La Habana (PL).- La tierra, uno de los bienes comunes, de producción y de vida más importantes, en Colombia es parte esencial del conflicto armado, político y social que sufre el país desde hace más de medio siglo, y que tiene sus raíces en el colonialismo. Solucionar los graves problemas en la nación suramericana a raíz de su uso y tenencia es una prioridad en el diálogo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Al conmemorarse el 21 de febrero 11 años el reinicio de las operaciones militares a gran escala en Colombia tras la ruptura por el gobierno de entonces de las conversaciones de paz, Prensa Latina trasmite uno de los capítulos del libro “La paz esquiva del Caguán”, una obra actualmente en preparación por el sello editorial Prensa Latina y que verá la luz muy pronto.

Colombia: A 11 años del fracaso del Caguán

La realidad del proceso de paz en Colombia ha sido que la decisión de las partes, más del gobierno que de la insurgencia, fue que apostaron por los diálogos en medio del conflicto. La historia recoge que los rebeldes decretaron al menos una tregua en las acciones ofensivas, los mandos castrenses ninguna, oxigenados por la inyección monetaria y en tecnología de guerra, contemplada en el Plan Colombia.

La determinación de los beligerantes, aunque las autoridades insistieron en rechazar siempre el estatus de beligerancia de las FARC-EP, obligaba a negociar en medio del conflicto. Sin embargo, cada acción rebelde fuera del área desmilitarizada significaba un pretexto para los enemigos del proceso. Por el contrario, los ataques de la fuerza pública a campamentos rebeldes, a columnas o frentes guerrilleros recibían felicitación de los enemigos de la pacificación.

En este panorama se recuerdan las palabras del expresidente colombiano, Alfonso López Michelsen, quien aseguraba que a la guerrilla hay que derrotarla primero y después sentarla a negociar. Llega el 20 de febrero de 2002. Un comando de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC-EP secuestra una aeronave de la compañía AIRES que había despegado de Neiva hacia Florencia, hace que la tripulación aterrice en una carretera del municipio de Hobo (Huila). Liberan a todos los pasajeros excepto al senador Jorge Eduardo Gechén.

En 1982, Gechén había sido elegido representante a la Cámara. Pasó a ser senador en 1990 ya convertido en líder liberal del departamento del Huila. Su retención por parte de las FARC-EP ocurre en medio de su campaña electoral para mantener su escaño. Pastrana y los mandos castrenses reciben el argumento para sepultar el proceso de paz. El presidente suscribe la resolución que cierra el capítulo de la negociación, retira el estatus político a la organización insurgente y reactiva las órdenes de captura contra sus principales dirigentes.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NUMERO 32 DE 2002 / Diario Oficial No. 44.716, de 20 de febrero de 2002, por la cual se da terminación a una Zona de Distensión

El Gobierno Nacional de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, y CONSIDERANDO: Que, a través de Resolución 85 del 14 de octubre de 1998 el Gobierno Nacional estableció una zona de distensión en los municipios de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá y Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta;

Que a través de Resoluciones número 07 del 5 de febrero de 1999, 32 del 7 de mayo de 1999, 39 del 4 de junio de 1999, 92 del 1° de diciembre de 1999, 19 del 6 de junio de 2000, 101 del 6 de diciembre de 2000, 04 del 31 de enero de 2001, 05 del 4 de febrero de 2001, 19 del 9 de febrero de 2001, 118 del 7 de octubre de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002 se prorrogó el término de duración de la zona de distensión establecida; Que a través de Resolución número 31 del 20 de febrero de 2002 se dio terminación al proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con la Organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,

RESUELVE: Artículo 1°. Dar terminación a la zona de distensión establecida mediante Resolución 85 del 14 de octubre de 1998. Parágrafo. Dar aviso a las autoridades judiciales correspondientes sobre el contenido de la presente resolución, para los efectos a que se refiere el inciso quinto del parágrafo primero del artículo 8° de la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 548 de 1999.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga en su totalidad las que le sean contrarias, en particular las números 07 del 5 de febrero de 1999; 32 del 7 de mayo de 1999; 39 del 4 de junio de 1999; 92 del 1° de diciembre de 1999; 19 del 6 de junio de 2000; 101 del 6 de diciembre de 2000; 04 del 31 de enero de 2001; 05 del 4 de febrero de 2001; 19 del 9 de febrero de 2001, 118 del 7 de octubre de 2001, 14 del 20 de enero de 2002 y aquellas que las adicionan o reforman.

Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2002. ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior, Armando Estrada Villa. El Ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo. El Ministro de Defensa Nacional (E.), General Fernando Tapias S.

La zona desmilitarizada es historia de poco más de tres años. El secretariado de las FARC-EP había previsto la posibilidad de un cierre repentino. No se cumplen las 48 horas comprometidas en la palabra del presidente para el retiro de las unidades rebeldes del área de distensión, o en particular de los cascos urbanos de los cinco municipios. Ese mismo día el Secretario General de la ONU Kofi Annan rechaza la ruptura del proceso de conversaciones y ofrece nuevos buenos oficios para reactivarlo. Por el contrario, Pastrana recibe la felicitación del presidente estadounidense, George W. Bush, y de la Organización de Estados Americanos.

