Asunción.- La falta de recursos en las arcas estatales dejada por el gobierno de 14 meses de Federico Franco y las intenciones de aplicar un modelo neoliberal para atraer la mayor cantidad posible de inversiones extranjeras parece colocar a Paraguay en el peligroso camino de la privatización de las empresas estatales. No puede olvidarse, a la hora de hacer un análisis al respecto, la estructura económica del país, basada en el dominio de los sectores productivos por parte de un grupo reducido de grandes magnates agroexportadores, con incidencia latifundista y vínculos con las poderosas empresas multinacionales.

Asociación Nacional Republicana (ANR) es el verdadero nombre del conocido por todos como Partido Colorado, la organización paraguaya con mayor estructura política y más vinculación con los grandes intereses económicos de la nación. Después de 60 años ininterrumpidos en el poder, 35 de ellos respaldando la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), un régimen hasta el final apoyado por Estados Unidos, los colorados vieron sorprendidos como eran derrotados en el 2008 por una alianza encabezada por Fernando Lugo, un ex obispo de ideas progresistas.

El significado histórico de aquel episodio se amplió a la insólita realidad de la ruptura de la bipolaridad en el ejercicio del poder en el país mediterráneo, pues el sempiterno oponente de los colorados, el Partido Liberal, sólo tuvo el papel de apoyar inicialmente a Lugo. Pronto se repusieron de la sorpresa los dos partidos tradicionales, sobre todo al entrar en vigencia algunos programas sociales del novel gobierno, nada agradables para la poderosa maquinaria económica de las grandes agroexportadoras, sus clientes transnacionales y el latifundio que tiene en su poder el 80% de las tierras.

Así fue que coincidieron colorados y liberales en la necesidad de quitar del medio al ya molesto Ejecutivo en el poder, saltar por sobre las reglas de un juicio político verdadero y aceptar durante 14 meses el aislamiento internacional del país a cambio de recuperar el poder. Después, otro insólito acontecimiento: un acaudalado empresario que nunca había siquiera ejercido el voto en toda su existencia, se inscribió en el Partido Colorado y a los tres años fue el victorioso candidato presidencial en los comicios del 21 de abril.

Los colorados llegaron ahora al poder recibiendo una terrible herencia de sus aliados en el golpe de Estado parlamentario, pues inician su gestión de cinco años con las arcas vacías, un déficit presupuestal que unos señalan en 500 millones de dólares y otros en mil millones, numerosas deudas y una situación social francamente muy compleja. Hospitales sin medicinas y médicos reclamando meses atrasados de salario, miles de docentes en una huelga indefinida que parece dará al traste con el presente curso escolar, transportistas otra vez listos a paralizar el servicio si no se les paga el subsidio de agosto o se les autoriza a aumentar el pasaje, crítica pobreza de casi la mitad de la población, son realidades.

Capítulo aparte y bien dramático es el nunca resuelto problema de la tenencia de la tierra en Paraguay, el abandono a las poblaciones indígenas que vagan por las ciudades pidiendo tierra y comida, y la ya anunciada imposibilidad de aumentar un centavo en los salarios este año. Horacio Cartes no está ajeno a todo eso y, más allá de sus afinidades ideológicas, hizo centro de sus pronunciamientos crear la esperanza en el éxito del combate a la pobreza, en la llegada de inversiones extranjeras y en, gradualmente, recuperar las relaciones con los países vecinos, el Mercosur y la Unasur, seriamente dañadas por la destitución irregular de Lugo.

Sin embargo, como el panorama paraguayo registra sorpresa tras sorpresa, incluso más allá de la poca certeza en el cumplimiento de esos planes registrada por los sectores de izquierda, el flamante mandatario ve registrados en el día a día otro tipo de problemas. Cartes prestó oídos a sus asesores nacionales e internacionales -algunos cercanos a instituciones tan fatalmente conocidas como el Fondo Monetario Internacional y consejeros estadounidenses-, y tomó decisiones personales sobre quienes lo acompañarán en los más altos escalones de su estructura gubernamental.

