Sucre.- La crisis judicial que enfrenta el país lleva a la necesidad de trabajar en una justicia más humana “que busque menos el procedimiento y más el objetivo, que busque el bienestar de todos, pero especialmente de las víctimas, de los menos favorecidos y de los más vulnerables”, afirmó el Defensor del Pueblo Rolando Villena en la inauguración de la Cumbre Nacional de Justicia que se desarrolla en la ciudad de Sucre.

“Necesitamos una justicia más humana y menos injusta, donde no haya niñas vejadas sexualmente que tengan que repetir su tragedia reviviendo lo que le sucedió en las investigaciones, que una persona imputada no tenga que pasar años detenida preventivamente; que los casos no sean priorizados porque el litigante tiene dinero, que la retardación no genere una cultura de impunidad en casos de linchamientos, violaciones o vulneraciones flagrantes de los derechos humanos; que deje de ser tan alto el porcentaje de audiencias suspendidas por la ‘chicanería’”, manifestó el Defensor.

Durante su alocución, Villena planteó la necesidad de garantizar una justicia independiente y libre de presiones, acuerdos y compromisos ocultos. “No hay nada más tenebroso para una sociedad que la aparición de jueces y fiscales o bloques de estos, jurando lealtad a partidos políticos, gremios empresariales o sociedades de socorro mutuo”, afirmó.

En su análisis sobre los problemas del sistema judicial dijo que “hay algo que no está funcionando correctamente desde el Estado, en la priorización de recursos y en la conciencia de la gravedad de la crisis del sistema judicial”, refiriéndose a que en la actual gestión destinó 648 millones de bolivianos que representa el 0,15% del Presupuesto General del Estado al órgano judicial, frente a los 2.800 millones para Seguridad y los 3.200 millones para Defensa. “No es coherente esperar o pedir una solución rápida a los graves problemas de lentitud, ineficiencia, corrupción e insuficiencia que afectan al sistema judicial, si los recursos que se destinan al Órgano Judicial son insuficientes”, dijo.

No obstante que existe mucho por hacer y mejorar, dijo que la institución que conduce tiene confianza plena en quienes hoy se encuentran en los máximos cargos del Órgano Judicial, el Ministerio Publico y el Tribunal Constitucional Plurinacional no solamente porque han sido elegidos por el pueblo, sino porque después de muchos años, es evidente que tienen a hombres y mujeres que están demostrando con hechos concretos que tienen la voluntad, el compromiso y la capacidad para plantear e implementar caminos de solución.

“En esa línea hemos celebrado los resultados efectivos y la muestra real de independencia y probidad de sus miembros en decisiones que privilegiaron a la justicia ordinaria sobre la jurisdicción militar en caso de vulneración de derechos humanos o la eliminación del delito de desacato, o la reposición de la presunción de inocencia como principio elemental de justicia, o la búsqueda de soluciones efectivas al grave problema de la mora procesal”, remarcó.

Un equipo de la Defensoría del Pueblo participa en las nueve mesas de trabajo para evaluar la actual situación y los problemas que afectan a la justicia como son la retardación, corrupción, independencia, autonomía presupuestaria entre otros puntos.

Declaración del primer encuentro nacional del Ministerio Público

Del 11 al 13 de julio de 2013 se celebró en Sucre el Primer Encuentro nacional del Ministerio Público, ocasión en la que la Fiscalía General del Estado asumió un nuevo rumbo con el objetivo de “constituirse en el referente de los cambios y transformaciones en el sector justicia, generando para ello una estrategia de posicionamiento institucional, asumiendo el reto a partir de la presente declaración programática que contiene los lineamientos de acciones a desarrollar frente al deterioro de su función e imagen para recuperar la confianza del pueblo boliviano respetando la coexistencia de los sistemas jurídicos”.

Al cumplirse el primer año de la promulgación de Ley Orgánica del Ministerio Público, las autoridades del sector se propusieron sentar las bases para la construcción de la nueva institucionalidad del Ministerio Público. En ese sentido, el Fiscal General, los nueve Fiscales Departamentales, Fiscales de Materia, servidoras y servidores del Ministerio Público declararon que es urgente dejar atrás la investigación tradicional, para transitar hacia una investigación estratégica, utilizando medios técnico científicos, en la búsqueda de la verdad material e histórica de los hechos, protegiendo los derechos y las garantías constitucionales de todas las personas. Para ello acordaron iniciar un inventario nacional de causas e instituir un filtro de ingreso de denuncias para evitar que causas no penales sean tramitadas y congestionen innecesariamente el despacho fiscal.

Las autoridades del Ministerio Público decidieron, además, generar un salto en la organización pasando de un despacho fiscal individual a una entidad organizada en fiscalías corporativas, para controlar la calidad de las resoluciones fiscales, la probidad del trabajo fiscal y optimizar la investigación y el control de plazos procesales. En ese marco se implementarán instancias que refuercen su labor, descongestionando la enorme carga de casos rezagados, evitando la suspensión de las audiencias por la ausencia de los fiscales y uniformando las directrices de su función.

“De igual forma, seremos firmes para combatir la corrupción y castigar la impunidad al interior del Ministerio Público y así transformar la imagen deteriorada que la sociedad tiene de nosotros, generando mecanismos que fomenten una cultura de respeto a los principios de probidad y transparencia. Como una muestra clara de este compromiso, crearemos una Unidad de Análisis Patrimonial, que investigue el patrimonio de todas las servidoras y los servidores del Ministerio Público”, señala la declaración del Primer Encuentro.

Los servidores públicos aseguran en su declaración que están “firmemente convencidos que vanos serán nuestros propósitos si no ratificamos la autonomía del Ministerio Público y la independencia en el ejercicio de la función fiscal, la cual nos permita ejercer nuestras funciones sin injerencias, para garantizar así la probidad de la labor fiscal y nuestro rol constitucional que es el de ejercer la persecución penal pública, defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.