La Habana (PL).- Luego de meses de negociaciones, el Senado estadounidense aprobó el 27 de junio un plan de reforma migratoria enmendado que sería la Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de Inmigración (S.744), si finalmente llega a manos del presidente Barack Obama. En un camino cuyo recorrido puede ser largo, los republicanos se juegan el futuro y tratarán de mover la norma hacia posiciones más extremas sin desconectarse de la comunidad latina.

Se estima que en Estados Unidos viven casi 11 millones de inmigrantes no autorizados, según el Departamento de Seguridad Nacional. El problema migratorio enfrenta desde hace varios años a republicanos y demócratas, al gobierno federal con los estados y, así, una larga cadena de intereses salpicados por ideas racistas y discriminatorias, entre otras.

Ronald Reagan, los Bush, padre e hijo, William Clinton y ahora Obama, enfrentaron el problema migratorio desde diferentes ángulos, e incluso, todos intentaron avanzar una reforma de las leyes a su manera. Términos como “trabajadores huésped”, “dreamers”, “indocumentados”, “espaldas mojadas”, “ciudades santuarios”, entre otros, fueron ingredientes en las disputas en el Congreso por alcanzar un plan.

El último intento para enfrentar el problema migratorio en Estados Unidos se remonta a la Ley del Control de Reforma Migratoria (IRCA) de 1986, implementada durante la administración del republicano Ronald Reagan, pero esta no logró solucionar los problemas que en los últimos años se acrecentaron. Años después algunos analistas consideraban que el problema migratorio era una bomba de tiempo para los políticos estadounidenses, que se agravaría si no se enfrentaban los efectos del fenómeno global del neoliberalismo, causante del éxodo de muchas personas a estas tierras en busca de mejoras económicas.

En ese escenario neoliberal, un gran número de personas, entre ellos mexicanos y de otras naciones del área, por ejemplo, miraron hacia los mercados laborales de la nación norteña como respuesta al fenómeno global, algo que confirmó previsiones sobre ese gran éxodo. Según el catedrático y analista Humberto Caspa, si el neoliberalismo produjo una economía vibrante en territorio norteamericano, en muchos países latinoamericanos estas medidas económicas causaron un fuerte flujo migratorio.

Cuando el presidente Barack Obama ganó los comicios de 2008 prometió hacer una modificación sustantiva de las leyes durante su primer mandato para lo que contaba con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, pero sus palabras solo quedaron en una promesa. Presionado por otros temas como la reforma del sistema de salud y la crisis de la deuda, el mandatario perdió la mayoría en la Cámara de Representantes en 2010, y pese al amplio movimiento de apoyo, una vez más el asunto se estancó en el Congreso en medio de discusiones entre republicanos y demócratas.

Durante 2011 se sintieron los efectos de la lentitud de la Casa Blanca en avanzar una iniciativa en sus dos primeros años, cuando existían las condiciones para solucionar un problema que arrastra el país. Uno de los principales impulsores del cambio, el representante demócrata Luis Gutiérrez, consideró que el discurso del mandatario sobre el tema “es contradictorio”. Obama no aprovechó una mayoría de 59, que en algún momento fue de 60, en el Senado, y casi 250 demócratas en la Cámara de Representantes, en opinión de Gutiérrez, una mayoría bastante abrumadora, para reformar el sistema migratorio desde el punto de vista legislativo.

Los republicanos, al ganar la mayoría en la Cámara Baja y disminuir la ventaja demócrata en el Senado en noviembre de 2010, impusieron el ritmo y paralizaron el debate. Argumentos como la seguridad en la frontera y la pérdida de empleos de los estadounidenses endurecieron la política antiinmigrante, mientras sectores conservadores del país utilizaron estos argumentos para criminalizar el trabajo indocumentado.

La falta de acción gubernamental, por otra parte, incentivó que varios estados promovieran acciones antiinmigrantes para emular la SB1070 de Arizona, como es el caso de Alabama, cuya normativa es 10 veces peor en opinión de activistas proinmigrantes. En Alabama es un delito grave que una madre indocumentada lleve a sus hijos, ciudadanos de Estados Unidos, a la biblioteca para sacar una tarjeta y leer libros, manifestó Gutiérrez.

Estas iniciativas, promovidas por sectores conservadores, no tienen en cuenta que la industria agrícola en Estados Unidos no puede sobrevivir sin mano de obra extranjera, la cual procede mayormente de México y América Central, plantean sus críticos. Se estima que de alrededor de un millón de obreros reclutados cada año para trabajar en los campos, hasta 80 por ciento son migrantes, los cuales ahora viven atemorizados de ser deportados. Pese que fueron enfrentadas en las cortes federales, la gente está huyendo, dejando atrás sus casas, sus carros, sacando a sus hijos de las escuelas, no yendo a citas médicas, plantean los activistas.