El presidente designó un gabinete integrado en su casi totalidad por técnicos, por supuesto defensores del más firme neoliberalismo, pero con el pecado mortal de no ser dirigentes, sino acaso militantes sin actividad política destacada en la organización colorada. La primera reacción fue de sorpresa entre las filas de la ANR, después de tímidos acercamientos al Jefe de Estado para tratar de hacerlo cambiar su criterio, más tarde hubo opiniones contrarias intencionalmente deslizadas en los medios de comunicación y ya finalmente públicos enfrentamientos.

Las manifestaciones de desagrado fueron variadas y comenzaron con la negativa de las seccionales del coloradismo a movilizar población para asistir a la ceremonia de juramento del nuevo gobierno, lo cual totalizó un número muy inferior a las 30 mil personas solicitadas. Después, junto a las declaraciones bien cáusticas de algunos dirigentes de base, comenzaron a aparecer banderas negras en los locales seccionales sustituyendo a las rojas del partido, como expresión bien clara de una molestia de condiciones impredecibles.

La respuesta de Cartes fue un llamado a la unidad y una autodefensa basada en que había escogido “a los mejores” para tratar de aliviar la gravísima crisis dejada por su antecesor, Federico Franco, en la economía del país. No es posible adivinar cuál será el desarrollo de esta situación en el patio interno, porque Cartes dio señales de hacer valer su autoridad y nivel de decisión por sobre criterios de su partido, pero no hay duda alguna de que el incidente, ligado a los graves problemas económicos y sociales, hace sumamente complejo este regreso de los colorados al poder.

El primer mes de Cartes

Horacio Cartes cumplió un primer mes como presidente de Paraguay sin que alguien pueda calificar ese tiempo como el simple expediente de un mandatario que se acomoda en el cargo para enfrentar un período de cinco años en el poder. Pasar revista a todos los episodios desencadenados en este corto tiempo obliga a alejarse de la tradicional espera admitida de 100 días para analizar el desarrollo de los acontecimientos y la actuación del novel Ejecutivo que llega al frente de cualquier Estado.

Las turbulencias de esta pequeña primera etapa, para ser objetivos, no pueden achacarse solamente al Presidente entrante, porque, independientemente del camino proclamado y adoptado por el nuevo gobierno, no es poca la herencia recibida de su antecesor. El 15 de agosto de este año, Federico Franco entregó un poder asumido, según el criterio internacional, con la ruptura del proceso democrático paraguayo mediante un golpe de Estado parlamentario con la complicidad de partidos tradicionales y poderosos intereses económicos que dominan el país.

Pero más allá de esa grave falta institucional que tuvo como culminación la destitución del presidente electo por los paraguayos, Franco y su equipo realizaron una gestión, denunciada abiertamente por Cartes, medios de difusión y organizaciones políticas y sociales, con el resultado de dejar vacías las arcas del Estado y en alza la corrupción administrativa.

Elemento importante en la inestabilidad de este mes en el campo social fue la multiplicación de las protestas sindicales, campesinas e indígenas, por las afectaciones causadas por esa suerte de huracán que barrió los recursos estatales. Franco y sus ministros no sólo terminaron con los fondos de todas las instituciones y entidades gubernamentales, sino que abrieron aún más las puertas a los grandes grupos nacionales e internacionales explotadores tradicionalmente de las riquezas paraguayas. Los planteamientos de la administración Cartes para establecer un orden en el uso de las finanzas chocaron en este mes, lógicamente, con las medidas adoptadas, al nombrar un gabinete de técnicos con evidente corte neoliberal y la aplicación de restricciones al uso del dinero público en lo referente a satisfacción de necesidades sociales.

Los primeros 30 días transcurridos desde su asunción vieron en las calles sonadas protestas de docentes, médicos, enfermeras, beneficiarios de programas sociales establecidos en el gobierno de Fernando Lugo, campesinos sin tierras e indígenas durmiendo en las calles de Asunción reclamando alimentos y semillas. Pero también vieron importantes demostraciones sindicales de organismos vitales de la economía nacional, entre ellos los del sector eléctrico, el servicio de suministro del agua a la población y hasta de los servicios sanitarios públicos, alertando sobre los peligros existentes de la privatización y entrega a ávidas empresas foráneas.

Ataques protagonizados por un grupo armado que opera en el norte del país, una de las zonas más pobres y abandonadas por el Estado, motivó una fuerte respuesta del gobierno con la modificación de la Ley de Defensa Nacional y la militarización urgente de los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay. Consecuencia inmediata del uso de la fuerza en proporciones discutibles fue la protesta casi inmediata de pobladores campesinos y sus organizaciones y hasta planteamientos de la iglesia local por las denuncias de excesos de los uniformados en su afán de encontrar a los irregulares.

