Brasilia (PL).- La lucha de los indígenas brasileños por recuperar la tierra de sus ancestros alcanza más de cinco siglos, marcados por una espeluznante secuencia de atrocidades contra esos grupos étnicos, que en muchos territorios conllevaron su completa extinción. En Brasil existen 672 tierras indígenas que abarcan más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, pero existen áreas pendientes de reconocimiento oficial en favor de los indígenas, pues están sembradas de caña de azúcar y soya o utilizadas para la ganadería.

Los conquistadores portugueses y españoles despojaron a los nativos brasileños de sus terrenos, los expulsaron y masacraron, los utilizaron como esclavos y cuando su número disminuyó, trajeron entonces a negros encadenados de África. Sin embargo, las crueldades contra los aborígenes continuaron hasta nuestros días.

El pasado año salió a luz el denominado “Informe Figueireo”, que describe los crímenes registrados contra los nativos de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX. El documento, de siete mil páginas y que se estimaba fue destruido durante un extraño incendio, destapa los crímenes en masa, la esclavitud, las torturas, los abusos sexuales, el robo de tierras y hasta el bombardeo de etnias.

El informe, según fuentes de la Fundación Nacional del Indio (Funai), fue realizado por el fiscal Jader de Figueiredo Correia en 1967, de ahí su nombre, y denuncia los envenenamientos y el genocidio de tribus ejecutados por terratenientes y el Servicio de Protección Indígena (SPI). Según de Figueiredo Correia, varias tribus fueron completamente eliminadas para ocupar sus terrenos y no correr el riesgo de contar con demandantes, crímenes estos que quedaron impunes.

El descubrimiento de ese documento en el Museo del Indio en Brasil generó incertidumbre, hasta reclamos de falsificación, lo cual motivó una investigación judicial y la presentación de acusaciones contra 134 funcionarios por cometer más de mil asesinatos. Al final, 38 de los empleados perdieron sus cargos, pero ninguno de ellos fue sentenciado o encarcelado, según la organización no gubernamental (ONG) Survival International, la cual anunció que dicho informe será analizado por la Comisión Nacional de la Verdad, la cual investiga las torturas, crímenes y desapariciones registradas durante el periodo de regímenes militares (1964-1985) en Brasil.

Sitios web brasileños señalaron que entre las inhumanas acciones reveladas figura la muerte en 1963 de 30 nativos al ser arrojada dinamita desde un avión contra una comunidad amazónica Cinta Larga. La empresa Arruda, Junqueira & Co, dedicada a la extracción de caucho fue la causante de este exterminio, denominado “la matanza del paralelo 11”, pues se pretendía eliminar a los aborígenes que se oponían a las actividades con el caucho.

El entonces gerente de esa entidad, Antonio Mascarenhas Junqueira, acusó a los indígenas de ser un estorbo para sus planes y dijo que era “hora de acabar con ellos, es hora de eliminar esta peste”, de acuerdo con la Survival International. Tras lanzar la dinamita sobre la población de Cinta Larga, varios matones fueron a la comunidad para rematar a posibles sobrevivientes. Por suerte, dos nativos salieron ilesos y contaron lo sucedido.

El envenenamiento de otros cientos de nativos con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el “tronco” son tenebrosos métodos utilizados por colonos y terratenientes para someter y acabar con los aborígenes.

Tras la desaparición en 1967 del Servicio de Protección Indígena (SPI), el gobierno brasileño creó un año después la Fundación Nacional del Indio (Funai), que se encarga de la política llevada a cabo con los pueblos indígenas. A pesar de los cambios, los tormentos para los nativos no concluye, pues se registran aun en pleno siglo XXI crímenes y asesinatos de líderes indígenas por el mismo motivo de antaño: la tierra

Las acciones de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff permitieron avanzar en la demarcación y entrega de terrenos pertenecientes a los aborígenes, pero la impunidad reinante en el campo facilita que sigan actuando los pistoleros, que son absueltos por la justicia de la clase oligarca. A modo de ejemplo, la etnia guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, sigue acosada por criminales pagados por terratenientes que los intimidan y amenazan con expulsarlos de sus terrenos ancestrales.