Mientras unos aprueban normas severas para perseguir el trabajo de los sin papeles como en Alabama y Arizona, otros favorecen tener esa mano de obra que ocupa empleos en sectores agrícolas y de servicios, considerados duros por muchos estadounidenses negados a desempeñar tales labores. La ciudad de Dayton, en Ohio, aprobó una iniciativa para facilitar la presencia de inmigrantes e incrementar el número de sus pobladores, en franco declive en los últimos años, según reseñó el diario Dayton Daily News. El alcalde Gary Leitzell al dar a conocer el plan aprobado por los Comisionados de forma unánime planteó que tratarán a todos los inmigrantes de forma “amistosa, justa y humana”.

Los promotores sostienen que la iniciativa pudiera considerarse como un paso para crear una identificación local para los residentes que no puedan conseguir licencia de conducir o identificación del estado. La decisión muestra el dilema en que se encuentran envueltos los estadounidenses respecto a la presencia de más de 11 millones de inmigrantes ilegales en el país, que incluso llevó al presidente Obama a lanzar la idea de favorecer el robo de cerebros al aflojar las leyes para científicos de otros países.

Lo de Dayton contrasta con la situación resultante en Alabama, donde la entrada en vigor de la ley HB56 convierte en un crimen estatal ser indocumentado. La jueza Sharon Lovelace Blackburn le dio el visto bueno a varias partes de la ley HB56, contradiciendo argumentos del Departamento de Justicia de que gran parte de la normativa es anticonstitucional. Uno de los argumentos de quienes apoyaron la ley HB56, incluyendo el del gobernador republicano Robert Bentley, es combatir el desempleo, pero sus oponentes aseguran que hay trabajos que los anglosajones no están dispuestos a hacer.

Como resultado, por ejemplo, varias docenas de plantas procesadoras de pollo ya padecen la pérdida de sus empleados indocumentados y los granjeros ponen el grito en el cielo ante la amenaza de perder sus cosechas. Algunos plantean, por ejemplo, que no temen ser descubiertos en su trabajo, sino que la policía los detenga en el camino y que sus hijos pasen a la custodia del gobierno para ser deportados.

Millones de inmigrantes pobres que llegaron al país en busca de trabajo viven hoy bajo el miedo y la pesadilla de ser detenidos y deportados, después de haber participado activamente en la vida económica. El Pew Hispanic Center estima que de los 11,2 millones de personas que residen en forma irregular en Estados Unidos, 9,1 millones provienen de Latinoamérica. Según datos del Censo, los hijos de los inmigrantes latinoamericanos son el bloque más grande de quienes viven bajo el índice de la pobreza, y sobrepasan en precariedad y exclusión a negros y blancos.

Según inmigrantes no saben cómo actuar si son abordados por la policía. ¿Le digo mi nombre? ¿Le enseño mi pasaporte extranjero? ¿Le muestro mi licencia de conducir aunque esté vencida? Si mi esposa va sola con los niños en el auto, ¿la detendrán delante de los niños? ¿Se la llevarán? ¿Qué pasará con mis hijos si me encierran? Interrogantes como estas muestran el temor de millares de familias, incluso de aquellas con hijos nacidos en el país y supuestamente amparados por las leyes vigentes.

Leyes como la de Arizona y Alabama incrementaron el “terror de agentes de inmigración” a causa de lo cual se registró un millón de deportaciones, cifra sin precedentes. El filme documental “Lost in Detention”, transmitido por el canal de televisión pública PBS, denuncia descarnadamente la situación de los deportados. Según el reportaje, las leyes de inmigración, y en particular Comunidades Seguras, llevaron a la separación de familias, la detención en condiciones inhumanas, el abuso sexual y psicológico y el racismo.

El 18 de octubre de 2011, activistas por los derechos de los latinos se reunieron en 10 ciudades del país, entre ellas Atlanta, Nueva York, Houston, Boston, Miami y San Francisco, para exponer sus preocupaciones sobre la política migratoria de Obama. Una de sus demandas principales fue la eliminación del Programa Comunidades Seguras, cuyo objetivo es deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, pero que ha llevado a arrestos masivos de extranjeros sin antecedentes penales. Durante el gobierno de Obama se incrementaron los programas federales que incentivan perfiles raciales, como el programa de Comunidades Seguras. Durante el año fiscal 2011 fue expulsada la mayor cantidad en la historia, con cifras cercanas a las 400 mil personas, según el director de la Agencia Migratoria, John Morton.

