Pese a quien pese, el debate en torno a la despenalización del aborto en Bolivia, no se acallará. Los medios pueden darle mayor o menor espacio, la gente puede darle mayor o menor atención, el gobierno puede hacerse el desentendido. No obstante y pese a ello, nosotras, las mujeres que hemos optado por una posición irrenunciable de defensa de nuestro derecho a decidir sobre cualquier asunto que nos concierne, sea público o privado, y nuestros aliados varones (que no son pocos), vamos a continuar exigiendo en todos los espacios pertinentes, que el tema sea debatido. Esta exigencia por el debate no es capricho ni ganas de irritar a nadie (aunque sabemos que irrita profundamente a alguna gente), es un deber ineludible cuando lo que sale a la luz son, al menos, dos constataciones inocultables.

La primera y más clara es que ninguna condena o amenaza de ella logra impedir que una mujer que ha decidido interrumpir voluntariamente un embarazo, deje de hacerlo por ese hecho. Entonces ¿a qué o a quién sirve la penalización? Sólo sirve para sostener un barniz de “moralidad” hipócrita que no tiene otro sustento que el miedo a que las mujeres alcancemos nuestra plena autonomía. La sola idea de que algún día todas las mujeres levantemos cabeza y dejemos de someternos al poder patriarcal para decidir por nosotras mismas, genera un profundo terror en todos los circuitos del poder constituido. Ese día se les caerá la estantería de sus argumentos “naturalistas”, “biologistas”, “éticos”, sobre sus propias cabezas y se les acabarán los privilegios que se han auto-conferido en más de cinco milenios de patriarcado.

La segunda es que la penalización del aborto sólo conduce a las mujeres que deciden hacerlo a los oscuros recovecos de prácticas inseguras, insanas y perversas con graves riesgos para su salud y su vida. Cuanto más pobres y más jóvenes sean y cuanto menos informadas estén, más oscuros y riesgosos serán los lugares a donde lleguen con su decisión. En otras palabras, la penalización del aborto sólo genera un grave problema de salud pública con grave riesgo de muerte para las mujeres. El Estado y sus autoridades no pueden continuar eludiendo su responsabilidad ante esta realidad porque, por acción y omisión, están incurriendo flagrantemente en la figura penal de “incumplimiento de deberes”.

Quienes se oponen al aborto –en su mayoría varones– imbuidos de una soberbia impresionante, presumen ser defensores de “la vida” del no-nato como si hubiesen recibido el “don divino” de escuchar su “deseo de vivir”. Semejante impostura ya raya en el delirio y, francamente, nos hemos cansado de discutir con estos sujetos, varios de los cuales no han dudado en condenarnos al fuego eterno del infierno y/o nos han ofrecido sus fervorosas oraciones por la salvación de nuestras impías almas. Nadie se las ha pedido y pueden reservarlas para sí mismos, para cuando lleguen muy contentos allá donde suponen que llegarán algún día como premio a su buen comportamiento (lo llaman cielo) y el soberano de las nubes les diga, “aquí no entras porque fuiste cómplice de homicidio cada vez que una mujer murió en manos de un inmundo cucharillero”.

Como señalan varias de mis amigas feministas, el debate no es entre los supuestos bien intencionados fundamentalistas religiosos y nosotras. El debate debe darse, por una parte, entre nosotras (acompañadas de nuestros aliados) y el Estado; y por otra parte, también puede darse (si así lo quieren) entre ellos/ellas y el mismo Estado, a ver quién logra ponerle en razón. Nosotras apelamos a la CPE y a los tratados internacionales como fundamento del “deber ser” de un Estado, presuntamente “independiente de las religiones” (Art. 4) que tiene el deber ineludible de garantizarnos el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos, entre otros, a nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos (Art. 66). Ellos/ellas apelan a los libros religiosos y particularmente a la Biblia como fundamento de su visión del mundo, sin haberse enterado siquiera que en ese libro no existe una sola mención al aborto como “pecado”, según pude escuchar en boca de teólogos/as entendidos/as en la materia.

Sabemos que entre las filas del oficialismo priman posiciones extremadamente conservadoras al respecto. Eso ya no sorprende o debiera de sorprender a nadie, porque entre el discurso “del cambio” y la práctica política cotidiana hay un giro de ciento ochenta grados hacia el tradicionalismo más recalcitrante en todos los aspectos que se quiera analizar. No obstante, en medio de la confusión inicial que suscitó la noticia sobre la presentación del “recurso abstracto de inconstitucionalidad” al TCP, surgieron voces discordantes pronunciándose al menos a favor de poner el tema en debate, si no a la propia despenalización del aborto. El silencio más llamativo proviene de la senadora Gabriela Montaño, antigua militante a favor de esta causa y sólo ella sabrá por qué lo hace. Lo cierto es que, a pesar de que los mandamases procuran imponer “hegemonía ideológica” en esta organización política, lo que queda en evidencia es que no hay tal, que ahí también existe gente que piensa de manera diferente y que eventualmente podría abrirse al debate.

La pregunta de fondo es ¿cuál será el instrumento que elegirán las autoridades de este país para orientar sus acciones y sus decisiones con relación a este tema en particular? Si eligen la Biblia, que quemen la CPE y convoquen a una nueva Asamblea Constituyente para declarar a Bolivia, ya no “estado plurinacional”, sino “estado teocrático de religión única”. Si eligen la CPE, que actúen en consecuencia y se pronuncien a favor de la despenalización del aborto porque, definitivamente, la penalización del aborto constituye una franca negación del artículo 66, entre otros muchos que ya fueron expuestos en el mencionado recurso.