Las consecuencias de la aplicación de la nueva malla curricular de la reforma educativa del MAS conmocionan al magisterio urbano de todo el país. Uno de los principales problemas es la reducción de las horas de trabajo de los maestros, que se traduce en un recorte drástico de sueldos. A todo esto se suman la inminente masificación de las aulas y la flexibilización laboral en el sector educativo.

La Ley 070 promulgada en diciembre de 2010 establece que la educación regular en Bolivia comprende la Educación Comunitaria Inicial (tres años no escolarizados más dos años escolarizados), la Educación Primaria Comunitaria (seis años) y la Educación Secundaria Comunitaria Productiva (seis años). El gobierno del MAS pretende aplicar desde este año la Reforma Educativa “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, sin aumentar significativamente el presupuesto del sector.

Según la norma, la educación inicial tiene dos niveles: de 0 a 3 años es no escolarizada y se realiza en la familia y la comunidad, y de 4 a 5 años es escolarizada y debe funcionar en edificios anexos a las escuelas primarias. El hecho es que solo existirían 8.531 centros de educación inicial (6.066 en el área urbana y 2.465 en el rural) y muy pocos cuentan con una infraestructura anexa para el sector escolarizado del nivel inicial.

Además, la reforma educativa del MAS promociona la educación técnica, pese a que la mayoría de los centros educativos carece de laboratorios y talleres debidamente equipados. El Ministerio de Educación calcula que se necesitan al menos 100 millones de dólares para equipar todas las unidades educativas del país.

Se dice también que la educación será plurilingüe, pero no hay ítems para nuevos maestros de idiomas. La malla curricular prevé la creación de nuevas materias como computación y especialidades técnicas, pero tampoco hay ítems. El viceministro Juan José Quiroz reveló que el Ministerio de Educación habría solicitado la creación de cinco mil nuevos ítems para contratar a médicos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales encargados de educar a padres de familia y a miembros de la comunidad donde se aplicará la educación inicial.

La nueva malla curricular de la Ley “Siñani – Pérez” exige la construcción de más infraestructura escolar, ya que las mismas autoridades reconocen serias deficiencias en ese rubro. Por ejemplo, solo el 20% de los locales escolares de Cochabamba se adecua a la reforma.

Según el primer censo de establecimientos educativos públicos y de convenio, en los nueve macrodistritos del municipio de La Paz existen 436 unidades educativas y 213 infraestructuras. Considerando que la anterior Reforma Educativa establece entre 30 y 35 alumnos por aula, en La Paz habría un déficit de 159 aulas.

Para cubrir dicho déficit, el gobierno central considera que no es necesario construir más escuelas sino subir a 40 el número de alumnos por aula; de esta manera, el déficit de aulas en La Paz se reduciría a 28. Con esa lógica, el director del Servicio Departamental de Educación (Seduca) de La Paz Basilio Pérez propuso cerrar escuelas con reducida población estudiantil y redistribuir el alumnado concentrado en los colegios del centro de la ciudad.

El Ministerio de Educación emitió la Resolución 001/2013 disponiendo que cada aula del sistema educativo fiscal debe funcionar con un mínimo de 35 alumnos y un máximo de 45. La medida es antipedagógica porque los maestros no podrán atender los ritmos personales de cada uno de los alumnos en aulas abarrotadas, observan los docentes urbanos de todo el país. (1)

“Lo que pretenden las autoridades es sacar las correas del mismo cuero. El Ministro de Educación ha dicho que ha dispuesto la creación de nuevos ítems, pero no los suficientes como para cubrir los requerimientos de la nueva malla curricular; entonces hay que acudir a la irresponsable medida de abarrotar los cursos con excesiva cantidad de alumnos, cargando de ese modo con más responsabilidades y trabajo al maestro de aula”, observó el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba Miguel Lora.

Según Lora, a las autoridades del gobierno “no les interesa ni la psicología ni la pedagogía; su único interés es cómo evitarle al Estado una mayor carga económica en la educación. Sin embargo, no se trata de llenar los cursos y luego hablar de calidad de la enseñanza, cuando la experiencia educativa, en cualquier lugar del mundo, enseña que el maestro puede atender mejor el desarrollo personal de los educandos mientras menos cantidad de alumnos tiene en el aula”.

Aunque el Poder Ejecutivo prometió que el reordenamiento no afectará la carga horaria de los maestros ni los turnos en los que trabajan, los docentes sospechan que una vez materializadas las fusiones se aplicarán rígidamente los reglamentos, sobre todo aquellos que determinan que los cursos deben funcionar con un mínimo de 35 y un máximo de 45 alumnos. Entonces comenzarán a cerrar cursos para ahorrar ítems y se trasladarán maestros de un lugar a otro.

Lo cierto es que el gobierno y las autoridades educativas están concretando ya movimientos de unidades educativas y cursos de manera sigilosa y progresiva, y sin cumplir los “procedimientos para la organización y ejecución de la gestión educativa 2013 del subsistema de educación regular…”, como estipula la Resolución Ministerial 001/2013.

