Por meros cálculos electorales y mezquinos enconos político partidarios, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) intenta estrangular financieramente al Municipio Autónomo de La Paz y conspira abiertamente contra sus autoridades legítimas. Lo que pasa es que el Presidente Evo Morales no quiere a La Paz y por eso la maltrata y discrimina, reprochan el alcalde Luis Revilla del Movimiento sin Miedo (MSM) y la Asamblea de la Paceñidad.

La Paz sufre sistemáticos y cada vez más virulentos ataques del gobierno desde la ruptura de la alianza MAS-MSM. La reducción de la población del municipio, el bloqueo institucional de créditos internacionales, y la falta de voluntad política para resolver los conflictos limítrofes son solo algunas de las maniobras coordinadas por el oficialismo para estrangular a la ciudad Sede de Gobierno.

A la ciudad de La Paz le disminuyen población, le bloquean créditos, quieren quitarle recursos, la sabotean con interminables conflictos limítrofes (muchos inflados artificialmente por operadores del MAS) y ahora le niegan el derecho a recibir una compensación especial por ser la Sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia.

“Nosotros creemos que se está discriminando a la ciudad de La Paz, se le está impidiendo acceder a los recursos necesarios y suficientes para impulsar su desarrollo”, lamenta el Alcalde. La ciudadanía paceña que votó mayoritariamente por el MAS en las elecciones de 2005 y 2010 se siente traicionada y agraviada por la seguidilla de rodillazos y golpes bajos.

Las zancadillas y golpes bajos del MAS

El Ministerio de Hacienda suele demorar hasta tres años en la aprobación y canalización de créditos del Banco Mundial al Municipio paceño. La burocracia estatal dilató un trámite argumentando que el municipio había excedido su capacidad de endeudamiento y ya no era sujeto de crédito. El Ministro de Hacienda se retractó y certificó la solvencia de la Alcaldía, pero no corrigió su conducta negligente.

Según el alcalde Revilla, el bloqueo sistemático de proyectos y contratos de servicio en beneficio de la población paceña es parte de una estrategia desestabilizadora ejecutada de manera conjunta por los representantes del MAS y de Unidad Nacional (UN) en el Concejo Municipal. La inédita alianza opositora MAS-UN en el Legislativo edil vetó reciéntemente varios contratos de servicio de limpieza alegando que el trámite legislativo fue presentado con dos días de retraso, aunque en el pasado la misma instancia aprobó otros contratos remitidos hasta con tres días de atraso. (1)

La vieja “politiquería” mezquina y malintencionada se empoderó nuevamente del Concejo Municipal de La Paz en la accidentada aprobación del Plan Operativo Anual 2014. El presidente del Concejo Omar Rocha (UN) intentó incorporar varias modificaciones al proyecto presupuestario con el fin de restar recursos a la Dirección de Gobernabilidad y eliminar a la Dirección de Fiscalización de Obras dependiente de la Secretaría Ejecutiva.

“Estoy profundamente apenado porque al Concejo Municipal haya vuelto la politiquería solo para dañar a la ciudad y a la gestión municipal. El presidente del Concejo se la ha tomado, como se dice vulgarmente, con don Pedro Susz desde hace mucho tiempo, y por esa razón quiere reducirle 14,5 millones de bolivianos de los 15 que tiene asignados la Guardia Municipal que depende de la Dirección de Gobernabilidad”, explicó el Alcalde y criticó a esos politiqueros bloqueadores que “no quieren a la Guardia Municipal controlando las cantinas y los bares, y eso denota la pobreza intelectual de algunos concejales, y su triste y miope conocimiento de la gestión pública”.

Como parte de su estrategia hostil contra La Paz, el gobierno se niega además a resolver los conflictos limítrofes con los municipios circundantes, que sería la principal causa de la aparente disminución poblacional en el Censo 2012, y por ende, de la pérdida de 155 millones de bolivianos anuales. (2)

Las autoridades del INE y del Ministerio de Planificación prometieron que los habitantes de zonas paceñas en conflicto con los municipios de Palca, Mecapaca y El Alto tendrían un tratamiento especial y serían censados con el “código 0” para evitar disputas municipales. Sin embargo, el INE y el Ejecutivo no aplicaron la metodología acordada con el Municipio.