La decepción de millones de personas por el incumplimiento de la prometida reforma de las leyes migratorias, y la represión desatada a causa de disposiciones estatales contra miles de indocumentados cerraron el año 2011 en Estados Unidos. Asuntos como la guerra, la reforma del sistema sanitario y la crisis financiera fueron priorizados en la agenda de la Casa Blanca sobre la promesa del mandatario de impulsar una reforma integral de las leyes migratorias, lo que puso en riesgo un apoyo fundamental para ganar un segundo período en los comicios de 2012.

Tal vez en un intento de frenar su caída entre los votantes hispanos, Obama decidió suspender las deportaciones de miles de indocumentados para marcar lo que algunos consideran el cambio más significativo en política migratoria desde la amnistía de 1986, cuando la administración Reagan otorgó indulto a tres millones de personas.

Obama: el estira y encoge del tema migratorio

Desde hace varios años el tema de la reforma migratoria planea sobre las elecciones para alcanzar la presidencia de Estados Unidos, solo eso, sin pasar de ahí. Obviamente, pocos gobernantes corren el riesgo o tienen el valor de enfrentar un problema que polariza opiniones en una época donde lo prioritario es definir votos.

La reforma migratoria en Estados Unidos fue rehén durante mucho tiempo de intereses políticos y años tras año resultó usada en carreras presidenciales para atraer el importante voto de los latinos. Ronald Reagan; los Bush, padre e hijo; William Clinton y ahora Barack Obama enfrentaron el problema migratorio desde diferentes ángulos, e incluso, todos hicieron promesas de reformar las leyes migratorias, cada cual a su manera.

En los últimos cuatro años de los demócratas en la Casa Blanca, poco avanzó el tema migratorio en el país, a no ser la adopción de medidas represivas contra los sin papeles y sus familiares, fundamentalmente promovida en estados donde los republicanos tenían el control de los gobiernos. La decepción de millones de individuos por el incumplimiento de la prometida reforma de las leyes migratorias y la represión desatada a causa de normas estatales contra miles de indocumentados, caracterizaron este periodo.

A las complejidades económicas en el análisis del problema hay que añadir ahora el impacto del voto hispano en la política del país. En los comicios del 6 de noviembre de 2012, 12 millones 500 mil hispanos acudieron a las urnas cuando Obama resultó reelecto con 71 por ciento de esos votos, lo que además de muestra de apoyo, es un alerta para los demócratas de que eso pudiera variar si no hay una respuesta a sus demandas.

A estas alturas, los latinos son la primera minoría del país con cerca de 52 millones de personas, algo que según estadísticas de la Oficina del Censo pudiera aumentar en las próximas décadas, en las cuales las previsiones ubican el crecimiento hasta 150 millones de seres. Cuando esto pase, los políticos dejarán de cortejarla solo en tiempos electorales y temas como la reforma migratoria no solo serán promesas, predicen activistas comunitarios.

Obama decepcionó a los latinos, pero recibió otra oportunidad para que promueva una solución, nada fácil pues los republicanos siguen siendo mayoría en la Cámara de Representantes y su tendencia no es apoyar una reforma integral de las leyes, aunque están obligados a la moderación si quieren retomar el poder. Luego de la derrota en los comicios presidenciales de 2012, el Comité Nacional Republicano anunció públicamente su apoyo a una reforma integral de las leyes migratorias, lógicamente con el interés de atraer el voto de la más grande minoría del país (más de 50 millones de personas).

Obama prometió reformar la ley migratoria en su segundo gobierno y colocó como una de las prioridades. A esos anuncios siguió la creación de un panel bipartidista, cuatro demócratas y cuatro republicanos, que durante semanas elaboraron un plan para arreglar lo que la mayoría califica como un sistema defectuoso y quebrado. El proyecto despertó pasiones entre detractores y quienes lo apoyan, en especial en aspectos como el otorgamiento de la residencia y la ciudadanía, y la seguridad de la frontera. Pero hay algo que preocupa a los críticos republicanos y tal vez anime a muchos demócratas a trabajar por lograr el cambio: el impacto en la vida política de un voto que entraría a jugar en el escenario político estadounidense en los próximos años.

Según el diario digital Politico, la propuesta de inmigración en debate en el Congreso transformará el panorama de la nación por una generación o más, al entrar en juego cerca 11 millones de nuevos votantes hispanos en el plazo de una década y más. Si las tendencias actuales se mantienen, se producirá una bonanza electoral para los demócratas y paralizará las perspectivas republicanas en muchos estados que ahora ganan fácilmente y los esfuerzos de esa agrupación para atraer ese voto.

