La Paz, San José, Tegucigalpa, Managua y Caracas (ABI y PL).- El ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió sacar a Bolivia de la lista “gris-oscura” de países que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. “Este es un hito histórico para el país, es la primera vez que la comunidad internacional, a través de esta institución GAFI, reconoce (los avances) para normar y regular el lavado de dinero en Bolivia y la lucha contra el financiamiento al terrorismo”, resaltó la autoridad.

El GAFI tomó esa decisión en la tercera reunión plenaria que se realizó la pasada semana en Oslo, Noruega. En una conferencia de prensa, Arce fustigó la dejadez de los gobiernos neoliberales, porque ‘no hicieron absolutamente nada para que Bolivia no esté en esta lista‘. Dijo que ‘Bolivia hubiera sufrido un bloqueo económico y financiero, dado que los países de la comunidad internacional habrían suprimido o reducido las relaciones económicas y financieras con nuestro país afectando el flujo de capitales y consiguientemente la inversión extranjera‘.

‘A la gente le hubiera afectado en sus transacciones (…), las remesas de los bolivianos que viven en el exterior no hubieran llegado jamás al país y no hubieran podido realizar ninguna transacción desde Bolivia con otros bancos o entidades financieras internacionales. Ese era el peligro de que Bolivia esté en esta lista negra que estábamos a punto de caer dado que no habían realizado los neoliberales una sola tarea para sacar a Bolivia de este entuerto‘, añadió.

Arce explicó que el Gobierno en los últimos años hizo importantes mejoras en su sistema legal e institucional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para conseguir la exclusión del nombre de Bolivia de la lista ‘gris oscura‘.

En agosto de 2008, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 29681, que estableció un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del territorio nacional y otorgó la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del lavado de dinero.

En mayo de 2009, emitió el Decreto Supremo 138, que estableció la aplicación de medidas cautelares (retención de fondos, incautación y confiscación) sobre el patrimonio y los medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión del delito de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del estado.

En julio de 2009, mediante Ley 4072, el Estado boliviano ratificó el Memorándum de Entendimiento de constitución del GAFISUD. En marzo de 2010, promulgó la Ley 004, ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz‘, que mejora la tipificación del delito de legitimización de ganancias ilícitas.

En mayo de 2010, puso en vigencia la Ley 007, de modificaciones al sistema normativo penal, mediante la cual, entre otros, modificó el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, otorgando facultades al fiscal para que de manera directa disponga la aplicación de medidas cautelares de carácter real.

En noviembre de 2010, promulgó la ley 060, que regula el funcionamiento y el control de casas de juego y juegos de azar, que también se incluye en el marco de la lucha contra las ganancias ilícitas. En septiembre de 2011, con la Ley 170, el Gobierno incorporó al Código Penal las figuras penales de financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias ilícitas, y asignó nuevas atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras.

En julio de 2012, se promulgo la Ley 262, que instituye un régimen especial de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo, consignadas en las listas públicas de Naciones Unidas o en los requerimientos de países, en el marco de la cooperación internacional.

En diciembre de 2012, se emitió la Resolución Bi ministerial 003/2012, entre los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Relaciones Exteriores, mediante el cual se reglamenta el procedimiento de congelamiento de fondos y otros activos, en el marco de la Ley 262.

La más reciente medida emitida por el Gobierno es de abril de 2013, el Decreto Supremo 1553, mediante el cual se introdujeron aspectos complementarios al régimen de congelamiento de fondos de personas vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Honduras, tercer país centroamericano con mayor lavado de dinero

Centroamérica está viviendo un momento complejo y de mucho riesgo. Los delincuentes ven a la región como un puente a través del cual pueden circular con mercaderías: hablamos de drogas, tráfico de personas y de armas, reflexionó la consultora internacional Susan Paola Rojas en declaraciones a El Nuevo Diario.

Explicó que los países con economías más grandes y con mayores facilidades financieras están más propensos a este tipo de delitos y distinguió los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras, marcados por la violencia como resultado del dinero sucio.

Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el 2,5% del Producto Interno Bruto de cada país de esta región es blanqueado o está emparentado con actividades criminales, citó Rojas. Aunque reconoce que es imposible una determinación específica del dinero lavado debido al carácter clandestino de esa actividad, la Global Financial Integrity asegura que en Centroamérica se mueven cada año 14 mil millones de dólares en dinero sucio, de ellos presumiblemente 774 millones en Nicaragua, el menor monto de la zona.

Honduras lava anualmente unos 28.800 millones de dólares procedentes del crimen organizado, lo que representa el 20% del total de los ingresos, revela la Red Centroamericana de Centros de Pensamientos de Incidencia (LaRed). Según el estudio reseñado en la web del periódico La Prensa, esa cifra ubica a Honduras como el tercer país que más dinero blanquea después de Costa Rica y Panamá. Costa Rica blanquea 4.395 millones de dólares al año, reveló el informe de 2011-2012 de la Global Financial Integrity, a partir de estimados fijados como referentes.

El lavado de dinero en Honduras se concentra en esferas productivas como la construcción, bienes raíces, turismo y comercio. El coordinador de LaRed, el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein advirtió que la región es actualmente una de las principales zonas de asentamiento de los grupos criminales para abastecerse de droga y enviarla a Estados Unidos, además de garantizar el retorno de capitales ilícitos que les generan dichas actividades.

De acuerdo con la investigación, el endurecimiento de las regulaciones financieras en México y el fortalecimiento del combate contra el narcotráfico provocaron el traslado del blanqueo de dinero a la región centroamericana. El texto precisa que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo destacan entre las principales fuentes de las que se nutren las organizaciones criminales para incorporar más personas a sus actividades ilícitas, en tanto la versatilidad y flexibilidad de su ejecución les permiten eludir las regulaciones nacionales.

Ejemplo de ello resultan los llamados impuestos de guerra que cobran las maras en Guatemala, los cuales se depositan en Honduras y regresan a Guatemala por medio del sistema bancario, acota el informe. Como resultado de las acciones que emprenden las autoridades hondureñas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, el pasado año lograron incautar cerca de 100 millones de dólares en propiedades, en la zona atlántica y occidental del país.

El 18 de abril de este año el fiscal Orlan Chávez, de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado de Honduras, fue asesinado a tiros en una ola de violencia que vive el país centroamericano.

Chávez viajaba en su auto hacia su casa cuando fue interceptado por individuos que le dispararon varias veces en la cabeza y abdomen, lo cual le provocó la muerte minutos después de ser trasladado al Hospital Escuela.

Estaba asignado a la recién creada Fiscalía de Privación de Dominio, que durante los últimos meses ha dado severos golpes a personas vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Según relató su hermano Miguel Ángel, había recibido amenazas a muerte. El crimen ocurrió el mismo día en que empezó a funcionar la Comisión Interventora del Ministerio Público, creada por el Congreso Nacional, la cual gozará de amplios poderes y se encargará de administrar, depurar y fortalecer esa cuestionada institución.

Acorde con estadísticas aportadas por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en los primeros 35 meses de gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa, iniciada en enero de 2010, murieron de forma violenta 53 profesionales del Derecho, de los cuales 49 fueron ejecutados con armas de fuego. El organismo humanitario señaló que en los últimos ocho años la tasa de homicidios tuvo un crecimiento acelerado en esta nación centroamericana, al pasar de 37 en 2005 a 85,5 por cada 100 mil habitantes en 2012, cifra 10 veces superior a la media mundial (8,8). Chávez fue el creador de la Ley de Lavado de Activos y trabajaba en el Ministerio Público desde hace más de una década.

Nueva forma de lavado de dinero en Costa Rica

Una nueva modalidad de lavado de dinero procedente del narcotráfico se evidencia en algunos hoteles de Costa Rica que reportan altos ingresos y baja ocupación, denunció el diario digital crhoy.com, que cita una fuente judicial vinculada con el tema, la cual sugiere que el golpe financiero que está sufriendo el turismo local, pudiera ser aprovechado por organizaciones criminales.