Sin embargo, uno de los más curiosos contratiempos enfrentados por Cartes en este corto período -y también el más inesperado- es la verdadera rebelión con la cual tropieza precisamente dentro del Partido Colorado que lo candidateó para el cargo ahora ocupado. En realidad, Horacio Cartes nunca fue político, sino un empresario que confesó públicamente manejar un grupo con su nombre integrado, nada menos, que por 26 importantes empresas. Sin haber votado nunca en las distintas elecciones paraguayas llegó a un acuerdo con el Partido Colorado, desalojado del poder tras 60 años de ejercerlo, incluso durante la dictadura de 37 años de Alfredo Stroessner (1954-1989), por el triunfo de Fernando Lugo.

Su aporte económico a la campaña más su trabajo de unidad de los varios grupos existentes dentro del Partido, no sólo le garantizo la candidatura presidencial, sino lograr que de su mano regresaran los colorados al poder. Pero ahí empezaron los problemas. Cartes decidió asumir toda la responsabilidad del diseño de su gobierno y por ende de la nominación de todos los que lo acompañarían en los próximos años y eso chocó con los mencionados grupos generando una oposición pública a los técnicos elegidos para los más altos cargos aunque el Partido compartiera la llegada del nuevo neoliberalismo.

Desde la oposición pública a la aprobación de una Ley de Responsabilidad Civil que recorta las atribuciones parlamentarias sobre el presupuesto hasta la protesta de las seccionales de base reclamantes de cargos sólo para los de larga tradición colorada, marcan todavía el acontecer diario. Cartes, muy duro al principio, debió flexibilizar su posición en las últimas semanas, nombrar a militantes del partido en importantes cargos aunque no siempre complaciendo a todas las tendencias y tratar de sortear a los descontentos de la base, quienes llegaron a ondear banderas negras en los locales de la organización.

Finalmente y para completar el complejo panorama también negocia la forma de su regreso a las filas de Unasur y Mercosur, donde el gobierno de Franco permaneció 14 meses suspendido por el golpe de Estado contra Lugo, para lograrlo en las mejores condiciones posibles. Ello se hace a pesar de los ataques permanentes a Venezuela, la que ostenta la presidencia pro témpore, lo cual es una especie de concesión a los grupos más retardatarios de la sociedad paraguaya y con la vista puesta en la posibilidad de asumir dicha presidencia al final de este año.

¿Un nuevo modelo de Estado?

Nunca antes, en más de un año, una movilización popular consiguió tan fuerte impacto sobre el panorama nacional como la realizada el pasado 4 de septiembre bajo la demanda de lograr un Paraguay con justicia social. La participación de más de 15 mil personas en Asunción y otros miles en actos en el interior del país enarbolando un programa que reclama un nuevo modelo de Estado, fue convincente para sentar en una mesa a los jefes de los tres Poderes de la nación con dirigentes de sindicatos y organizaciones de campesinos e indígenas.

No se trató, en esta ocasión, de una simple demostración de fuerza movilizativa de quienes avalan la lucha por una sociedad más inclusiva que enfrente la situación de pobreza y pobreza extrema abarcadora de cerca de la mitad de la población paraguaya. Las marchas por las calles de esta capital y la que se llamó Cumbre de Poderes del Estado, asignando popularmente la categoría de Cuarto Poder al movimiento unitario de sindicatos, campesinos e indígenas, fue todo precedido por un importante Congreso.

Centenares de delegados de esos sectores, incluso apoyados por representantes de 16 centrales sindicales suramericanas, debatieron y aprobaron una propuesta concreta para la modificación de las reglas del juego en la sociedad y las medidas a adoptar para ello. El Congreso Unitario Sindical, Campesino y Social realizó una radiografía de la situación del país guaraní en donde, en términos absolutos, dos millones 200 mil personas constituyen la población pobre, el 42% de los ingresos va a manos de los más ricos, quienes concentran también el 66% de tierra cultivable.