Aparte de los debates sobre si se concede una amnistía o se refuerzan los controles en la frontera, los partidos también analizan si la propuesta en curso ofrece una vía a la ciudadanía, por ende el derecho al voto, para millones de residentes sin papeles. El análisis de Politico sostiene que si estas personas hubieran votado en 2012 de la misma forma que la hicieron sus compatriotas residentes en Estados Unidos de forma legal, el triunfo del presidente Obama hubiera sido amplio sobre su rival republicano Mitt Romney.

Durante meses el actual mandatario luchó a brazo partido en estados claves como Florida, Colorado y Nevada para obtener una estrecha victoria e incluso en Arizona pudo ganar si hubiera tenido de su lado el voto de los inmigrantes. Con el posible voto de los que entrarían en la lisa, apunta Politico, el candidato republicano Mitt Romney habría perdido el voto popular nacional con una diferencia de siete puntos porcentuales, 53 por ciento a 46 por ciento, en lugar del margen de cuatro puntos que lo separó de Obama.

Teniendo en cuenta las actuales propuestas y considerando el resultado de 2012, para el 2028 millones de inmigrantes podrán votar para favorecer a un candidato demócrata, de ahí que muchos analistas ven una espada de Damocles pesando sobre los republicanos por el hecho que ciudadanía implica derecho al voto. Sin embargo, algunos sectores republicanos menos conservadores apoyan la reforma porque eso les permitiría un acercamiento a un voto que durante años les fue esquivo y que en las próximas décadas aumentará su importancia hasta el punto de poder inclinar la balanza por cualquiera de los candidatos.

El republicano George W. Bush obtuvo el 44 por ciento del voto de los latinos cuando ganó la presidencia, mientras el ahora perdedor Mitt Romney solo logró el 27 por ciento, un margen que pudiera revertirse y favorecer al bando rojo en su afán de recuperar la Casa Blanca. Según estudios del grupo Latino Decisions, si los republicanos hubieran apoyado el proceso de reforma migratoria como lo hacen ahora, muchos miembros de la comunidad latina hubieran votado por ellos, lo que al parecer es tomado en cuenta por algunos sectores de esa agrupación para favorecer el cambio aunque con medidas más severas.

Encuestas señalan que de los electores latinos registrados actualmente que votaron por Obama en 2012, casi la mitad, 43 por ciento, se moverían al bando republicano si ese partido asume un “papel de liderazgo” en la aprobación de la reforma de inmigración.

El sur del Río Bravo cuenta en la reforma migratoria en EE.UU.

Cualquier solución migratoria en Estados Unidos debe tener en cuenta los problemas existentes en las naciones al sur del Río Bravo si se quiere que sea integral y perdure en el tiempo, estiman comentaristas y expertos sobre el tema. Variados factores inciden directamente en los esfuerzos para alcanzar un cambio de las leyes, entre ellos, consideraciones económicas y problemas demográficos, por citar algunos.

Si realmente queremos hacer frente a la migración no autorizada, necesitamos entender por qué existe en primer lugar, señaló recientemente en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times, Mae M. Ngai, profesora de historia y estudios asiático-estadounidenses en la Universidad de Columbia. La causa más importante (del fracaso) es nuestro sistema de asignación de tarjetas de residencia o visas de residencia permanente, según el cual ningún país puede tener más de un siete por ciento del total cada año, agregó Ngai.

Con un límite máximo anual de 366 mil visas familiares y patrocinados por el empleador, el límite por país es 25.620. Bajo estas normas establecidas es fácil inmigrar desde Bélgica o Nueva Zelanda, por ejemplo, pero es larga la espera, a veces de décadas, para ciudadanos de China, India, México y Filipinas. Desde 1965 ha estado vigente esta norma, lo que sin duda impulsó a miles de personas a tomar el camino de la inmigración ilegal, en especial procedentes de México, país con más de la mitad de las personas que integran los cerca de 11 millones que viven en la sombra. A principios de 1960, el senador Philip A. Hart, un demócrata de Michigan, recomendó trabajar en una política que eximiera a algunos países del Hemisferio Occidental de las restricciones de cuotas pero la sugerencia fue descartada por el actual sistema.

Pese a que el gobierno federal invirtió miles de millones (más de 187 mil millones en los últimos años) en el control de fronteras e impuso sanciones punitivas a los trabajadores indocumentados, y creció el sistema de detención de inmigración, la crisis aumentó. Estos enfoques no sólo son inhumanos, sino también equivocados, ya que el mercado de trabajo, más que nada, determina la migración de flujos y reflujos, estiman expertos.