Un experto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) relacionado con el tema dijo que esta modalidad no es nueva en el mundo de la legitimación de capitales, pero aún no hay casos concretos. Indicó que una forma de “blanquear” el dinero es justificar los depósitos de altas sumas en los bancos, reportando una ocupación total del hotel, aunque en la realidad haya habitaciones vacías.

El OIJ estaría investigando si el asesinato en febrero pasado de Geovanny Soto, de 52 años, y sus hijos Mauricio y Emmanuel, de 29 y 20 años, respectivamente, podría estar vinculado con este tipo de hechos, pues la familia es propietaria del Mountain Paradise Hotel, en la norteña ciudad La Fortuna de San Carlos. Gustavo Araya, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, indicó que se sabe de dos o tres hoteles, ubicados en La Fortuna de San Carlos y en Guanascate (Pacífico), que podrían estar relacionados con esa actividad ilícita.

Araya explicó que durante 2007 se estuvieron ofreciendo créditos al sector con intereses muy bajos por parte de algunos empresarios, pero una de las condiciones fue que debían recoger el dinero en Guatemala; una de las personas que aceptó tales préstamos, fue acribillada a balazos posteriormente. Reynaldo Velásquez, jefe de la Unidad de Lavado de la OIJ, dijo en enero pasado que Costa Rica es un paraíso para el lavado de dinero, lo que se evidencia en el crecimiento acelerado de la industria inmobiliaria en zonas costeras, fomentado por la llegada de un flujo de capital cuyo origen es desconocido.

Nicaragua reconocida por frenar lavado de dinero

Nicaragua avanzó mucho en materia de control de lavado de activos, sobre todo con la aprobación de la Ley de Unidad de Análisis Financiera (UAF), afirmó la consultora internacional Susan Paola Rojas. Todos los países centroamericanos valoramos de gran esfuerzo lo realizado por Nicaragua para fortalecer sus sistemas integrales de prevención de lavado, lo cual fue reconocido recientemente por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI), recordó la experta de origen guatemalteco.

De acuerdo con Rojas, este país es de los menos expuestos al blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas por ser pequeño, pero de todos modos debe seguir desarrollando su infraestructura de prevención, para proteger la economía y la democracia. Ahora el desafío más importante será ver que la UAF -creada en 2012 mediante la Ley No. 793- obtenga los resultados necesarios que permitan a las autoridades llevar a juicio a personas y organizaciones vinculadas al lavado de activos, consideró.

Precisó que la creación de esa entidad respondió a la recomendación número 29 del GAFI y forma parte de los compromisos que el país adquirió, por lo cual debe comprenderse que es necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Rojas elogió los indicadores de crecimiento del sistema financiero nicaragüense y el afán del gobierno encabezado por Daniel Ortega por regionalizar sus servicios.

Parlatino saluda logros de Venezuela

El capítulo venezolano del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) manifestó su satisfacción por la salida de Venezuela del listado de países deficientes en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, elaborada por el GAFI. Los diputados del Parlatino-Venezuela saludaron los esfuerzos del Estado nacional en el combate contra el lavado de dinero, lo que ha posibilitado la exclusión de este país suramericano de la lista gris de GAFI.

Ese organismo internacional -radicado en París y consagrado a luchar contra toda suerte de amenazas a la integridad del sistema financiero internacional- tomó la decisión antedicha el pasado 22 de febrero. “Reiteradamente, Estados Unidos nos había colocado en una lista de Estados financiadores del terrorismo”, recordó la vicepresidenta del capítulo venezolano de Parlatino, Ana Elisa Osorio, quien afirmó que “desde el Gobierno Bolivariano hemos dado respuestas y resultados contundentes sobre esta materia, cosa que es pública y notoria”.

La diputada aseguró que Venezuela “ha hecho controles para evitar este tipo de actividades en el país” y, asimismo, señaló que ese órgano parlamentario aportó la Ley Marco sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que regula, tipifica y sanciona estas actividades delictivas.