La contundencia de las estadísticas divulgadas allí reveló la agudización de la pobreza extrema porque el estrato social con más ingresos tiene casi 50 veces más recursos que el segmento más pobre situado en el área rural. El Congreso confirmó la crisis estructural de la economía paraguaya y la realidad negativa de exportar materias primas e importar bienes con alto valor agregado, su alta dependencia del mercado internacional y el desinterés hacia las necesidades de la población. Como no se trataba solamente de plantear los problemas, una vez más, llegaron seguidamente las proposiciones de solución enmarcadas en cuatro ejes temáticos fundamentales: el modelo de Estado, el combate a la pobreza, la desigual política impositiva y la tan ansiada reforma agraria.

La coincidencia lograda entre los sectores señalados, cuya unidad en un plan de acción se selló en el Congreso, determinó inicialmente la necesidad de existencia de un Estado fuerte y nada disminuido, exactamente los extremos a donde apunta la política oficial. Por ello, se opusieron a la reducción de presupuestos para las políticas sociales así como al congelamiento salarial, privatización de empresas y servicios públicos, ajuste del déficit fiscal sin tener en cuenta la pérdida de derechos sociales, todos elementos integrantes de un camino económico neoliberal.

Necesitamos un Estado con capacidad para producir bienes y servicios, con derechos inalienables sobre los recursos naturales y empresas estratégicas y el cual deje, como sucede hoy, de ser presa de los chantajes y el dominio absoluto del sector privado, resaltó el Congreso celebrado. Rechazo a pretensiones de subsidio a las multinacionales y a las privatizaciones de la electricidad, el agua, petróleo, cementeras, comunicaciones, puertos y aeropuertos, actualmente en el programa del nuevo Gobierno, se planteó como una cuestión de respeto a la soberanía nacional.

La aprobación de una ley general de empresas públicas, la democratización de la tenencia de la tierra actualmente en manos de latifundistas y grandes agroexportadores vinculados a las transnacionales y la necesidad de vivienda digna y salud gratuita para todos, son otros de los reclamos.

Todos los participantes en el Congreso suscribieron la advertencia de que un Estado contrario a estas demandas encontrará a los trabajadores, campesinos, gremios e indígenas “en la vereda de enfrente”, luchando por su soberanía, dignidad y bienestar. En esa descripción del tipo de nuevo Estado necesario definieron aquel en el cual la democracia no termine con la elección de autoridades, sino con la ciudadanía participando en las grandes decisiones, el Poder Legislativo legislando para la mayoría y no sólo para los poderosos y que el Poder Judicial deje de ser un lugar donde todo se compra y se vende.

El Congreso que presentó este programa fue convocado por las principales centrales sindicales, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas y por sindicatos o gremios independientes como los de los docentes y trabajadores del sector eléctrico, de numerosa membresía y tradición de lucha. La recepción del programa personalmente por el presidente Horacio Cartes y los jefes del Congreso y del Poder Judicial los comprometió al inmediato debate, en mesas de trabajo conjuntas, de la temática planteada y a la adopción de definiciones trascendentes.

De los resultados de esas negociaciones, que los trabajadores señalaron deben tener conclusiones a corto plazo, dependerá seguramente el accionar de sus proponentes y el futuro inmediato de la situación y la paz social en Paraguay.

El peligro de la privatización

La falta de recursos en las arcas estatales dejada por el gobierno de 14 meses de Federico Franco y las intenciones de aplicar un modelo neoliberal para atraer la mayor cantidad posible de inversiones extranjeras parece colocar a Paraguay en el peligroso camino de la privatización de las empresas estatales. La estructura económica del país, basada en el dominio de los sectores productivos por parte de un grupo reducido de grandes magnates agroexportadores, con incidencia latifundista y vínculos con las poderosas empresas multinacionales.

Paraguay carece, a la vez, de un desarrollo industrial adecuado, lo cual lo convierte en un genuino exportador de materias primas, con serios déficits en la utilización de la energía, una de sus riquezas, provenientes de las grandes hidroeléctricas construidas con el apoyo económico de Brasil y Argentina. Esos poderes nacionales e internacionales coincidentes en intereses económicos colocaron en primacía la agricultura extensiva basada en producciones gigantes de la soja, el maíz y el algodón, las cuales, cada vez más, acaparan las tierras fértiles, utilizan las producciones de origen transgénico y desplazan las históricas siembras familiares, enviando a campesinos e indígenas hacia los bolsones de pobreza alrededor de las ciudades.