Algunos informes sostienen que los llamados Tratados de Libre Comercio con países del sur convirtieron la inmigración en una bomba de tiempo, pues no ayudaron al desarrollo de sus economías y por el contrario aumentaron la crisis en las empresas, en el campo. Esto lógicamente aumentó el número de personas desempleadas y sin fuentes de sustento para sus familias, los cuales miraron hacia el norte, al mercado estadounidense, dependiente en gran medida de la mano de obra para la recogida de las cosechas, entre otras labores que no son del agrado de los propios trabajadores locales.

Situaciones como estas hacen que hoy el logro de una reforma migratoria en Estados Unidos enfrente un camino escabroso pese a la existencia de un presunto bipartidismo a la hora de abordarla. El debate en el Congreso y de la aspiración del presidente Barack Obama de dejar como el gran legado de su gobierno una reforma integral de las leyes migratorias será un ejercicio lleno de dificultades.

En su discurso en Las Vegas, Nevada, Obama no sólo instó al Congreso a aprobar una reforma amplia de inmigración sino que indicó que si no lo hacían, empujaría su propio proyecto, algo difícil de lograr sin el apoyo de los legisladores. Está claro que si no logra la aprobación de una ley en este campo, su principal legado será la deportación de un millón 500 mil personas, según estimados oficiales. Algunos expertos sostienen que en Estados Unidos hay entre uno y dos millones de indocumentados que están con órdenes pendientes de deportación, lo que no se beneficiarán del camino a la ciudadanía.

Parte de estas inquietudes fueron abordadas por el gobernante en un encuentro sostenido en la Casa Blanca con delegados de sindicatos y medianas empresas a quienes pidió apoyo para nuevos proyectos legislativos relacionados con inmigración ilegal y la comunidad hispana en Estados Unidos. Obama también recibió en la Casa Blanca a representantes de corporaciones industriales, con quienes analizó el impacto de los inmigrantes no autorizados en la expansión macroeconómica nacional.

Reforma migratoria y derechos humanos

La aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos encierra un amplio espectro de violaciones de los derechos humanos y reafirma la urgencia de introducir una reforma amplia del sistema, algo en lo que al parecer ha fallado el Congreso y la Casa Blanca. Las diferentes modalidades que amparan el trabajo temporal de miles de inmigrantes sirven de marco a violaciones de sus derechos, sostienen denuncias presentadas por grupos legales y comunitarios.

Los problemas que enfrentan más de 100 mil personas que acuden al país cada año a través de visas H2A y H2B como trabajadores temporales, muestran las lagunas de un sistema que criminaliza a los sin papeles y son objeto de fuertes críticas de parte de grupos comunitarios, según un artículo del diario The New York Times (NYT). Estudios señalan que miles de personas que llegan a territorio estadounidense buscando mejorar su economía familiar enfrentan las lagunas de un sistema que los discrimina y los somete a condiciones que se acercan a la esclavitud, señalan activistas y víctimas.

Un informe del grupo The Southern Poverty Law Center reveló múltiples abusos contra estos trabajadores, desde descuentos salariales injustos, exposición a productos químicos tóxicos y falta de cuidados de salud hasta el abuso sexual por parte de los empleadores. Recientemente, activistas y miembros de la comunidad hispana en Arizona solicitaron detener la Operación Streamline, la cual propicia que miles de indocumentados sean procesados y sentenciados anualmente por ingresar a Estados Unidos de forma ilegal, en la mayoría de los casos como criminales.

En opinión de Caroline Isaacs, representante de American Friends Service Committee, esta operación iniciada en 2005 en Texas y en 2008 en Arizona viola los derechos humanos y civiles de los inmigrantes. En menos de una hora, una persona es enjuiciada y sentenciada, algo que generalmente en nuestro sistema judicial puede llevar meses, pero no en Streamline, dijo Andy Silverman, abogado con el grupo “No más Muertes”, el cual trata de aliviar las penurias de quienes entran al país en busca del sustento.

Por otra parte, la llamada seguridad de la frontera, esgrimida por republicanos y algunos grupos y milicias, es una de las causas que impulsaron un incremento en el número de muertes de indocumentados en la frontera con México, en 2012. Un estudio de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP) certifica que los fallecidos se elevaron a 477, lo que representó niveles históricos, y en la mayoría de los casos se produjeron violaciones de los derechos de estas personas.

