El Ministerio de Defensa de Brasil confirmó que en octubre de 2011 las autoridades bolivianas requisaron un avión de la Fuerza Aérea de Brasil (FAB) que transportaba al ministro de Defensa Celso Amorim sin el consentimiento del alto representante político, un “procedimiento abusivo” que motivó una protesta diplomática formal.

El 14 de julio las publicaciones brasileñas El Diario do Poder y Valor Econômico denunciaron que el gobierno boliviano sometió a una “humillación ultrajante” al ministro de Defensa Celso Amorim a fines de 2012, cuando el avión de la FAB en el que viajaba fue retenido y revisado al momento de despegar de La Paz, bajo la sospecha de que trasladaba al legislador opositor Roger Pinto, actualmente asilado en la embajada de Brasil en La Paz.

El Canciller de Bolivia David Choquehuanca y la ministra de Comunicación Amanda Dávila negaron enfáticamente que el gobierno boliviano haya ordenado requisar un avión brasileño o de cualquier otro país, y calificaron las versiones de prensa como una “tomadura de pelo”. “Cómo vamos a caer en estas bromas o tomada de pelo, seamos más responsables con nuestros pueblos. Este tipo de publicaciones irresponsables e infundadas que deben salir al día en estos medios no pueden ser respondidas porque nos hacen perder el tiempo”, declaró Choquehuanca.

“El gobierno del Presidente Evo Morales desmiente de la manera más rotunda los términos de la publicación y como prueba podemos decir que el ministro Amorim no visitó el país el año pasado”, aseveró Dávila y detalló que Amorim no llegó La Paz en los últimos 18 meses y su última visita a Bolivia data de 2010. Choquehuanca aclaró que Amorim visitó Bolivia en dos ocasiones, una en 2012 para entregar dos helicópteros y otra en abril de 2013 para atender el caso de hinchas del Corinthians detenidos en Oruro, oportunidades en las que, aseguró, “no se registró ningún tipo de inconvenientes con el vuelo del ministro brasileño”.

Al respecto, el Ministerio de Defensa de Brasil corroboró en un comunicado oficial que “no procede la información de que el avión de la FAB utilizado en viaje oficial el día 3 de octubre de 2012 fue revisado por autoridades bolivianas en el aeropuerto de Santa Cruz de La Sierra”. No obstante, aclara que un incidente similar ocurrió efectivamente un año antes, en octubre de 2011, cuando una nave de la FAB brasilera fue requisada sin la autorización del ministro de Defensa Amorim. (1)

El Ministerio de Defensa brasileño reveló en un comunicado que “hubo, en el segundo semestre de 2011, acciones por parte de las autoridades bolivianas que configuran violaciones de la inmunidad de las aeronaves de la FAB, una de ellas involucrando al avión que llevó al ministro de Defensa en viaje oficial a La Paz a fines de octubre de 2011…”. (2)

El comunicado del Ministerio de Defensa no explica cuál fue el motivo de la requisa de la nave de la FAB, pero revela que “los episodios ocurridos en 2011 fueron objeto de nota de reclamación encaminada por la Embajada de Brasil en La Paz a la Cancillería boliviana… La Embajada informó que una repetición de tales procedimientos abusivos llevaría a la aplicación, por Brasil, del principio de reciprocidad”.

Finalmente, la nota del Ministerio de Defensa brasileño asegura que desde la formulación de la queja diplomática por la requisa de una aeronave de la FAB, que Amorim “nunca autorizó”, “la FAB no registró nuevos episodios de revisiones en sus aeronaves por las autoridades bolivianas”.

“Esta tarde hemos visto a la ministra de comunicación Amanda Dávila negando en todos los medios que se hubiera dado tal incidente, pero horas después se conoce la confirmación oficial de Brasil, lo que deja muy mal parado al gobierno y a toda su política comunicacional”, comentó el jefe de la bancada de la alianza opositora Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados Adrián Oliva, y exigió a la ministra Dávila que “deje de tomarle el pelo a los ciudadanos”, y que el gobierno de Evo Morales “de una vez diga la verdad y no pretenda seguir ocultándole información al pueblo boliviano”.

¿Doble moral?

Hace dos semanas el Presidente Morales vivió una verdadera odisea cuando autoridades de España, Francia, Italia y Portugal le negaron permiso para sobrevolar sus espacios aéreos, con la sospecha de que trasladaba desde Moscú al ex agente de inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden, perseguido por Washington por filtrar información clasificada.

