Representantes de 18 de los 21 Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidieron reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fuertemente cuestionado en el último año por su supuesto sometimiento al gobierno de Estados Unidos.

La Convención Americana sobre DD.HH. tiene como fin la protección de víctimas de la violación de derechos humanos en toda la región y la prevención de mayores vulneraciones. El Sistema Interamericano de DD.HH. está integrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana. La CIDH está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia. El mandato de la Comisión es promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.

El trabajo realizado por el Sistema Interamericano en sus más de 50 años de vida ha sido reconocido como uno de los más exitosos del mundo en materia de defensa de derechos humanos. Se valoró particularmente la labor de la CIDH que denunció periódicamente las violaciones cometidas por las dictaduras militares en los países del área desde la década del 80 del siglo pasado.

Además, la Comisión Interamericana fue la primera organización intergubernamental que solicitó medidas especiales de protección a favor de los presos políticos de Estados Unidos en Guantánamo, y solicitó reiteradamente el cierre inmediato de dicho centro de detención.

No obstante, en el último año la CIDH y la Corte Interamericana han sido fuertemente criticadas por varios países de la región por su supuesta parcialidad y doblez moral a la hora de emitir algunos fallos y medidas cautelares, presuntamente por influencia directa del gobierno norteamericano.

Las críticas al Sistema Interamericano de DD.HH. subieron de tono luego de que la CIDH dictó una medida cautelar en 2011 conminando al Estado de Brasil a suspender de inmediato la construcción de la represa de Belo Monte mientras no consulte de manera adecuada a los pueblos indígenas afectados por el mega proyecto energético.

Posteriormente la CIDH falló a favor del pueblo indígena Sarayaku en una demanda internacional contra el Estado de Ecuador, y también condenó la violenta intervención policial a la VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) el 25 de septiembre de 2011 en Bolivia.

En la 42 Asamblea de la OEA celebrada en 2012 en Cochabamba, Bolivia, los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) criticaron fuertemente al Sistema Interamericano y a la OEA en su conjunto por servir a los intereses de Estados Unidos.

En la oportunidad, el Presidente de Bolivia Evo Morales recordó que “la OEA nació en otros momentos, con otros fines, fundamentalmente para perpetuar el dominio de Estados Unidos y su economía sobre los países de América”. En Carcas el ex presidente Hugo Chávez manifestó: “¿Para qué la OEA y para qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a crear nuestros mecanismos en estos espacios geopolíticos de unidad y de integración que están naciendo”, refiriéndose a la Celac y Unasur.

El entonces canciller venezolano Nicolás Maduro, tras recordar que el secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón avaló el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Chávez en abril de 2002, exhortó a los países miembros de la OEA a “corregir los entuertos de un conjunto de funcionarios, de diplomáticos, de la burocracia internacional, que han tomado esta institución para someter y perseguir gobiernos”.

En julio del año pasado el gobierno venezolano acusó a CIDH de dar protección a terroristas y corruptos, luego de que el organismo emitió un fallo favorable al venezolano Raúl Díaz Peña, condenado por la comisión de actos terroristas en febrero 2003 contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España en Caracas.

El 29 de abril de 2008 Díaz Peña fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves. En septiembre de 2010 el reo se fugó a Miami, con ayuda de organizaciones de derecha, para pedir “asilo político”. Curiosamente, el 20 de julio de 2012 la CIDH emitió un fallo acusando al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”.

Maduro consideró que al parcializarse con el terrorista asilado en Estados Unidos, la CIDH fue “más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad”, y confirmó su complicidad con los grupos golpistas que atentan contra los pueblos y que pretendieron imponer una dictadura en Venezuela en 2002. La CIDH entró en una etapa de degradación moral y se convierte en cómplice y promotora de este tipo de delitos, pues existen pruebas suficientes de la culpabilidad de Peña”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos”, subrayó la Cancillería venezolana en un comunicado oficial.

Tras citar el artículo 76 de la Convención Interamericana de DD.HH., el cual establece que los Estados tienen la potestad de legislar para promover una propuesta de enmienda, el ex canciller Nicolás Maduro pidió no cerrar las puertas a una eventual reforma “porque eso sería condenar a esta organización”. (1)

La CIDH se defiende

Al presentar su Informe Anual ante a la 42 Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2012 en Cochabamba, el presidente de la CIDH José de Jesús Orozco advirtió que se vivía un momento crucial para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por ende, para la defensa y protección de los derechos humanos de los y las habitantes de las Américas.