El estudio “Cuántas muertes más, el caso moral del programa de trabajadores temporales” evidenció que la mortandad de indocumentados creció sostenidamente desde que el presidente Barack Obama asumió el cargo, con una cúspide en 2012. Estimados sostienen que desde 1998, aproximadamente 5.500 inmigrantes indocumentados murieron en su intento por ingresar al país.

Otra arista del problema lo conforman las detenciones y deportaciones de inmigrantes, algo en lo que el gobierno de Obama sentó pautas por la agresividad de su política. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la represión a la inmigración se convirtió en piedra fundamental del nuevo enfoque antiterrorista y el resultado fue una política de guerra total contra los indocumentados.

Antes de esa fecha, el gobierno solo deportaba a los inmigrantes que hubieran cometido delitos graves. Después, el Congreso añadió una nueva categoría legal solo usada en las normas migratorias, la de “delito agravado”, endureciendo las penas contra 50 infracciones, hasta entonces consideradas menores o simples faltas. Esto determinó un incremento sin precedentes en el número de procesos penales contra inmigrantes, lo cual alimentó un sistema de detención nacional creciente para esta comunidad, con más de 250 cárceles.

Estadísticas oficiales y de grupos defensores de los sin papeles aseguran que en la última década han estado detenidos más de tres millones de inmigrantes en total. Cuando se habla de violaciones de los derechos humanos hay que destacar un informe del Centro de Investigación Aplicada, el cual plantea la deportación de más de 46 mil padres de niños estadounidenses en el período de enero a junio de 2012.

Muchos de esos niños ahora están separados de sus padres, en ocasiones para siempre. A veces nunca vuelven a verlos. Seth Wessler, autor del informe, asegura que hay padres que ni idea tenían de dónde estaban sus hijos, sólo sabían que se encontraban con familias sustitutas. Eso por lo visto es parte de un sistema que está ya instalado para reprimir y violar derechos, estiman analistas. Según el diario NYT, para finales de este año las deportaciones con Obama llegarán a dos millones.

También en este laberinto que propicia los abusos, destaca que más de 300 ciudadanos caribeños permanezcan cada día bajo régimen de aislamiento en una treintena de cárceles estadounidenses, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas norteamericano (ICE). La mayoría de los detenidos pasa incomunicado 15 días o más, y unos 35 superan los dos meses, en violación de normas internacionales reconocidas por Naciones Unidas.

El ICE utiliza una fuerza excesiva, ya que estos son arrestos civiles, opinó el doctor Terry Kupers, un psiquiatra que estudia el régimen de aislamiento en el Instituto Wright, quien aseguró que la situación es peor porque muchos no cuentan con abogados y sus familias tienen miedo a quejarse. Al respecto, un artículo del diario NYT reveló que muchas de esas personas han estado hasta 75 días en estrechas celdas de castigo y con acceso restringido para comunicarse por teléfono.

El periódico recuerda que la aplicación de esa práctica es ilegal porque los inmigrantes son detenidos bajo cargos civiles y no criminales, por lo cual solo deben permanecer en custodia por falta de documentación, hasta comparecer ante los tribunales. La Oficina Federal de Prisiones decidió revisar sus políticas, por primera vez en la historia, tras conocerse que al menos 80 mil reos pasaron 23 horas al día durante décadas en celdas pequeñas y sin ventanas. En ese sentido el congresista demócrata Richard Durbin, presidente del subcomité de Derechos Humanos del Senado, admitió que Estados Unidos registra la mayor cantidad de reclusos en confinamiento solitario a nivel mundial.

Reforma migratoria y estrategias políticas

Luego de meses de negociaciones para encarrilar una reforma de las leyes migratorias, las diferencias entre Senado y Cámara de Representantes parece abismal, igual que entre senadores y representantes, y peor aún entre los miembros de cada partido en un mismo cuerpo. Un plan presentado por un panel bipartidista de ocho senadores, conocido como el Grupo de los Ocho, después de transitar por el Comité Judicial del Senado, debe superar el análisis de 301 enmiendas.

Pero eso no resuelve el problema; el tema migratorio despierta arduos debates en todos los sectores de la población, y pese a las encuestas señalar que la mayoría de los estadounidenses favorecen un cambio de ley, las posibilidades de que la normativa salga adelante son inciertas, aunque hay algunos optimistas. Fuentes del equipo bipartidista aseguran ahora que el proyecto de inmigración del Senado todavía carece de los 60 votos necesarios para romper una maniobra obstruccionista a la cual pudieran recurrir los republicanos para detener el proceso.