“Durante el operativo censal en algunas zonas de la jurisdicción del municipio de La Paz, como Umamanta, Ovejuyo y Alto Villa Victoria, estaban ingresando encuestadores que correspondían a otros municipios. Nos queda la duda si es que esas poblaciones han sido efectivamente asignadas al municipio de La Paz, si se mantienen en el limbo o han sido depuradas de la base de datos, o si se han contabilizado en otra jurisdicción municipal”, observó el director de Investigación e Información Municipal Marcelo Arroyo.

La ministra de Planificación Viviana Caro reconoció en una entrevista con la red de televisión ATB que se cometieron “errores” en el proceso censal y que La Paz resultó perjudicada. Es más, se supo que el propio gobernador de La Paz Cesar Cocarico (MAS) fue censado en la localidad de Escoma, de donde es oriundo, y no en La Paz, donde vive y trabaja.

Pese a los reiterados pedidos de la Comuna paceña, el INE se niega a informar qué metodología utilizó para asignar a determinada jurisdicción municipal la población censada en las áreas identificadas con el código 0. El inexplicable hermetismo y secretismo de los responsables del defectuoso censo permitiría inferir que la ciudad de La Paz efectivamente fue víctima de un sabotaje planificado.

El gobierno promulgó una Ley de Límites que no reglamenta mecanismos específicos para resolver conflictos limítrofes sino que deja que los municipios aledaños definan si quieren ir o no a un referéndum. “¿Y qué creen que han contestado (los municipios vecinos)? Pues que no quieren referéndum. Eso significa que 10 años más La Paz va a tener sus límites sin ningún tipo de definición”, deploró el alcalde Revilla.

Los paceños exigen una compensación

Uno de los objetivos del paro cívico movilizado que cumplen disciplinadamente este miércoles las organizaciones e instituciones de la Asamblea de la Paceñidad es exigir al Poder Ejecutivo mecanismos de compensación para el municipio de La Paz, ante la disminución de los recursos de la partida de coparticipación tributaria. Según el Alcalde, la ciudad tiene derecho a una compensación especial en mérito a los servicios que brinda a los 107 edificios del gobierno central liberados de cargas impositivas, y a casi medio millón de personas de otros municipios que vienen diariamente a La Paz y usan las vías y los servicios de salud, educación y transporte.

El director de Investigación e Información Municipal Marcelo Arroyo detalló que en La Paz se concentran 107 edificios gubernamentales (entre empresas públicas, edificios de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, recintos militares y otros) y alrededor de 140 edificios de instituciones no gubernamentales (ONGs, embajadas, consulados, fundaciones, etc.). Además, la Sede de Gobierno recibe diariamente un flujo poblacional de entre 360 mil y 400 mil habitantes de los municipios de El Alto, Mecapaca y Palca.

Según Arroyo, “si a los 793 mil habitantes contabilizados en 2001 le añadimos estas 360 mil personas de población flotante, estamos hablando fácilmente de que en el transcurso del día el municipio de La Paz tiene 1.100.000 habitantes” que hacen uso de los servicios básicos que presta la Comuna.

Revilla aclaró que los paceños nunca cerrarán las puertas a los hermanos de otros municipios, “pero no es justo que La Paz resulte con menos recursos si estamos brindando servicios a tanta población del área metropolitana; por lo tanto necesitamos una compensación, ya sea que el Estado pague impuestos de sus inmuebles o que se asignen recursos extraordinarios”, tal y como se procede en otras capitales como el Distrito Federal de México o Quito en Ecuador.

Los vecinos y las autoridades paceñas lamentaron una vez más que los funcionarios del gobierno central, en vez de atender sus demandas legítimas, continúen “menospreciando” a los paceños y “denostando” al movimiento cívico con insultos y apelativos denigrantes.

Notas:

1. La Ley de Municipalidades, la Ley Municipal N. 7 de Ordenamiento Jurídico Administrativo y el Reglamento Interno del Gobierno Municipal establecen procedimientos y plazos para la aprobación de normas y contratos enviados por el Ejecutivo al Legislativo edil. En el artículo 5, numeral 11 del reglamento interno fija un plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo envíe cualquier contrato al Concejo, instancia que debe aprobar el mismo en un plazo de 29 días hábiles. Ningún artículo del reglamento indica que el envío con retraso es causal de rechazo de contratos o de cualquier otra norma que requiera la aprobación del Legislativo Municipal.

2. La reducción presupuestaria incidirá negativamente en la planificación de obras y perjudicará directamente a más de 5.000 familias de 30 Barrios de Verdad ubicados en zonas periurbanas.