(Agencias).- El director del Instituto Nacional de Estadística (INE) Ricardo Laruta renunció a su cargo luego de que se identificaron serios errores en el proceso de diseño y ejecución del Censo de Población y Vivienda 2012 que estuvo a su cargo. El Consejo del Centro Latinoamericano de Desarrollo (Celade) evaluará la consistencia técnica del escrutinio que ha sido cuestionado por diversos sectores políticos y sociales de todo el país.

El 23 de enero de este año el Presidente Evo Morales, citando datos parciales del INE, informó que Bolivia tiene 10.389.903 habitantes y que Santa Cruz es la región más habitada del país, superando por primera vez a La Paz. Sin embargo, el 31 de julio la ministra de Planificación Viviana Caro difundió nuevos datos que reducen la población nacional en más de 362 mil habitantes.

Según los datos preliminares, Santa Cruz tenía 2.776.244 habitantes y La Paz 2.741.554, pero luego de una “revisión cuidadosa” se concluyó que La Paz cuenta con 2.706.351 habitantes y en segundo lugar se encuentra Santa Cruz con 2.655.084 personas, precisó la ministra Caro. (Ver cuadro adjunto)

Al momento de explicar las diferencias sobre la cantidad de población de Bolivia registrada en el Censo de noviembre de 2012, Caro explicó que “no es raro tener diferencias entre datos preliminares y resultados oficiales”, y aseguró que el INE había cumplido con los protocolos internacionales para procesar la información.

Sin embargo, las explicaciones de Caro no convencieron ni siquiera a los miembros del oficialismo, razón por la cual la presidenta de la Cámara de Diputados Betty Tejada (MAS) convocó a las autoridades del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del INE para que expliquen la razón de la diferencia de los datos preliminares difundidos en enero y los oficiales publicados en julio.

El movimiento cívico del departamento de Santa Cruz, el más afectado por la reducción poblacional, manifestó que la desaparición “oficial” de más de 362 mil ciudadanos bolivianos “no es aceptada por el pueblo boliviano, que ya ha hecho su propia evaluación: las cifras del Censo 2012 no son confiables, y por ello urge solucionar todas las deficiencias y problemas que contiene”.

Según el Comité pro Santa Cruz, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, realizado con un retraso de dos años, “se llevó adelante con desprolijidad, cartografía incompleta, insuficiente capacitación e innumerables deficiencias técnicas y falta de personal calificado, producto de la ineptitud en su conducción”.

A tal punto llegó la suspicacia política que algunos sectores insinuaron que el gobierno del MAS había manipulado los datos con el fin de restar recursos económicos a las regiones y de esta manera obstaculizar deliberadamente la aplicación del régimen autonómico, y sobre todo la redistribución de escaños parlamentarios en función a la nueva realidad demográfica.

“Los resultados del Censo de población presentados por la Ministra de Planificación muestran, como alguien dijo, un censo ordenado ‘a la carta’, queriendo manifestar con ello la manipulación política a que dio lugar el manejo de este instrumento tan útil para tomar definiciones en el campo económico, político, social ,etc.”, comentó el diputado Juan Luis Gantier de Chuquisaca.

Para el legislador opositor, el problema del gobierno en términos políticos es el descenso de la importancia del departamento de La Paz en términos poblacionales: “No olvidemos que su fuerza está en esta región, por lo cual no ha escatimado esfuerzos para reflotar esta situación, a sabiendas de que va a desgastar la credibilidad del instrumento censal”.

Según Gantier, las incoherencias presentadas entre los resultados preliminares y finales, el hecho que disminuyera drásticamente la cantidad de la población de varios departamentos, las grandes discusiones previas sobre el contenido de las preguntas de la boleta censal, y otras acusaciones relacionadas con la escasa rigurosidad técnica con que se gestionó el proceso, llevan a exigir una auditoría en el plazo más breve.

Por su parte, la diputada Ericka Claure de Convergencia Nacional (CN) advirtió que la falta de credibilidad por los cambios abruptos en los datos del Censo “incluso puede poner en entredicho los resultados electorales del próximo año”, por lo que demandó que se realice una auditoría técnica independiente e imparcial sobre dicho estudio demográfico.

Claure y Gantier consideraron que mientras no se haya auditado el proceso censal no se debe aceptar una nueva ley de régimen electoral, que servirá de sustento para redefinir el número de representantes de cada departamento en la Asamblea Plurinacional, y peor aún las bases de la asignación de recursos a partir de un nuevo pacto fiscal.

