La publicación de casi dos millones de cables confidenciales de inteligencia de Estados Unidos, por el sitio Wikileaks, pone al descubierto nuevas evidencias sobre la política injerencista norteamericana en los años 70 del siglo XX.Algunas de las informaciones confirman numerosas denuncias desde entonces hechas por gobiernos y organizaciones progresistas en torno a las acciones subversivas y de terrorismo de estado de varias administraciones estadounidenses: Para Estados Unidos resulta una prioridad tener informantes dentro de los movimientos opositores a los gobiernos no plegados a sus intereses.

La serie de documentos fue presentada el 8 de abril pasado en una rueda de prensa en Washington, en la que participó el fundador del sitio digital Julian Assange, a través de una videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde junio de 2012. Assange citó una frase del escritor George Orwell, quien dijo que quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado, controla el futuro, por lo cual no se puede confiar en el gobierno estadounidense debido a sus intentos de esconder la realidad histórica.

El periodista de origen australiano afirmó que las informaciones revelan la gran extensión y amplitud de las actividades de la Casa Blanca en el mundo durante el período en que Henry Kissinger era secretario de Estado o consejero de seguridad nacional de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, entre 1973 y 1976. Los documentos contienen importantes revelaciones acerca de la responsabilidad de Washington en la actuación de gobiernos dictatoriales en América Latina, en particular su papel en el golpe de estado en Chile, que culminó con la muerte del presidente constitucional Salvador Allende y la instauración de un régimen criminal.

Entre los temas que aborda esta nueva hornada de papeles secretos está la responsabilidad de Washington en la Operación Cóndor, destinada a hacer desaparecer centenares de personas progresistas en Latinoamérica. También refieren la estrecha relación de Washington con la tiranía de Francisco Franco en España y el régimen de los coroneles en Grecia. Wikileaks aseguró que el gobierno estadounidense ha intentado en repetidas ocasiones reclasificar algunos de los textos, obtenidos en la Oficina de Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA en inglés). La entidad bautizó su base de datos como Biblioteca Pública de la Diplomacia Estadounidense.

Los documentos recién publicados reflejan aspectos de la política exterior de Washington en esa época turbulenta, en la que se desarrolló una parte de la agresión contra Vietnam, el escándalo Watergate y la dinámica compleja de la Guerra Fría, entre otros eventos en los cuales la Casa Blanca tuvo un papel protagónico. En uno de los textos revelados aparece una expresión de Kissinger durante una reunión con funcionarios turcos, en la cual señala que Estados Unidos hace las operaciones ilegales en breves plazos, mientras las misiones contrarias a la Constitución del país norteño llevan un poco más de tiempo.

Wikileaks combinó en esta ocasión sus últimos archivos con los cables e informes secretos publicados desde 2010, e incluye correspondencia con el Congreso y reportes de espionaje que revelan la intromisión de Washington en los asuntos internos de otros países y el doble rasero de su política exterior, señalan especialistas. Otros documentos se refieren a la supuesta colaboración de autoridades del Vaticano de esa época con Estados Unidos en apoyo al golpe de estado del general Augusto Pinochet en septiembre de 1973, que provocó la muerte del presidente constitucional Salvador Allende.

Según Assange, los documentos revelan que para Estados Unidos resulta una prioridad tener informantes dentro de los movimientos opositores a los gobiernos no plegados a sus intereses, en parte para corromperlos pero también para tener opciones en ambos bandos en caso de que exista un cambio en el país en cuestión. Ni representantes de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado han expresado sus criterios sobre las últimas revelaciones de Wikileaks.

EE.UU. hizo rastreo meticuloso de comunistas españoles

Estados Unidos realizó un seguimiento minucioso de la actividad del Partido Comunista de España (PCE) ante la posibilidad de que entrara en el tablero político de cara a las primeras elecciones tras la dictadura en este país, reveló el diario Público, en base a la reciente filtración de cables diplomáticos realizada por Wikileaks, que permiten atar algunos cabos sueltos de la última etapa del régimen de Francisco Franco (1936-1975), al sacar a la luz los entresijos de la Transición española.

Esta nueva hornada de documentos develados por la organización fundada por Assange y analizados por el periódico digital cubren el período 1973-1976, e incluyen misivas enviadas o recibidas por el secretario de Estado de la época, Henry Kissinger. En los cables del entonces jefe de la diplomacia norteamericana hay cientos de documentos sobre los movimientos de los comunistas españoles.

Una cantidad más que importante de telegramas que los embajadores estadounidenses en Madrid entre 1973 y 1976, Horacio Rivero y Wells Stabler, emplearon para realizar una persecución exhaustiva de la actividad del PCE ante el inicio de la Transición. La mayor preocupación de Washington era que, aunque no lo consideraban como la principal amenaza para la estabilidad del país, la formación liderada por Santiago Carrillo pudiera ser legalizada. Por ello, desde las reuniones en el extranjero del partido hasta las posibles entradas furtivas al país de su líder quedaron detalladas en los escritos.

