Brasilia (PL).- La presidenta brasileña Dilma Rousseff propuso a 27 gobernadores y 26 alcaldes cinco puntos fundamentales para cambiar el país, incluida una Asamblea Constituyente exclusiva para una reforma política. “Brasil está listo para seguir adelante y ha dejado claro que no quiere estar donde está”, aseveró al recordar las multitudinarias manifestaciones de protesta registradas en todo el país en las últimas dos semanas.

Desde el pasado 21 de junio la presidenta Dilma Rousseff se reúne con altas autoridades de su gobierno para analizar el impacto político de las multitudinarias protestas registradas en unas 100 ciudades a raíz del aumento de la tarifa del transporte público y en reclamo de mayores inversiones en educación y salud, más escuelas y hospitales, menos violencia y más seguridad. Los manifestantes critican también los excesivos fondos (unos 15 mil millones de dólares) desembolsados para organizar la Copa de Confederaciones y el Mundial 2014.

La presidenta tuvo que cancelar una visita a Japón debido a las protestas y suspendió también su participación en la presentación de un programa de apoyo a los agricultores en regiones áridas en la ciudad de Salvador, estado de Bahía. Las manifestaciones provocaron también que el vicepresidente de Brasil Michel Temer interrumpiera su visita oficial Israel y retornara al país.

La presidenta brasileña llamó a aprovechar la energía de las protestas pacíficas en las calles para avanzar más rápido y hacer los cambios aun irrealizados por limitaciones políticas y económicas. En un pronunciamiento de 10 minutos a la nación en cadena de radio y televisión, el 21 de junio Rousseff anunció que invitará a gobernadores y prefectos de toda la nación para “sumar esfuerzos” y alcanzar un pacto nacional destinado a mejorar los servicios públicos.

Tras reiterar que escuchó las demandas de los manifestantes en las calles, adelantó que su gobierno priorizará tres objetivos fundamentales, que constituyen peticiones de la mayoría de participantes en las movilizaciones de los últimos días Lo primero será la elaboración de un Plan Nacional de Movilidad Urbana, que priorice el transporte público; como segunda medida asignará el 100% de las regalías que se obtienen por la explotación de petróleo para la educación, y como tercer punto anunció la contratación de médicos extranjeros para ampliar el servicio del Sistema público Único de Salud (SUS).

Después de rememorar que su “generación luchó porque la voz de la calle sea escuchada”, lo cual originó persecuciones, torturas y muerte, enfatizó que esta voz es ahora respetada, pero “no debe confundirse con el ruido y la brutalidad de algunos alborotadores”. Destacó que las recientes protestas trajeron importantes lecciones; las tarifas del transporte público bajaron y los pedidos de los manifestantes ganaron prioridad nacional, por lo cual llamó a cambiar el país en beneficio de la mayoría de la población.

Rousseff se pronunció por la construcción de una amplia y profunda reforma política con amplia participación popular, al reconocer que el viejo sistema político necesita oxigenarse y encontrar mecanismos que hagan sus instituciones más transparentes. “Es la ciudadanía, no el poder económico, que debe ser escuchado en primer lugar”, enfatizó. Al referirse a la Copa del Mundo, aclaró que el dinero público empleado en las remodelaciones y construcciones de los estadios será reembolsado por las empresas y los Gobiernos que explotan esas instalaciones.

Finalmente, respaldó las protestas y las demandas de los ciudadanos, pero condenó la violencia y actos vandálicos de una minoría que destruye el patrimonio público y privado, ataca templos, incendia carros y apedrea ómnibus e intenta imponer el caos en los centros urbanos.

El 24 de junio Rousseff se reunió con gobernadores y prefectos de todo el país para discutir un pacto nacional que permita mejorar los sectores sociales y avanzar hacia una reforma política. Se trata del primer encuentro que promueve la mandataria después de que el viernes último se comprometiera ante la nación a impulsar cambios en Brasil para responder a las demandas de millones de ciudadanos.

Reforma política como salida a la crisis

En reunión con los gobernadores y alcaldes convocada como respuesta a las protestas de la ciudadanía, que reclama calidad en los servicios públicos, más seguridad y menos corrupción, este lunes 26 de junio Rousseff destacó la necesidad de alcanzar acuerdos en torno a cinco objetivos: Responsabilidad fiscal y control de la inflación, Reforma política, Salud, Transporte público y Educación.

En Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, la mandataria puntualizó que apoyaría la celebración de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente con miras a establecer normas específicas de la reforma política, que propicie cambios, entre otros, en la forma de elegir a dirigentes y legisladores, el financiamiento de campañas, la publicidad en la televisión y la radio.