Los demócratas tienen 55 votos en el Senado, y hay cuatro miembros de la Banda de los Ocho que son republicanos. Pero no todos los votos demócratas están asegurados, en particular los de senadores provenientes de los estados más conservadores, y en especial aquellos que deben renovar su asiento en 2014. Algunos demócratas como los senadores Charles Schumer, de Nueva York, y Robert Menéndez, de Florida, no descartan la posibilidad de conseguir 70 votos que permitan favorecer el camino hacia el éxito de la iniciativa.

El plan enfrenta serios desafíos provenientes de sectores que quieren una ley más restrictiva y de otros que aspiran a que sea más liberal. El proyecto de ley condiciona a un reforzamiento de la seguridad fronteriza, la opción de naturalización para 11 millones de inmigrantes sin prontuario policial, quienes paguen multas por dos mil dólares y pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.

En su primera etapa fue retirada una enmienda introducida por el presidente del Comité Judicial, el demócrata Patrick Leahy, para favorecer a las parejas homosexuales binacionales, lo cual levantó el malestar de determinados sectores y evidenció que la inmigración puede entrar en serias contradicciones con otras normas que amparan ciertos derechos, no solo el de las parejas de un mismo sexo.

Leahy accedió a retirar la enmienda ante las advertencias de dos de los autores del proyecto de ley integrantes de la comisión, Lindsay Graham y Jeff Flake, quienes advirtieron de que estarían obligados no solo a votar contra la propuesta, sino a abandonar la coalición bipartidista formada en enero para redactar la iniciativa legislativa.

Los cuatro autores del proyecto de ley, quienes integran la comisión de asuntos jurídicos, lograron mantener la coalición para rechazar cambios que comprometieran la esencia de su iniciativa legislativa. Los dos demócratas autores del proyecto de ley en la comisión, Charles Schumer y Richard Durbin, solicitaron a Leahy no someter a votación la enmienda para no echar por la borda el esfuerzo migratorio.

No puedo apoyar esta enmienda si hunde el proyecto de ley, sostuvo Schumer. Soy un político y acepto las decisiones difíciles que hay que tomar y las imperfecciones de los acuerdos negociados, puntualizó. El resto del grupo de ocho lo conforman los republicanos John McCain y Marco Rubio, y los demócratas Michael Bennet y Robert Menéndez.

Durante las audiencias, Schumer advirtió sobre su oposición a una reforma migratoria que no incluya la opción de la naturalización para los inmigrantes antes de que la comisión rechazara una propuesta del republicano Ted Cruz con ese propósito. Otorgar beneficios plenos a personas que violaron las leyes solo propiciará mayor inmigración ilegal, argumentó Cruz, quien advirtió que el proyecto de ley tal como está redactado tiene posibilidades casi nulas de ser aprobado en la Cámara baja, donde los republicanos son mayoría y trabajan en función de un proyecto más conservador y restrictivo.

El senador por Texas también propuso infructuosamente otra enmienda para impedir que los inmigrantes no autorizados pudieran beneficiarse de programas públicos ofrecidos por los estados, entre estos los vinculados a los cuidados de salud, otra área también interrelacionada con el problema de los sin papeles. Por otra parte, desde hace tres meses, la discusión de la reforma migratoria en el Congreso ha provocado marchas y todo tipo de manifestaciones en el país. No obstante, el análisis de los contenidos del plan muestra las dificultades que enfrentará su aprobación.

El proyecto de ley pone como meta la vigilancia del 100 por ciento de la frontera con México, y atrapar y deportar al 90 por ciento de aquellos que logren cruzarla de manera ilegal. Asimismo establece duros condicionamientos al proceso para alcanzar la ciudadanía que enfrentará un número aproximado de 11 millones de personas residentes en Estados Unidos, quienes deben obtener el llamado “estatus provisional de inmigrante registrado” seis meses después de la promulgación de la ley.

Estas son algunas de las ideas que hacen escabroso el tema, sin incluir otras no menos conflictivas como los trabajadores menos calificados y los más calificados, aspectos que provocan fricciones entre sindicatos y empresarios. En lo que avanza el plan en el Congreso, si avanza, pues aún no se sabe cómo conciliarán ideas el Senado y la Cámara, proseguirá la deportación de los indocumentados.

En su primer período de gobierno, Obama implantó un récord al deportar un millón 600 mil en los últimos cuatro años. En promedio, el presidente deportó a unos 400 mil al año, un nivel récord. La Casa Blanca justifica esta política alegando que la intensificación de sus esfuerzos de “control fronterizo” y de detener y deportar inmigrantes es necesario para descalificar los argumentos republicanos de que antes de cualquier reforma migratoria es necesario lograr tener una “frontera segura”, pero esto no convence a la mayoría de los latinos.