Desde que a principios de 1976 comenzaron los primeros rumores sobre una posible legalización del PCE, funcionarios de Estados Unidos se entrevistaron constantemente con miembros del Gobierno español, a quienes preguntaron por esta cuestión. Cada ministro, cada miembro de los diferentes gobiernos, hasta el de Adolfo Suárez (1976-1981), prometió a Washington que el Partido Comunista no sería legalizado antes de las elecciones de junio de 1977, pese a que luego no sucedió así, recordó el cotidiano madrileño.

La potencia norteamericana había hecho un seguimiento bastante cercano a Carrillo, sobre todo durante los últimos meses de 1976, cuando los rumores sobre su vuelta eran fuertes y periódicos. Su regreso preocupaba y mucho, no porque pudiera constituir una amenaza para la democracia, sino por el miedo a que, con él, el comunismo resurgiera con fuerza en España.

Si la Casa Blanca fue capaz de conocer las idas y venidas del PCE durante el lento avance hacia la democracia gracias a Stabler, no menos importantes fueron los informes de Rivero sobre la presencia soviética en España. Ante la inminencia de la muerte de Franco, el Gobierno estadounidense temía que la URSS (Unión Soviética) aprovechara para conseguir nuevas alianzas.

En los cables compilados por Wikileaks, a los que Público tuvo acceso, hay informes sobre Carrillo a cuyo contenido no se puede acceder. De acuerdo con la versión de la administración norteamericana, existen fallos electrónicos que han impedido desclasificar algunos de los documentos, pero Wikileaks sostiene que la Casa Blanca se reserva alguna de las informaciones al acceso público dependiendo de la relevancia de su contenido.

La CIA se niega a dar información sobre posible asesinato de Chávez

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense se negó a dar información sobre si tenía conocimiento o participación de un complot para asesinar al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, reveló la Fundación Asociación por la Justicia Civil. Amparada en la ley de Libertad de Información, la organización presentó una demanda relacionada con recientes denuncias de que los servicios estadounidenses conspiraron para provocar la muerte de Chávez.

La CIA emitió una respuesta oficial en la que sostiene que no confirmará ni negará la existencia o no existencia de archivos que respondan a la solicitud de la Fundación Asociación por la Justicia Civil (PCJF en inglés). De acuerdo con las leyes de este país, la agencia de espionaje tiene prohibido llevar a cabo o conspirar con otros para asesinar.

Un informe de la organización sin fines de lucro agrega que la CIA declaró que el hecho de la existencia o no de los archivos solicitados es un secreto legal y corresponde a información de métodos y fuentes protegidos para que no se divulguen. Según el documento, también se amparó en la Ley de la CIA de 1949, Sección 6, la cual estipula que dar una respuesta a la demanda requeriría la publicación o divulgación de la organización, funciones, nombres, títulos de oficiales, salarios, o el número de personal empleado por esa institución.

La PCJF pregunta si el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos de debilitar al presidente Chávez incluyó la participación en su asesinato. Sostiene además que no es ningún secreto que Washington estuvo involucrado en una campaña de varios años para desacreditar al mandatario venezolano y el propio Chávez denunció que el gobierno de George W. Bush estuvo involucrado en el fallido golpe de 2002.

Asimismo, agrega, Wikileaks publicó recientemente un cable del 2006 de la embajada estadounidense en Caracas esbozando una sofisticada estrategia de cinco puntos destinada a derrocar a Chávez. Según Mara Verheyden-Hilliard, directora ejecutiva de PCJF, la CIA tiene un largo historial de intentos de asesinatos de líderes políticos. “Si la CIA no tiene los documentos requeridos, respecto a lo que debería ser una actividad ilegal, ¿por qué no lo dice?”, preguntó.

Por un lado afirman que no participan en planes de asesinato y por otro dicen que la información relacionada con este tipo de intento de asesinato es clasificada y está protegida como información de inteligencia. Creemos que el público tiene derecho a la divulgación de cualquier actividad ilegal, subraya la directiva.

Carl Messineo, director jurídico de la PCJF, dijo que están preparados para tomar las acciones legales necesarias ante la negativa de la agencia de espionaje a responder a su apelación. Según los demandantes, millones de personas en Estados Unidos, Venezuela y América Latina quieren saber si el cáncer de Chávez se indujo de alguna manera por envenenamiento o por una operación encubierta que lo expuso a las toxinas que causan esa enfermedad neoplásica.

La CIA ha replanteado su posición: “no se lo diremos y no tenemos por qué decírselo”, subraya en su informe la PCJF, organización que tiene como objetivo garantizar la responsabilidad constitucional dentro de las prácticas policiales y la transparencia en las operaciones del gobierno.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.