Sentí mucha preocupación hace unos días, cuando en el canal de televisión estatal vi al vicepresidente Alvaro García Linera, participando del Congreso de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), que reúne a la crema del empresariado privado de Santa Cruz, a esa oligarquía que de 2006 al 2009 se enfrentó rabiosamente al gobierno de Evo Morales, pero que hoy, por puro cálculo económico que podríamos resumir en una frase: “si con este gobierno ganamos bien, es mejor que no lo molestemos”, ha optado por una política de moderación, adulación y negociación para cambiar las orientaciones de reforma agraria del gobierno.

Lamentablemente está logrando su objetivo y son ya varias las concesiones programáticas que se les está haciendo. Y los que hacen esas concesiones justifican sus capitulaciones con el argumento de que Evo necesita “estabilidad” para garantizar una nueva victoria electoral el 2014, que esa estabilidad depende de una buena provisión de alimentos, que supuestamente sólo pueden asegurar los grandes empresarios agropecuarios.

Los sectores desarrollistas y pragmatistas al interior del gobierno están utilizando la seguridad alimentaria y el fantasma de una hipotética especulación de precios de algunos productos de la canasta familiar, para lograr acuerdos con los oligarcas a los que ahora llaman sin ningún pudor “compañeros”. Al vicepresidente allí en la CAINCO le faltó la altura que tuvo Fidel Castro cuando en una ocasión, invitado por empresarios franceses interesados en invertir en Cuba, les dijo: “Yo, por estar reunido aquí con ustedes en aras del interés de mi país, no me he vuelto un capitalista, de la misma forma que ustedes, por reunirse conmigo llevados por sus específicos intereses, no se han convertido en comunistas”. Claro está que a Fidel nunca se le hubiera ocurrido llamar “compañeros” a quienes son enemigos de clase.

Hay concesiones pequeñas como la postergación por un mes del Censo Agropecuario, o eliminar de la boleta censal las preguntas que a los empresarios les incomodan sobre cumplimiento de la función productiva de sus tierras. El censo agropecuario que se va a efectuar en Bolivia después de varias décadas, podría servir para saber si el saneamiento de la propiedad agraria, luego de diecisiete años de vigencia desde 1996, en verdad ha modificado la estructura de tenencia de la tierra en Bolivia o ésa estructura, a través de ventas y transferencias de predios, se está volviendo a reconcentrar en pocas manos. Necesitamos datos respecto a la cantidad de tierras que se han apoderado actualmente esos nuevos latifundistas que son los menonitas (que se hacen pasar por “comunidades campesinas”, porque serán tradicionalistas pero no tontos), o los terratenientes colombianos y brasileros. Como país necesitamos esa información, pero no les conviene a los nuevos “amigos” de la Cámara Agropecuaria del Oriente o la Confederación de Ganaderos de Bolivia.

Las capitulaciones programáticas están llegando a extremos muy graves, así se vio el 19 de diciembre del año pasado, cuando se aprobó la “Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques” para que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) reconozca los desmontes ilegales efectuados entre 1996 y 2011 (15 años) y otorgue nuevas autorizaciones para el desmonte forestal. Son medidas orientadas a incrementar la frontera agrícola en tres millones de hectáreas. “Expandir la frontera agrícola” es una expresión técnica, aparentemente neutral e inofensiva, que en los hechos quiere decir ni más ni menos que los soyeros y ganaderos podrán acaparar más tierras, chaqueando los bosques y las áreas de reserva forestal, hacia las que expandirán el monocultivo y la ganadería extensiva.

¿Por qué motivo los oligarcas agropecuarios piden autorizar esta expansión?; precisamente por el monocultivo. El monocultivo, por ejemplo de la soya, en la que utilizan grandes cantidades de abonos químicos, fertilizantes y herbicidas, agota las tierras en pocos años, obligando a estos “emprendedores” a expandirse hacia nuevas superficies a costa de las áreas forestales, causando procesos irreparables de erosión y desertización. Esta depredación ha ocurrido en Paraguay y en Argentina (donde también hay grandes extensiones de producción soyera para la exportación) y por supuesto que se está dando también en Bolivia.

Pruebas al canto. En estas últimas tres semanas ocurrieron enormes incendios forestales en la Chiquitanía cruceña, que han destruido cerca de 100.000 hectáreas de bosque seco chiquitano, una de las mayores reservas que tenemos en esta parte oriental del país. Esos incendios son resultado de quemas indiscriminadas de gente que actúa con esta lógica depredadora y suicida que daña a la Madre Tierra. Aclaremos que no son sólo latifundistas sino incluso campesinos y colonizadores, que buscan aprovechar el perdonazo forestal que aquella ley “… de restitución de bosques” permite.

Los incendios que han arrasado áreas de vocación forestal en Santa Cruz, no son “el resultado del calentamiento global y la sequía” como pretenden hacernos creer algunos voceros de los ganaderos y soyeros. ¡Vaya qué coincidencia!, a la primera época de chaqueos después de que se aprueba la leyecita a la que nos hemos referido, nuestras áreas verdes comienzan a ser devoradas por el fuego y la ambición capitalista.

No sirve de mucho lanzar lindos discursos en foros internacionales o aprobar bonitas leyes que protegen a la Madre Tierra si, al mismo tiempo, se capitula aceptando las viejas prácticas que siempre han utilizado los latifundistas para extender sus dominios. Así como la necesidad tiene cara de hereje, el pragmatismo tiene cara de impostor.

* Lector del Semanario Aquí.