“Que nadie tenga duda, lo que está en juego es el patrimonio que los Estados, la sociedad civil y los propios órganos interamericanos hemos construido para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos. Se trata de las garantías regionales y los mecanismos eficaces para que ninguna persona en las Américas se sienta desamparada en sus derechos más esenciales; para que los Estados -a través de sus gobiernos de hoy y los del futuro-, se vean obligados a respetar esos valores que, en ejercicio de su soberanía, un día acogieron y se comprometieron internacionalmente a salvaguardar”, sentenció Orozco.

En su discurso ante la 42 Asamblea de la OEA, el presidente de la CIDH destacó que “la experiencia del Sistema Interamericano es reconocida como una de las más exitosas en el mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza para millones de personas en la región ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos internos de protección contra la injusticia o la arbitrariedad. La autonomía e independencia de la Comisión son la fuente de su credibilidad y requisito imprescindible de su eficacia”.

El funcionario aseguró que “el sistema regional de derechos humanos de hoy es el resultado de más de 50 años de construcción, evolución y perfeccionamiento. Durante su historia, la Comisión ha respondido periódicamente con cambios y ajustes a su Reglamento. Al efecto, lo ha hecho -y lo seguirá haciendo- en consulta con las y los usuarios del sistema: los Estados, las y los representantes de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

En ese marco, Orozco informó que se inició “una reflexión profunda, plural, técnica y diligente” sobre las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, y anunció que la CIDH continuará impulsando foros regionales y subregionales a fin de “tener en cuenta las perspectivas de todos los usuarios del sistema para la eventual reforma a su reglamento y prácticas institucionales”.

Por otro lado, el presidente de la CIDH informó que el aumento de peticiones y la insuficiencia de recursos financieros y humanos asignados por la OEA han creado un severo atraso procesal. La Comisión ha intentado resolverlo buscando fondos externos y agilizando procedimientos internos, y cinco años logró reducir a la mitad el tiempo de espera en la etapa de revisión inicial de una petición. (2)

A reformar la CIDH, instrumento de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador convocó a una reunión de Estados Partes en Guayaquil para aprobar reformas sustanciales de la Convención Americana y la CIDH. Propuso, por ejemplo, que todas las relatorías tengan igual jerarquía y que los distintos relatores especiales gocen de la misma capacidad de gestión operativa y financiera. En la actualidad la Relatoría de Libertad de Expresión tiene privilegios en virtud de su categoría “especial”.

Una de las propuestas más polémicas de Ecuador es limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados en materia de violación de derechos humanos, anulando su autonomía y su potestad de dictar medidas cautelares. “Diremos las cosas como son, la CIDH no tiene potestad de dictar medidas cautelares (porque) no es un organismo jurisdiccional y tampoco tiene autonomía, sino que depende de los Estados Parte”, afirmó el Presidente Rafael Correa.

Según Correa, “la burocracia de la CIDH que se cree por encima de los derechos de los Estados, haciendo abstracción de los principios jurídicos más elementales de la Carta de la OEA, y con absoluta ligereza, pretende arrogarse atribuciones que no tiene y dictar medidas cautelares, cuando es a la Corte Interamericana a la que corresponde”.

El gobierno de Ecuador planteó también que el Plan de Acción anual de la CIDH incluya actividades de promoción, difusión y capacitación en materia de derechos humanos, con programas que respondan a las necesidades y prioridades de cada Estado; y propuso un nuevo un Código de Conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los comisionados y relatores.

Correa reiteró que la CIDH es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de América Latina. Basta evidenciar que la sede de la CIDH está en Washington, en un país no ha firmado ninguna de las Convenciones. “Basta de tanta hipocresía”, exclamó Correa, y propuso que Argentina sea la futura sede de la CIDH. También pidió que el organismo sea financiado por los Estados Partes. La Comisión requiere un presupuesto de 15 millones de dólares anuales, y si algún país no pudiera aportar, Ecuador está en disposición de pagar la cuota, todo con el fin de institucionalizar al organismo interamericano.