Hay algo más en relación al peso de estos conglomerados productores, basados en la apropiación de los terrenos y en el uso de los agroquímicos y las semillas genéticamente modificadas y rechazadas por las poblaciones autóctonas y campesinas. Una tradicional realidad que afecta a la economía nacional en su conjunto es la evasión impositiva de estos grupos agroexportadores, los de mayores ingresos anuales quienes dejan, a la vez, ganancias extraordinarias a multinacionales estadounidenses y de otras latitudes.

Con la complicidad de los gobernantes ayudaron a reducir las recaudaciones impositivas de la nación, base de sus gastos corrientes, lo cual, unido a las irregularidades en el manejo de los fondos públicos, obsequió al gobierno que acaba de asumir el poder dificultades especiales para siquiera pagar los salarios establecidos. Ese problema que es acompañado por los estrategas económicos del equipo del presidente Horacio Cartes con la decisión de achicar el papel del Estado en el panorama económico y dejar al mejor estilo neoliberal la presencia del capital privado en su enrutamiento, provocó inicialmente una ola de despidos aún no finalizada.

Junto a la ya casi lograda aprobación por el Parlamento de una denominada Ley de Responsabilidad Fiscal que establece límites extraordinarios a los próximos presupuestos nacionales, la actual administración preparó e introdujo en el Parlamento un proyecto de ley de fomento de la infraestructura mediante la participación privada que desea aprobar rápidamente. Es precisamente aquí donde entra a jugar la posibilidad creciente del apoderamiento por la empresa privada-la misma de la evasión impositiva, del latifundio y de la acumulación de la riqueza en pocas manos- de otros sectores vitales en la vida del Estado paraguayo.

El análisis del documento presentado para su aprobación hace énfasis en aspectos trascendentes que apuntan a abrir las puertas, de par en par, a la privatización de las empresas estatales con el apuro gubernamental por atraer la mayor cantidad posible de inversiones foráneas en forma urgente. La Ley, de acuerdo al informe emitido por sindicatos y organizaciones políticas progresistas, permite que todo se pueda privatizar dejando las decisiones a criterio del gobierno y haciendo recordar un poco la etapa del presidente Carlos Menem en Argentina, donde quedó un rosario de dificultades aún presentes en el día a día del vecino país.

Las objeciones apuntan a que si se aprueba esta ley la privatización puede alcanzar al transporte, energía eléctrica, infraestructura social y urbana e incluso el agua potable y el alcantarillado, además del sistema de salud. Para no ir más lejos, en este mismo mes de septiembre ya se hizo presenta una oferta de una empresa privada extranjera para invertir en los servicios sanitarios que incluyen alcantarillado y distribución del agua, entre otras cosas.

La transnacional Río Tinto Alcán se mantiene realizando lobby para instalar una procesadora de aluminio con acceso ventajoso a la energía producida por las hidroeléctricas, escasa mano de obra contratada y grandes perjuicios medioambientales. Son bastantes los empresarios privados que merodean ya por Asunción buscando medir las posibilidades de lograr el control de las administraciones de la electricidad, el agua y los servicios telefónicos, todos ellos de evidente rentabilidad.

Según el proyecto, el Estado cedería su patrimonio para el uso durante 30 años prorrogables a los inversores, las discrepancias irían a un arbitraje internacional y los sobrecostos a afectar el bolsillo del consumidor final, sin garantías de control de calidad o cobertura por la parte oficial paraguaya. La bancada senatorial del Frente Guasú, agrupación de partidos y organizaciones sociales, advirtió que la aplicación de este modelo genera fuga de capitales, precarización del servicio público y aumento de la desigualdad.

El ex presidente de Paraguay Fernando Lugo denunció la reaparición del neoliberalismo en este país sudamericano con las medidas que va tomando el nuevo gobierno. En entrevista concedida a Prensa Latina, el actual senador paraguayo dijo que el neoliberalismo, enterrado con el rechazo a la propuesta norteamericana del Área de Libre Comercio para las Américas (Alca) trata de reaparecer con nuevas propuestas.

