre el género, la violencia y la seguridad alimentaria es centro de atención de algunas investigaciones, sobre todo teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan las féminas en la producción y en el entorno familiar. En tal sentido remarcan que la discriminación por motivos de género fomenta la malnutrición y el desempoderamiento de ese grupo poblacional, pese a diversas experiencias mostrar que en manos de las mujeres, los comestibles tienen más posibilidades de llegar a los niños necesitados.

Algunas de esas investigaciones recogen situaciones que tristemente acontecen en pleno siglo XXI. Por ejemplo, las prácticas discriminatorias aplicadas en las comunidades rurales generan con frecuencia desequilibrios en la distribución de los alimentos dentro del hogar, de forma que, por lo general, las mujeres y las niñas tienen acceso a alimentos menos nutritivos y en menor cantidad que los hombres y los niños.

Durante los períodos de hambruna, se dan casos de familias pobres que casan a sus hijas prematuramente para tener una boca menos que alimentar. Otro caso alarmante es el de las refugiadas, quienes con frecuencia se ven obligadas a prostituirse a cambio de algo que comer. La exposición a violaciones y a otras formas de agresión también tiene entre sus víctimas a las viudas pues sufren persecuciones por motivos relacionados con la propiedad de la tierra.

En dicho entorno, la FAO y otras instituciones reiteran la importancia de impulsar iniciativas orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y nutritiva, incrementar los ingresos, fomentar el liderazgo y la participación en las instituciones rurales, y crear una política medioambiental más responsable a nivel nacional e internacional. Todo ello en aras de avanzar en la igualdad de género.

Las mujeres rurales y pobres siguen en la invisibilidad dentro del mundo moderno, afirmó la experta chilena Claudia Serrano, directora el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), con sede en Santiago de Chile. Expuso que en no pocos casos son las propias mujeres productoras quienes no se asumen como tal, sino como las esposas de los agricultores, lo cual pasa por su falta de autorreconocimiento y de la aceptación como tal por parte de la sociedad.

Por otra parte, Serrano dijo que persisten problemas de regulaciones y normativas, de titularidad de la tierra y de activos que, unidos a un esquema patriarcal, las limitan de superar los obstáculos para salir del atraso. “En materia de ingresos y de resultados sigue habiendo un rezago entre las mujeres y los hombres rurales”. En su criterio, deben existir políticas nacionales sobre esta problemática, ya que son parte de las líneas nacionales, sin embargo, estas se particularizan, por lo cual las administraciones autónomas pueden aportar en hacer más por estos sectores.

Manifestó que existen mujeres que asumen un papel pasivo en la reivindicación de sus derechos, pero otras no, sino que levantan propuestas y se han convertido en actores importantes de sus respectivas sociedades. Ese, dijo, es el caso de grupos de mujeres en Chile que trabajan temporalmente en el sector agroexportador y han integrado un sindicado importante. “Pero me pregunto cuántas mujeres habrán que no se consideran ellas mismas trabajadoras ante los encuestadores, porque opinan que están haciendo las labores del huerto y que no están asumiendo ninguna reivindicación o participando de un colectivo que le haga más llevadera su experiencia como mujer y productora”.

La situación en América Latina

Estadísticas revelan que en América Latina y el Caribe, entre el ocho y el 30% de las explotaciones agrícolas están a cargo de mujeres. Su participación activa, tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo, permite a millones de personas mejorar su calidad de vida en los territorios y en los sitios donde viven. Chile está registrado como el país de la región con más explotaciones agrícolas a cargos de féminas, con 30%, seguido por Panamá, Ecuador y Haití. En el otro extremo, se encuentran Belice, República Dominicana, El Salvador y Argentina, con una tendencia ascendente.

Expertos opinan que los avances evidencian el incremento de la proporción de mujeres productoras en más de cinco puntos durante la última década, lo cual significa que se está frente a un fenómeno de feminización del campo. Empero, sus tierras son siempre las más pequeñas y están ubicadas en lugares de menor calidad, con menos acceso a crédito, a asistencia técnica y a capacitación. Además, muchas veces no son consideradas productoras ni escuchadas en igualdad de condiciones que los productores hombres.

Investigaciones confirman que la brecha de género en la propiedad de la tierra está históricamente relacionada con factores como la preferencia masculina en la herencia, los privilegios de los varones en el matrimonio y la tendencia a favorecerlos en la distribución por parte de las comunidades campesinas e indígenas. También influyen los programas estatales de redistribución y los sesgos de género en el mercado de tierras.

En la segunda década del siglo XXI, 58 millones de mujeres viven en zonas rurales, 17 millones forman parte de la población económicamente activa y cuatro millones y medio son productoras agropecuarias. Según un informe de la FAO, representan el 20% de la fuerza laboral agrícola en la zona. Sin embargo, viven y laboran en peores condiciones que los hombres, en términos de acceso a recursos y remuneraciones.