Sobre ese aspecto un informe del Centro de Investigación Aplicada estima que fueron deportados más de 46 mil padres de niños estadounidenses en el período de enero a junio del 2012 y que muchos pequeños ahora están separados de sus padres, a veces para siempre. Mientras esto ocurre, se mantiene en el ambiente una gran interrogante: ¿Habrá reforma migratoria en Estados Unidos?

Un camino que puede ser largo

La idea inicial escrita por un grupo bipartidista de ocho senadores pasó la prueba del Comité Judicial del Senado, luego de ser sometido a algunas enmiendas, e hizo igual recorrido en el pleno antes de ser aprobada por un voto de 68 contra 32. Ahora, ese proyecto llegará a la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría, y solo pasaría la prueba si se concilian posiciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, podrá marcar el debate migratorio que conducirá la mayoría republicana y ya ha declarado que para avanzar debe tener el respaldo de la mayor parte de los miembros de su partido. Durante los años de gobierno de Obama, varios proyectos de ley que salieron del Senado murieron en la Cámara de Representantes aunque otros, con un sólido respaldo de la opinión pública, lograron avanzar a pesar de la oposición del lado más conservador del partido.

En el caso de la reforma migratoria confluyen variados intereses, desde los grupos pro inmigrantes que buscan el cambio, hasta los de presión dentro de los propios republicanos que ven en la modificación de la ley un camino para atraer el voto latino y recuperar la Casa Blanca en 2016. En la Cámara, un panel de siete legisladores trata de emular a sus colegas del Senado pero el intento no acaba de cuajar en un documento integral que pueda ser introducido al pleno, mientras los directivos de ese foro votan en su Comité Judicial iniciativas de ley por separado a fin de endurecer los requisitos para la inmigración.

Un grueso de los representantes opositores está en contra de la idea impulsada por los demócratas de asegurar un camino a la ciudadanía para un estimado de más de 11 millones de indocumentados que hoy viven en el país. Alejados de un plan integral, esta parte del Congreso solo se ha concentrado en proyectos de ley enfocados en la implementación de E-Verify, control de seguridad interior y programas de trabajadores temporales para los campos.

Como un adelanto de lo que espera a lo aprobado por los senadores, Boehner dijo: “Haremos nuestra propia legislación a través del proceso regular y será una legislación que refleje la voluntad de nuestra mayoría y del pueblo estadounidense”. Al respecto, el representante demócrata por Texas, Rubén Hinojosa, presidente del Caucus Hispano, expresó que existe “una frustración colectiva con la falta de voluntad de los republicanos para hacer el trabajo” y reiteró la disposición a luchar “por una ley bipartidista”.

Otros de los que apoyan el cambio, el congresista demócrata por California Xavier Becerra, manifestó que el papel del presidente de la Cámara baja debe ser representar al pueblo estadounidense y no a una minoría del partido republicano. “Espero que él entienda que para que se apruebe una ley debe tener el apoyo de la mayoría de los miembros, no de la mayoría de un partido”, subrayó.

Sin embargo, la mayoría de los republicanos considera que el Senado votó a favor de repetir los mismos errores en la seguridad fronteriza, pese a que la Casa Blanca fijó récord en el número de deportaciones de inmigrantes en los últimos años, con más de un millón y medio desde que Obama asumió en el gobierno, entre otras medidas. En la Cámara, pese a que dos senadores republicanos enmendaron el proyecto en cuanto a la Seguridad Fronteriza, no es bien vista la idea y son mayores las presiones para mover este apartado más hacia la derecha.

En ese sentido, los principales asesores del Partido Republicano y los legisladores manifiestan escepticismo de que cualquier proyecto de ley de inmigración, incluso con los cambios en la seguridad fronteriza, pueda conseguir el apoyo de 218 republicanos. Boehner y su equipo pudieran ignorar el proyecto del Senado, pero saben que no pueden saltar sobre el tema por completo aunque todo va a ser complicado, estiman fuentes legislativas.

El representante Tim Huelskamp, republicano de Kansas, al abordar uno de los temas más escabrosos manifestó que “la idea de dejar que este gobierno defina la seguridad fronteriza es como dejar que el ex presidente William Clinton defina las relaciones sexuales”. Ahora, el problema lo tiene la Cámara de Representantes. Las opciones son varias pero algo parece abrirse paso. En un camino cuyo recorrido puede ser largo, los republicanos se juegan el futuro y tratarán de mover la norma hacia posiciones más extremas sin desconectarse de la comunidad latina.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.