No tenemos la menor duda de que en Paraguay se irán tomando iniciativas neoliberales con fachada de parches sociales, puntualizó seguidamente. Lugo elogió los resultados del Congreso Unitario Sindical, Campesino y Social celebrado la víspera y destacó que el momento que vive la nación exige a todos los movimientos sociales y sindicales hacer un gran esfuerzo de unidad.

En vista a ello, de acuerdo a su criterio, eso hace que el sindicalismo paraguayo tenga la gran responsabilidad, la urgencia y el compromiso de alzar las nuevas banderas reivindicativas de los grandes grupos sociales históricamente postergados. El también presidente del Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales, comentó las numerosas protestas campesinas que se desarrollan en el norte del país reclamando justicia social y rechazando la militarización de la zona.

Eso se irá repitiendo, no será solamente en el norte, porque programas sociales presupuestados para el 2012 no se cumplieron y otros que habíamos iniciado, continuado o profundizados en nuestro gobierno tampoco se siguieron, resalto. Manifestó que el gran sello de responsabilidad social de esos proyectos se ha debilitado y en algunos casos desaparecido en la ejecución hecha del presupuesto nacional. Agregó que los presupuestos del Ejecutivo por él presidido tenían un rostro y una impronta social nunca latentes en quienes ejercieron después el poder.

Lugo considera que el actual gobierno de Horacio Cartes tendrá ante sí el gran desafío de los consensos, de las conversaciones y las discusiones, pues la gobernabilidad del país pasa hoy por un acuerdo también con los diferentes frentes sociales y políticos de Paraguay. Un ejemplo de esa situación es la negativa de la mayoría de los legisladores, incluyendo a los gubernamentales, a aprobar la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal que permite al Ejecutivo asumir decisiones sobre el presupuesto correspondientes al Parlamento.

Lugo explicó que la bancada del Frente Guasú, con gran responsabilidad, quiere poder dar su opinión después de tener a mano los grandes lineamientos de dicho documento, al cual se señala como inconstitucional. Ahora quieren presentarla como constitucional sin que los parlamentarios y toda la ciudadanía sepan realmente cual es el contenido y hacia donde quiere apuntar la ley, o sea piden aceptarla a ciegas, recalcó.

Argumentó que si se trata de eso, o sea aceptar las leyes tal como la presente el gobierno sin un amplio debate, se le quita al Congreso el espacio y el rol asignado por la Constitución de la República. Finalmente, Lugo recalcó que la gobernabilidad buscada actualmente por el gobierno de Cartes solo será posible con la búsqueda de consensos, en los cuales es necesario contar con todas las fuerzas sociales.

Entretanto, todas las centrales sindicales paraguayas reaccionaron contra la llamada Ley de Alianza Público-Privada aprobada por el Congreso y dijeron que representará la entrega del patrimonio nacional a las empresas transnacionales. El rechazo fue hecho público por la Confederación Paraguaya de Trabajadores, Confederación General de Trabajadores, Central Unitaria de Trabajadores, Confederación de la Clase Trabajadora y la Central Sindical de Trabajadores de Paraguay.

La coincidencia de las cinco grandes agrupaciones obreras en la condena al documento impulsado personalmente por el presidente Horacio Cartes fue el preludio de movilizaciones unitarias ya anunciadas por la representación de los sindicatos de todo el país. Esta ley significa la entrega de aeropuertos, rutas, hidrovías, proyectos hidroeléctricos, ferrocarril, agua, energía, salud y penitenciarias, entre otros sectores, a inversionistas privados quienes enviarán sus grandes ganancias a bancos extranjeros, dijeron.

Agregaron que el documento aprobado admite que todos los riesgos se asumirán por el Estado, mientras los inversionistas privados sólo tendrán ganancias. Criticaron también que se entrega todo el poder de decisión al Ejecutivo y la aprobación de las concesiones se hará sin siquiera someterla a la aprobación del Congreso, como está previsto en la Constitución.

Las centrales recordaron la aplicación de este modelo económico en otros países donde sólo cosecharon aumento de precios para los usuarios, precarización y mala calidad de los servicios, ejemplos ya existentes en algunos casos en el propio Paraguay. La declaración se emitió mientras la presidencia de la República felicitó al Congreso por la aprobación de la ley, la cual sólo cosechó en el Senado el mínimo de votos necesarios después que Cartes controló el disgusto de legisladores gubernamentales.

* Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.