El 21 de febrero de 2002 intento transmitir a través del siguiente servicio informativo una radiografía del panorama en la otrora zona desmilitarizada, convertida desde el amanecer de este día en el más importante polígono bélico.

COLOMBIA TOMA POR EL CAMINO DE LA GUERRA TOTAL; Bogotá, 21 feb (PL).- Aviones, helicópteros, patrulleras por los caudalosos ríos y más de 13 mil hombres intervienen en la ofensiva ordenada por el presidente Andrés Pastrana en procura de recuperar unos 42 mil kilómetros cuadrados que permanecieron bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde diciembre de 1998. El proceso político visto como la única salida al conflicto fue sepultado cuando todo indicaba que se avanzaba hacia el análisis de temas de fondo, como la eventual tregua bilateral con verificación internacional.

Pastrana argumentó la drástica decisión con el desvío de un avión comercial por un presunto comando rebelde, justificación que necesitaban los partidarios de la confrontación, del empleo de la fuerza con el objetivo de acabar con la guerrilla. La debilidad del gobierno en materia de paz quedó una vez más al desnudo, al igual que la fortaleza de la cúpula castrense y de los sectores de derecha, siempre interesados en acabar con las gestiones pacificadoras desde comienzos de la administración conservadora.

Una primera llamada de advertencia llegó cuando el entonces ministro de defensa Rodrigo Lloreda renunció por los diálogos con las FARC para provocar un ruido de sables superado, pero solo hasta hace unas horas. Las negociaciones del gobierno con el movimiento insurgente, de unos 20 mil hombres, caminaron siempre por un sendero escabroso, desde los inicios en enero de 1999, cuando naves de combate sobrevolaron el sitio de reunión en La Machaca, zona desmilitarizada, para provocar la primera gran crisis.

El repliegue castrense de los cascos urbanos de cinco municipios (San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa) comenzó el 7 de noviembre de 1998, dos meses antes del inicio formal de las conversaciones. Cumbres de Pastrana y el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, salvaron los diálogos de frecuentes crisis, como la de mayo de 1999 que conllevó la adopción de la agenda común, hoy convertida en detalle histórico.

Los más de 1.300 millones de dólares de ayuda militar estadounidense acabaron con la incipiente confianza de la cúpula rebelde en la posibilidad de encontrar una salida política a casi cuatro décadas de conflicto bélico. Radares de última generación, el empleo de los satélites espías de Estados Unidos y la infraestructura ofensiva de las bases de Tres Esquinas y Apiay, asesoradas por boinas verdes, lideran la campaña de guerra decretada desde la Casa de Nariño para otorgar la victoria a los violentos.

La presión de los altos mandos obligó al mandatario a permitir el sobrevuelo de naves de combate sobre el área en poder de las FARC desde finales del año anterior, como preludio de la ruptura de los acercamientos de paz. De acuerdo con el dignatario, opinión nunca antes presentada, las acciones de los militares se correspondían con actos constitucionales de integridad territorial. El desvío de la aeronave para retener a un congresista fue el detonante de la crisis fatal de los esfuerzos negociadores para dejar a Colombia al borde de un derramamiento de sangre mayor.

Según el candidato presidencial por la izquierda Luis Eduardo Garzón, la escalada de violencia del país provocaría un millón de víctimas mortales, además del retorno a los tiempos de las desapariciones y las torturas. En opinión del aspirante liberal Horacio Serpa, lo urgente es reestructurar el proceso de paz y evitar tomar en firme por el camino de la guerra.

Los habitantes de los municipios controlados por las FARC se mantienen temerosos por el regreso a la zona de los uniformados, de los escuadrones paramilitares, por las eventuales represalias a los civiles por convivir por más de tres años con los rebeldes. Un nuevo intento de reconciliación falló. Frustraciones similares sucedieron en la década del 80, con tregua y desmovilización que condujo a la campaña de exterminio de la izquierda, mientras a principios de los 90 el expresidente César Gaviria ordenó atacar el secretariado rebelde horas después de una ronda de conversaciones.

El plato está servido al candidato de la guerra, el derechista Álvaro Uribe Vélez, quien puntea en las encuestas favorecido por la escalada del conflicto y su posición en favor del aniquilamiento de la insurgencia, de más ayuda castrense y de hasta la intervención estadounidense.

La tierra y la paz en Colombia

Desde el 19 de noviembre de 2012, las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos platican en La Habana, Cuba, acerca de los caminos para poner fin a la guerra que aqueja a la nación suramericana y que pasa inexorablemente por el tema de la tierra. ¿Cómo redistribuirla con justicia, cómo trabajarla, quiénes la administrarán, cómo poner fin al latifundio o a la explotación irracional de las transnacionales mineras? Son algunos de los cuestionamientos de los colombianos en este proceso de paz.