“Brasil está listo para seguir adelante y ha dejado claro que no quiere estar donde está”, aseveró al recordar las cientos de protestas con la participación de millones de ciudadanos registradas en todo el país en las últimas dos semanas. Dijo que una nueva legislación debe considerar la “corrupción intencional como crimen atroz”, con penas más severas y solicitó acelerar la aplicación en todas las instituciones federales y públicas de la Ley de Acceso a la Información, que permite mayor transparencia en las cuentas estatales.

Al referirse al Pacto de responsabilidad fiscal, comentó que este favorecerá el mantenimiento de la estabilidad económica y el control de la inflación. Tras reiterar la importancia de mejorar la salud pública, dijo que otras naciones desarrolladas cuentan con un elevado número de médicos graduados en el extranjero, lo cual no ve motivos para contratar galenos de otros países para que apoyen a elevar la calidad y atención en este territorio.

No vamos a afectar a ningún médico brasileño, “cuando no hay disponibilidad de médicos brasileños contrataremos médicos extranjeros que trabajan exclusivamente” en zonas rurales, recalcó. Rousseff defendió la aprobación en el Congreso de un proyecto ley que permitiría destinar al desarrollo educacional las regalías que se reciben por la explotación de petróleo en el país. “Confío en que los honorables congresistas aprueban este proyecto, que se encuentra en trámite en el Congreso con carácter de urgencia constitucional”, indicó al apoyar los programas de alfabetización con niños de hasta ocho años y más inversiones en ciencia y tecnología.

El líder del Senado Renan Calheiros respaldó la propuesta de la presidenta Rousseff de convocar a un referéndum para llamar a una Asamblea Constituyente. “Hay una necesidad de ampliar, como todos saben, los mecanismos de la democracia directa y la democracia participativa”, resaltó Calheiros en una intervención realizada en el Senado, tras sostener un encuentro con Rousseff en el Palacio de Planalto.

El Legislativo dará una respuesta a la sociedad y contribuirá a la aplicación de los objetivos planteados por la mandataria, destacó al invitar a los senadores y diputados a prepararse para garantizar la aprobación de una agenda que responda a los intereses de la ciudadanía. El máximo represente de ese órgano parlamentario llamó a la oposición a unirse a este proceso de transformación y la discusión de temas que reclama la gente en las calles, como más educación salud, menos corrupción y más seguridad.

Calheiros defendió la aprobación de dos proyectos; uno destinado a garantizar los recursos para la seguridad público del estado federal, los territorios estaduales y municipios, y otro para crear un sistema nacional de Políticas sobre Drogas, que aumentaría la pena para los traficantes y el tratamiento de los adictos. La corrupción será considerada como un crimen atroz, enfatizó tras respaldar sanciones más rigurosas para funcionarios públicos que comentan delitos de soborno, malversación y robo de fondos estatales, entre otros.

El líder del Senado abogó asimismo por sancionar una propuesta que determine el uso del 10% del Producto Interno Bruto al desarrollo de la salud. Otra idea sería elaborar un proyecto de Enmienda Constitucional que imponga a los graduados de medicina prestar servicios en hospitales públicos durante un periodo determinado de tiempo.

La celebración de un plebiscito sobre aspectos de la reforma política en Brasil parece ser la opción más viable del gobierno para impulsar cambios reclamados por la ciudadanía en las calles. El ministro de Educación Aloizio Mercadante anunció anoche la decisión de la presidenta Rousseff de desechar por falta de tiempo y consenso la convocatoria a un referéndum para llamar una Asamblea Constituyente exclusiva para impulsar transformaciones políticas.

“No se cuenta con el tiempo suficiente para llevar a cabo una Constituyente” y la propuesta es celebrar una consulta popular el 7 de septiembre o el 15 de noviembre próximos para preguntar a los brasileños sobre la reforma política, subrayó Mercadante. “Lo que queremos es hacer una reforma política con la participación popular. El instrumento que tenemos es la comprensión que permite el referéndum, es la gente que va a participar y votar”, resaltó el titular.

Puntualizó que esta decisión fue adoptada tras el rechazo a la Asamblea Constituyente expresado por el vicepresidente del país Michel Temer, el presidente de la Cámara de Diputados Henrique Eduardo Alves, y líderes del colegio de abogados, de partidos políticos y del Poder Judicial en un encuentro con Rousseff.

“En estas consultas hubo un entendimiento para la realización de un plebiscito con un enfoque en la reforma política, que es un tema clave para mejorar la calidad de la representación política en el país, para ser más permeable y oxigenar las aspiraciones populares (de la gente) que se están manifestando en las calles”, enfatizó el titular.

Mercadante reiteró que la idea de convocar a una consulta popular constituye la vía “más rápida posible” para garantizar en el más breve tiempo que los eventuales cambios en el sistema político entren en vigor antes del proceso electoral de octubre de 2014. En la consulta popular, los electores deberán responder a preguntas directas sobre los temas de la reforma política, como financiamiento de campañas y la representación política.