Por otro lado, los sindicatos denunciaron que los directores de unidades educativas están obligando a los maestros a inscribirse a los cursos de licenciatura del Programa de Formación Complementaria (Profocom) con la promesa de un bono adicional. El gobierno lanzó un programa “anzuelo” que da todas las facilidades para obtener el título de licenciatura, pero la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba asegura que, lejos de ser un “programa de formación”, el Profocom es una especie de “adoctrinamiento” para la aplicación de la reforma educativa masista.

Prueba de ello es que en el primer módulo de dicho programa se insiste en equiparar los conocimientos ancestrales y la ciencia. Es más, algún osado “capacitador” habría dicho que la lectura de obras universales como la Odisea y la Ilíada es “una pérdida de tiempo”.

La reforma educativa del MAS privilegia la formación de bachilleres humanísticos y técnicos al mismo tiempo, de tal forma que estén listos para incorporarse al proceso productivo, y que solo los más privilegiados accedan a la educación superior. De este modo, la reforma “Siñani – Pérez” es tan o más elitista que la Ley de reforma educativa 1565 impuesta por el Banco Mundial, aseguran los dirigentes del sector. (2)

En líneas generales, el gobierno del MAS aplica la misma política adoptada en Chile, que tiene como eje la municipalización de la educación. En la última década Bolivia descentralizó progresivamente los servicios de educación y transfirió responsabilidades a las prefecturas y municipios. Hoy el Estado central ejecuta una tercera parte del gasto educativo (gastos corrientes, incluyendo pago de salarios de la educación primaria y secundaria), mientras que los municipios y gobernaciones se encargan de la infraestructura educativa. (3)

Comienzan las protestas

En días recientes maestros y padres de familia de Quillacollo tomaron la Dirección Distrital de Educación para impedir que la Unidad Educativa “Central Sucre” sea fusionada a otra que funciona en un local aledaño. Dicha medida administrativa tomada sin consultar a los interesados (maestros y padres de familia) provocó gran malestar y la movilización obligó a la autoridad educativa a suspender la fusión.

De otra parte, después de analizar los impactos de la aplicación de la nueva malla curricular, los maestros urbanos de Santa Cruz decidieron en consejo consultivo convocar a una asamblea general con la finalidad de radicalizar las medidas de presión y ver la posibilidad de tomar la Dirección Departamental controlada por el gobierno del MAS.

Contra la voluntad del dirigente oficialista del sector, el estalinista Saúl Azcárraga, la asamblea general del magisterio cruceño decretó un paro de 24 horas exigiendo al gobierno que respete los derechos económicos, sociales y profesionales del magisterio, y rechazó la obligatoriedad de los cursos del Profocom, cuya finalidad es preparar a los maestros para la aplicación de la reforma educativa masista.

Los maestros cruceños rebasaron a sus dirigentes, quienes, en nombre de las bases, apoyaron la aplicación de la reforma educativa “Siñani – Pérez” en el reciente Congreso de San Ignacio de Velasco. Tenían la esperanza de poder introducir en el camino algunas modificaciones en el currículo, de tal manera que se corrija la tendencia “indigenista y biocéntrica”, como reza el documento aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso.

En La Paz, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana convocó a una marcha de protesta para este viernes a partir de las 3 de la tarde, a fin de exigir al gobierno un salario igual a la canasta familiar con escala móvil y una jubilación con el 100% del salario de un trabajador activo.

El sindicato paceño llamó a defender el Escalafón Nacional vigente y la Educación Técnica Vocacional, y a rechazar de forma rotunda y global la Ley 070 “anticientífica y antidocente” que promueve la fusión de cursos, la reducción de ítems, la disminución de la carga horaria y por lo tanto la disminución del salario de los maestros.

Notas:

1. Contrariamente, uno de los objetivos principales de la reforma educativa que se lleva adelante en Cuba es reducir la matrícula hasta 30 alumnos por salón.

2. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia con un crédito de 40 millones de dólares la implementación programa de formación humanístico-técnico en segundaria. La denominada Educación Secundaria Comunitaria Productiva (ESCP) permitiría que todos los graduados egresen con un título de Bachillerato con una de ocho menciones: agropecuaria, industrial, comercial, servicios, turismo, artes, salud, educación física y deportes. El BID apoyará la implementación de las tres modalidades del Bachillerato: Centros Tecnológicos Experimentales para zonas urbanas, Centros Educativos de Formación Integral Técnica Humanística para zonas rurales de tamaño medio que funcionarán como internados, y Talleres Tecnológicos en núcleos educativos en zonas rurales dispersas. El programa cubrirá 55 municipios en los nueve departamentos del país.

3. El sistema de financiamiento educativo en Chile se calcula según la asistencia de alumnos a las aulas, de manera que si un estudiante tiene que ir todos los días a la escuela, el colegio recibe del Estado 88 dólares mensuales por alumno; pero si el estudiante deja de asistir, el Estado descuenta el presupuesto de manera gradual. Según Radio Universidad de Chile, en los últimos 30 años se cerraron al menos 250 escuelas municipales chilenas por la reducción de la matrícula debido a la competencia de las escuelas privadas subvencionadas por el Estado. En ese período se crearon más de 2.500 centros educativos particulares subvencionados o privados, los cuales concentraban más del 46% de la matrícula escolar del país en 2011.