La solución sin dudas es muy compleja porque, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el uno por ciento de los propietarios es el dueño de casi el 60% de unos 45 millones de hectáreas. Se estima que Colombia tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero sólo se usan 3,7 millones. En cambio, 38,7 millones se emplean para la ganadería.

Otro reto es la entrega de al menos dos millones de hectáreas a los desplazados, con lo cual el Gobierno se comprometió a pesar de que no habla de expropiar los latifundios, como plantean las FARC-EP. La tierra de los desplazados “esté hoy en manos de quien esté, se le va a devolver a sus dueños originales”, ofreció el jefe de Estado recientemente. El número prometido parece insignificante pues diversas fuentes aseguran que a este segmento de la población le han quitado al menos 10 millones de hectáreas.

Las dudas vagan en el aire: ¿Cómo será esa devolución, cederán los actuales dueños quienes, parafraseando al periodista y escritor Antonio Caballero, son los “narcoparamilitaroterratenientes”, un nombre que por sí solo “estremece”? ¿Se van a dejar quitar mansamente esas fincas que tanta sangre les costó ganar? ¿O empezará otra guerra, esta vez con otras alianzas y el gobierno …?, se pregunta Caballero, al tiempo que ironiza.

Son numerosas las causas del desplazamiento en Colombia. Para unos es la violencia bipartidista desde inicios del siglo XX, para otros es el conflicto armado o la irrupción de las transnacionales, los carteles de la droga y los grupos paramilitares. En los últimos días, el Gobierno acusó a las FARC-EP de arrebatar abundantes terrenos a los campesinos e indígenas durante estos años de guerra. Tales acusaciones -asegura el alto mando de la insurgencia- forman parte de una “mendaz campaña mediática del gobierno Santos” para “escamotear la necesaria reforma agraria, ocultando y protegiendo a los victimarios latifundistas”.

Las FARC-EP reiteraron la propuesta del comandante Timoléon Jiménez de conformar una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las dos partes, con participación de gremios y organizaciones sociales, para que, en condiciones de seguridad, se encargue de visitar y verificar la situación real de los predios que se dicen arrebatados por la guerrilla. Lo cierto es que no existen datos exactos que indiquen la distribución real de la tierra en Colombia, un país que importa más del 50% de los alimentos requeridos.

Con el fin de contribuir a superar este déficit en materia estadística, la guerrilla presentó a la opinión pública 10 propuestas mínimas para un catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo. Para Andrés París, miembro de la delegación de paz de los insurgentes, la violencia en Colombia iniciada por grupos de poder económico hace más de 60 años tiene un carácter anticampesino muy fuerte y está dirigida a la expropiación de los terrenos y contra los pequeños propietarios, de ahí que la paz dependa en extraordinaria medida de la solución a los problemas con la tierra.

Luego de más de tres meses de diálogos, aunque ambas partes coinciden en asegurar que “avanzan”, aún no se conocen detalles de asuntos pactados -si es que hubiere- en este primer tema, pues el Gobierno y las FARC-EP acordaron mantener la mayor discreción. La tierra para los colombianos es quizás su principal problema, lo que nos hace releer el artículo de William Ospina “Instrucciones para robar un diamante”, publicado hace tres años en el diario colombiano El Espectador:

“En un país donde la más antigua tradición es el despojo de tierras, resulta asombroso oír hablar de la intención de devolver la tierra a sus propietarios”, dice. “La generosa intención no puede olvidar que estamos en un país donde la voluntad de los terratenientes se confundió siempre con la ley”, señala el escritor.

La mesa de diálogo en La Habana intentará dar solución a este nudo gordiano que vio sus primeros atisbos de esperanzas en la Ley de Tierras de Alfonso López Pumarejo, presidente durante los períodos 1934-1938 y 1942-1945, aunque ya se habían hecho intentos desde los años 20 de esa centuria. La legislación incluyó normas sobre la explotación de la tierra, los derechos de los arrendatarios y colonos sobre las tierras de los patronos y las condiciones laborales óptimas para los jornaleros. Su frenazo por las clases adineradas del país, en particular por los terratenientes, contribuyó al llamado período de violencia de los años 50.

Más tarde, en 1961 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo se expidió la Ley de Reforma Social Agraria impulsada por Carlos Lleras Restrepo, en ese momento senador de la República. Entre 1971 y 1972 el denominado Pacto de Chicoral acabó con la iniciativa de los campesinos para hacer viable la anhelada reforma agraria. El polémico acuerdo entre terratenientes y políticos institucionalizó la ganadería extensiva como la forma más adecuada para explotar la tierra y, según analistas, propició la guerra de las drogas que pervive en esta nación suramericana.

Ahora, el pueblo colombiano cifra sus anhelos en estas conversaciones, en las que tanto el Gobierno como la guerrilla han insistido en la participación popular para llegar a acuerdos concretos.

* Luis Enrique González es actualmente presidente de Prensa Latina y fue corresponsal de la agencia en Colombia; Odalys Troya Flores es jefa de la redacción Sudamérica de Prensa Latina.