Los pueblos indígenas sufren la desatención de las autoridades brasileñas y afrontan una de las más graves situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985), denunció el coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) Flavio Machado.

Con una población de 45 mil miembros, los guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población nativa del país, pero la mayoría de sus integrantes reside en parcelas acosadas y amenazadas. Estadísticas de la CIMI revelan que en los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.

En noviembre de 2011, en ese territorio brasileño, ubicado en el sur de la región centro-oeste, fue asesinado el líder indígena Nisio Gomez, de 59 años de edad, por 40 hombres encapuchados y pertrechados de armas de fuego. Testigos de esa comunidad declararon que los sicarios llegaron a un campamento próximo a la carretera MS-386, rodearon a 60 aborígenes y abrieron fuego contra el grupo con balas de goma y proyectiles de grueso calibre.

Gómez, líder espiritual, fue abatido por disparos en la cabeza, el cuello y el tórax, y sus asesinos se llevaron su cuerpo inerte con rumbo desconocido. Hasta el momento, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) considera que Gómez está desaparecido. La secretaría de los Derechos Humanos de Brasil condenó este vil asesinato, pero reconoce que la campaña de violencia en el campo continúa.

Indígenas prosiguen la lucha por sus tierras

Cinco siglos después los indígenas siguen su lucha en Brasil por lograr la devolución de las tierras legadas por sus antepasados y arrebatadas por colonos, terratenientes y hacendados, dedicados hoy al agronegocio. Se trata de una permanente guerra, y a pesar del apoyo del gobierno federal, iniciado con la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva (203-2010) y seguido por la actual mandataria Dilma Rousseff, la situación no ha mejorado mucho.

Largos procesos judiciales y burocráticos, así como maniobras de abogados defensores de latifundistas hacen fracasar las demandas, que en muchas ocasiones son engavetadas en detrimento de los aborígenes, los primeros habitantes de esta región. Según la Constitución brasileña, los territorios indígenas son aquellos tradicionalmente ocupados por los pueblos nativos, que las habitan en forma permanente o las utilizan para sus actividades productivas, y las que son esenciales para la preservación de los recursos naturales o ambientales necesarios para su bienestar y su reproducción física y cultural, de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones. De acuerdo con el párrafo 20 del artículo XI de la Constitución, las tierras indígenas “pertenecen a la Unión” y son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

En Brasil existen 672 tierras indígenas que abarcan ocho millones 511 mil 965 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 13% de su superficie total. Sin embargo, existen áreas pendientes de reconocimiento oficial en favor de los indígenas, pues están sembradas de caña de azúcar y soja, o utilizadas para la ganadería, principales renglones de exportación de este país.

En esta situación figuran los Guaraní Kaiowá, desplazados de sus terrenos en el sureño estado de Mato Grosso do Sul, por ricos hacendados que emplean los suelos para el cultivo intensivo de la soja. Recientemente, unos dos mil miembros de la etnia guaraní kaiowa se resistieron a una orden de desalojo judicial de una hacienda en el sur de Brasil, que aseguran está dentro de los límites de sus tierras ancestrales y amenazaron con realizar un suicidio masivo para llamar la atención internacional.

Una jueza ordenó la salida de los indígenas antes del 19 de abril, fecha en la que se conmemora en Brasil el Día del Indio. Un recurso de un tribunal federal anuló esta directiva, pero no solucionó el problema: la devolución de los terrenos legados por sus ancestros. La etnia reclama un territorio de seis mil hectáreas, que incluyen la propiedad invadida y que es reconocida por la Fundación Nacional del Indio, un ente estatal destinado a defender los derechos de los aborígenes.

De acuerdo con el censo realizado en 2010 unos 896.917 brasileños se declararon indígenas en Brasil, un 205% más que 1991, cuando fue realizado el primer levantamiento de esa población, reflejan datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). El 42,3% de los nativos brasileños vivían en sus tierras nativas, de ellos, el 78,7% lo hacía en ciudades y el 21,2% en áreas urbanas. Esa cantidad de aborígenes pertenecen a 305 etnias y hablan 274 lenguas diferentes.