Se supo que España condicionó el permiso a una requisa de la carga y tripulación de la nave presidencial, pero el Presidente Morales rechazó tal acción por considerarla una violación de los tratados internacionales. “No voy a permitir que revisen el avión, no soy un ladrón”, habría respondido el mandatario, según la presidenta argentina Cristina Fernández. El gobierno de Bolivia manifestó que la petición de revisión del avión presidencial constituye una violación del Convenio de Viena.

Este martes el diputado de CN Luis Felipe Dorado preguntó: “¿Por qué exigen el respeto a una nave oficial y no respetan la aeronave del ministro Amorim? Con esto se demuestra que Morales critica ciertas prácticas cuando se le aplican a él, pero no tiene problemas en aplicarlas a terceros. Se confirma la doble moral del gobierno que viola la regla de oro: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti”.

La bancada de CN criticó la “doble moral” del gobierno en lo referente a inviolabilidad de aeronaves oficiales y también en materia de asilo político, haciendo un paralelismo de los casos de Edward Snowden y del senador Roger Pinto. “Nos preguntamos por qué los gobernantes se esfuerzan en una campaña de exigir el derecho al asilo y no lo cumplen. ¿Por qué en el caso de un americano hay derechos humanos y en el caso de legisladores bolivianos electos por el pueblo no hay derechos humanos?”, cuestionó el diputado opositor Adrián Oliva.

Los opositores recordaron que el senador Roger Pinto permanece refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz desde el 28 de mayo de 2012 debido a que el gobierno se niega a proporcionarle un salvoconducto para viajar a Brasil y cumplir su exilio político. Es más, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardi Suxo impugnó el asilo concedido por Brasil al legislador. (3)

El año pasado legisladores y ministros del gobierno de Morales denunciaron que el Estado de Brasil incumple convenios internacionales de lucha contra la corrupción y permite que su embajador en Bolivia actúe como “vocero político” de la oposición y convierta la sede diplomática brasileña en un “refugio de delincuentes comunes”. La ministra Dávila advirtió que “el gobierno boliviano no cederá ante una presión de un Embajador que está asumiendo una vocería política y no un papel de diplomático como tiene que ser (aludiendo a Marcel Biato)”, mientras que el ex fiscal del Estado Mario Uribe amenazó con enjuiciar a las autoridades que otorguen el salvoconducto a Pinto. (4)

“Debo alarmarme frente a la amenaza de juicios a quienes otorguen el salvoconducto, cuando la obligación gubernamental es la de cumplir el tratado de asilo, que establece que el gobierno otorgante del asilo, cuando exige el salvoconducto, debe obtener la respuesta inmediata del país requerido”, retrucó el jefe del Movimiento sin Miedo (MSM) Juan del Granado en esa oportunidad, antes de advertir que la “acción irresponsable” de confrontar al ex embajador brasilero en Bolivia” arriesga la relación entre los Estados de Bolivia y Brasil.

En declaraciones a la agencia estatal ABI, la ministra Dávila explicó ayer que “en Bolivia tenemos asilados políticos y Bolivia es respetuosa del asilo político, de la convención internacional y las normas que protegen el asilo político. Precisamente por esa razón hemos firmado una de las resoluciones del Mercosur que habla acerca de la necesidad de respetar, preservar y dar importancia al asilo político y estamos absolutamente de acuerdo con eso”.

En su reciente cumbre, los países miembros del Mercosur defendieron la concesión irrestricta del asilo político, excepto cuando el peticionario o aspirante haya cometido delitos de lesa humanidad y cuando esté acusado en su país por delitos comunes. Según Dávila, “en este caso, el senador Pinto tiene procesos en marcha y una sentencia y, por supuesto, puede presentar todos sus descargos y apelar. Tienen todo ese derecho que está consagrado en la Constitución”.

Notas:

1. http://defesa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/8737-16-07-2013-defesa-nota-a-imprensa-revista-de-aviao-da-fab-na-bolivia

2. En esa oportunidad el ministro Celso Amorim visitó Bolivia para concertar con autoridades nacionales un proyecto conjunto de defensa aérea en la lucha contra el narcotráfico mediante el uso de aviones no tripulados.

3. Pinto enfrenta al menos 20 procesos penales por la comisión de delitos comunes cuando ejercía como prefecto de Pando en 2001, entre ellos desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija a favor de la Universidad Amazónica de Pando. Además, tiene cinco denuncias por corrupción y daño económico ocasionado al Estado que supera los 6 millones de dólares. También está inculpado en un juicio por la masacre de campesinos en septiembre de 2008.

4. La presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño dijo que es imposible otorgar salvoconducto al senador Pinto porque no existe normativa internacional ni boliviana que lo respalde. Recordó que la Convención Sobre Asilo Político establece que “no es lícito dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares a inculpados de delitos comunes que estuvieran procesados en forma o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios”.