Ellas trabajan más y ganan menos. Los datos son elocuentes: en México, por ejemplo, laboran 89 horas semanales, 31 más que los hombres. En cuanto a la titularidad de la tierra, en Brasil la ostentan sólo el 11% de las mujeres, 22,4 en México y el 27 en Perú. Cuando se emplea a las mujeres rurales, suelen quedar relegadas a las ocupaciones peor pagadas y, con frecuencia, en formas de empleo menos estables, como trabajo temporal o a tiempo parcial.

A juicio de los especialistas de la FAO, la brecha de género representa un coste real para la sociedad en términos de producción agrícola, seguridad alimentaria y crecimiento económico. Si las productoras agrícolas tuvieran las mismas condiciones que los hombres -afirmaron-, sería posible alimentar en el mundo a 150 millones de personas más. Pero, ¿qué necesitan para lograrlo?

Al respecto un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) concluyó: requieren de herramientas apropiadas, como insumos productivos, microcréditos, asistencia técnica y capacitación. Ellas son garantes de la seguridad alimentaria en numerosos hogares, pero, en realidad, tienen poco acceso a recursos productivos y créditos, necesitan de asistencia técnica y capacitación, muy pocas poseen tierras y las que las poseen tienen una reducida extensión y de baja calidad, señaló la investigación.

Los rendimientos en las tierras que controlan las mujeres son menores que las que gestionan los hombres, apuntó la FAO en un informe. Sin embargo, esto no se debe -acotó- a que sean peores agricultoras que ellos, sino a tener menor acceso sobre los insumos agrícolas. Si tuvieran todo ello, apuntaron, sus rendimientos serían los mismos que los de los hombres, producirían más y los resultados agrícolas en conjunto se incrementarían, en beneficio de sus hogares y países.

De ahí que el organismo internacional abogue por promover la igualdad de géneros en la agricultura y el empoderamiento de las mujeres en el sector, en pro de la sostenibilidad y la lucha contra el hambre y la pobreza extrema. En muchos países de América Latina y el Caribe, la ausencia de políticas públicas constituye la esencia del problema de las mujeres rurales, ya que, al no ser consideradas como actores sociales, se invisibilizan sus luchas por la supervivencia y son marginadas.

Ante esto, cada vez con mayor fuerza se escuchan las voces de las féminas, tal como ocurrió en el III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales, celebrado el pasado marzo en Ecuador. “Reafirmamos que la intensiva explotación minera de las transnacionales, la concentración de tierras en pocas manos, el desplazamiento y la inequitativa comercialización de nuestros productos, agudizan nuestra condición de pobreza y la pérdida de nuestras riquezas naturales”, advirtieron las participantes.

Las mujeres rurales resaltaron: “vivimos un estado de postergación por la pobreza de ingresos económicos y oportunidades políticas y sociales; pero a la vez, nuestro espacio de vida es infinitamente rico en redes de solidaridad, recursos naturales, tradiciones y biodiversidad que tienen valor y estamos decididas a defender”.

Entre otros males que afectan a las campesinas de la región, denunciaron la triple jornada de trabajo, sin ningún reconocimiento económico, político y social. Y también los elevados niveles de analfabetismo funcional, el desarraigo y el desplazamiento forzado derivado de conflictos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales y del narcotráfico.

Ellas demandan hoy soluciones que van desde asegurar la tierra para producir alimentos y aprobar políticas nacionales de reforma agraria, hasta la elaboración de normas que sancionen la comunicación sexista y el uso de la imagen de las mujeres rurales como un objeto. Lo hacen con ímpetu, para que tales reclamos sean escuchados y asimilados por los gobiernos, principales responsables de conseguir los objetivos de igualdad de géneros, que equivalen a otorgar a las mujeres rurales el lugar merecido.

Esta es una batalla que puede ganarse con voluntad política, tal como lo demuestran varios países latinoamericanos. En Ecuador, por ejemplo, se lleva a cabo el Programa de Apoyo a las mujeres rurales, dirigido a mejorar las condiciones de vida y la posición de género de ese segmento poblacional. Eso es mediante el fortalecimiento de las actividades productivas agropecuarias, agroindustriales y artesanales, de comercio y servicios gestionadas por ellas, de manera que les permitan desarrollar su autonomía integral.

También el gobierno de Bolivia diseñó y aprobó políticas públicas a favor de las mujeres rurales. En el contexto de su política del “Vivir Bien”, el Estado garantiza el acceso a la seguridad jurídica de las tierras, a las provisiones de los servicios de agua para uso doméstico y riego, a facilidades para acceder a créditos, mercados, semillas, empleo, viviendas, educación y protección social.

Mientras, la misión AgroVenezuela, impulsada por el gobierno del presidente Hugo Chávez desde 2011, busca garantizar la tenencia pluralista de tierras, producción agraria, pecuaria y avícola que incluye la mano de obra de miles de mujeres dedicadas a trabajar los cultivos, la pesca y la floricultura. Tales acciones posibilitan que las venezolanas, esencialmente las trabajadoras del campo, sean también partícipes de proyectos sociales, educativos, laborales y recreativos-culturales.

* Fernández Bolaños es periodista de la redacción de Economía, Pérez Navarro de la Redacción Sudamérica y Yurién Portelles corresponsal de Prensa Latina.