Cabe recordar que el mismo día de la publicación de los datos censales corregidos, el gabinete de ministros aprobó un decreto supremo que instruye la redistribución de recursos económicos de acuerdo con las cifras cuestionadas. Sin brindar mayor información, la ministra Caro dijo que los datos oficiales del Censo 2012 serían la base para la repartición de recursos en el presupuesto 2014 entre los 10.027.254 habitantes del país.

El Movimiento sin Miedo (MSM) manifestó que los últimos datos estadísticos presentados por el INE carecen de veracidad, razón por la cual propuso anular los datos censales y además postergar la realización ddel Censo Agropecuario previsto para septiembre. La ministra Caro respondió que la exigencia de anular el Censo debería de estar acompañada de una argumentación técnica y no política que demuestre que los datos demográficos no son reales.

Pese a las explicaciones oficiales, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Mario Yaffar se sumó al debate y aseguró que los datos presentados por el gobierno “nos genera incertidumbre”. Reflexionó que en el manejo estadístico “siempre existe un margen de error, pero lo que ahora nos han mostrado es un margen del 7%, lo cual altera muchísimo la toma de decisiones del sector empresarial, y por eso solicitamos la auditoria porque es lo que se hace en todos los censos, hay formas de validar y cruzar información”.

El directivo empresarial comentó que si bien los datos de la encuesta nacional ya pasaron una primera etapa de análisis, “amerita un segundo análisis” para que las empresas productivas trabajen en base a información cierta y no tome decisiones equivocadas. Por tanto, lo que corresponde es “hacer una auditoria a los datos del Censo y mejor si ésta es hecha de manera internacional”.

En ese escenario, el Presidente en persona reconoció que fue un error haber difundido datos preliminares en enero de este año, los cuales no coinciden con los resultados oficiales presentados el 31 de julio, por lo que abrió la posibilidad de someter el escrutinio a una auditoría internacional. “Si hay instituciones o movimientos sociales que no tienen confianza, accederemos a auditorías con expertos internacionales y nacionales para que verifiquen”, declaró el Mandatario.

Dos días antes, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana manifestó la predisposición del Poder Ejecutivo para que el Censo de Población y Vivienda de 2012 sea sometido a una prueba de consistencia técnica “para dar tranquilidad a todos”. A su juicio, “es necesario que no surjan conflictos en las regiones” por la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los escaños parlamentarios.

Es así que el 9 de agosto la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia Katherine Grigsby confirmó que el Comisión del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) someterá a evaluación técnica los resultados el Censo de Población y Vivienda de 2012.

Grigsby explicó que “todo proceso censal incorpora en su plan una evaluación post Censo, eso es justamente para validar todo lo encontrado en el Censo, es decir las cifras, y establecer a partir de ello la consistencia del Censo”; y el Celade es una instancia que se dedica a la validación de resultados de censos en América Latina y el Caribe.

El 21 de agosto, el director del Celade Dirk Jaspers informó en La Paz que los primeros resultados de la auditoría al Censo 2012 se conocerán a mediados de 2014. No obstante, aclaró que para esa fecha se contará solo con una estimación de la población por sexo, edad y tasa de mortalidad.

Exigen institucionalizar el INE

La Asamblea de la Cruceñidad y otros entes políticos y sociales del país exigieron realizar una auditoría integral al proceso del Censo para corregir los errores y distorsiones, y también demandaron la inmediata institucionalización del INE para que recupere su prestigio y confiabilidad como ente técnico.

Ante el “manoseo político gubernamental” del INE, el diputado de CN Alex Orozco desafío al Presidente Morales a iniciar la institucionalización inmediata de la entidad para generar certidumbre y transparencia en la administración de la base de datos que hace al desarrollo social y económico de Bolivia.

La posición de Orozco fue expresada una vez conocida la dimisión de Ramiro Laruta al cargo de director del INE. “Más allá de la renuncia, ¿de qué sirve esta decisión si los directores del INE van a seguir siendo nominados a dedo por el interés político del Presidente Morales?”, cuestionó el diputado tras recordar las consecutivas renuncias de anteriores directores de esa institución.

Laruta remarcó que su renuncia fue totalmente voluntaria y descartó una “crisis institucional”. En declaraciones a la ABI, reveló que “hice efectiva mi renuncia el pasado martes al Presidente Evo Morales por dos razones, una de salud y otra para dejar en total libertad de trabajo a la gente del Celade que va iniciar un proceso de evaluación técnica al censo de población y vivienda”.

Según el diputado Orozco, “más que motivos de salud, creemos que existe una decisión consciente de Laruta para no seguir siendo cómplice y co autor del catastrófico diseño, administración y ejecución del censo que tiene gravísimos errores”.