Este 17 de octubre se cumplen 10 años de la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain a Estados Unidos, donde han sido protegidos por los Gobiernos de Bush y Obama de enfrentar procesos judiciales por los eventos de ‘Octubre Negro’. La sociedad civil internacional insta al Gobierno de Estados Unidos a extraditar a las autoridades bolivianas por su papel en la matanza de 58 personas.

En el décimo aniversario de lo que en Bolivia se conoce como ‘Octubre Negro’, cerca de 40 organizaciones de 14 países, entre ellos grupos de académicos, abogados, derechos humanos y comunitarios, han instado al presidente Obama a que acceda a las peticiones de Bolivia para la extradición del expresidente Sánchez de Lozada y del exministro de Defensa Sánchez Berzain con el fin de que sean juzgados por su participación en la matanza de 58 personas hace diez años.

La declaración también está firmada por el reconocido académico Noam Chomsky, por Q’orianka Kilcher, una actriz de Hollywood más conocida por su papel de Pocahontas en el film ‘El nuevo mundo’, y por el padre Roy Bourgeois, fundador de School of Americas Watch, que ha encabezado una campaña internacional para cerrar la Escuela de las Américas, un centro de entrenamiento militar implicado en un sinnúmero de abusos contra los derechos humanos en América Latina.

La declaración señala que los asesinatos de 58 personas, entre ellas una niña de ocho años de edad, y las heridas a otras 400 tuvieron lugar después de que Sanchez de Lozada y Berzain emitieran un decreto en que llamaban al ejército a utilizar “todos los medios necesarios” para reprimir una serie de protestas, desplegando a francotiradores militares armados con rifles de gran calibre, que se dedicaron a disparar dentro de viviendas y a perseguir y disparar a vecinos desarmados que trataban de huir a través de los campos para refugiarse en las montañas. Muchas de las personas asesinadas y heridas a consecuencia del plan no estaban participando en las protestas, o ni siquiera se encontraban cerca de ellas, en el momento en que se les disparó.

El actual Gobierno boliviano solicitó la extradición de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzain en 2008, tras un arduo proceso de investigaciones y juicios en Bolivia, que fueron inicialmente aprobados por las dos terceras partes del Congreso boliviano, incluyendo muchos miembros del propio partido de Sánchez de Lozada. Sin embargo, la primera solicitud de extradición fue denegada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2012. Actualmente, se está instruyendo un caso civil en un tribunal civil estadounidense, amparándose en el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros y en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura.

Se cree que las fuertes conexiones de Lozada y Berzain con miembros del Congreso estadounidense y del gobierno de Bush y Obama les han ayudado a mantener la impunidad frente a las demandas de extradición y enjuiciamiento. La declaración apunta que el hecho de que el Gobierno estadounidense se niegue a extraditar a Lozada y Berzain “resulta profundamente hipócrita, en especial cuando los Estados Unidos insisten en que otros Gobiernos extraditen a personas que supuestamente han amenazado a los intereses de seguridad de su país, como Edward Snowden”.

Eloy Rojas Ramos, padre de Marlene Nancy Rojas Ramos, la niña de ocho años asesinada por el ejército en su aldea de Warisata, ha manifestado: “Cuando nuestra hija murió, lo perdimos todo. Ni siquiera podíamos soportar vivir en nuestra casa ni en el pueblo donde murió en nuestros brazos, así que toda la familia se trasladó a El Alto. Hemos pasado los últimos diez años en los tribunales de todo Bolivia exigiendo justicia. Sin embargo, los Estados Unidos continúan protegiendo a Lozada y Berzain, que ordenaron los asesinatos. Es profundamente doloroso que el Gobierno de cualquier país impida que estos criminales se enfrenten a juicio”.

Jason Gehrig, de Fort Worth, en Texas, y uno de los coordinadores de la declaración, ha explicado que se sintió obligado a denunciar los hechos después de ser testigo directo de la matanza: “Yo estaba viviendo como misionero laico de Maryknoll en El Alto, en Bolivia, en 2003 y fue testigo de primera mano de las sangrientas atrocidades cometidas contra los manifestantes pacíficos bajo las órdenes de Sánchez de Lozada. Incluso nuestro párroco recibió un disparo mientras defendía a las personas. Para mí, es una gran vergüenza ver que mi Gobierno va tan lejos para desafiar las obligaciones que ha asumido en virtud de tratados internacionales para proteger a estos hombres brutales”.

El llamamiento de una gran diversidad de organizaciones de todo el mundo demuestra que, diez años después de la matanza, la demanda de justicia de las familias cuenta con el apoyo de miles de personas de todo el mundo y no caerá en el olvido.

La declaracion con las firmas en https://docs.google.com/document/d/1q-GPbKcdKTv2bgDMuYvskzVW8fLpfrayaZXz8sZdcvQ/