El mandatario ecuatoriano recordó además que “EE.UU. es el que financia la relatoría de Libertad de Expresión como parte del neocolonialismo para que persigan a algunos gobiernos”, y por esa razón la CIDH “en estos momentos está tomada por la visión anglo sajona de la libertad de prensa como libertad de los negocios de los dueños de los medios de comunicación. Ese poder mediático pretende ser más fuerte que el poder de los Estados y no permitiremos que pisoteen los tratados internacionales por el capricho de un puñado de burócratas”.

El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aclaró que la intención de reformar el Sistema Interamericano de DD.HH. no es una propuesta reciente de Ecuador; de hecho esas enmiendas ya fueron aprobadas el año pasado, y lo que ahora procede es cumplir ese mandato mediante la reforma de los reglamentos y estatutos de la CIDH.

El 12 de marzo de 2013 representantes de 18 Estados Parte de la Convención alcanzaron ocho acuerdos para mejorar el trabajo del Sistema Interamericano luego de cinco horas de debate a puerta cerrada en un hotel de la ciudad portuaria de Guayaquil. “Han sido coincidencias en temas, incluso muy duros; ha sido una reunión histórica de enorme importancia para el futuro y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, declaró el canciller Patiño a la agencia Prensa Latina.

En la reunión de Guayaquil se conformó una delegación de cancilleres coordinada por Ecuador para que converse directamente con todos los Estados miembro de la OEA y logre la adhesión de todos al Pacto de San José, informó el canciller Patiño.

También se encomendó a la Comisión Interamericana fortalecer los esfuerzos de promoción de los derechos humanos apoyando a los sistemas nacionales, y se convocó a los países del continente a asumir plenamente el financiamiento del Sistema Interamericano. Patiño recalcó que los representantes de 18 países decidieron que este apoyo no será condicionado ni direccionado.

De propuso que todas las relatorías de la CIDH sean declaradas especiales y que se garantice un financiamiento equitativo para todas ellas sin preferencia alguna. En el pasado la Relatoría de Libertad de Expresión contaba con un presupuesto de un millón de dólares, mientras que las otras apenas tenían 50 mil dólares.

También se puso a consideración el traslado de la sede de la CIDH a un Estado miembro de la Convención y el canciller Patiño informó que Argentina es una posibilidad que se analizará en los siguientes días. El único tema en el que no hubo consenso definitivo fue el posible recorte de facultades a la CIDH, entre ellas dictar medidas cautelares. Ecuador propuso que la Corte Interamericana asuma esa responsabilidad. Todos estos acuerdos y planteamientos serán sometidos a consideración de la reunión de la OEA que se celebrará el 22 de marzo.

Notas:

1. La fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz reiteró la necesidad de revisar el Sistema Interamericano de DD.HH. y la Corte Penal Internacional, pues sus posiciones hacia Venezuela ponen en tela de juicio su imparcialidad y objetividad. Consideró curioso que la CIDH emplazara a su país desde 1958 a 1998, principalmente para exigir que se respetaran los derechos humanos de Luis Posada Carriles, Orlando Bosch y otros terroristas sentenciados a prisión por la voladura de una nave de Cubana de Aviación que mató a 73 personas. El 24 de julio de 2012, el ex presidente Hugo Chávez ratificó la decisión de que Venezuela se retire de la CIDH y dio instrucciones al canciller Maduro de hacer efectiva la decisión “por dignidad”, pues “no tenemos más remedio que hacerlo”.

2. En 2011 la Comisión recibió 1.600 peticiones nuevas, aprobó 170 informes de casos, sometió 23 al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió más de 400 solicitudes de medidas cautelares, celebró 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, y realizó más de 30 visitas de trabajo. Una parte significativa de los trabajos de la Comisión se relacionó con países que no han ratificado la Convención, y de todos los informes sobre el fondo publicados en la última década, 44 casos son de países que han ratificado la Convención, y 25 de países que todavía no lo han hecho.

En 2011, por ejemplo, tres de los cinco informes de fondo publicados corresponden a países que no han ratificado la Convención: uno sobre Canadá que se relaciona con el debido proceso en materia de inmigración y dos sobre Estados Unidos, uno relacionado con el debido proceso y la pena de muerte, y el otro con los deberes del Estado para prevenir y responder frente a la violencia doméstica.En 2011 los dos países con mayores medidas cautelares otorgadas por la Comisión fueron Honduras (12) y Estados Unidos (11).