Santiago de Chile, (PL).- Una comisión internacional de expertos recomendó repetir el último censo de población realizado en Chile, cuyas cifras quedaron en entredicho tras denuncias de manipulación política. El escándalo de los números se desató en abril último, luego de que una asesora del entonces director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara paso a paso cómo se fue materializando la manipulación de las cifras del Censo 2012 que costó al país unos 35 millones de dólares.

Los resultados del Censo 2012 fueron presentados en marzo de este año, pero poco después la ingeniera comercial Mariana Alcérreca, asesora del ex director del INE Francisco Labbé, denunció que éste le instruyó publicar que las personas censadas fueron 16 millones 600 mil, en vez de 15 millones 800 mil.

En una entrevista realizada por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), la asesora de Labbé reveló paso a paso cómo se fue materializando la manipulación de los números del Censo 2012, estudio que costó al país unos 35 millones de dólares. Dijo que por su deseo expreso de presentar “el mejor censo de la historia de Chile”, Labbé le instruyó exhibir una tasa de “omisión” (cantidad de gente a la que no se llegó) no superior al 2%, pero ello derivó en una cadena de errores.

Francisco Labbé fue centro de duras críticas de varios sectores, acusado de manipular deliberadamente las cifras del Censo 2012. La problemática provocó divergencias en junio de 2012 entre el cuerpo técnico del INE y el director, quien finalmente decidió excluir a los expertos del proceso de análisis de las cifras.

Los diputados por la Democracia Cristiana Ricardo Rincón y Gabriel Silber exigieron la renuncia de Labbé, tras calificar de extremadamente graves las revelaciones aparecidas en Ciper. El diputado Carlos Montes, del Partido Socialista, calificó de vergonzoso el hecho y no descartó solicitar una exhaustiva investigación, ya sea a la Contraloría General de la República o a la justicia. “Lo mínimo es que el presidente (Sebastián) Piñera actúe y pida inmediatamente la renuncia del director del INE”, exclamó el parlamentario.

Labbé dijo que eran falsas las acusaciones y que el trabajo desarrollado por la institución se ha ajustado a los estrictos protocolos que los países desarrollados han establecido al respecto. “Es importante remarcar que no hay error en los datos censales, ya que las fe de erratas son propias de cualquier publicación estadística. La mejor demostración de transparencia es dar a conocer cualquier nueva información de manera pública y oportuna”, alegó el ex directivo.

No obstante, la Fiscalía instruyó a la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que iniciara la causa judicial, para investigar todos los aspectos relacionados con el caso, lo que motivó la renuncia de Labbé.

El 29 de abril asumió como nuevo director del INE el economista Juan Eduardo Coeymanns, quien deberá realizar una auditoría técnica al Censo de 2012. El ministro de Economía Pablo Longueira informó que la auditoría se realizará “para despejar cualquier duda” y para resolver el debate de la metodología que se ha planteado sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La aspirante presidencial Michelle Bachelet expresó que era necesario despejar las dudas generadas para resguardar la credibilidad de la institución. “Chile tiene un patrimonio fundamental (…) que ha sido un capital además que nos ha dado prestigio internacional y que es la credibilidad de nuestros indicadores”, por lo que resulta “esencial que se despejen las dudas lo antes posible”, exclamó la ex presidenta, candidata de los partidos Socialista y Por la Democracia.

En agosto, la comisión técnica de especialistas, que analizaron el caso por encargo del propio INE, concluyó que en el censo hubo un 9,3% de población que no fue considerada, sugirió que los datos arrojados en la medición de 2012 no sean utilizados en la aplicación de políticas públicas y recomendó repetir de manera abreviada el estudio en 2015, en un día feriado.

El director del INE Juan Eduardo Coeymans calificó de “muy radical” el consejo de la comisión de expertos, y dijo que representaba un “tsunami”, por lo que consideró necesario buscar una segunda opinión foránea.

Entretanto, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) anunció que el caso será llevado a los tribunales teniendo en cuenta los eventuales daños económicos por la adulteración de los números del IPC. El gremio procura aclarar los hechos y exigir compensaciones para cientos de miles de funcionarios públicos que se pudieran ver afectados por la manipulación de las cifras. Según Maturana, si se llega a demostrar que hubo una manipulación y que finalmente condujo a una cifra de inflación menor a la real, ello habría generado un daño pecuniario a miles de trabajadores.