El proyecto múltiple de Misicuni, es innegable, constituye uno de los emprendimientos más caros (entiéndase como aspiración muy esperada y deseada) en el imaginario de la ciudadanía cochabambina desde hace muchas décadas. Habida cuenta de los innumerables e interminables problemas y dificultades que ha debido sortear en el largo proceso de su ejecución y que todo cochabambino conoce, las expectativas y el interés sobre el avance de las obras y, principalmente, sobre la conclusión y entrega que ya se ha anunciado será relativamente pronto, son realmente crecientes e inocultables.

En ese contexto, la pasada noche del lunes 9 del presente mes en el canal de la televisión universitaria y como lo ha hecho en otras oportunidades anteriores, se presentó una entrevista al Presidente de la entidad nacional encargada de llevar adelante las obras, el señor Jorge Alvarado.

El tema principal de la entrevista estaba relacionado con la última y nueva decisión (avalada en norma correspondiente por la Asamblea departamental de Cochabamba), de incrementar alrededor de 12 millones de dólares adicionales, para realizar obras complementarias.

Más allá de constituir un nuevo eslabón a la ya muy larga cadena de problemas, observaciones y reajustes que se han sucedido a lo largo del tiempo y que, en este caso, afectarán los recursos que Cochabamba recibe por el pago de regalías por los hidrocarburos que podrían ser destinadas a otras obras; lo que llama la atención es el razonamiento y los argumentos utilizados para justificar y fundamentar esta decisión.

Apoyado en 2 gráficas que según el señor Alvarado mostraban el comportamiento de diverso tipo de obras a nivel mundial, y donde se podía apreciar el grado de distancia o acercamiento que existía entre el presupuesto programado y el costo final de las obras, así como entre los plazos y el cronograma diseñado, respecto del tiempo de entrega efectivo; el argumento utilizado por dicho presidente de la empresa Misicuni, es que la mayoría de los proyectos no cumplen con el presupuesto programado y se retrasan en los plazos de entrega. Es decir, que el incumplimiento, el encarecimiento de las obras, el retraso y la postergación son una regla “porque siempre surgen imprevistos y situaciones imponderables que no es posible prever”. Ergo, nadie debe esperar que se cumpla lo acordado y programado para la realización de obras y/o todos deben saber que nunca se realizará una obra dentro de los plazos y el presupuesto asignado, (¡qué tal!).

Bajo un argumento tan pueril nos preguntamos entonces para qué sirven los proyectos a diseño final, el presupuesto, los cronogramas, los acuerdos y compromisos firmados que comprometen la fe del Estado y aun inclusive las propias normas de administración de recursos, control financiero e inclusive anticorrupción. ¿Acaso no sería más efectivo y razonable, bajo ese tipo de razonamiento y argumentos, que se apruebe y eche andar sin mayor trámite todas las obras porque constituyen prioridad nacional, utilidad pública o urgencia? ¿Para qué entonces erogar gastos, realizar esfuerzos y exigir capacidad e idoneidad técnica para emprender las tareas de diseño y planificación que suelen ser, además, costosas y largas? Es más, si se toman en serio los argumentos del señor Alvarado, ¿qué sentido tendría conformar una empresa y contar con un presidente que se encarguen de realizar tareas de supervisión y fiscalización?

En fin, bajo esos términos, la inexistencia de argumentos razonables para explicar clara y coherentemente el nuevo incremento de los costos en las obras de Misicuni es evidente, y parece que no ha existido mejor idea que utilizar los señalados. Lo peor del asunto es que con ese criterio no solo se busque justificar la decisión de incrementarlos nuevamente, sino que se convierta en una norma para explicar cualquier tipo de desfase, retraso o incumplimiento. Debe anotarse que en este caso los incrementos a los costos, solo son admisibles legalmente para obras no contempladas en el diseño original aprobado. Entonces, queda la pregunta también acerca de cuáles son las nuevas obras, no contempladas en el proyecto aprobado, que justifican la erogación de 12 millones de dólares adicionales.

* Sociólogo boliviano. Cochabamba – Bolivia; septiembre 11 de 2013.