El IBGE refiere que la mayoría de los autóctonos, el 57,7% del total, residen en 505 tierras indígenas reconocidas por el gobierno brasileño hasta el 31 de diciembre 2010, las cuales equivalen al 12,5% del territorio nacional. La mayor parte de esos asentamientos están localizados en la Región Norte del país, donde habitan 342 mil indígenas. En contraste, en la Región Sureste, el 84% de los 99.100 aborígenes habitan fueran de sus tierras ancestrales.

La población originaria con mayor extensión territorial es la Yanomami, cuyos 25.700 integrantes (5% del total) están dispersos entre los estados de Amazonas y Roraima. Sin embargo, la más numerosa es la Tikúna (Amazonas), con 46 mil miembros, de los cuales 39.300 viven en reservas destinadas a ellos; seguida de la etnia Guarani Kaiowa (Mato Grosso do Sul), con 43 mil integrantes, de ellos 35 mil en tierra indígena.

La lucha por la tenencia de sus tierras ha dejado cientos de muertos y comunidades enteras desplazadas y etnias que viven en medio de unas condiciones de insalubridad sorprendente. Ante esta situación el gobierno estudia fórmulas para mejorar los procedimientos con el objetivo de aprobar y reconocer las tierras indígenas en un breve plazo de tiempo.

El ministro de Justicia José Eduardo Cardozo señaló que buscan establecer una nueva estructura organizativa para ofrecer una mayor transparencia y seguridad jurídica en los procesos de demarcación de tierras. Se pronunció porque la FUNAI continúe su labor de estudios antropológicos para determinar los suelos y delimitar los suelos de los nativos, pero dijo que es necesario alcanzar mayor eficiencia en estos procesos.

Justamente, trabajamos para avanzar a pesar de los argumentos formulados por las entidades y de los agricultores que se quejan de lo que consideran una falta de transparencia y el sesgo en la conducción de los procesos de demarcación de la FUNAI, dijo. Cuando un terreno es expropiado y devuelto a los nativos, el estado deberá pagar una indemnización a los hacendados, por los recursos invertidos y la compra de ese terreno.

Sus declaraciones se registraron después de una semana de movilizaciones indígenas en esta capital y otras ciudades del país contra una propuesta de diputados ruralistas que transfiere del Poder Ejecutivo al Congreso la última palabra sobre la aprobación y la demarcación de las tierras indígenas y de cimarrones. Cardozo subrayó que esa propuesta de enmienda de la Constitución es inconstitucional y anunció la creación del Comité de dirección de la Administración Nacional Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas.

Empero, continúan las vejaciones contra los nativos y poco se hace para defender sus derechos. En un último episodio, indígenas de diversas etnias fueron sacados a la fuerza del edificio del antiguo Museo del Indio, próximo al estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Construida en el siglo XIX, la edificación fue la sede del Museo del Indio entre 1910 y 1978, posteriormente quedó abandonado y desde el 2006 era ocupado por representantes de tribus aborígenes de Brasil. La Prefectura de la ciudad anunció que se cumplió con una orden de la justicia federal para sacar a los nativos de la edificación, que será reconstruida y convertida en un centro de exposiciones olímpico.

A pesar de los reclamos de ciudadanos miembros de movimientos sociales, las fuerzas del orden entraron al otrora museo e hicieron uso de la violencia contra civiles, que defienden sus costumbres y las instalaciones que ocupaban. El defensor público federal Daniel Macedo dijo que la Policía actuó de manera irresponsable, pues los indígenas habían anunciado que harían una fogata durante una ceremonia.

El antiguo Museo se ubica en los alrededores del estadio de fútbol Maracaná y fue incluido entre las obras a remodelar para los juegos olímpicos de 2016. En medio de esta situación, especialistas alertaron sobre la posible desaparición de los diversos dialectos de los nativos. Según el IBGE, al menos un 37,4% de los indígenas brasileños habla la lengua de su etnia, y cada vez son más los aborígenes que olvidan las lenguas de sus tribus.

* Corresponsal de Prensa Latina en Brasil.